Feb 19 2021
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Política

El genocidio uribista: 6.402 asesinatos disfrazados de muertes en combate

El informe de la Jurisdicci√≥n Especial de Paz, Muertes ileg√≠timamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, los mal llamados ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ, se√Īala que durante el gobierno de √Ālvaro Uribe, entre 2002 y 2008, fueron asesinadas 6.402 personas, una pol√≠tica implementada por cuatro ministros de Defensa, entre ellos la actual vicepresidenta Marta Luc√≠a Ram√≠rez y el exmandatario Juan Manuel Santos.

El Tribunal de Paz indic√≥ que, de acuerdo con los an√°lisis que ha hecho a partir de los informes de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales, durante 2002 y 2008, fueron asesinadas 6.402 personas, 4.154 casos m√°s que los registrados por la Fiscal√≠a General de la Naci√≥n entre 1988 y 2014. Del trabajo se desprende que la cifra de v√≠ctimas es el triple de lo que se sosten√≠a. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de √Ālvaro Uribe.¬†Resultado de imagen para jep falsos positivos

Aunque el alto mando militar, la prensa hegemónica y la derecha en el gobierno siempre negaran que se tratara de una práctica sistemática, un genocidio, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. Hasta ahora, el tribunal de paz no emitió ninguna condena desde su entrada en función en 2018.

¬ęEsperamos que este ejercicio permita identificar a los m√°ximos responsables, es decir a quienes dise√Īaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistem√°tica y atroz¬Ľ, se√Īal√≥ Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de V√≠ctimas de Cr√≠menes de Estado (Movice).

La JEP manifiest√≥ que del total de casos de ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ que se reportaron ante la magistratura, el 78% se present√≥ durante el gobierno del expresidente √Ālvaro Uribe V√©lez. S√≥lo en 2008 se reportaron 792 asesinatos de este tipo, mientras que en 2009 la cifra se redujo a 172, significando as√≠ una tendencia a la baja desde ese a√Īo en adelante para las cifras dentro del macrocaso.

Antioquia, Meta, Caquet√°, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca fueron los departamentos con mayores casos entre 2002 y 2008, seg√ļn la JEP, en coordinaci√≥n con cifras recolectadas por entidades como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Informaci√≥n Judicial de la Fiscal√≠a (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Hist√≥rica (CNMH) y la Coordinaci√≥n Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que enga√Īaban a los civiles para asesinarlos (en general los vest√≠an con ropas de guerrilleros antes de sepultarlos) para as√≠ presentar mejores resultados a sus superiores.¬†Las v√≠ctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del pa√≠s, aunque posteriormente el fen√≥meno se replic√≥ en zonas urbanas, personas en situaci√≥n de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y siete con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

La JEP ha sido enf√°tica en que los datos son solo su apuesta para priorizar los casos y as√≠ avanzar r√°pidamente, y que todav√≠a no est√° imputando hechos. Se espera que la acusaci√≥n contra los mandos militares est√© lista para el segundo semestre de este a√Īo.

Esta cifra no es definitiva y que seguirá contrastando los informes presentados por las partes que se ha estado actualizando con los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias de compareciente y los datos provenientes de la Justicia Militar.

‚ÄúEl 66% total nacional de v√≠ctimas se concentr√≥ en 10 departamentos, incluidos los territorios priorizados‚ÄĚ durante los a√Īos 2002 y 2008 bajo el mandato del expresidente √Ālvaro Uribe V√©lez, afirm√≥ la JEP. En ese lapso el pa√≠s tuvo cuatro ministros de Defensa: Marta Luc√≠a Ram√≠rez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y quien lo sucediera en la presidencia, Juan Manuel Santos.Resultado de imagen para jep falsos positivos

Para el genocida Uribe, la informaci√≥n evaluada es sesgada porque fue marcada por organizaciones con ‚Äúorientaci√≥n pol√≠tica y enemigas declaradas de mi gobierno‚ÄĚ. ¬ęNo hay un solo militar que pueda decir que recibi√≥ de mi parte mal ejemplo o
indebida insinuaci√≥n, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, m√°s ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas¬Ľ, dijo Uribe.

Los socios del genocidio

La primera en asumir el cargo como ministra de Defensa de Uribe fue la actual vicepresidenta, Marta Luc√≠a Ram√≠rez, entre 2002 y 2003, periodo en el cual, seg√ļn la gr√°fica de la JEP los casos estuvieron entre los 500 y 600 al a√Īo. Bajo el liderazgo de Ram√≠rez se da un indicador en el plan estrat√©gico del sector Defensa para mostrar resultados: n√ļmero de terroristas a dar de baja en el a√Īo. Ese indicador es transmitido a todas las Fuerzas Militares y a la Polic√≠a.

Seg√ļn el investigador Omar Eduardo Rojas Bola√Īos, ‚Äúlos ‚Äėfalsos positivos‚Äô comienzan a darse cuando llega Marta Luc√≠a Ram√≠rez al Ministerio de Defensa. Uribe le da la orden a Marta Luc√≠a, que comience una mayor alianza con la Fuerza P√ļblica, y el primer ‚Äėfalso positivo‚Äô de esa envergadura se da con un asesinato bajo las √≥rdenes del coronel Hern√°n Mej√≠a en octubre de 2002, como comandante del Batall√≥n la Popa‚ÄĚ.

