Oct 29 2004
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Economía

Estados Unidos: Ley de DDHH ”afecta a las corporaciones”

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El Fiscal General Juan Ashcroft intenta sepultar una de las leyes de Derechos Humanos más antiguas del mundo, el ATCA, o Alient Torts Claim Act (Acta -ley- de Demandas por Agravio en el Extranjero), que castiga a líderes gubernamentales, a corporaciones transnacionales y a altos jefes militares que hayan cometido abusos contra los derechos humanos en países extranjeros1.

Organizaciones como Human Right Watch (HRW) se oponen vehementes a la derogación de la norma, una de las pocas que permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos demandar legalmente a poderes como gobiernos o corporaciones multinacionales. La tentativa de acabar con la ley comenzó menos de un año después que el IXTribunal de Apelaciones de Circuito ordenara que la Unocal Corporation indemnizara a campesinos birmanos afectados en sus derechos por un oleoducto construido por la compañía. Procurando terminar con esta ley, la Administración Bush abre eficazmente la puerta para que los abusos contra los derechos humanos continúen cubiertos por un velo en lo que hace a las relaciones exteriores de EEUU.

El ATCA existe desde que George Washington la promulgó en 1789 contra la piratería. Un resquicio poco conocido de la ley otorga a los ciudadanos extranjeros el derecho a demandar civilmente en los tribunales estadounidenses por las violaciones al Derecho Internacional.

Después de utilizarse sólo dos veces en sus primeros 200 años de existencia, la ley ha sido invocada en unos 100 juicios a partir de 1980. Ese mismo año se ordenó pagar US$ 10 millones a la hermana de un paraguayo que fue torturado y asesinado por policías de su país que vivían ilegalmente en EE.UU. La ley abría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros buscaran justicia en las cortes estadounidenses.

El “lobby” de los grupos de negocios argumenta que los abogados de derechos humanos y los tribunales interpretan con demasiada amplitud el ATCA, aplicando incorrectamente la ley. La Administración Bush -que considera a esa ley como una interferencia en su política exterior- aspira a que se archiven los juicios de no estadounidenses que potencialmente podrían desconcertar a gobiernos extranjeros cuya cooperación EE.UU. necesita para su guerra contra el terrorismo.

Los críticos de acciones judiciales recientes al amparo del ATCA también alegan que el estatuto original no otorga ninguna autoridad real y solamente pavimenta una vía para que lo haga el Congreso, que debería definir por separado qué violaciones se podrían ventilar en las cortes.

Según un artículo del Wall Street Journal, mantener la ley podría comprometer aspectos de la guerra contra el terrorismo. “Un empleado o un contratista del gobierno de EEUU que trabaje en situación de alto riesgo -en operaciones militares o de inteligencia- podría ser enjuiciado por sus actividades”, dijo Mark Rosen, un capitán de marina jubilado especialista en publicaciones sobre defensa y seguridad interna.

Actualización de Jim Lobe

La Foreign Tort Claims Act se ha utilizado como una herramienta importante por los activistas de derechos humanos para evitar la impunidad en abusos severos cometidos en el exterior, generalmente por gobiernos represivos, pero cada vez más por EEUU y las corporaciones que, por lo menos, colaboran en él, pasando por alto las prácticas abusivas de los gobiernos locales y de sus fuerzas de la seguridad.

A fines de marzo, por ejemplo, un juez federal de San Francisco rehusó archivar la demanda que puede obligar a Chevron-Texaco Corporation a responder por los daños causados por una plataforma petrolera nigeriana operada por una subsidiaria de la compañía. Por supuesto, Unocal y Exxon Mobil enfrentan juicios similares.

ATCA -o más exactamente la campaña contra ATCA- viene suscitado un incremento del interés por ella durante los últimos dos años. En los hechos, recientemente he visto algunas publicaciones del New York Times atacando a aATCA en nombre de una coalición de corporaciones multinacionales.

Una buena cantidad de pleitos en los que se invoca el ATCA continúan ventilándose a través los juzgados federales, pero solamente uno ha llegado al Tribunal Supremo. Se trata de un juicio q iniciado por un ciudadano mexicano, que fue secuestrado por cazadores de recompensas y trasladado a EEUU -donde lo mantienen indebidamente retenido- en conexión con el asesinato de un agente de la DEA en México. El mexicano demandó al gobierno de los EEUU y al cazador de recompensas amparándose en esta ley.

Un jurado le concedió 25.000 dólares por daños.

Para abundar en este caso, que podría ser muy importante para el futuro del ATCA, recomiendo una nota de Linda Greenhouse, en el New York Times del 31 de marzo de 2004, que resume la discusión y los alegatos orales.

Al mismo tiempo, Dolly Filartiga, el demandante en el primer caso ATCA a partir de 1980, mereció una publicación en el New York Times del 30 de marzo de 2004 titulada “Cortes Americanas, Justicia Global”. El fondo del asunto también se incluye en el editorial de The Washington Post publicado una semana después (4/6/04) bajo el título “Derechos Humanos en Tribunales”.

El caso de Unocal fue tratado por los jueces ante las demandas que sentaron a la compañía en el banquillo hace aproximadamente un año, aunque todavía no se ha dictado sentencia. Generalmente, la decisión tarda, precisamente, alrededor de un año, pero se especulaque la Corte de apelaciones desea esperar hasta que el Tribunal Supremo decida el caso de México.

Hubo una cierta cobertura del caso de Unocal en los grandes medios de comunicación pero principalmente sobre el proceso en la Corte estadal, que no confía en el ATCA. Se prestó mucho más atención a qué es y a por qué se la ataca.

Earth Justice and the Center for Constitutional Rights (Justicia en la Tierra y el Centro para los Derechos Constitucionales) están extremadamente involucrados en la campaña contra el ATCA. Para más información, son buenas fuentes estas agrupaciones, así como Human Rights Watch.

1 El ATCA permitió también castigar civilmente a un grupo de generales de El Salvador que residen en EEUU y al criminal chileno Armando Fernández Larios, integrante de la Caravana de la Muerte, denunciado ante un tribunal de Florida por Zita Cabello de Barrueto, residente en California, que es hermana de Winston Cabello, una de las cien víctimas torturadas y asesinadas. El fallo de culpabilidad contra Fernández en esta causa fue apelado ante el tribunal federal.

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* Publicado en One World Net y Asheville Global Report el 19 de mayo de 2003 bajo el título “Ashcroft va contra 200 años de Ley de Derechos Humanos”.

La selección de las noticias escamoteadas o no registradas por los grandes medios en el proyecto Censored fue realizada y evaluada por los académicos Meri Storino, Ph.D, y los investigadores-estudiantes Brian Ferguson y Lawren Lutrin.

La traducción al castellano del artículo es del periodista Ernesto Carmona.

Sobre “noticias censuradas” puede leerse: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=496.

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