Feb 21 2014
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Opini贸nPol铆tica

El intocable Ej茅rcito de Colombia: entre la impunidad y la corrupci贸n

Al titular 鈥淐ero tolerancia a la corrupci贸n鈥漑1], con el que difunde la revista Semana las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinz贸n, frente a las graves denuncias que esta misma revista destap贸, le sobra el cero.聽 M谩s que una respuesta al pa铆s frente a los graves casos de corrupci贸n e impunidad y frente a cr铆menes de lesa humanidad como los llamados 鈥渇alsos positivos鈥, el Ministro hace una defensa del Ej茅rcito como si fuera intocable.

Afirma que 鈥淐uando se habla del Ej茅rcito de Colombia se habla de una instituci贸n que antecede a la Rep煤blica y que siempre, en todos los momentos de la Naci贸n, es la que ha puesto la cara y el pecho a todos los colombianos鈥.聽 Dijo: se pone en juego la 鈥渉onra y el buen nombre de personas que le han servido al pa铆s y que se exponen a anomal铆as e irregularidades禄.

驴Al buen nombre de qui茅n se refiere el ministro Pinz贸n? 驴Al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quien reconoci贸 que su voz est谩 en una de las grabaciones en las que, en conversaci贸n con Rodr铆guez, incita a que 茅l y sus compa帽eros de reclusi贸n 鈥渟e organicen como una mafia鈥 para denunciar a los fiscales? 驴Al del coronel R贸binson Gonz谩lez del R铆o a quien llama -como medida- a calificar servicios, a pesar de que lleva tres a帽os privado de la libertad, acusado del asesinato de varios campesinos bajo la modalidad de los falsos positivos, en el momento en que se desempe帽aba como jefe de una unidad de contraguerrilla del ej茅rcito?

La informaci贸n entregada por el Portal Las Dos Orillas, en publicaci贸n del 2 de noviembre de 2013 titulada 鈥淓l coronel que enred贸 al magistrado Villarraga鈥, recuerda que Gonz谩lez 鈥渇ue capturado en agosto de 2012 por su presunta responsabilidad en al menos doce asesinatos presentados como bajas en combate durante el periodo que se desempe帽贸 como comandante del Batall贸n 57 que opera en el departamento de Caldas. Seg煤n revel贸 Noticias Uno, el coronel Gonz谩lez del R铆o le habr铆a pagado $400 millones al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga para que su caso fuera trasladado a la justicia penal militar y con ello evadir la acci贸n de la justicia ordinaria que est谩 a punto de proferir una condena en su contra. Seg煤n la Fiscal铆a hay pruebas contundentes de la participaci贸n del coronel Gonz谩lez del R铆o en las muertes de las siguientes doce personas: Jos茅 Gregorio Galvis, Adri谩n V茅lez, Guillermo Iv谩n Mej铆a, John Fredy Espinosa, Juli谩n Andr茅s Torres, Jorge Luis Garc铆a, Luis Ferney Garc铆a, Juan Francisco Franco, John Jairo Mu帽oz Bland贸n, Javier Andr茅s Moreno Mar铆n, Janio C茅sar Sep煤lveda y Frandiney Mart铆nez Quiroga. Uno de los testigos que tiene el ente investigador, afirma que desde la llegada de Gonz谩lez del R铆o al comando de este batall贸n, proliferaron las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, al punto de convertirse en una pr谩ctica generalizada鈥.

Por ello, ese grado de tolerancia del representante de la cartera de Defensa solo produce indignaci贸n y preguntas respecto a las consecuencias de estos hechos sobre el proceso de paz, que se adelanta entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. El asunto es bastante profundo, e implica al menos dos temas que han estado en discusi贸n en los dos 煤ltimos a帽os: 1. Las estrategias que el Gobierno ha formulado para mantener lo que ha llamado la 鈥渟eguridad jur铆dica鈥 y la tranquilidad de los miembros del Ej茅rcito para que sus responsabilidades en el 鈥渆jercicio de sus funciones鈥, que muchas veces est谩n asociadas a cr铆menes de lesa humanidad, no sean juzgadas por la justicia ordinaria, lo cual se expres贸 en el acto legislativo declarado inexequible por la Corte Constitucional sobre el fuero penal militar, pero se revivi贸 en parte con la Ley 1698 que crea un fondo de seguridad y defensa de los miembros del Ej茅rcito con efecto retroactivo. 2. La asignaci贸n y el uso de un presupuesto de seguridad y defensa que alimenta de un lado la guerra y de otro la violaci贸n de los derechos humanos y, por si fuera poco, que se podr铆a volver bot铆n de perpetradores de cr铆menes de lesa humanidad como el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, un asunto al que le queda peque帽a la palabra 鈥渃orrupci贸n鈥.

El Fuero Militar: un acto legislativo que ha buscado garantizar la impunidadcol santos y milicos

Estas pr谩cticas individuales de coroneles y generales del Ej茅rcito cuadran perfectamente con una estrategia m谩s estructural que esa instituci贸n viene tramitando durante los 煤ltimos a帽os en el Congreso como es la del 鈥渇uero penal militar鈥, aprobado por el Congreso en 2012 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en octubre de 2013 por vicios de forma.

