Nov 15 2013
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Pol铆ticaSociedad

Estado colombiano pide perd贸n por Holocausto del Palacio de Justicia

M谩s de un centenar de muertos y desaparecidos dej贸 operativo militar para recuperar sede judicial tomada por guerrilleros hace 28 a帽os. El Estado colombiano pidi贸 perd贸n a las v铆ctimas del operativo de recuperaci贸n del Palacio de Justicia que hab铆a sido ocupado por la organizaci贸n guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), hechos ocurridos en 1985.

Durante el 49掳 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), llevado a cabo en Brasilia del 11 al 14 de noviembre, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jur铆dica de la Naci贸n, Adriana Guill茅n, admiti贸 la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos hace 28 a帽os en lo que se conoce como el 鈥淗olocausto del Palacio de Justicia鈥.

鈥淓l Estado colombiano pide perd贸n a las v铆ctimas y sus familias鈥, dijo Guill茅n. 鈥淟amentamos profundamente que las acciones y omisiones del Estado hayan ahondado en las profundas heridas generadas con los hechos ocurridos鈥.

El 6 de noviembre de 1985, 35 integrantes del M19 ocuparon la sede del Palacio de Justicia en la llamada Operaci贸n Antonio Nari帽o por los Derechos del Hombre, tomando como rehenes a unas 350 personas. La incursi贸n fue respondida de inmediato por el Ej茅rcito que inici贸 el operativo de recaptura del local que dur贸 27 horas y caus贸 su destrucci贸n.

En el operativo perdieron la vida un centenar de personas entre magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros, y 12 quedaron como desaparecidas. En el 2005 se conform贸 una Comisi贸n de la Verdad (CV) que responsabiliz贸 de los hechos al M-19, al entonces presidente Belisario Betancur (1982-86) y al Ej茅rcito, cuya acci贸n consider贸 como 鈥渄esproporcionada鈥 y que no busc贸 salvar a los rehenes.

Castigo para responsablescol Asalto al Palacio de Justicia1

De acuerdo con el informe de la CV, qued贸 probado que personas detenidas con vida por los militares terminaron muertas o desaparecidas.

鈥淯na vez consumada la cat谩strofe, militares no s贸lo impidieron que se cumpliera con las m谩s elementales reglas de investigaci贸n criminal, sino que se incineraron algunos cad谩veres, se lavaron otros, se les despoj贸 de sus prendas, se orden贸 a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas. Luego, los cad谩veres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas t茅cnicas a Medicina Legal, donde tampoco se permiti贸 realizar la totalidad de las necropsias, ya que se imparti贸 la orden de trasladarlos a fosas comunes鈥, afirm贸 la CV.

El presidente de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jos茅 de Jes煤s Orozco, salud贸 el 鈥渞econocimiento parcial鈥 del Estado colombiano sobre su responsabilidad en los hechos, aunque se帽al贸 que 鈥渇altan los efectos jur铆dicos concretos de ese reconocimiento鈥.

鈥淟a posici贸n actual del Estado colombiano es positiva鈥, pero 鈥渆s incompleta鈥 y a煤n no termina de responder 鈥渁 los imperativos de la justicia y los derechos humanos鈥, dijo. 鈥淪e constat贸 que despu茅s de la retoma del Palacio hubo torturas f铆sicas y psicol贸gicas. Los casos de desapariciones y torturas siguen impunes [y] aunque algunos militares fueron condenados, ninguna de las sentencias se ha ejecutado hasta hoy鈥.

Pilar Navarrete, esposa de uno de los 12 desaparecidos, demand贸 castigo para los responsables.鈥淣o se puede negar que ejecutar, torturar, desaparecer y ocultar pruebas para esconder la verdad, fue deliberado鈥, manifest贸 ante la CIDH.

*Noticias Aliadas.

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