El viejo en el columpio
Almorzaban los chilenos cuando, como la chispa de una mecha de detonador, la noticia cruzó el país de norte a sur: el juez designado para investigar la responsabilidad del cínico anciano -cuando no lo era- por los llamados crímenes de la Operación Cóndor había resuelto -en conciencia y de acuerdo a los hechos- procesarlo por nueve secuestros y un asesinato.
El juez chileno Juan Guzmán procesó y ordenó la detención domiciliaria del ex dictador chileno por nueve secuestros y un homicidio calificado cometidos en marco de la Operación Cóndor, red represiva de las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en el último tercio del siglo XX
«Puede discernir entre el bien y el mal», dijo el juez tras imponerle arresto domiciliario. No es la primera vez que se cruzan los caminos del magistrado y el general felón. En 2000, Guzmán lo procesó como encubridor de 57 homicidios y 18 secuestros en el proceso por la «Caravana de la Muerte, una comisión militar movilizada en helicóptero que en 1973 torturó y asesinó o ejecutó sin juicio a decenas de presos políticos en diversas localidades de Chile.
En ese caso, el ex dictador fue absuelto por la Corte Suprema, en base a exámenes médicos, que determinaron que padecía una demencia vascular subcortical de leve a moderada.
En este nuevo proceso, Guzmán determinó que el ex comandante en jefe del ejército fuese examinado otras vez, por psiquiatras y neurólogos, de los que dos le diagnosticaron la misma demencia vascular y el tercero atribuyó sus vacíos momentáneos de memoria a su avanzada edad. No obstante el juez estimó que el acusado puede discernir entre el bien y el mal y «también puede distinguir entre lo principal y lo accesorio».
La resolución que someterá a juicio al ex militar consta de unas 50 fojas (páginas). La defensa del inculpado advirtió que apelará esta decisión estimando que se han vulnerado los derechos humanos (sic) del ex dictador al no ponderar adecuadamente el magistrado su estado de salud. «Cuando estudié bien todas las declaraciones, todos los elementos de juicio que tenía a la vista y las percepciones personales que yo tuve de él no fue difícil (decidir procesarlo), fue bastante fácil», comentó hoy el juez Guzmán, aludiendo a la «coherencia, la comprensión de las preguntas y las respuestas atinadas» del individuo que manejó el país con mano de hierro -y falquitreras profundas- durante 17 años.
También enfrenta la posibilidad de un juicio por el asesinato en la Argentina del general Prats y su cónyuge Sofía Cuthbert, refugiados en Buenos Aires y asesinados por una bomba que estalló bajo su automóvil el 30 de septiembre de 1974.
Una tercera investigación judicial apunta al ex dictador; ésta se inició hace cinco meses, después de que una comisión del senado de Estados Unidos revelara que mantuvo cuentas secretas a su propio nombre y nombres falsos en el Riggs Bank de Wáshington.
El juez Sergio Muñoz fue designado para aclarar el origen de esos depósitos que, según estimaciones preliminares, podrían sobrepasar los 15 millones de dólares.
Médicos que actuaron
como criminales
El proceso al ex militar -que tendrá en definitiva lugar si el tribunal superior desestima los argumentos de la defensa- volverá a poner en el centro del debate social e histórico el rol cumplido por un puñado de médicos durante los años negros de Chile. En rigor el fallo dependerá de la credibilidad que los ministros asignen en las razones que esgrime la defensa respecto de la salud del otrora hombre fuerte.
No se duda de los conocimientos de los profesionales que levantan la bandera de la imposibilidad de que el que a lo mejor es declarado reo resista el proceso; pero inevitablemente la ciudadanía recordará la complicidad con la dictadura de un grupo de médicos mendaces descubiertos por la ardua, lenta, a menudo dolorosa y paciente investigación de las asociaciones de ex prisioneros políticos de ambos sexos, de los familiares de detenidos desaparecidos o asesinados, de algunos abogados de derechos humanos y las escasas confesiones de ex torturadores y cancerberos de los recintos de torturas.
