Estado de los DDHH en la Argentina de hoy, situación actual de los medios y su conexión con la política
Para hablar de los DDHH en la Argentina tenemos que hablar de dos etapas muy diferenciadas. En la primera larga etapa, larguísima, históricamente la República Argentina se caracterizó por tener un Estado violador sistemático de los DDHH.
Ya desde el siglo XIX se implementaba “llevar la civilización a todos los rincones de la patria”, que no era otra cosa que masacrar a los pueblos originarios que habitaban el territorio. Así fue como grandes represores de nuestra historia pasaron a ser venerados como héroes y padres de la patria. Ése es el caso del Julio A. Roca, jefe de la mal llamada “Conquista del Desierto”, que en realidad no fue otra cosa que el asesinato indiscriminado de los pueblos originarios que habitaban la Patagonia, con el objetivo de apropiarse de sus territorios para la expansión de las prósperas actividades agropecuarias, concentradas en unas pocas familias terratenientes que buscaban la inserción de la Argentina en el mercado mundial como país productor y exportador de productos primarios.
Pero todo esto tiene continuidad objetiva en la historia de la Argentina. Para que pudiera realizarse esa campaña de exterminio, fue necesario contar con el apoyo inmediato, dado con el mayor agrado y complicidad, por parte de los civiles pudientes económicamente. Estos sectores aportaron dinero, armas y, fundamentalmente, animales, porque hicieron falta varios miles de caballos, que fueron provistos por los fundadores de la Sociedad Rural. Aquella Sociedad Rural que desde siempre ha aglutinado en nuestro país a las familias de mayor riqueza en la explotación de los campos de producción agrícola-ganadera, constituyendo una especie de casta poderosa muy ligada a la iglesia católica. En aquella oportunidad, esa corporación publicó una declaración en la que afirmaba que sus miembros aportarían todo lo que hiciera falta en esa “campaña contra los bárbaros”. En años posteriores, fueron los mismos que apoyaron fervientemente el terrorismo de Estado, que expresaron declaraciones elogiosas, similares a las anteriores, esta vez en favor de Rafael Videla, por sus logros en la “guerra contra la subversión”, es decir, por el secuestro y asesinato de miles de ciudadanos, apropiación de bebés y todo lo que lamentablemente conocemos.
La continuidad tiene nombre y apellido. El mas favorecido en el reparto de tierras como retribución al apoyo del exterminio indígena fue José Martínez de Hoz, con 2.500.000 de hectáreas, entonces presidente de la incipiente sociedad de la oligarquía criolla, el abuelo de quien luego fuera el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
La continuidad histórica es que esa Sociedad Rural es la misma que en el año 2008 jaqueó y puso en riesgo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando trató de desestabilizarla con el apoyo de los medios de comunicación monopólicos, que también son los mismos que participaron en las situaciones anteriores.
Los medios de comunicación o las empresas periodísticas
Puede verse cómo está todo concatenado, y son los mismos intereses los que impulsan en los distintos momentos de la historia los sucesivos golpes de Estado, las distintas rupturas democráticas. Los grupos económicos son los mismos, con los mismos apellidos y en ocasiones son las mismas personas. Este es el caso de los propietarios de los medios de comunicación, que en su mayoría siguen siendo los mismos que en 1976, cuando apoyaron activamente el golpe de Estado, solo que económicamente mucho más poderosos, por los beneficios logrados a partir de ser socios protagonistas de la dictadura cívico-militar.
El monopolio de empresas de medios y otras actividades de la industria y el agro que es el Grupo Clarín, fue sumamente favorecido por la dictadura. Primero, con la apropiación bajo secuestro, tortura y asesinato, de la próspera empresa de la familia Graiver, el único grupo del empresariado nacional que entonces se dedicaba a la fabricación de papel para diarios en el país.
Esta empresa fue sustraída con sangre por la dictadura para ser entregada a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Los beneficios de esta empresa provocaron, en primer lugar, un cuantioso beneficio económico a los apropiadores, es decir, a esos tres periódicos y a sus socios militares. En segundo lugar, siendo la única fábrica de papel para diarios que existió durante muchísimos años en la Argentina, no sólo fijaba los precios de manera arbitraria y absurda, con costos altísimos para otros diarios, si es que los podían pagar; sino que lo más grave aún fue que decidían a quién se le vendía papel y a quién no. Por lo tanto, se estaba amordazando la libertad de prensa en función de los intereses de la dictadura, a través del control del aprovisionamiento de papel a las empresas periodísticas de todo el país.
