Enclave militar en el “sueldo de Chile”

Aquellos episodios de corrupción que estallaron hacia finales de 2014 con el financiamiento mediante boletas ideológicamente falsas de la política, desde Penta a Soquimich y desde la ex Alianza a la Nueva Mayoría, han seguido ya mutados en fluido proceso hacia otros organismos y poderes públicos y privados, desde la Iglesia Católica y el abuso sexual de jóvenes a las estafas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), desde la colusión empresarial del papel higiénico a los fraudes a la Ley del Cobre por personeros de las Fuerzas Armadas.

Un mancha de aceite que impregna a las elites y su relación con el dinero. Si hasta el momento había instituciones que se había mantenido al margen, el caso denominado “Milicogate”, revelado por el periodista Mauricio Weibel en The Clinic, ha puesto nuevamente al ejército en el centro de la agenda criminal.
Los fraudes con la Ley Reservada del Cobre, que han ido creciendo semana a semana, abren un espacio oscuro manejado por las Fuerzas Armadas, en el cual se esconden cifras millonarias. Las estafas que han emergido a la luz pública son, hasta la fecha, un detalle en expansión de poco menos de siete mil millones de pesos (unos diez millones de dólares) en un pozo de más de 20 mil millones de dólares, cifra que desde el inicio de la transición ha sido entregada de manera discrecional a las Fuerzas Armadas por la venta de cobre. Ambos números expresan realidades igualmente distorsionadas. Por un lado, está el robo por funcionarios del ejército de diez millones de dólares de un fondo gigantesco, estafa que investiga la justicia y otras instancias. Pero sin duda la mayor irregularidad es la misma existencia de la Ley Reservada del Cobre, que les entrega históricamente a las Fuerzas Armadas ingentes recursos que se le niegan periódicamente a otras áreas, instituciones y necesidades del país.
Ante la pasividad, el ocultamiento de los hechos y el absoluto silencio del gobierno frente a este fraude, parlamentarios de la Nueva Mayoría han impulsado acciones en la Contraloría General de la República para conocer, de forma paralela a las acciones de la justicia militar y civil, el destino de estos millonarios fondos. En tanto, una comisión investigadora ha comenzado a trabajar. En el camino, diputados han hecho emerger un proyecto de acuerdo, presentado a la presidenta Bachelet, para reasignar parte de los miles de millones de dólares de la Ley del Cobre, vía presupuesto de la nación, a otras necesidades y programas sociales como educación, vivienda, pensiones y salud.
El espíritu de esta iniciativa, que el gobierno sólo ha respondido de manera informal mediante una entrevista del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en la cual comentó que el Ejecutivo estaría estudiando la propuesta, se apoya en el exceso de recursos que reciben las Fuerzas Armadas. De partida, con el dos por ciento del PIB orientado a defensa (más de ocho mil millones de dólares), son las que reciben más recursos en comparación con otros países latinoamericanos. Tienen todas las necesidades cubiertas y cuentan incluso con enormes ahorros en instrumentos financieros no revelados. A partir de la Ley Reservada del Cobre, que les asigna el diez por ciento de las ventas de mineral de Codelco, las Fuerzas Armadas conforman una institución con poderes sobredimensionados. Sin lógica política alguna y en un país con falencias financieras en prácticamente todas sus áreas, basta ver salud, educación, vivienda o pensiones, las Fuerzas Armadas tienen más recursos de los que necesitan.
El financiamiento de las Fuerzas Armadas no depende sólo del cobre. Hacia finales de esta década, Chile destinará además unos 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, cantidad a la que habría que sumar otros 500 millones de dólares para adquirir municiones. Una cantidad de armas y municiones que, vale recordar, sólo ha servido para descargarlas sobre compatriotas.

Una ley de la época de Ibáñez
La Ley Reservada del Cobre, que data del segundo periodo de Carlos Ibáñez hacia finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, fue reformada durante los años ochenta por los militares en su dictadura. Desde entonces, junto a los aportes vía presupuesto, se les asigna el diez por ciento de las ventas de Codelco. Como el precio del mineral sufre variaciones, los uniformados se establecieron un piso mínimo anual, de cerca de doscientos millones de dólares, en tanto han dejado abierto el techo, que durante los primeros años de esta década tuvo marcas históricas. Si en 2000 el cobre tuvo un promedio de 80 centavos de dólar la libra, en 2011 fue de cuatro dólares. Un alza que ha llevado a las Fuerzas Armadas no sólo a gastar ingentes recursos en armamento y en otras necesidades de defensa, sino también a acumular unos cinco mil millones de dólares en cuentas e instrumentos financieros no fiscalizados.
La incómoda e injusta ley, puesta en entredicho incluso por el gobierno conservador de Sebastián Piñera en años de precios récords del mineral, no hubiera regresado a la discusión política sin el “Milicogate”, operación al interior del ejército montada entre 2010 y 2014 para desviar parte de estos fondos -mediante más de dos mil facturas falsas- hacia gastos personales de los, hasta ahora, diez miembros de la red. Entre los dispendios, el periodista Weibel reveló miles de millones empleados en viajes al Caribe, compra de caballos de carrera, fiestas y enloquecidas sesiones en el casino Monticello.
Como característica propia de esta institución, la estructura de la red es piramidal, en este caso de general a cabo. Como principal imputado en la investigación abierta a comienzos de año pasado está el coronel Clovis Montero. Según la pesquisa, a Montero se le suma el general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. Los últimos en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y Millaray Simunovic Bustamante.
A la fecha, se encuentran procesados y detenidos en el Regimiento de Policía Militar el ex coronel Montero, el cabo Cruz, el ex suboficial González y los sargentos Escobar y Simunovic. A los anteriores, desde el ámbito civil, se encuentran bajo investigación Francisco Huincahue (ya procesado por fraude al Fisco), los responsables de la empresa Inversión y Comercio Capellán S.A., y Raúl Fuentes.
Junto a estos acusados, el 22 de diciembre pasado el ejército informó a través de un comunicado que daba de baja al coronel Guillermo Oliver Pinto por su participación en esta red al desviar más de 30 millones de pesos desde la Tesorería del Estado Mayor a su cuenta personal.
Para tener una idea del nivel de gastos que mantenía esta red está el testimonio del cabo Cruz, que dilapidó 2.368 millones de pesos en casinos, un viaje con su familia a Cuba, la compra de un caballo fina sangre y una cirugía estética para su pareja. Según este testimonio y por la información conocida hasta ahora, la red montada para defraudar al Fisco no tendría otro objetivo que el gasto en consumo y disfrute personal de los delincuentes. Un buen perfil que reafirma los intereses y calidad ética de una buena parte de los miembros del ejército.

