Ene 16 2006
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Economía

EL ABORTO (II). PANORAMA LEGAL

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Se estima que cada a√Īo, 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto para terminar un embarazo no deseado. El tratamiento legislativo que se la ha dado al aborto var√≠a enormemente de un pa√≠s a otro, aunque se observa una tendencia hacia la adopci√≥n de preceptos liberales en la materia.

Las leyes mas restrictivas prohíben el aborto en cualquier situación y afectan aproximadamente el 0.4% de la población mundial. Son las que definen el aborto como un delito y aplican sanciones al practicante y, con frecuencia, a la mujer que se somete al mismo. Normas menos prohibitivas permiten el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada y eximen explícitamente del castigo a los que lo realizan o a las que se someten a él cuando su existencia esta en peligro.

Magnitud del problema

Alrededor del 41% de la poblaci√≥n del mundo vive en unos 50 npa√≠ses que permiten el aborto sin restricciones causales. Esos pa√≠ses ‚Äďque incluyen a China, Francia, Rusia, Sud√°frica, Cuba, Canad√°, Puerto Rico y Estados Unidos‚Äď la mujer puede elegir el aborto sin presentar ninguna justificaci√≥n. No obstante, debe observar los requisitos de procedimiento que la ley prescriba. Cabe destacar que a√ļn en los estados conlas leyes m√°s liberales sobre la materia, para que sea calificado legal debe estar condicionada a la voluntad de la mujer y realizarse en hospitales y por personal calificado.

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Otro 21% de la poblaci√≥n vive en 14 regiones en los que el aborto est√° autorizado de acuerdo con amplios criterios sociales y financieros. Estas legislaciones permiten el aborto cuandouna mujer puede acreditar que llevar a t√©rmino el embarazo le causar√° penurias sociales o econ√≥micas. Al personal m√©dico le esta permitido considerar los recursos econ√≥micos de ella, la edad, el estado civil y el n√ļmero de hijos vivos. Asimismo algunas de estas naciones reconocen expl√≠citamente el acceso al aborto legal en casos de violaci√≥n, cuando el embarazo es el resultado de incesto y cuando existe una fuerte probabilidad de malformaciones fetales serias. Barbados, Gran Breta√Īa, India y Zambia tienen leyes que entran en esta categor√≠a y por lo general son interpretadas con criterios amplios.

En 53 territorios nacionales, que albergan aproximadamente 13% de los habitantes del planeta, el aborto s√≥lo esta permitido cuando es necesario por una amenazaa la salud de la mujer. En algunos pa√≠ses, como Zimbabwe, el da√Īo amenazado debe ser grave o permanente. Otros principios jur√≠dicos, como los de Argentina y Etiop√≠a, no definen ni califican el t√©rmino ‚Äúsalud‚ÄĚ. Otras m√°s, como las de Botswana, Jamaica y Malasia, reconocen expl√≠citamente que las amenazas a la salud mental pueden ser causa de aborto. Esta interpretaci√≥n var√≠a alrededor del mundo y puede abarcar desde la angustia psicol√≥gica que sufre la v√≠ctima de vilaci√≥n o incesto, la provocada por circunstancias socioecon√≥micas, hasta la ansiedad ante la opini√≥n m√©dica de que el feto se halla en riesgo de haber sido perjudicado.

Aproximadamente el 26% de las personas viven en 74 estados que o bien permiten el aborto s√≥lo para salvar la vida de la mujer, o lo proh√≠ben en su totalidad. Muchos pa√≠sess en esta categor√≠a, incluidos, Brasil, Nigeria e Indonesia, permiten expl√≠citamente el aborto cuando el embarazo amenaza la existencia de la mujer. Otros, como Rep√ļblica Dominicana, Senegal y Egipto, tienen leyes que no hacen la excepci√≥n explicita de proteger la vida y que puede interpretarse que permiten el aborto en esas circunstancias con base en la‚Äúnecesidad‚ÄĚ. Se trata de un principio general de derecho penal seg√ļn el cual ciertos delitos se pueden justificar cuando se cometen como el √ļnico medio de salvar la propia vida o la de otrapersona.

En algunos Estados cambios legales recientes han puesto en tela de juicio la defensa de la necesidad del aborto. En Chile, por ejemplo, una disposición del código penal que permitía el aborto por causas terapéuticas fue abolida en 1989, ilegalizando el aborto en todos los casos. Así también en Colombia, donde no hay excepción explícita en el derecho penal para salvar la vida de la mujer; un caso de 1994 que desafiaba las leyes restrictivas sobre el aborto tuvo por resultado que la Corte Constitucional sostuviera que elderecho a la vida esta legalmente protegido desde el momento de la concepción.