La consecuencia fue el crecimiento económico exponencial de las empresas que constituían la siniestra sociedad, especialmente del Grupo Clarín. Este grupo tiene en la actualidad 276 medios de comunicación, entre radios, diarios, revistas, canales de televisión y empresas distribuidoras de televisión por cable. Son los mismos que intentaron desestabilizar el gobierno de Cristina Kirchner y hoy, ante la ausencia del Partido Militar, se ha convertido en el articulador de toda la oposición irracional que solo defiende los privilegios de una casta de opresores que saquearon la Argentina en beneficio propio y de sus aliados del poder económico internacional concentrado.
Éste es el lamentable papel que juegan los medios de comunicación hegemónicos, o de mayor poder y difusión, que obligan a sus trabajadores a seguir una línea editorial contraria a sus propios intereses de sector, a la vez que les prohíben todo tipo de asociación gremial. Es posible ver cómo las operaciones políticas en contra del gobierno o de sus miembros son llevadas adelante por periodistas comprados por medio de sumas extraordinarias para doblegar voluntades y convertirlos en sirvientes de intereses que tiempo antes criticaban con fuerza y convicción.
Es conocido lo que ha significado la política desarrollada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para la Argentina en los últimos 10 años en los que transitó el camino de un modelo emancipador que ha conformado una sociedad diferente.
Sí es oportuno señalar sin duda, la decisión, el compromiso, y las convicciones de NK, Que supo interpretar los reclamos de la sociedad “del que se vayan todos” y empeñó todos sus esfuerzos en reconstruir una Argentina destruida por la dictadura cívico militar, devastada por años de neoliberalismo y convertida en una sociedad empobrecida y desesperanzada.
Vamos a construir entre todos una Argentina para Todos anunció NK el 25 de mayo de 2003, e inmediatamente puso en marcha un gobierno dispuesto a lograr la recuperación ética y moral del país, teniendo como eje fundamental la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la impunidad y la recuperación económica.
Impulso en el Parlamento el fin de “las leyes de obediencia debida, punto final e indulto”, lo que permitió que se reabrieran causa cerradas, y que se iniciaran centenares de juicios a los genocidas con los resultados conocidos de llegar a tener más 408 genocidas condenados, la mayoría a prisión perpetua y 1.050 causas que siguen adelante en la búsqueda de justicia. Se continua deteniendo y procesando a criminales. En días recientes se ha procesado a tres civiles, ex directivos de la automotriz Ford, por el secuestro de 24 obreros en 1976 y se sigue en la búsqueda de los responsables civiles del Terrorismo de Estado, verdaderos impulsores del plan económico de la dictadura, único fin perseguido con tanta muerte y represión.
La política de Derechos Humanos del gobierno argentino de la última década ha sido un ejemplo internacional de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Los genocidas han sido sometidos a la justicia ordinaria, no se han creado comisiones investigadoras ni tribunales especiales, sino que han sido procesados por los jueces naturales que juzgan a todos los criminales. Eso es reconocido mundialmente. Como también lo es que el genocida mayor (el ex general Rafael Videla) haya muerto recientemente, cumpliendo prisión perpetua en cárcel común, apartado de la sociedad a la que hizo tanto daño. Que haya terminado sus días solo en su celda, como deberían terminar todos los genocidas, es un ejemplo de Justicia.
La política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no se agota en la visón del pasado sino que pone el acento, también, en la reparación cotidiana de derechos conculcados, que tuvo su momento cumbre en la política neoliberal de la década de los 90, con la consecuencia de la precarización de las relaciones laborales que envió a grandes sectores asalariados y de la clase media a la pobreza y la marginalidad. Hoy esa es historia pasada.
A pesar de todo lo hecho, quedan aún injusticias estructurales por combatir. Pero la política efectiva del gobierno desde 2003 ha tenido un objetivo fundamental: recuperar al Estado como regulador de las relaciones sociales y económicas, y ser el garante de los derechos sociales; culturales y económicos. Es continua la ampliación de derechos por decisión de la Presidenta.
