Extradición de Simón Trinidad: política política

Todas las extradiciones que se han hecho o se harán desde Colombia hacia los Estados Unidos son políticas. Y también son políticas, por supuesto, las no extradiciones. La del comandante paramilitar Salvatore Mancuso, por ejemplo.

O la del mismo Simón Trinidad, en caso de que no se dé. Pero no solo porque Trinidad o Mancuso sean agentes políticos dentro del conflicto armado colombiano, que es un conflicto político. Sino porque la extradición misma, en su naturaleza, es un instrumento político, y no jurídico.

Lo es en sus formas, en sus orígenes y en sus fines.

Lo fue en sus orígenes cuando, presionado por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colombiano de Julio César Turbay negoció la extradición de colombianos, es decir, la entrega de ciudadanos colombianos a la justicia norteamericana, hace veinticinco años, dentro de la llamada «guerra frontal contra la droga». El propio presidente Turbay, cautelosamente, se abstuvo de firmar el bastante antijurídico tratado de extradición y le dejó la incómoda tarea a su ministro delegatario Germán Zea, alegando un viaje de fin de semana fuera del país. Turbay, que ha sido el más político (y no sólo politiquero) de nuestros dirigentes políticos, sabía de qué se estaba protegiendo, y por qué.

La extradición también es política en sus formas. En los vaivenes que ha sufrido desde aquella firma delegada de entonces; utilización a veces (cuando, digamos, el presidente Belisario Betancur vio que los narcotraficantes le mataban a su ministro de Justicia); abstinencia otras; prohibición absoluta, cuando la Constitución del 91; restablecimiento bajo la provisión -falsa, y que se sabía falsa- de que no sería retroactiva.

Y también es un instrumento político, y no estrictamente jurídico, en sus fines, tanto en los declarados como en los discretos, por no decir secretos. Los fines de la extradición son dos. Primero, el de darles gusto a los gobiernos de los Estados Unidos, que necesitan mostrar con importantes piezas de cacería (desde Carlos Lehder hasta los hermanos Rodríguez Orejuela, pasando por los Ochoa y terminando por un «narcoterrorista» como Simón Trinidad) que su política antidrogas es eficaz. No ha conseguido que disminuya el consumo, ni la producción, ni el tráfico, en veinticinco años. Pero ha conseguido que caigan presos unos cuantos famosos narcotraficantes latinoamericanos: colombianos, peruanos, mexicanos. Ni un solo gringo, eso sí no. Pero bueno. Y el segundo fin de la extradición es el de enfrentar otros dos problemas de índole absolutamente política, y no jurídica: la guerrilla y el paramilitarismo.

El presidente Álvaro Uribe afirma que el fenómeno de la guerrilla, que existe desde hace cincuenta años, no es político, sino simplemente «terrorista», como le dicen ahora sus amos desde Washington. Pero lo dice por razones de táctica política: sabe que sí es político, como lo saben también sus amos. (Entre otras: también el terrorismo es político). Las relaciones del gobierno colombiano -del actual y de sus predecesores- con los paramilitares son también políticas, y dictadas por cálculos políticos. Y la llamada guerra contra la droga es, desde sus inicios hace 25 años, un fenómeno fundamentalmente político.

De una política ajena, claro está. La del Imperio. La de los Estados Unidos. Una política ajena que condiciona, más que la droga misma, más que el propio conflicto armado, toda la política de los gobiernos colombianos desde hace veinticinco años. En todos los aspectos. Desde la economía hasta la salud, desde la agricultura hasta el transporte. Y, por supuesto, también en lo jurídico. Porque también lo jurídico es político, como lo saben, aunque no lo digan, los juristas que se escandalizan de que haya extraditaciones ‘políticas’ y no ‘jurídicas’.

Se escandalizan de que todo sea político, cuando lo único que saben hacer es política. Y ese fingido escándalo es también político.

———————————-

* En la revista Semana de Bogotá, el 31 de diciembre de 2004. Tomado de Altercom (altercom.org/article3390.html).

El autor es escritor y periodista colombiano. Líder de opinión pública de ese país. Uno de los más leídos editorialistas de la revista Semana, autor de varias obras.

No en nombre
del pueblo colombiano

La extradición de Simón Trinidad es un hecho que hiere la soberanía
colombiana. Uribe es el único presidente en el mundo que extradita a sus
opositores políticos.

Jaime Caycedo*

Una cosa es que los delitos políticos se reconozcan y juzguen en Colombia. Simón Trinidad debía purgar una pena de 80 meses por rebelión. Otra cosa es pretender negar la condición de presos políticos a detenidos como Simón Trinidad y endosar a otro Estado el juzgamiento de su conducta.

Uribe desconoce la Constitución, que prohíbe la extradición por motivos políticos. Aunque Trinidad no haya sido pedido formalmente por tales causas, es una ceguera negar su calidad de preso político, en tanto figura notoria de una fuerza insurgente colombiana enfrentada al Estado por razones políticas.

La Corte Suprema de Justicia tiene responsabilidad en estas anormalidades, a raíz de sus recientes decisiones. Nadie entiende que mientras Uribe extradita a sus opositores, los narcoparamilitares gozan de plena impunidad.

Curiosamente, los responsables de masacres de población civil, de asesinatos de disidentes, de activistas sindicales, educadores y periodistas, exigen nuevas concesiones y beneficios de parte del gobierno.

Todas las fuerzas democráticas del país están obligadas a expresar su rechazo a esta política de indignidad. Uribe podrá renunciar a la soberanía nacional, pero no en nuestro nombre.

No en nombre del pueblo colombiano.

—————————————–

De ALTERCOM Colombia. Gentileza de Paralelo 21, de la radio de la Universidad de Guadalajara, México (www.radio.udg.mx).