Marta Luc√≠a Ram√≠rez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos, los ministros de Defensa entre el 2002 y 2008. Fotos: ColprensaLuego, Uribe nombr√≥ a Jorge Alberto Uribe, quien estuvo de 2003 al 2005, donde seg√ļn la JEP, los casos de falsos positivos segu√≠an en ascenso, registrando en 2004 cerca de mil v√≠ctimas. En 2005, el ministro renunci√≥ por una moci√≥n de censura en su contra por las bajas de soldados por ataques de la guerrilla, debate que lo debilit√≥ al mando de las fuerzas militares.Ese mismo a√Īo fue nombrado Camilo Ospina.

√Čste, en poco tiempo firm√≥ la famosa directiva ministerial 029 de 2005, que divulg√≥ el periodista F√©lix de Bedout, donde se ofrec√≠a una recompensa ‚Äďde hasta tres millones de pesos- a los militares por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que habr√≠a impulsado a diferentes brigadas del Ej√©rcito a cometer ejecuciones extrajudiciales.

En 2006, se registraron más de 1.200 casos y el punto más alto de esta práctica se vivió en 2007, cuando el expresidente Juan Manuel Santos ya estaba a cargo de las fuerzas militares. En 2018, Santos comentó en una entrevista en Noticias Caracol,  que cuando empezó en su primer mandato comenzó a conocer los miles de casos de civiles que fueron ejecutados por militares para ser presentados como guerrilleros muertos en combate.

‚ÄúA m√≠ me doli√≥ much√≠simo descubrir eso (los falsos positivos) y por eso los acabamos de ipso facto. Eso fue un esfuerzo para cambiar la doctrina, comenzamos a exigir desmovilizaciones, luego capturas y en √ļltima instancia, muertos‚ÄĚ, dijo entonces quien firm√≥ el incumplido acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Pero con Santos como ministro de Defensa entre 2006 y 2009 fue cuando los casos aumentaron de manera exponencial, seg√ļn lo constat√≥ la JEP. El a√Īo de mayor cantidad de v√≠ctimas fue el ¬†2007. Moraleja: Santos recibi√≥ el Premio Nobel de la Paz (¬Ņde los sepulcros?)

¬ŅJusticia?Resultado de imagen para jep falsos positivos

Las v√≠ctimas de este genocidio tienen sentimientos encontrados, pero todas coinciden en que este nuevo panorama ‚Äúprueba que la Seguridad Democr√°tica fue una pol√≠tica criminal‚ÄĚ. Algunas creen que la priorizaci√≥n de los territorios y la rigurosidad metodol√≥gica para armonizar cifras de distintas organizaciones sociales permitir√°n que en poco tiempo se conozcan m√°s relatos de verdad y la JEP pueda frenar la impunidad que se ha gestado en la justicia ordinaria durante d√©cadas.

Pero otros grupos se√Īalan ¬†que mientras no haya mayores reconocimientos en casos individuales de los m√°ximos responsables ser√° dif√≠cil creer que se har√° justicia.

Jacqueline Castillo, directora general del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo), asegura que el documento del Tribunal de Paz ‚Äúes gratificante, pues es una evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistem√°ticos y generalizados, bajo el ala criminal de un gobierno que vend√≠a ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros‚ÄĚ.

A√Īade que el consolidado de estas cifras demuestra que sus denuncias han trascendido hasta el punto que el Estado, que antes ignoraba sus reclamos, hoy est√© priorizando sus casos. ‚ÄúAunque los mismos magistrados nos hayan dicho de frente que no pueden tomar caso por caso, porque eso les tomar√≠a toda la vida, este auto marca un precedente que nos trazar√° un camino para saber qui√©nes dieron las √≥rdenes y se haga justicia‚ÄĚ.

Nora Pulgar√≠n, hermana de Humberto Le√≥n Pulgar√≠n, campesino asesinado por la IV Brigada del Ej√©rcito Nacional en 2006, ingtegrantes del Movimiento Nacional de V√≠ctimas de Cr√≠menes de Estado (Movice), insiste en que los m√°s de 9.000 casos registrados por la JEP ser√°n pesquisas claves para llegar a un n√ļmero m√°s preciso que dibuje la magnitud de este delito que se registra desde hace 40 a√Īos.Resultado de imagen para uribe genocida

‚ÄúEra un secreto a voces que estas ejecuciones eran sistem√°ticas. Sin embargo, es diferente que lo diga yo a que lo haga un cuerpo de justicia como la JEP. Entendemos que esto no comenz√≥ con el expresidente √Ālvaro Uribe, a sabiendas de que su responsabilidad con estos cr√≠menes es clara y que se presentaron en su mandato m√°s cr√≠menes. Hay registros desde 1980 y claro que esto supone que la guerra dej√≥ m√°s de 10.000 casos de mal llamados ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ, explica.

Justamente, Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Movice y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos indicaron que dentro de las recomendaciones que harán a la JEP es que se determinen primero las responsabilidades de los altos mandos militares.

Mientras, Martha Giraldo, hija de Jos√© Orlando Giraldo, asesinado por miembros del Batall√≥n de Alta Monta√Īa N¬ļ 3 en zona rural de Cali, indic√≥ que todos los altos mandos militares de las divisiones involucradas deben ser obligados a responder ante la JEP, para armar los relatos que, est√° convencida, le ayudar√°n a sanar. ‚ÄúFueron criminales de Estado y se escudaron en una supuesta pol√≠tica de seguridad; enga√Īaron al pa√≠s‚ÄĚ, afirm√≥.

Alejandro Restrepo, coordinador de la Fundaci√≥n Paz y Reconciliaci√≥n, conf√≠a en que la JEP ¬ępueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial¬Ľ pese a que el tribunal de paz ¬ętiene una batalla muy dif√≠cil que librar contra los sectores que hoy est√°n en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia¬Ľ.

 

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

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