EN COLOMBIA LA PAZ ES UNA HORA ACIAGA
El pasado viernes 19 de enero de 2006, las comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Florida y Pradera, ubicados en Departamento del Valle del Cauca; la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC y las organizaciones de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales emitieron un comunicado solicitando un acompañamiento real y efectivo a estas comunidades, ya que actualmente vienen siendo victimas de violaciones a sus derechos humanos y a su libertad.
Un caso.En el día 23 de enero de 2007, en horas de la noche, se presentan nuevamente hechos que atentan contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de los pobladores del municipio de Florida; nuevamente las víctimas son los campesinos e indígenas del área rural del municipio de Florida.
Recién caída la noche, entre las 6:30 pm 7:00 pm, en el área rural del municipio de Florida, en momentos en que se movilizaban, pobladores e indígenas de la zona fueron agredidos por militares adscritos al Batallón Codazzi de Palmira, quienes con ráfagas de fusil dispararon contra el bus escalera (chiva) asesinando al conductor, señor Fabio Ramírez, y quedando además heridos dos niños Claudia Aponte de cino años, quien se encuentra en grave estado, Cristián Agredo Aponte, de 13 años, y una mujer Alicia Aponte.
Después de los hechos, miembros de la guardia indígena retuvieron a 12 de los 30 militares que participaron en la operación, exigiendo claridad sobre estos acontecimientos y respeto a la vida e integridad de sus comunidades; esto en el marco del Derecho Internacional Humanitario, en el cual se exige el respeto por la población civil y que se les exima del conflicto armado.
Otro. El 24 de Enero de 2007 a las 10 de la mañana y en momentos en que se dirige una misión de verificación, compuesta por varias organizaciones de derechos humanos –la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca y la Defensoria Regional del Pueblo, la Secretaria de Gobierno del Municipio de Florida–, los militares han solicitado más fuerza pública, al parecer para liberar a los doce militares retenidos por los indígenas, además de obstaculizar el ingreso de la misión, la guardia indígena y la Defensoria a la zona.
Luego de la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos, se pudo ingresar, donde actualmente se verifica la situación real de estas comunidades; la guardia indígena manifiesta que ellos entregaran las armas y los militares a la Fiscalía, en presencia de la Defensoría de Pueblo regional y de las organizaciones de Derechos Humanos; sin embargo los militares expresan que «que estas acciones realizadas por los indígenas atentan contra el honor del Ejército colombiano». ¿Y dónde esta el honor de los campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás ciudadanos colombianos victimas de las acciones militares y paramilitares perpetradas en Colombia?
Las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca y los pobladores de la zona, rechazamos estas acciones violadoras del Derecho Internacional Humanitario y condenamos la muerte del señor conductor Fabio Ramírez, al igual que el hecho de que resulten heridos pobladores adultos y niños a manos de cualquier actor armado; en este caso a manos del Ejército Nacional.
Asimismo, creemos que estos hechos violentos son producto de la estigmatización y señalamiento por las reiteradas acciones que en contra de los pobladores de esta zona y del municipio de Pradera ha venido adelantando el Estado colombiano a través de sus organismos de control.
Por tanto, llamamos a la opinión pública nacional e internacional a unirse a un acompañamiento real y efectivo, y en una sola voz de rechazo y condena a estos hechos violentos que estigmatizan, vulneran y victimizan a la población civil al introducirla en el conflicto armado que vive Colombia –y más aun, como ocurre en este caso, al atacarla de manera directa.
Igualmente rechazamos la obstaculización a la labor humanitaria que las organizaciones de derechos humanos, la ORIVAC, la Defensoria de Pueblo y demás organizaciones de DH venimos adelantando en la zona, así como la obstaculización física que la fuerza pública ha mantenido en la vía de acceso al lugar de los hechos impidiendo el ingreso y por ende impidiendo que se establezca la verdad y se descubra a los militares asesinos.
PROPONEMOS
Se hace necesario desde todo tipo de organización social y de derechos humanos nacionales e internacionales, se acompañen en un acto de solidaridad con las comunidades de Florida y Pradera, en estos momentos en que han sido señalados y estigmatizados, puesto que han sido propuestas como escenario para realizar un posible acuerdo humanitario. Es por esta razón que hacemos un llamado a una reunión para que adelantemos juntos la construcción de una misión de verificación en términos humanitarios, para verificar la situación en las que se encuentran los pobladores de estos municipios.
Igualmente convocamos a que a las organizaciones a las enviamos esta denuncia se adhieran –o no– al acompañamiento humanitario de esta zona del Valle del Cauca.
SOLICITAMOS
1. Que se responsabilice y se condene a los militares implicados en la muerte del señor FABIO RAMÍREZ, por parte de la justicia penal ordinaria.