Por el aborto legal

fotoEn Am√©rica Latina y el Caribe cada a√Īo 4.2 millones de mujeres recurren al aborto clandestino. La despenalizaci√≥ndel aborto es una necesidad imperiosa y urgente en el √°rea si no queremos que las mujeres sigan muriendo, afirman las responsables de la Campa√Īa 28 de septiembre y de laRed de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

El movimiento Mujeres Hoy afirma que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre su reproducci√≥n y sexualidad, en tanto son personas de derecho con capacidad moral para adoptar las opciones que m√°s le convengan seg√ļn sus realidades de existencia. Libertad sexual y reproductiva y, a partir de ella, el derecho al aborto libre y seguro constituye una demanda central de la agenda de los movimientos de mujeres y feministas.

La penalización del aborto trae como consecuencia el aborto inseguro o clandestino, que se provoca generalmente una situación de riesgo: tiene lugar bajo condiciones higiénicas insuficientes y sin personal adecuado que proteja la vida de las mujeres.

En la actualidad, de todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo ‚Äďen cualquier parte el mundo‚Äď entre 10 y 50 de cada cien necesitar√°n atenci√≥n m√©dica para el tratamiento de las complicaciones que se producen luego de la intervenci√≥n.

28 de septiembre, un día especial

En este contexto, en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina, fue instaurado el 28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

La campa√Īa 28 de Septiembre tienecomo objetivo que la sociedad, en especial los gobiernos de la regi√≥n, entiendan que la penalizaci√≥n condena a las mujeres con mayores dificultades para ejercer sus derechos por no tener acceso a educaci√≥n, informaci√≥n, atenci√≥n de salud y recursos econ√≥micos e institucionales.

La campa√Īa 28 de Septiembre, a cargo desde el 2003 del Centro de la Mujer Peruana Flora Trist√°n se√Īalaque la prohibici√≥n del aborto es parte de las pr√°cticas que tratan de controlar la sexualidad femenina. Quienes penalizan el aborto consideran que la sexualidad es solo una v√≠a para la fecundaci√≥n, y que la reproducci√≥n no es un acto humano, sino un mandato divino imperativo, en el que las personas humanas no pueden intervenir.

Una decisión compleja y difícil

La realidad indica que las mujeres no siempre son madres por propia decisi√≥n, sino por factores externos, ajenos a su voluntad que les son impuestos ‚Äďcomo las imposiciones de una sociedad patriarcal que asigna hist√≥ricamente a las mujeres la maternidad como un destino inalterable al cual no es posible negarse‚Äď; estos factores tienen como efecto dos consecuencias obvias: la primera es un alto n√ļmero de embarazos indeseados; la segunda es un importante n√ļmero de abortos inducidos que, en el caso de Am√©rica Latina y el Caribe, ponen en peligro la vida de la mujer porque son peligrosos y clandestinos.

El estudio del Instituto Alan Guttmacher, Aborto clandestino: una realidad latinoamericana, 1994, demostr√≥ que en seis pa√≠ses latinoamericanos y caribe√Īos ‚ÄďBrasil, Colombia, Chile, M√©xico, Per√ļ y Rep√ļblica Dominicana‚Äď entre un 40% y un 60% de todos los embarazos eran indeseados y culminaban en un nacimiento no deseado, con todas las consecuencias que ello implica, o en un aborto inducido.

Los casos extremos en el momento de esa investigaci√≥n eran Chile, con solo un 44% del total de embarazos que eran deseados, y Per√ļ con un 40%. Los porcentajes m√°s altos de abortos correspond√≠ana Chile, con un 35% del total de embarazos, Brasil, con un 31% y Per√ļ con un 30%.

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A lo largo de los 15 a√Īos en que se ha desarrollado la campa√Īa por la despenalizaci√≥n del aborto en la regi√≥n, es posible que esa realidad no haya cambiado mucho: es decir, el contraste entre la autonom√≠a de las mujeres y lo que finalmente pueden decidir sobre sus vidas sigue siendo una brecha enorme.
En este lapso han ocurrido tantos avances como retrocesos en relación a la situación legal del aborto, pero sigue siendo una práctica severamente penalizada y restringida en la amplia mayoría de los Estados.

Pese aello, hay que reconocer los esfuerzos diligentes de las mujeres brasile√Īas, argentinas, uruguayas, mexicanas, colombianas y venezolanas que desarrollan campa√Īas activas en sus pa√≠ses para lograr cambios favorables a su calidad de ciudadanas.

