Ago 7 2013
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PolíticaSociedad

En Perú, escándalo por encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales

Un comprometedor audio ha revelado que dos ministros del gobierno de Ollanta Humala se reunieron con dos jueces, uno de ellos presidente de la Corte Suprema al momento que se produjo ese encuentro, para influir a favor de ex altos funcionarios de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) procesados por ejecuciones extrajudiciales.

Los funcionarios del régimen fujimorista terminaron siendo absueltos. La reunión, que recién se ha conocido, ocurrió en mayo de 2012 en las oficinas del Poder Judicial. Los ministros puestos en evidencia en esos oscuros tratos son el primer ministro, Juan Jiménez, y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

Los acusados por quienes los ministros de Humala intercedieron son Vladimiro Montesinos, un capitán retirado del ejército que fue el brazo derecho del ex dictador Fujimori y que como poderoso jefe de los servicios de inteligencia se encargaba de los trabajos sucios durante la dictadura; el general en retiro Nicolás Hermoza, jefe de las fuerzas armadas en el régimen fujimorista, y los coroneles retirados Roberto Huamán y Jesús Zamudio, ambos muy cercanos a Montesinos. Los tres primeros están presos por diversos delitos y el último de ellos se encuentra prófugo.

El caso por el cual ambos ministros se reunieron con dos jueces para buscar una sentencia que niegue la existencia de ejecuciones extrajudiciales era el operativo Chavín de Huántar, acción militar realizada en abril de 1997 para retomar la residencia en Lima del embajador de Japón, que en diciembre de 1996 había sido capturada por un comando del guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que mantenía 72 rehenes. El operativo terminó con los catorce guerrilleros del MRTA, dos militares y un rehén muertos. Se denunció que tres emerretistas habían sido ejecutados luego de haberse rendido. En uno de esos casos, el de Eduardo Cruz, alias “Tito”, hay pruebas contundentes de la ejecución extrajudicial. Uno de los rehenes, un funcionario diplomático japonés, y dos policías han asegurado que vieron a Tito con vida y detenido fuera del área de combate; luego apareció muerto dentro de la residencia con un balazo en la cabeza. Los otros trece guerrilleros tenían múltiples disparos en el cuerpo.

“No podemos afirmar si el disparo que mató a Tito fue a corta o larga distancia porque al momento del examen ya no había restos de piel en el cuerpo; la trayectoria de la bala es compatible con un disparo desde atrás a una persona arrodillada y con la cabeza agachada. Mi opinión personal es que en este caso sí hubo una ejecución extrajudicial. En los otros trece casos no encontramos evidencias de una ejecución”, le señaló a Página/12 el antropólogo forense José Pablo Baraybar, del Equipo Peruano de Antropología Forense, que en 2001, a pedido del Estado, hizo el peritaje a los cuerpos de los guerrilleros muertos.

El Estado peruano ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de peru ejecuciones desaparecidosDerechos Humanos (CIDH) por el caso Chavín de Huántar. La defensa del gobierno de Humala ante la CIDH se basa en que no existieron ejecuciones extrajudiciales en ese operativo militar. Para fortalecer esa postura, el gobierno estaba interesado en una resolución judicial en el fuero interno que dictamine la inexistencia de ejecuciones extrajudiciales y absuelva a los acusados por ese cargo. Los ministros Jiménez y Cateriano buscaron influir en el Poder Judicial para que emita una sentencia en ese sentido. Con ese objetivo se reunieron con el entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín, y con la jueza Carmen Rojjasi, quien era, en ese momento, presidenta del tribunal que veía el caso Chavín de Huántar.

Jiménez y Cateriano se han defendido diciendo que la reunión con los jueces no buscaba presionar al Poder Judicial, sino “unificar criterios” para la defensa peruana ante la CIDH. Pero el audio que ha sido revelado pone en evidencia cómo ambos, argumentando “el interés del Estado” frente a la CIDH, buscan influir en la jueza del caso para que emita un fallo que absuelva a Montesinos y a los otros acusados argumentando la inexistencia de ejecuciones extrajudiciales. “Si podemos, en este caso, archivar…”, le pide Jiménez a los jueces, cuando habla de lo que el gobierno espera del fallo judicial. El presidente de la Corte Suprema le sugiere a la jueza Rojjasi diversas alternativas de lo que puede decir en su sentencia. “Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga que no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”, dice San Martín, en sintonía con la postura de los altos funcionarios del gobierno. Luego, pensando tal vez en la contundencia de las pruebas sobre la ejecución de Tito, San Martín le da a la jueza otra alternativa: “Uno puede decir hay ejecución extrajudicial, pero no está probado si fue por orden (…) Obviamente, el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden”.

Unos meses después, en octubre de 2012, la jueza Rojjasi dictó sentencia dictaminando que sí hubo ejecución extrajudicial en el caso de Tito, pero que no existió una orden ni una cadena de mando para cometer esa ejecución y que no se ha determinado a los autores del crimen, por lo que absolvió a todos los acusados. Su fallo fue ratificado en julio de este año por una sala de la Corte Suprema, integrada por el magistrado San Martín.

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