Ene 16 2006
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Economía

EL ABORTO (II). PANORAMA LEGAL

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Se estima que cada año, 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto para terminar un embarazo no deseado. El tratamiento legislativo que se la ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, aunque se observa una tendencia hacia la adopción de preceptos liberales en la materia.

Las leyes mas restrictivas prohíben el aborto en cualquier situación y afectan aproximadamente el 0.4% de la población mundial. Son las que definen el aborto como un delito y aplican sanciones al practicante y, con frecuencia, a la mujer que se somete al mismo. Normas menos prohibitivas permiten el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada y eximen explícitamente del castigo a los que lo realizan o a las que se someten a él cuando su existencia esta en peligro.

Magnitud del problema

Alrededor del 41% de la población del mundo vive en unos 50 npaíses que permiten el aborto sin restricciones causales. Esos países –que incluyen a China, Francia, Rusia, Sudáfrica, Cuba, Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos– la mujer puede elegir el aborto sin presentar ninguna justificación. No obstante, debe observar los requisitos de procedimiento que la ley prescriba. Cabe destacar que aún en los estados conlas leyes más liberales sobre la materia, para que sea calificado legal debe estar condicionada a la voluntad de la mujer y realizarse en hospitales y por personal calificado.

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Otro 21% de la población vive en 14 regiones en los que el aborto está autorizado de acuerdo con amplios criterios sociales y financieros. Estas legislaciones permiten el aborto cuandouna mujer puede acreditar que llevar a término el embarazo le causará penurias sociales o económicas. Al personal médico le esta permitido considerar los recursos económicos de ella, la edad, el estado civil y el número de hijos vivos. Asimismo algunas de estas naciones reconocen explícitamente el acceso al aborto legal en casos de violación, cuando el embarazo es el resultado de incesto y cuando existe una fuerte probabilidad de malformaciones fetales serias. Barbados, Gran Bretaña, India y Zambia tienen leyes que entran en esta categoría y por lo general son interpretadas con criterios amplios.

En 53 territorios nacionales, que albergan aproximadamente 13% de los habitantes del planeta, el aborto sólo esta permitido cuando es necesario por una amenazaa la salud de la mujer. En algunos países, como Zimbabwe, el daño amenazado debe ser grave o permanente. Otros principios jurídicos, como los de Argentina y Etiopía, no definen ni califican el término “salud”. Otras más, como las de Botswana, Jamaica y Malasia, reconocen explícitamente que las amenazas a la salud mental pueden ser causa de aborto. Esta interpretación varía alrededor del mundo y puede abarcar desde la angustia psicológica que sufre la víctima de vilación o incesto, la provocada por circunstancias socioeconómicas, hasta la ansiedad ante la opinión médica de que el feto se halla en riesgo de haber sido perjudicado.

Aproximadamente el 26% de las personas viven en 74 estados que o bien permiten el aborto sólo para salvar la vida de la mujer, o lo prohíben en su totalidad. Muchos paísess en esta categoría, incluidos, Brasil, Nigeria e Indonesia, permiten explícitamente el aborto cuando el embarazo amenaza la existencia de la mujer. Otros, como República Dominicana, Senegal y Egipto, tienen leyes que no hacen la excepción explicita de proteger la vida y que puede interpretarse que permiten el aborto en esas circunstancias con base en la“necesidad”. Se trata de un principio general de derecho penal según el cual ciertos delitos se pueden justificar cuando se cometen como el único medio de salvar la propia vida o la de otrapersona.

En algunos Estados cambios legales recientes han puesto en tela de juicio la defensa de la necesidad del aborto. En Chile, por ejemplo, una disposición del código penal que permitía el aborto por causas terapéuticas fue abolida en 1989, ilegalizando el aborto en todos los casos. Así también en Colombia, donde no hay excepción explícita en el derecho penal para salvar la vida de la mujer; un caso de 1994 que desafiaba las leyes restrictivas sobre el aborto tuvo por resultado que la Corte Constitucional sostuviera que elderecho a la vida esta legalmente protegido desde el momento de la concepción.

