Estado colombiano pide perdón por Holocausto del Palacio de Justicia
Más de un centenar de muertos y desaparecidos dejó operativo militar para recuperar sede judicial tomada por guerrilleros hace 28 años. El Estado colombiano pidió perdón a las víctimas del operativo de recuperación del Palacio de Justicia que había sido ocupado por la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), hechos ocurridos en 1985.
Durante el 49° periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), llevado a cabo en Brasilia del 11 al 14 de noviembre, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, admitió la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos hace 28 años en lo que se conoce como el “Holocausto del Palacio de Justicia”.
“El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y sus familias”, dijo Guillén. “Lamentamos profundamente que las acciones y omisiones del Estado hayan ahondado en las profundas heridas generadas con los hechos ocurridos”.
El 6 de noviembre de 1985, 35 integrantes del M19 ocuparon la sede del Palacio de Justicia en la llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, tomando como rehenes a unas 350 personas. La incursión fue respondida de inmediato por el Ejército que inició el operativo de recaptura del local que duró 27 horas y causó su destrucción.
En el operativo perdieron la vida un centenar de personas entre magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros, y 12 quedaron como desaparecidas. En el 2005 se conformó una Comisión de la Verdad (CV) que responsabilizó de los hechos al M-19, al entonces presidente Belisario Betancur (1982-86) y al Ejército, cuya acción consideró como “desproporcionada” y que no buscó salvar a los rehenes.
Castigo para responsables
De acuerdo con el informe de la CV, quedó probado que personas detenidas con vida por los militares terminaron muertas o desaparecidas.
“Una vez consumada la catástrofe, militares no sólo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de investigación criminal, sino que se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas. Luego, los cadáveres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas técnicas a Medicina Legal, donde tampoco se permitió realizar la totalidad de las necropsias, ya que se impartió la orden de trasladarlos a fosas comunes”, afirmó la CV.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, saludó el “reconocimiento parcial” del Estado colombiano sobre su responsabilidad en los hechos, aunque señaló que “faltan los efectos jurídicos concretos de ese reconocimiento”.
“La posición actual del Estado colombiano es positiva”, pero “es incompleta” y aún no termina de responder “a los imperativos de la justicia y los derechos humanos”, dijo. “Se constató que después de la retoma del Palacio hubo torturas físicas y psicológicas. Los casos de desapariciones y torturas siguen impunes [y] aunque algunos militares fueron condenados, ninguna de las sentencias se ha ejecutado hasta hoy”.
Pilar Navarrete, esposa de uno de los 12 desaparecidos, demandó castigo para los responsables.“No se puede negar que ejecutar, torturar, desaparecer y ocultar pruebas para esconder la verdad, fue deliberado”, manifestó ante la CIDH.
*Noticias Aliadas.