Nadie controla nada
El modus operandi no se aleja de otros fraudes similares. El informe enviado a la fiscal militar Paola Jofré por la PDI señala que la estafa se montaba cada vez que un miembro de la red del ejército se contactaba con un proveedor autorizado por la institución y le solicitaba la emisión de facturas por servicios no prestados. El documento era remitido por mano al Comando de Apoyo de la Fuerza “para iniciar el proceso de recepción, revisión y pago”, este último a cargo de tesorería del ejército. Así se emitieron miles de facturas en cuatro años.
El tesorero del ejército entre 2011 y 2012, coronel Fernando Grossi, reveló en ese informe que las condiciones estaban dadas para el desfalco. Así, dijo que “las funciones que debe cumplir el jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera no se encuentran contenidas en ningún reglamento orgánico”. Asimismo, las operaciones de esta unidad, por referirse a la Ley Reservada del Cobre, tampoco pueden ser revisadas por la Contraloría General de la República. El secretismo y la nula fiscalización ha llevado a este desfalco cuyo monto crece día a día. Grossi, que ya no está a cargo de la Tesorería, dijo también que nadie en el ejército advirtió que estaban pagando facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. “Eso no se revisaba”, dijo sin dudar.
Hasta el momento, estos delitos los investiga la justicia militar, a cargo de un ministro de fuero de la Corte Marcial. Junto a ello también está el Ministerio Público con la participación del Consejo de Defensa del Estado como representante del ejército y una auditora externa contratada por ejército. A partir de diciembre se constituyó además una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que está presidida por el democratacristiano Jaime Pilowsky.
La primera sesión de la comisión se realizó el 22 de diciembre con la presencia del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y del comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo. Además de calificar de “criminales” a los imputados miembros de la red, fue poco lo que aportaron los dos a la instancia parlamentaria. La revelación periodística basada en filtraciones de la investigación judicial ha entregado la información que hasta el momento se conoce. En sus conclusiones, Oviedo reconoció que los participantes del fraude vulneraron los sistemas de control vigentes aprovechándose de ocupar cargos claves en el sistema de control gracias a su vasta experiencia en los cargos, “y a la confianza depositada por la institución en esas personas. Se trata de un acto delictual extremadamente malicioso, cometido en el contexto de un proceso normado”, especificó, acotando luego que la institución aplica “tolerancia cero” con cualquiera de sus integrantes que cometa un ilícito. Oviedo hacía estas declaraciones días después que un cargamento de repuestos enviado por Famae a Europa era requisado en un puerto holandés al descubrirse en los containers cien kilos de cocaína. Aun cuando desde el ejército afirmaron que se había abierto una investigación porque los sellos habían sido adulterados en un puerto peruano, el evento instalaba más dudas y sospechas sobre la ética del ejército.
El informe y declaraciones del comandante en jefe revelan una situación de gravedad: el Estado le está entregando enormes recursos al ejército sin ningún control ni mecanismo de fiscalización ni externo ni interno. Asimismo, el ejército ha demostrado un grado de irresponsabilidad y negligencia al no cautelar esos enormes recursos. Ante esta situación, las voces desde el mundo político instan a un cambio en la legislación, que tendrían que apuntar no sólo a los niveles de fiscalización sino del mismo destino de los recursos. Es así como la diputada Camila Vallejo, estima que “no puede ser que Chile destine tantos recursos a la defensa cuando no se está en situación de guerra, pero, además, porque se usan sin saber de manera trasparente para qué se utilizan”.
Para dimensionar la cantidad de recursos que se destinan a defensa, sólo con los fondos que el ejército tiene ahorrados se podría financiar completamente la reforma educacional, o construir 20 hospitales totalmente equipados.
El diputado Fuad Chaín, reveló que el 95 por ciento de los recursos de Codelco se destinan a la compra de armamento. “El cobre ya no es el sueldo de Chile, sino que es el sueldo de una institución que no ha tenido ningún control en resguardar el buen uso de los recursos del Estado en circunstancias que otros chilenos esperan por una oportuna atención de salud, por educación gratuita y por pensiones más justas”.
El gobierno no ha respondido aún formalmente a la presentación de los diputados, y es probable que lo haga de manera parcial si consideramos el desproporcionado temor de los gobiernos de la posdictadura hacia las Fuerzas Armadas. Ante esto, la actitud que tuvo el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, entrega claridad sobre el futuro que podría seguir este proceso. Burgos, hoy ministro del Interior, conocía desde inicios del año pasado el fraude y mantuvo completo y cómplice silencio.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8 de enero 2016.