Oct 16 2017
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AmbienteSociedad

Están militarizando cada día más a la sociedad mexicana: derechos humanos degradados en Oaxaca

 

La presencia creciente de las trasnacionales extranjeras en el sudeste mexicano está provocando una acelerada ruptura del tejido social en las comunidades indígenas, víctimas de una acelerada militarización del Estado. “Vivimos un aumento preocupante de la militarización en nuestra región y en nuestras comunidades con la respectiva pérdida de derechos elementales”, señala Rosalinda Dionicio Sánchez durante su visita a Suiza como parte de una gira europea organizada por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Esta situación está estrechamente ligada a los muy diversos megaproyectos que se instalan no solo en Oaxaca sino en diversas zonas del país, subraya la activista de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom).

La joven dirigente, que acaba de concluir su Licenciatura en Derecho, lidera la resistencia contra la Mina San José, de la empresa Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. En su calidad de protagonista de esta lucha, sufrió un atentado en 2012 del cual salvó milagrosamente su vida, aunque le produjo lesiones cuyas secuelas de motricidad todavía son visibles. En dicha agresión fue asesinado otro dirigente popular, Bernardo Vásquez Sánchez, en tanto un hermano de éste resultó gravemente herido.Resultado de imagen para mexico mina san jose

Responsabilidad de las trasnacionales

“Si ya sufríamos la presencia de mineras, hidroeléctricas, parques eólicos, gasoductos y super carreteras, lo que preocupa actualmente a las comunidades es el proyecto de crear en nuestro Estado una de las Zonas Económicas Especiales programadas en el país, facilitando aún más la llegada masiva de las transnacionales a Oaxaca”. Especie de gran zona franca, será un *territorio liberado* para dichas empresas, con leyes, reglas, derechos impositivos y poder de decisión casi total, aclara.

Un factor agravante de este proceso en marcha “es la total falta de consulta previa a nuestras comunidades o, en casos excepcionales, alguna consulta formal manipulada. Nuestros pueblos ya se han pronunciado claramente contra ese tipo de proyectos y contra la presencia de las trasnacionales”, enfatiza.

No menos preocupante, agrega, es la política de algunas de esas empresas que intentan dividir a la gente, ofreciéndoles prebendas a algunos, y por la tanto promueven “rupturas casi irreparables de nuestro tejido social ancestral”.
En el caso de la instalación de la Mina San José, nunca se informó a la población ni se consultó. Fue un proceso impositivo. Las consecuencias las pagamos nosotros, con la pérdida de nuestros derechos esenciales, la presencia militar creciente en nuestras comunidades, la destrucción ambiental y las consecuencias nefastas de esos megaproyectos para la salud y la vida de nuestra gente incluyendo las consecuencias directas de devastación y contaminación, subraya.

¿No corren las comunidades en resistencia el riesgo de ser tildadas de conservadoras, opuestas al progreso y al desarrollo económico en una de las regiones más empobrecidas de México?, preguntamos. “Jamás esos megaproyectos promovidos por las trasnacionales han aportado reales mejoras al conjunto de la población”. Por el contrario, puntualiza Rosalinda Dionicio, agreden al modelo propio de desarrollo comunitario basado fundamentalmente en la soberanía alimentaria, en la agricultura y en la producción de los alimentos esenciales como maíz y frijol.

Llamado a la solidaridad

“Buscamos informar en Europa lo que estamos viviendo. Compartir nuestras preocupaciones. Y advertir, en el nombre de la autodeterminación de los pueblos, la necesidad que se establezcan controles humanos y ambientales a la política de las multinacionales -en su mayoría norteamericanas o europeas- que desembarcan en nuestros países”.

Así lo subraya Marcos Leyva Madrid, director y fundador de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), organización no gubernamental que acompaña a las comunidades oaxaqueñas y centra su labor en la información, la formación, y la defensa de los derechos humanos.

Es esencial que en Europa se apliquen los reglamentos que ya existen “para vigilar a sus empresas y supervisar las políticas de Estado, ejerciendo el legítimo derecho de control”.

“Es esencial, además, rescatar y profundizar un concepto que sigue siendo esencial: la solidaridad”. Y en ese sentido, Marcos Leyva, reivindica la importancia, por ejemplo, de la movilización ciudadana helvética en torno a la Iniciativa a favor de Multinacionales Responsables que deberá ser votada próximamente.

Vivimos una situación muy grave en México, puntualiza, recordando la trágica cifra reconocida por las propias Naciones Unidas de más de 30 mil desaparecidos registrados en los últimos años. El argumento infundado del Estado y su aparato militar de identificar cualquier protesta social con el narcotráfico debilita al movimiento social, lo pone a la defensiva y lo criminaliza, subraya.

La presencia constante del ejército en la calle – acentuada aún más a partir de los recientes terremotos, asumiendo incluso labores sociales como la distribución de la ayuda estatal a los damnificados-, es parte de este nuevo modelo de seguridad militarizada que se viene implementando en la última década. “Muchos pensamos que el ejército ya se instaló definitivamente en nuestra región del istmo mexicano”. Y que dicha presencia está íntimamente ligada al establecimiento de las Zonas Económicas Especiales que exige una sociedad civil domesticada, denuncia Leyva.

Resultado de esta situación se comprueba una degradación acelerada de los derechos humanos. Si hace una década el trabajo de los organismos de derechos humanos ponía el acento en los derechos económicos y sociales, ahora como consecuencias de la política de seguridad militarizada “debemos priorizar nuevamente la defensa de los derechos a la vida, a la expresión, a la asociación y en la protección de las defensoras y defensores de DDHH”, concluye.

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