Fantasmas de la sociedad: la vida de los presos en América Latina
María Eva García Simone* 
Encerrados tras las rejas cuales fantasmas que las sociedades prefieren ocultar, se encuentran los presos que, por diferentes razones -algunas más entendibles que otras, pero no por eso justificables- cumplen sus condenas en un ámbito que lejos está de desempeñar sus objetivos de reinserción social. No se trata de realizar apología del delito, sino de considerar que quienes se hallan en situación de cárcel continúan siendo personas y ciudadanos y por ello poseen los mismos derechos que cualquier otro ser. Así lo marca la Ley.
No obstante, no todos los presidiarios obtienen los mismos beneficios. Muchos de ellos permanecen en la cárcel durante varios años hasta que son condenados judicialmente, aunque ello sea inconstitucional ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En estas circunstancias y en medio del contexto internacional de corrupción que se vive actualmente, el dinero es un gran protagonista. Es así como las rejas toman diversas formas: si se trata de un preso con poder político o dinero, las rejas no son las de las cárceles oscuras y superpobladas sino que, por el contrario, son las de mansiones de lujo.
Tal fue el caso del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, acusado de ser el supuesto jefe de asociación ilícita, pero cumplió prisión domiciliaria en el año 2001 en una gran casona con pileta y mayordomo. En este sentido, mientras algunos esperan la sanción de sus condenas en lugares envidiables, otros (la mayoría) lo hacen en celdas superpobladas.
Argentina es uno de los países de la región con mayor índice de delitos y de presos que aún no poseen condena judicial. Esta combinación hace que las cárceles del país del sur tengan un alto grado de superpoblación, acrecentado principalmente en los últimos años.
La gran parte de los sitios de reclusión presentes en América Latina se encuentran en crisis al igual que el sistema carcelario vigente que posee, según cifras del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), más de un 70 por ciento de detenidos sin condena.
Los resultados obtenidos no son los pensados, ni para los cuales las cárceles se crearon: muchos de los que ingresan en la cárcel fallecen allí, otros regresan a la vía pública con decenas de heridas producto de riñas internas, muchos otros no logran reinsertarse socialmente y son la minoría quienes reconocen que en la prisión lograron revertir sus errores.
Las prisiones se hallan desbordadas en su capacidad. Esto conlleva a diversos problemas que agravan aún más el conflicto de la superpoblación. Entre ellos se encuentran los motines, las peleas violentas entre internos, la deplorable situación sanitaria, el hacinamiento, la ausencia de atención médica y la escasez de alimentos.
En un artículo presentado por BBC Mundo en 2005, la subdirectora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Joanne Mariner, afirmó que en muchas cárceles de América Latina hay hasta dos, tres y cuatro veces más presos de los que debería haber según la capacidad de cada penal.
A su vez, Mark Ungar, director del proyecto de investigación sobre cárceles en la región, "Cárceles en crisis", comentó que el hacinamiento es un factor común determinante de los motines y la violencia que caracteriza a las prisiones en los países del continente.
Diferentes factores han hecho que el nivel de delincuencia se acreciente en Latinoamérica. Entre las principales causas se pueden mencionar la desigualdad social, la falta de un sistema educativo efectivo, la ausencia de contención familiar y las deficientes políticas estatales para contrarrestar el aumento del delito.
No obstante, la descripción de estas posibles causas no pretende justificar al delito y a quienes lo cometen sino que, por el contrario, tiene el objetivo de analizar la situación para contribuir a una posible solución a esta crisis que afecta a la sociedad en su conjunto y a quienes se hayan privados de su libertad.
En el medio de la crisis carcelaria, el debate social y mediático se disputa entre la mano dura y el respeto por los Derechos Humanos. Hay quienes mantienen posturas que pretenden criminalizar la pobreza, bajar la edad de imputabilidad de los menores, establecer penas de muerte y, además, apoyan la vulnerabilidad de los derechos de los presos.
Muchas otras personas o sectores sociales consideran que los Estados deben generar políticas eficientes para superar la crisis en que se encuentran inmersas las penitenciarías de la región y, de esta manera, garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas presas.
"Persiste la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes como prácticas sistemáticas en muchas prisiones; hay cárceles con 10 mil internos -como pudo constatarlo en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México -, no imaginaba que habría cárceles sobre la faz de la Tierra que albergaran a 10 mil almas, esto es inmanejable en términos humanitarios y de seguridad", subrayó Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, Meléndez comentó -tras su visita en México- que el país tiene alrededor de 500 peticiones para que la CIDH examine presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Por su parte, Uruguay creó -a través de su Ministerio del Interior- mesas de negociación que consisten en que los delegados de cada pabellón, elegidos por el voto de sus propios compañeros presos tengan la capacidad de discutir y consensuar sus necesidades con las autoridades de las cárceles y descomprimir conflictos entre los internos.
Este programa comenzó a regir en 2006 y se oficializó en el 2007 en el contexto de la llamada "Ley de humanización del sistema carcelario". Así como Uruguay comenzó a proyectar mejoras en el sistema carcelario emprendiendo un programa de democratización, los Estados latinoamericanos deberán tomar cartas en este asunto.
Es necesario establecer programas de resocialización y rehabilitación, combinados con medidas educativas para que los presos -una vez cumplidas sus condenas- puedan volver a las calles y circular por ellas sin secuelas, sin sufrir discriminación alguna y, sobre todo, arrepentidos del delito cometido.
En la actualidad quienes están presos se encuentran inhibidos de sus derechos como el acceso a la salud y asistencia médica, sufren de maltratos y abusos de autoridad, no tienen una buena alimentación, en muchos casos no se respeta la presunción de inocencia y no tienen acceso al derecho a la defensa.
Todos estos factores son contrarios a los tratados internacionales que establecen el respeto por los Derechos Humanos y a las normativas legales de los países latinoamericanos.
*Agencia de Prensa del Mercosur, Universidad de La Plata, Argentina