2. Que se asuma la responsabilidad de los militares frente a este hecho, reconociendo que se vienen cometiendo desmanes en contra de esa población y demás poblaciones a lo largo y ancho de país. LOS ANTECEDENTES El cuatro de Diciembre de 2004 se da ha conocer a la opinión pública un comunicado del secretariado del grupo insurgente de las FARC, fechado del 28 de noviembre del 2004, en el cual manifiestan la intención de iniciar unos posibles acercamientos donde el tema central sea el intercambio o acuerdos humanitarios, en donde el gobierno y este grupo insurgente intercambiarían personas retenidas por detenidos políticos, pero que también sería el inicio para propiciar un escenario para un eventual proceso de paz. La propuesta de estos municipios como lo son Florida y Pradera, ubicados al sur oriente del departamento del Valle del Cauca, significa que han tenido que soportar un proceso de militarización en constante crecimiento, además de la estigmatización, señalamiento, persecución y hostigamiento a sus pobladores que día a día deben enfrentarlo. Estos hechos hacen que los campesinos, indígenas y afrodescendientes se conviertan en una población vulnerable frente a los actores armados que participan en esta región; en este caso la fuerza publica, ejército y policía que vienen mostrando con las detenciones masivas y arbitrarias falsos positivos. No se entiende como poblaciones como Florida y Pradera, con el aumento y reforzamiento de la fuerza pública presenta en los últimos meses aumento de homicidios, o como en su área rural, con la presencia de un Batallón de Alta Montaña, miembros adscritos al batallón Codazzi, del Municipio de Palmira, los que arremeten constantemente en contra de la población civil, y que reiteradamente la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC y demás organizaciones de Derechos humanos venimos denunciando, tal es el caso de la misión de verificación que se realizo en el mes de marzo de 2006, arrojando los siguientes resultados: …la Fuerza pública está haciendo presencia en zona rural de este municipio afectando directamente a las comunidades indígenas y campesinas, específicamente en corregimientos como San Joaquín, Llanito, Las Guacas, Granates, Cumbre, etc., etc. El Batallón Palacé, el Batallón Codazzi, y el Batallón Pichincha, están realizando operaciones, se han presentado enfrentamientos con la insurgencia, se han alojado en las viviendas de los habitantes (esto en Florida). En la casa del gobernador indígena del Resguardo Nasa Kweskiwe los militares se ubicaron en su predio, cuando salieron luego de la presión que ejerció el gobernador, dejaron en la pared un gráfico en el cual estaba un uniformado con una cabeza colgando de su mano… situación que tiene muy preocupado al gobernador indígena. El sábado cuatro de marzo del 2006, personas que no se identificaron, llegaron provenientes del casco urbano de Florida, al parecer según la vía donde llegaron, ingresaron a una de las casas del corregimiento San Joaquín y frente a toda su familia asesinaron a una pareja de esposos, los señores Edinson Tombe Tombe y Yaneth García. Igualmente hacen presencia grupos de «supuestos desmovilizados» de las AUC, hoy llamándose «Águilas negras», frente a los cuales la fuerza pública no muestra ningún tipo de resultado; por el contrario los resultados, de los falsos positivos y «duros golpes» propiciados a la insurgencia, se dan contra la población civil; el 31 de diciembre del año 2006, se detuvieron a sesenta personas ; las comunidades indígenas emitieron un comunicado donde narraban esos hechos: «…Es así como siendo la hora 1:30 p.m. de hoy domingo 31 de Diciembre 2006, Fuero detenidos y echados a un camión de la Policía de placas ICF941 Salamina con el pretexto de registrarlos y verificar vínculos con grupos al margen de la Ley, señalados por desertores que trabajan como informantes de la fuerza publica, la cual transitaba en vehículos de! vidrios polarizados, con el objeto de cumplir con la política de la ‘seguridad democrática’ que tanto pregona el gobierno. Deteniendo arbitrariamente a la mayor parte de personas inocentes. Operativo que está al mando del Coronel Mora de la ‘Sijin’. Los detenidos estaban en la Plaza del Mercado, otros en establecimientos públicos degustando de refrescos, otros circulando en la galería y otros alistándose para regresar a sus casas, cuando fueros sorprendidos y conduciéndolo al camión con destino a Palmira sin ninguna orden judicial…» Hoy por hoy se encuentran detenidas nueve personas. (Fiman): Campaña Prohibido Olvidar FCSPP – Seccional Valle del Cauca. ORIVAC NOMADESC Derechos Humanos CUT – Valle CPDH – Capitulo Valle del Cauca UNEB Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz CCEEU – Nodo Sur Occidente ——————————