Jun 2 2020
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Econom铆a

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Emboscada contra la emergencia social: Para las multinacionales no hay pandemia que valga

Ni siquiera en el escenario de la crisis pand茅mica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al Covid-19. Argumentan que sus intereses econ贸micos se vieron perjudicados por medidas de protecci贸n social.

El impacto de la pandemia se muestra con toda su crudeza. Y es solo el inicio. Como lo se帽alaba ya en abril pasado la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) la crisis podr铆a reducir la inversi贸n mundial en un 40%. Convocaba entonces a la comunidad internacional a destinar 2,5 billones de d贸lares para paliar el efecto de la misma en los pa铆ses denominados 鈥渆n desarrollo鈥.

En esta situaci贸n imprevisible muchos gobiernos han tomado medidas para apoyar la producci贸n nacional; a ciertas empresas -en general nacionales-; para contrarrestar el efecto del desempleo total o parcial y, adem谩s, para reforzar la salud p煤blica y el sistema social. En algunos casos, ese paquete, incluy贸 la suspensi贸n de pagos a firmas privadas o la recuperaci贸n 鈥搊 puesta en tutela- de otras especializadas en fabricar equipo m茅dico-sanitario de primera necesidad.

Estas decisiones ejercer谩n en el futuro cercano una presi贸n sin precedentes en los presupuestos p煤blicos, ya de por s铆 limitados en el Sur Global鈥β 鈥淎dem谩s, podr铆an provocar聽 una ola de demandas arbitrales por parte de las multinacionales y sus abogados especializados en inversiones鈥, alertan en un reciente estudio 聽denominado 聽鈥Los especuladores de la pandemia鈥 (https://longreads.tni.org/los-especuladores-de-la-pandemia/) cinco de las expertas del Instituto Transnacional (Transnational Institute, TNI), con sede en 脕msterdam y dedicado a la investigaci贸n de grandes temas internacionales (https://www.tni.org/es).

Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jur铆dico: el mecanismo de resoluci贸n de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protecci贸n de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales.

No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario m谩s violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.

Confrontar a los Estados judicialmente est谩 admitido -muchas veces en letra peque帽ita y casi ilegible- en todos los convenios internacionales. Con el agravante, como lo se帽ala el TNI, que se establece un 鈥渟istema de justicia privado paralelo que solo funciona en una direcci贸n鈥, ya que los Estados no tienen el derecho de demandar ante los tribunales de arbitraje a aquellas empresas que no respeten las normas nacionales o locales.

Seg煤n la UNCTAD, existen actualmente m谩s de 1.000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. N煤mero que podr铆a explotar a ra铆z de la pandemia.

Sectores activos de la sociedad civil mundial impulsan desde hace m谩s de una d茅cada, aunque todav铆a con 茅xitos relativos, la posibilidad de procesar a las multinacionales. Amparados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas elaborados en 2008 por el profesor de origen austr铆aco John Ruggie.

En Suiza, por ejemplo, uno de los temas importantes del debate pol铆tico actual es en torno a la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables (https://initiative-multinationales.ch/ ) que se votar谩 en los pr贸ximos meses. La misma exige a las transnacionales helv茅ticas el respeto de los derechos humanos y ambientales en todo el mundo, sin excepci贸n, de acuerdo a las mismas condiciones que deben acatar en Suiza.

Guillotina para Latinoam茅rica

El sitio Web ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, M茅xico y Per煤 son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. (http://isds-americalatina.org/en-numeros/).

Seg煤n el estudio, las demandas inversor-Estado se multiplicaron en las dos 煤ltimas d茅cadas, pasando de 6 casos conocidos en 1995 a 983 en la actualidad. De ese total, Am茅rica Latina y el Caribe, soporta 282 acusaciones, es decir casi el 30% del total mundial. De los casos ya resueltos, en un alto porcentaje, los Estados han sido condenados. 91 demandas fueron promovidas por firmas de Estados Unidos.

Otra parte importante, impulsadas por sus pares europeas, y otras, por canadienses. Los principales sectores en *conflicto* son el agua, la electricidad, la comunicaci贸n, petr贸leo, seguros, as铆 como la manufactura y miner铆a.

Los cuatro pa铆ses latinoamericanos m谩s castigados son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Argentina, fue condenada a pagar en 40 ocasiones sobre 45 casos arbitrados, lo que representa un monto total de 9.226 millones de d贸lares.

En tanto Venezuela, perdi贸 22 de 33 demandas, con una incidencia de 18.024 millones de d贸lares. Bolivia, fue condenada por todos los tribunales arbitrales 鈥13 sobre 13- lo que le representa un monto de 902 millones de d贸lares. En tanto Ecuador, que perdi贸 15 de 19 de las acusaciones de que fuera objeto, fue condenado por 2.224 millones de d贸lares.

Sumando los montos a pagar a los inversores, se contabiliza m谩s de 31.000 millones de d贸lares. El estudio recuerda que con un tercio de esa cifra (en torno a 10.000 millones de d贸lares) las Naciones Unidas estima que se podr铆a superar la pobreza extrema en 16 pa铆ses latinoamericanos.

El informe confirma que el monto m谩s alto ya pagado a ra铆z de una demanda son los 5.000 millones de d贸lares que Argentina debi贸 abonar a la empresa Repsol en un acuerdo de partes. Este instrumento, juntos con las fugas de capitales y la deuda externa, constituyen mecanismos brutales contra las econom铆as nacionales.