Argumentos de la despenalización

A pesar del peligro concreto que representa, es un hecho que el aborto inseguro es un recurso utilizado por millones de mujeres en todo el mundo para terminar con embarazos no deseados. Los principales argumentos de las organizaciones que abogan por la despenalización legal del aborto es que una legislación más flexible facilitaría el acceso a la práctica del aborto encondiciones sanitarias adecuadas, y evitaría miles de muertes maternas y eliminaría su práctica clandestina.

Otro argumento de peso es que el embarazo no deseado y el aborto inducido son graves problemas de salud p√ļblica, puesto que afectan a amplios sectores de la poblaci√≥n, acarrean graves consecuencias para la salud; su atenci√≥n consume importantes recursos estatales, y ambos problemas afectan sobre todo a las mujeres mas vulnerables: adolescentes, pobres y aquellas que no tienen acceso a informaci√≥n oportuna y de calidad.

En la Conferencia Mundial sobre Poblaci√≥n y Desarrollo ‚Äďde las Naciones Unidas, celebrada en El Cairo en 1994‚Äď quedaba se√Īalado: ‚Äúel prop√≥sito de los programas de planificaci√≥n familiar debe permitir a las personas decidir libremente el n√ļmero y el espaciado de sus hijos y obtener los medios necesarios para hacerlo. No puede haber ninguna forma de coacci√≥n¬Ľ.

Con la campa√Īa de despenalizaci√≥ndel aborto en Am√©rica Latina y el Caribe, las organizaciones que participan en ella pretenden lograr que la sociedad y en especial los que toman decisiones pol√≠ticas tomen conciencia de que la penalizaci√≥n del aborto condena a las mujeres ‚Äďque tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos‚Äď a poner en riesgo sus vidas, por su falta de acceso ala educaci√≥n, informaci√≥n, atenci√≥n de salud y recursos econ√≥micos o institucionales.

También argumentan que la prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas

Situación en Venezuela

Alrededor de setenta organizaciones por los derechos de las mujeres en Venezuela trabajan exigiendo al parlamento que despenalice el aborto en la reforma del Código Penal; entre ellas el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, el Movimiento de Mujeres de la UCV, los Colectivos de Mujeres Manuelita Sáenz y el Servicio de PlanificaciónFamiliar de la Maternidad Concepción Palacios.

El fundamento para apoyar ladespenalizaci√≥n es la de resolver los problemas generados por el incesto o el embarazo producto de una violaci√≥nl. ‚ÄúLa despenalizaci√≥n conduce a emplear medidas en prevenir los obst√°culos de las interrupciones ilegales. El Estado va a invertir m√°s en prevenci√≥n que en complicaciones‚ÄĚ, se√Īalaron representantes de las organizaciones.

En 2002, una mujer muri√≥ cada semana como consecuencia de abortos inseguros. En Venezuela esta pr√°ctica representa el 31% de las muertes entre adolescentes de 15 a 19 a√Īos en el pa√≠s.

Las organizaciones de mujeres destacan que son las más pobres las que fallecen por esta práctica porque las que tienen recursos lo hacen en clínicas privadas que lo practican clandestinamente, pero en condiciones seguras.

Magdalena Valdivieso, directora del Centro de Estudios para la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, destacó que la lucha llevada a cabo para despenalizar el aborto es en pro de lalibertad de las mujeres para decidir por sí mismas, sobre su cuerpo, su vida y, sobre todo, en qué momento ser madre.

Para la diputada Flor María Ríos, integrante de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, el estudio de la reforma parcial del Código Penal, en lo referido a la legalización de la interrupción del embarazo, busca regularizar una práctica que se ejerce de manera clandestina y que le ha costado la vida de miles de mujeres en el país.

Se√Īala que la propuesta de legitimar esta pr√°ctica es ¬ęfruto de amplias investigaciones y an√°lisis que, durante m√°s treinta a√Īos, han realizado instituciones feministas del pa√≠s, que es un problema social y lo sufren fundamentalmentelas mujeres que no tienen recursos econ√≥micos para ingresar a los centros m√©dicos y cl√≠nicas privadas‚ÄĚ.

En Venezuela se desconoce el n√ļmero de abortos practicados debido a su car√°cter clandestino, de all√≠ la inexistencia de datos precisos sobre la incidencia en la morbilidad y mortalidad femeninas. En los registros disponibles se entremezcla el provocado con el natural y otras complicaciones obst√©tricas. No obstante, de acuerdo a estimaciones de lapolic√≠a judicial se registran entre 200 y 300 muertes al a√Īo por abortos mal realizados.

