El gobierno argentino se da un baño de realidad
El Gobierno ha mostrado su capacidad de darse un baño de realidad. Para lo bueno y para aquello que no lo es tanto. Se están tomando medidas que dan cuenta de los recientes resultados electorales. Novedades respecto del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, la tributación de sectores financieros, la cuestión energética y en materia de seguridad.
Como suele ocurrir con las distintas experiencias electorales hubo, en nuestro país, diferentes interpretaciones sobre los resultados de la reciente compulsa. La primera respuesta oficial no pareció dar cuenta de la nueva situación. Ésta se asemejaba a lo ocurrido en el 2009 y lejos de lo alcanzado en 2011.
Respecto a los resultados de igual elección parlamentaria (2009) la diferencia cuantitativa, en materia de números, era mínima. Apenas un poco menos. El problema con esas elecciones, que aún no está plena y totalmente asumido, es la diferencia de calidad. El kirchnerismo, a pesar de su derrota y del traspié bonaerense, mantuvo o incrementó su caudal electoral en los grandes distritos. En Capital Federal pasó de 12 a 19%; Córdoba de 9 a 11%; Santa Fe de 10 a 21%. En Mendoza mantuvo su 27% y en la Provincia de Buenos Aires pasó del 32 al 30%.
Sus mayores dificultades estuvieron en los distritos del interior, históricos baluartes del peronismo. Sus causas son diversas, se pueden identificar algunas de ellas: Las dificultades de las economías regionales, la resistencia a las políticas sobre los bienes comunes (recursos naturales) en las provincias cordilleranas y los problemas políticos locales en materia de gestión, candidaturas o divisiones internas. Da la impresión que estas cuestiones aún no han sido debidamente absorbidas e interpretadas desde el punto de vista oficial.
Sin embargo otros temas parecen haber sido incorporadas a la agenda oficial y en estos días se han proporcionado diversas respuestas.
Suba del mínimo no imponible en impuesto a ganancias
El gobierno tomó nota de las críticas sobre el “impuesto al trabajo” que significaba el pago de ganancias que debían hacer quienes percibían los salarios más altos. La reciente suba, que lleva a que solo paguen “ganancias” quienes tengan ingresos salariales superiores a los 15 mil pesos, es una respuesta altamente satisfactoria. Ella toma como propia la reivindicación de esos sectores y las propuestas que el propio Sergio Massa había planteado en estas semanas.
Es un beneficio que llega a más de 2 millones de trabajadores asalariados. Se trata de una clara medida adoptada en la búsqueda de recuperar espacio dentro de los sectores medios, que son los beneficiarios de esta decisión. Con ella, también, procurar quitar sustento a buena parte de las críticas de diferentes organizaciones sindicales, cuyos afiliados tienen los ingresos más altos. Es una importante bandera que el oficialismo le está quitando al conjunto de la oposición.
La tributación de los sectores financieros
El costo, para las arcas del Estado, de la medida ya señalada ronda los 4.400 millones de pesos. Una parte de esa cifra será cubierta por el Estado y otra a través de un gravamen del 15% a la renta del capital (utilidad por la venta de acciones y títulos que no cotizan en bolsa), que no alcanza a los plazos fijos y acciones del Mercado de Capitales.
También el Ejecutivo ha remitido al Parlamento un proyecto de ley para aplicar un Impuesto a las Ganancias del 10% a los dividendos que distribuya toda empresa entre sus accionistas o socios. El debate sobre esta propuesta se iniciará en el curso de esta semana y cuenta con el apoyo del oficialismo y de gran parte de la oposición.
De esta manera el gobierno inicia el largo camino de gravar las rentas financieras. Una de las medidas que, desde hace tiempo, se vienen reclamando y que constituye una demanda de muchos sectores. Esta es otra medida que debería tener un impacto positivo en la opinión pública y el gobierno espera que también lo tenga en el aspecto electoral.
El reconocimiento de los problemas de seguridad
El puntapié inicial lo dio el Secretario de Seguridad, el Coronel Médico Sergio Berni, hace varios días cuando dijo: “La inseguridad existe, no es una sensación”.
Esta declaración fue seguida por otras semejantes de varios funcionarios, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. De esta manera el oficialismo cambió el discurso que venía sosteniendo en este tema desde los tiempos de Aníbal Fernández, promotor de la idea que ese problema era “una sensación”. Pero aquellas palabras de Berni no eran un comentario al pasar, ellas formaban parte de una decisión política. Se trataba de “blanquear” el problema, asumirlo y plantear algunas medidas, aunque fueran de corto plazo.
Unos 6 mil gendarmes están siendo trasladados al Gran Buenos Aires, principal foco de inseguridad. La mayoría de ellos -3.500- son para hacer relevos de los que están actualmente y otros -2.500- son para reforzar las dotaciones existentes. Esa tropa proviene de destacamentos móviles, la reserva táctica y otras unidades del interior que cumplían sus funciones naturales en las zonas de frontera.
La medida fue adoptada por el gobierno nacional, luego de la evaluación de varios intendentes en el sentido que buena parte de los adversos resultados electorales del conurbano bonaerense tenía que ver con esta cuestión. Es por eso que se han privilegiado las zonas Oeste y Sur, lugares en los cuales el oficialismo necesita incrementar su diferencia -a favor- para compensar el seguro resultado adverso en la zona Norte, donde se concentra el poder del Intendente Massa.
El acuerdo con Chevron
Es sabido que el gobierno nacional ha firmado un Convenio con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales, con el sistema de “fracking”, en Vaca Muerta (Provincia de Neuquén). No debe olvidarse que esos acuerdos requieren del aval provincial porque éstas, después de la Reforma Constitucional de 1994, son “dueñas” de sus recursos naturales. En función de tal situación esta semana la legislatura neuquina votó la aprobación de ese acuerdo.
Hubo refriegas con manifestantes que terminaron con detenidos, heridos y la condena de vastos sectores, algunos de ellos pertenecientes al oficialismo, como lo hizo el Movimiento Evita. Algo semejante a lo ocurrido en Jujuy, por motivos reivindicativo salariales, lo que generara una dura condena de la kirchnerista dirigente local Milagros Sala. Volviendo al tema de Neuquén esta es una prueba del costo político que se está pagando por el acuerdo con Chevron.
Desde el punto de la reflexión que hoy nos ocupa, estamos ante otra manifestación de la necesidad de ajustarse a la realidad, sin que esto implique reconocer que este acuerdo con Chevron sea el camino más indicado para resolverlo. Lo cierto es que hay situaciones innegables: Gran parte del déficit de divisas que hoy tiene nuestro país tiene que ver con lo que se devora el sistema energético.
La parcial estatización de YPF apuntaba, entre otros objetivos, a paliar esa situación. Para hacerlo efectivo se demandan inversiones. Las erradas políticas, que arrastramos desde la década de los 90, han motivado esta constante caída de reservas y producción que aún se continúan. Hoy lo concreto es que YPF está falta de recursos y el déficit energético crece y crece. La solución adoptada trae estos costos políticos que difícilmente cesen.
En síntesis…se avanza en el baño de realidad. Es posible que estas medidas actuales se complementen con otras que beneficien a sectores que, en gran proporción, se mantienen leales al kirchnerismo y que siguen esperando que se los considere, en estos reajustes. Son los más pobres y ellos esperan medidas que les traigan algún alivio. Una reducción del IVA para alimentos podría ser una medida que aliviane su situación actual.
Habrá que ser si este conjunto de decisiones se trasunta en una mejora de la performance electoral o la tendencia de las PASO se transforma en un camino que continúa en el mismo rumbo. .