Jaque a la Espa帽a 鈥渟ocial鈥

El lunes 25 de mayo, el peri贸dico espa帽ol en l铆nea P煤blico difundi贸 un art铆culo titulado 鈥淓spa帽a expuesta a demandas millonarias por las medidas sociales ante la Covid-19鈥 (https://blogs.publico.es/dominiopublico/33087/). En el mismo se hace menci贸n a los Decretos-Ley del 14 y 31 de marzo pasado que impuso medidas excepcionales por la pandemia.

鈥淟os inversores extranjeros podr铆an demandar al Estado espa帽ol ante tribunales arbitrales internacionales鈥︹ Y menciona, como ejemplo, que los abogados de la oficina espa帽ola Garrigues han llegado a afirmar que la crisis global que se avecina es 鈥渦na oportunidad para revolucionar el arbitraje y mejorarlo y reforzarlo ante la jurisdicci贸n estatal鈥.

Explica, adem谩s, que hace apenas unos d铆as la Asociaci贸n Espa帽ola de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) alertaba que las medidas de emergencia del gobierno amenazaban con el 鈥渞iesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua鈥. Entre estas decisiones gubernamentales se encuentra la de prohibir a los proveedores de agua, gas y electricidad de suspender el servicio a las familias m谩s vulnerables.

Espa帽a, siempre seg煤n P煤blico, firm贸 87 Tratados Bilaterales de Inversi贸n en vigor y 77 Tratados con alguna disposici贸n sobre protecci贸n a las inversiones. 聽鈥淒ebe abandonar los Tratados de Protecci贸n de Inversiones鈥, afirman desde la Campa帽a No a los Tratados de Comercio e Inversi贸n que ha tomado peso en las 煤ltimas semanas.

Solo en el caso del Tratado sobre la Carta de Energ铆a, se contabilizan a inicios del a帽o 2020 condenas de pago a los inversores de un monto de 1.080 millones de euros. Lo que representa 4 veces lo que el gobierno va a invertir para reforzar los servicios sociales para apoyar a los ancianos en residencia y dependientes.

Buitres al acecho

El 26 de marzo, uno de los d铆as cruciales para Italia durante la pandemia y momento en que superaba 8.000 muertes sin saber c贸mo frenar su avance, la oficina italiana de abogados ArbLit public贸 un art铆culo titulado 驴Podr铆an las medidas de emergencia del Covid-19 dar lugar a reclamaciones de inversi贸n? Primeras reflexiones desde Italia禄.

Como lo recuerda un documento del 18 de mayo pasado difundido por el Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo sobre las Corporaciones) https://corporateeurope.org/en/2020/05/cashing-pandemic-how-lawyers-are-preparing-sue-states-over-covid-19-response-measures, 聽la preocupaci贸n de ese grupo de abogados no estaba en la Italia real.Our campaign: the five things you need to know | STOP ISDS

M谩s bien, en evaluar aceleradamente, si en las medidas tomadas por el Gobierno italiano debido al coronavirus, se podr铆an encontrar los argumentos para que inversores extranjeros puedan demandar a Italia, teniendo en cuenta los tratados de inversi贸n firmados con otros Estados. 聽Y llegaban a la conclusi贸n que cuando la emergencia termine, los Estados tendr谩n que enfrentar las demandas de arbitraje presentadas por inversionistas extranjeros en el marco de cualquier tratado bilateral de inversi贸n aplicable.

Luego de desarrollar en detalle diez 鈥淓scenarios鈥 o pistas anal铆ticas sobre el tema, el Observatorio, argumenta que nunca ha sido mayor la importancia de evitar las demandas ISDS como ahora, en un momento en que la situaci贸n sanitaria mundial se ve agravada por la explosiva crisis econ贸mica. Y llama a una 鈥渕oratoria inmediata de las demandas ISDS en general鈥, anticipando que existe ya una propuesta de suspender las demandas de esos mecanismos relacionados con el Covid-19.

El Observatorio Europeo no descarta que ciertos pa铆ses, unilateralmente, se retiren de acuerdos existentes, como lo han hecho Sud谩frica, Indonesia e India. Otros han denunciado unilateralmente algunos de sus acuerdos bilaterales de inversi贸n.

Recientemente, 23 Estados miembros de la Uni贸n Europea firmaron un tratado que pondr谩 fin a unos 130 tratados bilaterales de inversi贸n intraeuropea. Italia se ha apartado del Tratado de la Carta de la Energ铆a que es b谩sicamente un gran acuerdo de ISDS para el sector energ茅tico.ISDS-home-image

En un reciente blog sobre Covid-19 y el derecho de la inversi贸n internacional, informa el Observatorio, juristas progresistas plantearon dos preguntas clave: 芦驴Cu谩l es la justificaci贸n para mantener un enclave jur铆dico en el que los agentes econ贸micos m谩s ricos tengan derecho a un trato m谩s favorable que los dem谩s segmentos de la sociedad que sufren de manera desproporcionada como consecuencia de la pandemia y las respuestas a la misma?

驴Por qu茅 los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protecci贸n m谩s s贸lida que la obligaci贸n de garantizar un nivel de vida adecuado a la poblaci贸n en general?禄

Estas preguntas llegan a la m茅dula del problema. 隆No hay lugar para un sistema de justicia paralelo para las corporaciones! 隆ISDS tiene que terminarse!, concluye el Observatorio Europeo.

 

 

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