Por el aborto legal

fotoEn América Latina y el Caribe cada año 4.2 millones de mujeres recurren al aborto clandestino. La despenalizacióndel aborto es una necesidad imperiosa y urgente en el área si no queremos que las mujeres sigan muriendo, afirman las responsables de la Campaña 28 de septiembre y de laRed de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

El movimiento Mujeres Hoy afirma que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre su reproducción y sexualidad, en tanto son personas de derecho con capacidad moral para adoptar las opciones que más le convengan según sus realidades de existencia. Libertad sexual y reproductiva y, a partir de ella, el derecho al aborto libre y seguro constituye una demanda central de la agenda de los movimientos de mujeres y feministas.

La penalización del aborto trae como consecuencia el aborto inseguro o clandestino, que se provoca generalmente una situación de riesgo: tiene lugar bajo condiciones higiénicas insuficientes y sin personal adecuado que proteja la vida de las mujeres.

En la actualidad, de todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo –en cualquier parte el mundo– entre 10 y 50 de cada cien necesitarán atención médica para el tratamiento de las complicaciones que se producen luego de la intervención.

28 de septiembre, un día especial

En este contexto, en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina, fue instaurado el 28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

La campaña 28 de Septiembre tienecomo objetivo que la sociedad, en especial los gobiernos de la región, entiendan que la penalización condena a las mujeres con mayores dificultades para ejercer sus derechos por no tener acceso a educación, información, atención de salud y recursos económicos e institucionales.

La campaña 28 de Septiembre, a cargo desde el 2003 del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señalaque la prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad femenina. Quienes penalizan el aborto consideran que la sexualidad es solo una vía para la fecundación, y que la reproducción no es un acto humano, sino un mandato divino imperativo, en el que las personas humanas no pueden intervenir.

Una decisión compleja y difícil

La realidad indica que las mujeres no siempre son madres por propia decisión, sino por factores externos, ajenos a su voluntad que les son impuestos –como las imposiciones de una sociedad patriarcal que asigna históricamente a las mujeres la maternidad como un destino inalterable al cual no es posible negarse–; estos factores tienen como efecto dos consecuencias obvias: la primera es un alto número de embarazos indeseados; la segunda es un importante número de abortos inducidos que, en el caso de América Latina y el Caribe, ponen en peligro la vida de la mujer porque son peligrosos y clandestinos.

El estudio del Instituto Alan Guttmacher, Aborto clandestino: una realidad latinoamericana, 1994, demostró que en seis países latinoamericanos y caribeños –Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y República Dominicana– entre un 40% y un 60% de todos los embarazos eran indeseados y culminaban en un nacimiento no deseado, con todas las consecuencias que ello implica, o en un aborto inducido.

Los casos extremos en el momento de esa investigación eran Chile, con solo un 44% del total de embarazos que eran deseados, y Perú con un 40%. Los porcentajes más altos de abortos correspondíana Chile, con un 35% del total de embarazos, Brasil, con un 31% y Perú con un 30%.

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A lo largo de los 15 años en que se ha desarrollado la campaña por la despenalización del aborto en la región, es posible que esa realidad no haya cambiado mucho: es decir, el contraste entre la autonomía de las mujeres y lo que finalmente pueden decidir sobre sus vidas sigue siendo una brecha enorme.
En este lapso han ocurrido tantos avances como retrocesos en relación a la situación legal del aborto, pero sigue siendo una práctica severamente penalizada y restringida en la amplia mayoría de los Estados.

Pese aello, hay que reconocer los esfuerzos diligentes de las mujeres brasileñas, argentinas, uruguayas, mexicanas, colombianas y venezolanas que desarrollan campañas activas en sus países para lograr cambios favorables a su calidad de ciudadanas.

