Nov 30 2013
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OpiniónPolítica

El nuevo estilo de gobierno kirchnerista

Ya no quedan dudas, con Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete, hay un indudable “cambio de estilo” en la Casa Rosada. Después de 12 años al frente de la gobernación de Santa Cruz y de más de 10 años de ejercicio en el mando del gobierno nacional, el kirchnerismo cambia su forma de ejercer el gobierno.

Han sido 22 años de una práctica caracterizada por un estilo absolutamente personalizado y donde la confianza no se ampliaba más allá de la pareja integrada por Néstor y Cristina.Ellos ocupaban la cúspide de un poder que  no se compartía ni se delegaba. Ahora por causas que tienen que ver con razones médicas, familiares y políticas la situación ha cambiado.

A la temprana desaparición física de Néstor le siguió una frenética actividad de Cristina. Con ella pretendía ocupar el vacío político y afectivo que se había producido. Fueron 3 años de intensa actividad. El reciente parate, obligado por las conocidas circunstancias físicas, fue el detonante sobre el que se montó este nuevo escenario. Desde el punto de vista médico se planteó la necesidad de aflojar las tensiones de aquella hiperactividad diaria.

Los miembros de su familia, particularmente sus hijos, advirtieron sobre el destino que tuvo la sobrecarga de actividades que había desarrollado su padre. Políticamente, los resultados electorales del 27 de octubre habían demostrado que el “modelo” en marcha mostraba fisuras que exigían cambios. Ante ese cúmulo de razones, Cristina tomó un camino inédito. Delegó funciones. Lo hizo dejando el manejo de la economía y el gobierno en un mix, una dupla, que articulara al tradicional pejotismo con el nuevo kirchnerismo

Jorge Milton Capitanich y Axel Kicillof serían los ejecutantes de esta nueva versión del kirchnerismo o de una transición, con destino indefinido. Las comunes experiencias anteriores de ambos facilitaban la tarea y le daban una mayor viabilidad a estos cambios.

Capitanich se colocó en el centro de la escena, con sus diarios vínculos con la prensa va explicitando lo que “piensa hacer”. Su propia práctica adelanta los cambios que se esperan en el sistema comunicacional. Sabe que en estos meses se juega buena parte de su futuro político. Es obvio que la delegación de poderes producida por Cristina no es un cheque en blanco, ni menos aún por tiempo indeterminado.

Este nuevo funcionario es consciente que estos cambios, con la importancia que tienen, no alcanzan. Son modificaciones estéticas que impactan a la vista, pero no cambian la realidad. Del mismo modo que impresiona el nuevo decorado en las oficinas que ocupa y que perteneciera a Juan Manuel Abal Medina. El espacio que estuviera ocupado -casi exclusivamente- por fotos de y con Cristina y Néstor, ha sido reemplazado por otras más familiares, con el Papa Francisco e imágenes religiosas, además de los cuadros institucionales.

Es sabido que la suerte de este “nuevo estilo”, que despierta variados entusiasmos, está en la evolución de la realidad económica social y política. A la espera de las medidas que se irán adoptando y sus efectos prácticos, hay una serie de movimientos políticos que no se pueden soslayar. El principal de ellos pasa por el justicialismo y los movimientos vinculados a las candidaturas presidenciales con vistas al 2015.arg capitanich y cris

Daniel Scioli, principal afectado por la designación de Capitanich, parece haber tomado conciencia que su futuro como heredero del kirchnerismo se va alejando. Ante esa evidencia, en esta semana, buscó cerrar acuerdos con las huestes que comandan Francisco de Narváez y  Hugo Moyano. Como parte de ese acuerdo está procurando colocar a miembros de esos sectores en su gabinete provincial.

El entrerriano Sergio Uribarri está intentando llegar al gabinete nacional para mantener sus expectativas a una candidatura presidencial.

Sergio Massa, un tanto descolocado ante la nueva situación, medita acerca del espacio en el que debería colocarse. Por ahora terminó acordando con Scioli para destrabar la aprobación del presupuesto provincial.

En otro orden de cosas está culminando el año parlamentario. Para esta fecha, tal como sucede todos los años, se votan los paquetes de leyes pendientes de aprobación. Este año, dentro de este aluvión de leyes aprobadas, se plantearon situaciones particulares respecto de dos normas.

Por una de ellas se elimina la responsabilidad del Estado y sus funcionarios por decisiones que puedan causar perjuicios. Esta norma fue aprobada en Diputados. En la cuestión del Código Civil y Comercial, el gobierno ahora optó por dejar su aprobación definitiva para el próximo año. Fue votada afirmativamente en el Senado, con una insólita fundamentación de Miguel Angel Pichetto, a cargo del bloque oficialista. Sostuvo que tenía cuestionamientos a la norma pero que la sostendría por “obediencia partidaria”, confiando que la Cámara de Diputados la modifique.