En el primer evento -la aprobaci贸n del fuero militar-, el Ministro de Defensa aplaudi贸 la decisi贸n del legislativo y desestim贸 las diferentes cr铆ticas de organismos internacionales, entre ellos la ONU, y de las ONG defensoras de Derechos Humanos que vemos como en este un 谩mbito se deja abierta la impunidad a la violaci贸n de derechos humanos por parte del Ej茅rcito. En el segundo evento, acudieron a lo que algunos han llamado el 鈥淧lan B鈥. As铆, una vez declarado inexequible el 鈥渇uero militar鈥 se envi贸 con mensaje de urgencia el proyecto para 鈥渓a creaci贸n del Fondo de Defensa T茅cnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza P煤blica (Fondetec), que busca garantizar el presupuesto para la defensa de los militares y que tendr铆a aplicaci贸n incluso ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional[2], donde se adelantan procesos tan importantes como la investigaci贸n por la desaparici贸n de ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985鈥.

Adem谩s, se afirma que, todos los militares ser铆an cobijados por la ley sin importar la fecha en la que hayan sido cometidos los actos[3]. Este proyecto fue concretado el 26 de diciembre de 2013 en la ley 1698聽 芦Por la cual se crea y聽 organiza el sistema de defensa t茅cnica y especializada de los miembros de la fuerza p煤blica y se dictan otras disposiciones鈥

Las actuaciones del coronel Rodr铆guez parecen dar Fe de la certeza de impunidad que tienen los miembros de las fuerzas armadas cuando sus casos no son juzgados por la justicia ordinaria sino por la justicia penal militar.

El presupuesto de seguridad y defensa un gran bot铆n para la corrupci贸n

Los "falsos positivos"

Los 芦falsos positivos禄

Defensa y Polic铆a tendr谩n para este a帽o un presupuesto de casi 27 billones de pesos, m谩s de un 13% de los 203 billones a los que asciende el presupuesto nacional para este a帽o. Una jugosa suma que no solo alimenta la m谩quina de la guerra sino la de la corrupci贸n, de acuerdo con las revelaciones entregadas por la revista Semana, y la de la impunidad y la violaci贸n de los derechos humanos, de acuerdo con lo aprobado en la Ley 1698 con la que se crea el fondo de defensa de las fuerzas armadas, recursos que saldr谩 de este presupuesto pagado por todos los colombianos con sus impuestos.

Aproximadamente la tercera parte de estos recursos se han centralizado en lo que, como Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos llam贸 el GSED -Grupo Social y Empresarial de la Defensa- el cual se concret贸 en el Conpes 3520 del 9 de junio de 2008. Este re煤ne las 18 empresas que est谩n asociadas a los temas de seguridad y defensa. Para el a帽o 2011 contaba con activos cercanos a 8,5 billones de pesos y unos ingresos operacionales de 5,27 billones de pesos y que ya en 2012 son 6,1 billones. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta los primeros meses del 2013, al frente de este conglomerado estaba la Viceministra de Defensa Yaneth Giha. Despu茅s de su renuncia, el GSED vuelve a manos de los militares en cabeza del General Jos茅 Javier P茅rez[4].

Por ello, los diferentes casos de corrupci贸n e impunidad, denunciados en los 煤ltimos a帽os al interior de la cartera de Defensa y del Ej茅rcito Nacional, no pueden ser tomados por el Estado, el gobierno actual y la sociedad colombiana como un caso m谩s de corrupci贸n, o del lado del ministro Pinz贸n como una afrenta a la instituci贸n del Ej茅rcito de Colombia que seg煤n 茅l no puede ser ni denunciado ni cuestionado por la sociedad, independiente de que tan claras sean las denuncias u acusaciones. Lo que est谩 en juego es un proyecto de sociedad con derecho a la paz, a la vida, a la libertad y a que su riqueza colectiva, canalizada por el Estado a trav茅s de impuestos, est茅 dedicada a la apropiaci贸n de 茅stos por los perpetradores de cr铆menes de lesa humanidad, o sean usados para que estos escapen a la justicia. Necesitamos unas instituciones defendiendo la paz y no la guerra y un presupuesto nacional que, como m铆nimo, no est茅 al servicio de la violaci贸n de los derechos humanos.

聽Notas
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/ministro-de-defensa-juan-carlos-pinzon-se-refiere-las-grabaciones-de-semana/377590-3
[2] 鈥淓l ministro de Defensa dijo que las propuestas presentadas este martes no resuelven todos los problemas que se tienen pero son un paso en la direcci贸n correcta que le da una se帽al de tranquilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas鈥eg煤n Pinz贸n, el Gobierno espera que el proyecto est茅 aprobado por el Congreso en diciembre a fin de que desde comienzos de 2014 empiece a valer como garant铆a adicional para que los miembros de la fuerza p煤blica puedan mantener de manera decidida, de manera contundente sus operaciones contra el terrorismo, las bandas criminales, la delincuencia en general鈥.( http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=225918& )
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/plan-b-del-fuero-militar-articulo-455437
[4] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-poderoso-grupo-empresarial-del-sector-defensa-vuelve-manos-militares-44828. Articulo publicado el 29 de mayo de 2013.

*Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.聽 Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medell铆n, Colombia

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