Argumentos de la despenalización

A pesar del peligro concreto que representa, es un hecho que el aborto inseguro es un recurso utilizado por millones de mujeres en todo el mundo para terminar con embarazos no deseados. Los principales argumentos de las organizaciones que abogan por la despenalización legal del aborto es que una legislación más flexible facilitaría el acceso a la práctica del aborto encondiciones sanitarias adecuadas, y evitaría miles de muertes maternas y eliminaría su práctica clandestina.

Otro argumento de peso es que el embarazo no deseado y el aborto inducido son graves problemas de salud pública, puesto que afectan a amplios sectores de la población, acarrean graves consecuencias para la salud; su atención consume importantes recursos estatales, y ambos problemas afectan sobre todo a las mujeres mas vulnerables: adolescentes, pobres y aquellas que no tienen acceso a información oportuna y de calidad.

En la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo –de las Naciones Unidas, celebrada en El Cairo en 1994– quedaba señalado: “el propósito de los programas de planificación familiar debe permitir a las personas decidir libremente el número y el espaciado de sus hijos y obtener los medios necesarios para hacerlo. No puede haber ninguna forma de coacción”.

Con la campaña de despenalizacióndel aborto en América Latina y el Caribe, las organizaciones que participan en ella pretenden lograr que la sociedad y en especial los que toman decisiones políticas tomen conciencia de que la penalización del aborto condena a las mujeres –que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos– a poner en riesgo sus vidas, por su falta de acceso ala educación, información, atención de salud y recursos económicos o institucionales.

También argumentan que la prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas

Situación en Venezuela

Alrededor de setenta organizaciones por los derechos de las mujeres en Venezuela trabajan exigiendo al parlamento que despenalice el aborto en la reforma del Código Penal; entre ellas el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, el Movimiento de Mujeres de la UCV, los Colectivos de Mujeres Manuelita Sáenz y el Servicio de PlanificaciónFamiliar de la Maternidad Concepción Palacios.

El fundamento para apoyar ladespenalización es la de resolver los problemas generados por el incesto o el embarazo producto de una violaciónl. “La despenalización conduce a emplear medidas en prevenir los obstáculos de las interrupciones ilegales. El Estado va a invertir más en prevención que en complicaciones”, señalaron representantes de las organizaciones.

En 2002, una mujer murió cada semana como consecuencia de abortos inseguros. En Venezuela esta práctica representa el 31% de las muertes entre adolescentes de 15 a 19 años en el país.

Las organizaciones de mujeres destacan que son las más pobres las que fallecen por esta práctica porque las que tienen recursos lo hacen en clínicas privadas que lo practican clandestinamente, pero en condiciones seguras.

Magdalena Valdivieso, directora del Centro de Estudios para la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, destacó que la lucha llevada a cabo para despenalizar el aborto es en pro de lalibertad de las mujeres para decidir por sí mismas, sobre su cuerpo, su vida y, sobre todo, en qué momento ser madre.

Para la diputada Flor María Ríos, integrante de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, el estudio de la reforma parcial del Código Penal, en lo referido a la legalización de la interrupción del embarazo, busca regularizar una práctica que se ejerce de manera clandestina y que le ha costado la vida de miles de mujeres en el país.

Señala que la propuesta de legitimar esta práctica es “fruto de amplias investigaciones y análisis que, durante más treinta años, han realizado instituciones feministas del país, que es un problema social y lo sufren fundamentalmentelas mujeres que no tienen recursos económicos para ingresar a los centros médicos y clínicas privadas”.

En Venezuela se desconoce el número de abortos practicados debido a su carácter clandestino, de allí la inexistencia de datos precisos sobre la incidencia en la morbilidad y mortalidad femeninas. En los registros disponibles se entremezcla el provocado con el natural y otras complicaciones obstétricas. No obstante, de acuerdo a estimaciones de lapolicía judicial se registran entre 200 y 300 muertes al año por abortos mal realizados.