El Estado es custodio de la mejor educación libre y gratuita en todos los niveles de la enseñanza. Hace dos meses ha efectuado una compra de 3.500.000 libros para que lleguen sin costo a los estudiantes. Es garantía de la atención sanitaria gratuita, del acceso al trabajo con una remuneración justa y a una vivienda digna, de los derechos a una alimentación adecuada y de la plena vigencia de los derechos humanos, en definitiva fuente de todos los derechos.
La política redistributiva del gobierno, con los aumentos salariales y la actualización permanente y automática de las jubilaciones, y especialmente la asignación universal por hijo, es uno de los programas que más ayuda concreta e inmediata ha llevado al conjunto de familias más necesitadas. Esta medida beneficia a 3 millones y medio de niños en todo el país, cuyos padres se encuentran desocupados o tienen trabajos no registrados. Pero, además, para ser efectiva la totalidad de la asignación, los niños deben estar escolarizados y someterse a estudios médicos y tener el calendario de vacunas actualizado. Esta política ha provocado que aumente más de un 32% la escolaridad en la Argentina, además de haber llevado el calendario gratuito de vacunación de de 6 a 16 vacunas obligatorias. Además de otras medidas como una constante e inédita obra pública, vienen a garantizar una mejor y más justa distribución de la renta.
Pero todo esto se ha logrado con una interminable lucha contra los sectores minoritarios, que históricamente han usufructuado la renta nacional en perjuicio de la mayoría del pueblo, y que sabedores de la imposibilidad de ganar el gobierno en las urnas, por más pactos opositores que ensayen, y sin poder golpear los cuarteles como antaño, desarrollan campañas nacionales e internacionales en varios frentes buscando la desestabilización del gobierno
Históricamente, en nuestro país hubo dos modelos de nación, dos modelos de sociedad. Uno, el mitrista, de Bartolomé Mitre, creador del diario La Nación, en el que el sector minoritario de agro exportadores fue socio-sirviente del imperio británico, posteriormente del imperialismo yanqui, y en la actualidad del poder financiero internacional. El otro modelo, es el de los gobiernos populares, el de los trabajadores, el de los pueblos originarios, el de la clase media, el que asumió el modelo latinoamericanista de San Martín, O’Higgins y Bolívar, el del modelo de Perón y Evita, de Salvador Allende, de Néstor y Cristina, de Chávez, de Lula y Dilma, de Evo, de Correa, de Pepe Mujica, el modelo de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe hermanados.
Ésa es la lucha permanente de nuestras sociedades. Entre los grandes retos queda modificar la estructura económica de nuestro país, que es una necesidad ineludible para la defensa de los intereses del conjunto de la Nación y evitar los intereses minoritarios de los sectores rentísticos ligados históricamente a la producción primaria, y romper con el rol adjudicado a la Argentina por las grandes potencias.
Estamos en el buen camino. El panorama general de la Argentina actual nos muestra una situación positiva en lo político, con el gobierno encabezado por la presidenta Cristina Kirchner, activo, sólido y firme en la profundización del modelo transformador de nuestro país.
Los profundos cambios realizados por Néstor y Cristina Kirchner han tenido un gran impacto en la conciencia de la juventud, que en los últimos años se sumó a la militancia política con un gran bagaje ético, incorporándose así a una nueva cultura política al servicio de un país más justo e igualitario.
Nuestro gobierno tiene aún por delante la necesidad de tomar muchas medidas de reformas estructurales, como fue la ley de servicios audiovisuales, que permite uno de los cambios más importantes para la profundización de la democracia a través de los medios de comunicación. Hoy es batalla por la ley de democratización de la Justicia, que está en proceso, y muchas otras indispensables para la consolidación de esta nueva Argentina en marcha desde el 2003.
Para afrontar esas acciones de consolidación del modelo emancipador es imprescindible contar con el trabajo militante y fortalecer la unidad de todos los sectores políticos y sociales del campo popular.
La lucha por esta Argentina que estamos construyendo entre todos, con la conducción de la compañera Cristina Kirchner, pasa en lo inmediato por lograr que en las elecciones del próximo mes de octubre, podamos obtener una amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, porque es clave para la gobernabilidad futura y la profundización del modelo, para la construcción definitiva de una Argentina más justa, más solidaria, más independiente e inclusiva: una Argentina para todos.
*Periodista argentino, jefe de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El texto corresponde a la charla que ofreció en el Círculo de Periodistas, en Santiago de Chile, el 11 de junio 2013.
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