El terrorismo de Estado que vivió Chile
El juez Carlos Aldana Fuentes, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, cerró el sumario y amplió el auto de procesamiento por homicidio a 18 imputados -incluida una mujer- en la investigación sobre “asociación ilícita” para los asesinatos de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) perpetrados el 23 y 24 de agosto de 1984 en Hualpencillo/Talcahuano, Concepción, Los Angeles y Valdivia.
El juez aplicó la figura jurídica de “asociación ilícita” a cuatro altos oficiales de ejército que planificaron y dirigieron los crímenes de la Operación Alfa Carbón 1, ejecutada a lo largo de 350 kms.
La macabra tarea comenzó el jueves 23 en Talcahuano, y concluyó al día siguiente en Valdivia. Durante la jornada del 23 de agosto de 1984 fueron exterminadas seis de las siete víctimas:
Luciano Humberto Aedo Arias, de 30 años, asesinado en Hualpencillo, Talcahuano; Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, y Mario Octavio Lagos Rodríguez, de 34 años, ultimados en La Vega Monumental, Concepción; Mario Ernesto Mujica Barros, de 32 años, ejecutado en su domicilio en Los Angeles; Rogelio Humberto Tapia de la Puente, de 31 años, y Raúl Jaime Barrientos Matamala, de 24 años, detenidos en Valdivia y trasladados atados y vendados para su ejecución en el puente Estancilla, donde Carabineros cortó previamente el tránsito de personas y vehículos.
Juan José Boncompte Andreu, de 31 años, fue asesinado al día siguiente, el 24 de agosto, en su domicilio, calle Rubén Darío, Valdivia. Una co-ejecutora fue la sicaria de la CNI Ema Verónica Ceballos Núñez.
La resolución del juez Aldana fue adoptada el 22 de julio. La página Internet del Poder Judicial publicó el 24 de julio un informe periodístico sobre estos procesamientos en Concepción -500 kms. al sur de Santiago- y el texto completo del auto de procesamiento, pero la noticia no tuvo mucha acogida en los medios de información.
LOS PROCESADOS
El ministro Carlos Aldana sometió a proceso por el delito de “asociación ilícita” a cuatro altos oficiales de ejército, además de procesarlos por homicidio:
-Marcos Spiros Derpich Miranda, entonces coronel de ejército, jefe y supervisor de la Operación Alfa Carbón 1;
-Alvaro Julio Federico Corbalán Castilla, mayor de ejército, jefe de la operación en terreno, hoy preso por numerosos otros crímenes;
-Jorge Camilo Mandiola Arredondo, mayor de ejército, jefe regional de la CNI en Concepción;
-Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias El Bejota, entonces capitán de ejército, 2º jefe de la Brigada Amarillo de la CNI -uno de los equipos operativos llevados desde Santiago-, quien comandó los asesinatos en Valdivia: participó directamente en los crímenes del puente Estancilla y calle Rubén Darío de Valdivia. También fue el cabecilla condenado por el sistema de estafas a militares recordadas como La Cutufa, en los años 80.
Los cuatro sujetos también fueron procesados por homicidio, al igual que catorce su-bal-ternos, por los asesinatos.
-Alvaro Corbalán Castilla, como autor de los homicidios de Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente, Jaime Barrientos Matamala, Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Aedo Arias y Mario Octavio Lagos Rodríguez;
-Marco Derpich Miranda, como autor de los homicidios de Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
-Jorge Camilo Mandiola Arredondo, como autor del homicidio de Mario Mujica Barrios;
-Patricio Lorenzo Castro Muñoz, como autor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Jaime Barrientos Matamala y Juan José Boncompte Andreu;
-Roberto Antonio Farías Santelices, como coautor del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias;
-Luis Hernán Gálvez Navarro, como coautor del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias;
-Manuel Morales Acevedo, como autor del homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez;
-José Abel Aravena Ruiz, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
-Luis Enrique Andaur Leiva, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
-Sergio Mateluna Pino, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
-José Zapata Zapata, como autor del homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;
-Bruno Soto Aravena, como autor del homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;
-Luis Alberto Moraga Tresckow, como coautor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
-Oscar Boehmwald Soto, como autor del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu;
-Ema Verónica Ceballos Núñez, como coautora del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu;
-Gerardo Meza Acuña, como autor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
-Patricio Alfredo Berton Campos, como coautor del homicidio calificado de Nelson Adrián Herrera Riveros, y
-Luis René Torres Méndez, como coautor de los homicidios calificados de Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala.