La idea de reforma parcial del Código Penal busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que, en caso de extrema necesidad, se vea obligada a interrumpir voluntariamente su embarazo. La legislación actual no protege los derechos de la mujer y tampoco ha impedido que miles de ellas se practiquen abortos encondiciones de riesgo para su vida, en sitios clandestinos donde no segarantiza la asepsia y son realizados por personas que no poseen conocimientos médicos necesarios.

fotoEl doctor Manuel Arias, integrante de la Comisi√≥n de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Sociedad, de Servicios de Ginecolog√≠a, explic√≥: ‚Äúla idea fundamental es la prevenci√≥n del aborto. Ello debe ir acompa√Īado con una educaci√≥n sexual, la garant√≠a de m√©todos anticonceptivos y la despenalizaci√≥n para evitar las consecuencias del alto costo de las complicaciones del aborto inadecuado. Es un mito que aumentar√° el n√ļmero de abortos si se despenalizan; se trata de controlar la situaci√≥n y manejar desde lo legal, normas y protocolos a objeto de evitarcon secuencias perjudiciales para la mujer‚ÄĚ.

En Venezuela, el aborto sólo se permite cuando está en peligro la vida de la mujer.

Argumentaciones. La doctora Sonia Sgambatti, profesora de la Cátedra de Médicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, autora de El aborto, aspectos históricos, legales, éticos y científicos, expresa:

“Respetables son las razones y argumentos a favor de la penalización o legalización del aborto. Pero de máxima importancia es el tratamiento del aborto dentro de las nuevas concepciones de la filosofía del hombre en el siglo XXI, de un problema multidisciplinario que nos lleva a un cambio en el pensamiento, no solamente en el ámbitojurídico.

‚ÄúEl C√≥digo Penal de 1926 es el que rige en Venezuela, pues desde entonces en materia legislativa penal se han realizado meras reformas. El c√≥digo es una copia del de 1897, que tuvo su inspiraci√≥n en el C√≥digo italiano de Zanardelli, de 1889. En consecuencia, nadie debe ofenderse si hablamos que en √©l existen anacronismos, tal como al referirse al aborto se ocupa √ļnicamente de la sanci√≥n.

‚ÄúEntendemos que es preciso modernizarnos, que el hecho de ser punible el aborto ocasiona en la psiquis femenina una gran incertidumbre y la ciencia del Derecho debe ofrecerle seguridad y no abandonarla, empuj√°ndola a la clandestinidad para resolver su problema que, dicho sea de paso, es un problema de humanidad. (…) Debemosc ontemplar la posibilidad de interrumpir el embarazo por causa de peligro grave a la salud de la embarazada, cuando se compruebe que el embarazo proviene de violaci√≥n o cuando se verifique que el ni√Īo habr√° de nace con anomal√≠as incurables.

¬ęEn otras palabras: no es ir contra la vida, sino que se apunta a la la inteligencia humana con la ciencia, con el Derecho, con la racionalidad.

‚ÄúPor otro lado la despenalizaci√≥n del aborto no constituye un mandato, simplemente es una alternativa; tampoco se trata de un hecho que se ejercitar√≠a en forma indiscriminada, sino que el proyecto estar√≠a refrendado por el apoyo cient√≠fico, y por la propia necesidad social que clausura en la mitad de la poblaci√≥n, como son las mujeres, la posibilidad de un albedr√≠o, que est√© sujeto a ese acto permisible a sus necesidades b√°sicas, a sus capacidades humanas de desarrollo en el seno materno, y la propia seguridad f√≠sica y de salud de las interesadas,y por supuesto, del ni√Īo porvenir.‚ÄĚ

Y concluye: ‚ÄúAhora bien, El proyecto de C√≥digo Penal, presentado para su discusi√≥n y aprobaci√≥n, trae algunas innovaciones referidas al aborto, las cuales son decididamente t√≠midas, no llegan a contemporizar con el pensamiento humano requerido en estos tiempos, ni con la filosof√≠a del Derecho moderno‚ÄĚ.

Los obispos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana se manifiesta contra de la legalización de aborto por razones religiosas, éticas y jurídicas:

‚ÄúLa despenalizaci√≥n del aborto provocado significar√≠a el abandono de un valor √©tico fundamental en todo ordenamiento jur√≠dico y en toda convivencia social‚ÄĚ, afirm√≥ la CEV atrav√©s de un comunicado emitido a la opini√≥n p√ļblica.

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* Periodista venezolana.
La primera entrega del estudio-investigación de Gisela Ortega sobre el aborto, Está prohibido, pero asesina mujeres, puede leerse en esta revista aquí.

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