La idea de reforma parcial del Código Penal busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que, en caso de extrema necesidad, se vea obligada a interrumpir voluntariamente su embarazo. La legislación actual no protege los derechos de la mujer y tampoco ha impedido que miles de ellas se practiquen abortos encondiciones de riesgo para su vida, en sitios clandestinos donde no segarantiza la asepsia y son realizados por personas que no poseen conocimientos médicos necesarios.

fotoEl doctor Manuel Arias, integrante de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Sociedad, de Servicios de Ginecología, explicó: “la idea fundamental es la prevención del aborto. Ello debe ir acompañado con una educación sexual, la garantía de métodos anticonceptivos y la despenalización para evitar las consecuencias del alto costo de las complicaciones del aborto inadecuado. Es un mito que aumentará el número de abortos si se despenalizan; se trata de controlar la situación y manejar desde lo legal, normas y protocolos a objeto de evitarcon secuencias perjudiciales para la mujer”.

En Venezuela, el aborto sólo se permite cuando está en peligro la vida de la mujer.

Argumentaciones. La doctora Sonia Sgambatti, profesora de la Cátedra de Médicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, autora de El aborto, aspectos históricos, legales, éticos y científicos, expresa:

“Respetables son las razones y argumentos a favor de la penalización o legalización del aborto. Pero de máxima importancia es el tratamiento del aborto dentro de las nuevas concepciones de la filosofía del hombre en el siglo XXI, de un problema multidisciplinario que nos lleva a un cambio en el pensamiento, no solamente en el ámbitojurídico.

“El Código Penal de 1926 es el que rige en Venezuela, pues desde entonces en materia legislativa penal se han realizado meras reformas. El código es una copia del de 1897, que tuvo su inspiración en el Código italiano de Zanardelli, de 1889. En consecuencia, nadie debe ofenderse si hablamos que en él existen anacronismos, tal como al referirse al aborto se ocupa únicamente de la sanción.

“Entendemos que es preciso modernizarnos, que el hecho de ser punible el aborto ocasiona en la psiquis femenina una gran incertidumbre y la ciencia del Derecho debe ofrecerle seguridad y no abandonarla, empujándola a la clandestinidad para resolver su problema que, dicho sea de paso, es un problema de humanidad. (…) Debemosc ontemplar la posibilidad de interrumpir el embarazo por causa de peligro grave a la salud de la embarazada, cuando se compruebe que el embarazo proviene de violación o cuando se verifique que el niño habrá de nace con anomalías incurables.

“En otras palabras: no es ir contra la vida, sino que se apunta a la la inteligencia humana con la ciencia, con el Derecho, con la racionalidad.

“Por otro lado la despenalización del aborto no constituye un mandato, simplemente es una alternativa; tampoco se trata de un hecho que se ejercitaría en forma indiscriminada, sino que el proyecto estaría refrendado por el apoyo científico, y por la propia necesidad social que clausura en la mitad de la población, como son las mujeres, la posibilidad de un albedrío, que esté sujeto a ese acto permisible a sus necesidades básicas, a sus capacidades humanas de desarrollo en el seno materno, y la propia seguridad física y de salud de las interesadas,y por supuesto, del niño porvenir.”

Y concluye: “Ahora bien, El proyecto de Código Penal, presentado para su discusión y aprobación, trae algunas innovaciones referidas al aborto, las cuales son decididamente tímidas, no llegan a contemporizar con el pensamiento humano requerido en estos tiempos, ni con la filosofía del Derecho moderno”.

Los obispos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana se manifiesta contra de la legalización de aborto por razones religiosas, éticas y jurídicas:

“La despenalización del aborto provocado significaría el abandono de un valor ético fundamental en todo ordenamiento jurídico y en toda convivencia social”, afirmó la CEV através de un comunicado emitido a la opinión pública.

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* Periodista venezolana.
La primera entrega del estudio-investigación de Gisela Ortega sobre el aborto, Está prohibido, pero asesina mujeres, puede leerse en esta revista aquí.

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