LA OPERACION ALFA CARBON 1
El mando de la Central Nacional de Información (CNI), definida judicialmente como una asociación ilícita que operaba dentro del ejército, planificó varios meses estos asesinatos en serie bajo el nombre en clave de Operación Alfa Carbón 1, tal como lo hizo tres años después -15 y 16 de junio de 1987- con la Operación Albania -o matanza de Corpus Christi-, que dio muerte a doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Años después, Hugo Dolmestch, ministro de la Corte Suprema, llamó a Alfa Carbón “la Operación Albania del sur”.
Los siete asesinatos, planeados en detalle y ejecutados a sangre fría, fueron presentados a la prensa como “enfrentamientos”, con la complicidad activa de los grandes medios informativos. La dictadura también pretendía exportar una imagen internacional de “lucha permanente contra el terrorismo marxista” y, a más de una década del golpe de 1973, ocultar el creciente éxito político de la Resistencia Popular y la oposición a la dictadura.
Los más entusiastas colaboradores en la tarea desinformativa fueron los diarios de la cadena El Mercurio, de La Tercera (Copesa), las grandes radioemisoras y los canales de televisión de sintonía nacional, encabezados por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN), que envió un equipo a cargo del periodista Esteban Montero, camuflado entre los sicarios movilizados desde Santiago. La Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) enviaba comunicados a los medios de la capital dando cuenta de los “enfrentamientos”, mientras en las ciudades afectadas por la incursión emitían reportes oficiales los jefes locales del aparato cívicomilitar de la dictadura.
Más de sesenta esbirros fueron trasladados desde Santiago a las ciudades del sur para reforzar a la CNI en las localidades donde se perpetraron las ejecuciones. También hubo múltiples allanamientos y detenciones en las ciudades principales, incluso en Temuco, donde no hubo ejecuciones.
Los imputados en la causa declararon que sumando los efectivos trasladados desde Santiago a los agentes civiles locales y añadiendo los refuerzos de Carabineros, se armó una fuerza de un centenar de exterminadores comandados en terreno por Corvalán Castilla. Además de los asesinatos, en diferentes operaciones simultáneas en Concepción, Los Angeles, Temuco y Valdivia la CNI detuvo a 19 personas que venían vigilando desde comienzos de 1984, incluida una niña de 4 años.
El equipo de la televisión pública puesto a disposición de la CNI “cubrió en exclusiva” los asesinatos falsificados como “enfrentamientos”. Los reporteros de los medios locales no tuvieron acceso a las escenas del crimen, privilegio exclusivo del “reportero estrella” de estas noticias falsas, el periodista Montero de TVN, quien presenció varias ejecuciones. Montero falleció de un ataque cardíaco en 2008 en total impunidad, antes que siquiera lo denunciaran ante el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, que no puede actuar “de oficio”, sino por reclamos de familiares o de cualquier ciudadano, como ocurrió en los casos de Los 119 (Operación Colombo) y Rinconada de Maipú, donde hubo periodistas sancionados y expulsados, incluido un profesor de “ética periodística” de universidades privadas.
EJECUCIONES DE LAS VICTIMAS
– Luciano Humberto Aedo Arias, de 30 años, fue ultimado a las 12:45 del 23 de agosto 1984, mientras caminaba por una calle de Hualpencillo, Talcahuano, suburbio hoy llamado Hualpén, a 9 kms al norte de Concepción. Entre los numerosos testigos de este asesinato estuvo presente el periodista Esteban Montero y su cámara de TVN. Las imágenes captadas y su relato personal en el noticiario “60 minutos” adornaron la historia falsa de los enfrentamientos. “En este hecho, resultó herido el agente Carlos Palma, a raíz de un disparo con arma de fuego realizado por otro agente en fuego cruzado, por encontrarse Palma dentro de la línea de fuego”, según el auto procesamiento.
– Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, fue atacado cuando, junto a Mario Lagos, descendió con las manos en alto de un pequeño taxibús, interceptado por vehículos de la CNI y Carabineros, ante el público que circulaba por la Vega Monumental, populoso sector comercial de Concepción. Su acompañante, Lagos, murió en el acto, pero Herrera sobrevivió herido. Fue rematado después que el coronel Derpich Miranda ordenara por radio desde Santiago. “El sujeto no puede llegar vivo al hospital”, según confesó el carabinero-CNI José Abel Aravena Ruiz. Trasladaron al herido a la ruta a Santa Juana, donde le dieron muerte. Luis Enrique Andaur Leiva “le colocó el pie sobre el pecho y con su revólver sobre la frente, a una distancia aproximada de dos centímetros le disparó, ocasionándole una herida a bala cráneo cerebral, que le produjo la muerte instantánea”, dice el auto de procesamiento. Enseguida, abandonaron el cuerpo -todavía esposado- frente al Hospital Regional de Concepción. “Posteriormente, el agente Berton [Patricio Alfredo Berton Campos] lavó la parte trasera del auto para eliminar la sangre de la víctima”.
– Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, el acompañante de Herrera, pereció frente a la Vega Monumental de Concepción, lugar planificado para el doble asesinato por la CNI, que desde el vecino puerto de Talcahuano seguía al taxibús en que viajaban ambas víctimas.
– Mario Ernesto Mujica Barros, de 32 años, fue ejecutado en su domicilio cerca de las 18 horas del mismo 23 de agosto, por los agentes que lo vigilaban en Los Angeles. De acuerdo a lo planeado, los agentes CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena dieron muerte a Mujica en su hogar, de la Población Orompello, una vez que escucharon la noticia del “enfrentamiento” en Concepción por radio Bío-Bío.
– Rogelio Humberto Tapia de la Puente, de 31 años, y Raúl Jaime Barrientos Matamala, 24 años, también fueron asesinados el día 23 de agosto en Valdivia en otro “enfrentamiento” escenificado en el puente Estancilla del camino Valdivia-Niebla. TVN mostró fotografías de un vehículo acribillado en la locación del asesinato, mientras Montero relataba el “encuentro armado”. El auto de procesamiento describe así este asesinato doble:
“… alrededor de las 16:00 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, alias El Bejota, procedieron a detener a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del puente Las Animas, en la ciudad de Valdivia, sin orden competente; cruzando el río Calle Calle en un transbordador, los trasladaron al puente Estancilla, ubicado en el camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Patricio Lorenzo Castro Muñoz, disparando éste, los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Acuña, además del jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se había negado a hacerlo, pero ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo, ocasionándoles heridas cráneo-encéfalo-faciales. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento”.
– Juan José Boncompte Andreu, de 31 años, fue asesinado al día siguiente, el 24 de agosto de 1984, y de nuevo en Valdivia, a las 16.30 horas, en su domicilio de Rubén Darío Nº 643. La CNI detuvo a su pareja, Inés Díaz Vallejos.
Los siete asesinatos fueron ordenados y monitoreados por la Dirección Nacional de la CNI, cuyo jefe era el general Humberto Gordon Rubio (fallecido), secundado por el entonces coronel Hugo Salas Wenzel, ascendido después a general y en prisión perpetua como protagonista de la Operación Albania.
DETENCIONES Y ASESINATO DOBLE
En otra operación de exterminio, el jueves 23 de agosto de 1984, la CNI asesinó en Santiago, sector Ochagavía, a Julio César Oliva Villalobos (38 años) y Roberto Homero González Lizama (37 años), militantes del Partido Comunista.
En Concepción, en operaciones del 23 de agosto, se praticaron nueve detenciones:
Patricia Zalaquet Daher, detenida a la misma hora en que era asesinado su esposo, Nelson Herrera, en el centro de la ciudad. Montero reportó “en vivo” para TVN el hallazgo falso de armas en su vivienda y su detención con Javiera Herrera Zalaquet, de 4 años, hija de Nelson Herrera y Patricia Zalaquett. Ignacio Vidaurrázaga Manríquez. Alejandro Bernstein Rodget. María Soledad Aránguiz Ruz. María Isolina Arroyo Soto. Miguel Barriga Gutiérrez. Lidia Barra Pérez. Mónica Martínez Barra, cierran la lista.
Hubo dos detenciones en Los Angeles: María Cristina Chacaltana Pizarro y Edgardo Cid Escobar. Dos detenidos en Temuco:José Luis Railaf y Mercedes Cayupe. Seis detenidos en Valdivia: Manuel Barrientos Matamala. Lucía Inés Díaz Vallejos (embarazada de seis meses). Jorge Burgos Saavedra. Mario Uribe Ampuero. José Catripay Jaramillo. Roswitha Guantzalp.
De estas 19 personas detenidas el 23 y 24 de agosto de 1984, 16 fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Hubo otras detenciones de corta duración, que no fueron informadas por la dictadura ni denunciadas por las víctimas.
Nunca ha sido esclarecida ni debatida públicamente la participación de TVN en este y otros montajes periodísticos de enfrentamientos falsos para encubrir asesinatos, como el reporte in situ del caso fabricado en Rinconada de Maipú, que en noviembre de 1975 presentó como “muertes en enfrentamientos” cuatro asesinatos de miembros de la familia Gallardo Moreno perpetrados en Villa Grimaldi. Tampoco hubo debate sobre la complicidad mediática en la Operación Colombo, que disfrazó 119 asesinatos, en julio 1975
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 810, 8 de agosto, 2014