Otro tema de la semana ha sido el de la Seguridad. En este sentido hay un par de cuestiones que se deben citar. Por un lado que volvieron a manifestarse en Rosario algunos saqueos, tan característicos para esta época del año. Hubo algunas decenas de detenidos y varios heridos. El gobierno socialista, sin penetrar en la situación social existente, encuentra en el narcotráfico a su responsable y promotor.

Hay otro tema que causa seria preocupación. Se trata de una tendencia, en debate en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Allí se discute acerca de la posibilidad por la cual, para varios casos, se asimilaría la acción de los integrantes de empresas de seguridad privada a las actuales fuerzas policiales. Esto sería posible en caso de flagrancia. Basta recordar que las represiones a movilizaciones y acciones de masas usualmente se producen en situación de flagrancia. De lo cual deducimos los riesgos que esta tendencia entraña. Más aún si tenemos en cuenta que, en sitios como la Provincia de Buenos Aires donde – en medio del debate parlamentario- se ha planteado que hay unos 100 mil integrantes de estas fuerzas organizados en unas 700 empresas.

 El tema Repsol

repsoloEl acuerdo con REPSOL para indemnizarlo con unos 5 mil millones de dólares, por la expropiación de una parte de YPF tiene una “letra chica” que no conocemos y cuyo “cierre” va a demandar algún tiempo más. Eso lo anunció Kicillof. Sin embargo, más importante que conocer esa “letra chica” es saber que nos dice –sobre los rumbos futuros- este acuerdo.

La cuestión política con la pérdida de votos del oficialismo es la manifestación, no la causa, de la evolución de la situación económica. La esencia del problema radica en nuestra realidad económica. Ella transcurre por un momento complejo. Uno de los temas centrales tiene que ver con la inflación, reconocida por los nuevos funcionarios con el nombre de “variación de precios”.  Además, la falta de dólares -que repercute sobre la pérdida de reservas- y el déficit fiscal que se resuelve apelando a emisiones constituyen, junto al déficit energético, los principales desafíos a resolver.

Ya se ha dicho en otras oportunidades que la principal apuesta del gobierno es que no baje el nivel de consumo. Ahora empiezan a escasear los recursos para mantenerlo. Frente a ello transita dos caminos estratégicos: Lograr más dólares y desarrollar un “ajuste moderado”.

Los acuerdos con REPSOL, como hace unas semanas atrás lo fueron con el CIADI y el reconocimiento que se pagarían otras demandas internacionales, están en la línea de obtener recursos externos, emitiendo bonos que dejen para más adelante el pago de los compromisos que se van asumiendo. El caso de REPSOL, además, apunta a resolver el déficit energético que nos obliga a comprar gas y petróleo, siendo el principal agujero  por donde se van las divisas.

Con el llamado “ajuste moderado”, que está en carpeta aunque hay sectores donde ya se ha iniciado, se tratarán de reducir los costos estatales, eliminando –parcialmente- algunos subsidios (luz, agua, combustible). Desde el gobierno procurarán que tales eliminaciones solo afecten a los sectores de mayores recursos. Esa es la nueva “sintonía fina” que tiene a su cargo Kicillof.

En el mismo sentido está en curso una situación bastante compleja cuyos efectos pueden ser gravosos. Hay compromisos, con bonistas acreedores, según los cuales cuando el crecimiento del PBI sea superior al 3,25% corresponde que nuestro país pague las cuotas con un incentivo  especial, cuya cifra ronda los 3,6 mil millones de dólares. El INDEC viene realizando un cálculo de crecimiento que supera ese porcentaje. Según diversas estimaciones privadas el crecimiento del presente año rondaría el 2%. De mantenerse la tasa informada por el INDEC, que superan aquel 3,25%, nuestro país debería pagar –indebidamente- el monto indicado.

Desde muchos lugares se denuncia que los “dibujos” del PBI responden a conveniencias electorales. De concretarse lo que se está señalando podría pensarse que también tienen por objetivo crear las condiciones para abrir las puertas al ingreso de dinero fresco mediante nuevos endeudamientos. Los pagos pertinentes por esos bonos indexados (por cupón de crecimiento del PBI) se concretarían mediante bonos a varios años.

Vale aclarar que paralelamente a estos bonos indexados por el crecimiento hay otros que se pagan según la inflación. En este caso los “dibujos” del INDEC, por debajo de los valores reales, evitan pagar un volumen importante de dólares.

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