Investigación que ha logrado identificar un número de médicos que contribuyeron a la eficacia de los tormentos, prolongando incluso la vida de quienes los padecieron con el objeto de que fueren vueltos a «interrogar». Dioses y diosas antaño eran los testigos y jueces que éste mi juramento será cumplido hasta donde tengo poder y discernimiento.
La tradición ha conservado buena parte de la fórmula ritual, que exige actuar en beneficio de los enfermos, apartándoles del prejuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa.
Médicos -aquellos cuyos nombres brinda el informe de las ex presas y ex presos políticos- que olvidaron la promesa: Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro.
El listado
Darwin Arriagada, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.
Nombrado por la junta militar director general de Salud, participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos.
Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales
fueron asesinados.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia, Santiago
Camilo Azar Saba, médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI.
Guillermo Aranda, cardiólogo en Punta Arenas. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.
Alejandro Babaich Schmitd, director Hospital Cirujano Guzmán de Punta Arenas. Asesor en torturas a prisioneros políticos.
Gregorio Burgos, médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA para encontrar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.
Víctor Carcuro Correa, médico de la CNI. Fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.
Raúl Díaz Doll, médico funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigó la filiación política de
los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
Guido Mario Félix Díaz Paci, médico del Ejército y de la CNI. Participa de los hechos que terminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López,
en La Serena.
Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.
En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.
Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.
José María Fuentealba Suazo, médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de
refugio político.
La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado posteriormente por el hijo de Manuel Contreras) y la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino.
En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.
Alejandro Jorge Forero Álvarez, cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del
golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicio como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa en el Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.
Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.
Werner Gálvez, pediatra, coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.
Fernando Jara de la Maza, traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.
Manfred Jurgensen Caesar, médico de la CNI. Fue expulsado del Colegio
Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.
Luis Losada Fuenzalida, médico de la CNI. Expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en
Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.
… … Minoletti, médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para cubrir los crímenes.
Vittorio Orvieto Teplizky, médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el campo de prisioneros número dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.
América González Figueroa, contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en los que está involucrada
aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como «muerte súbita»; el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado, ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil Mario Martínez, que apareció en las costas de Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago.
Otro «servicio a la patria» fue su participación en los exámenes que culminaron con el
fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.
Jorge León Alessandrini, dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Osvaldo Leyton Bahamondes, médico de la DINA. Involucrado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus «colegas» al verse envuelto públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. Leyton Bahamondes firmó un
certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.
Bernardo Pulto, medico radiólogo de Melipilla. Junto al fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.
Luis Hernán Santibáñez Santelices, médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso 76). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.
Hernán Horacio Taricco Lavín, médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Involucrado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.
Hernán Twane, sicólogo. Aplicó pentotal sódico a los prisioneros para que
fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.
Werner Zanghellini Martínez, director de la clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue «funado» en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.
Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía. Continuó trabajando en el
Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en
publicidad de café y financieras.
Brigada de Salubridad de la DINA
Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner
Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton
Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán
Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan
Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el
psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz
Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro del
cual sólo se sabe el apellido es el psicólogo Bassaure.
Sus direcciones actuales:
H. Darwin Arraigada Loyola, medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.
Eugenio Fantuzzi Alliende, otorrinolaringólogo, médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606,
Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.
Juan Pablo Figueroa Yáñez, ginecólogo y obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303,
departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.
Werner Zanghellini Martínez, cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.
Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.
Hernán Horacio Taricco Lavín, pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna
Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450
8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.
Sergio Roberto Muñoz Bonta, dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental San Lucas de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.
Roberto Lailhacar Chávez, siquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.
Manfred Jurgensen Caesar, medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.
Alejandro Forero Alvarez, cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Ba
rnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K.
Guido Díaz Paci, pediatra.Atiende en el regimiento de infantería N°21, Arica, de la segunda división de ejército con base en La Serena, bajo el mando del general
de brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.
Camilo Azar Saba, traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior).
Teléfonos 3265277 – 3265294.
Vitorio Orvieto Tiplizki, oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200.
Luis Santibáñez Santelices, broncopulmonar.Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.