Funa. – EL GESTO PRECEDE A LA PALABRA Y LA AMENAZA AL CRIMEN

Ernesto Carmona es periodista; que se sepa jamás ha tenido un acto de violencia contra nadie. Conoció el extrañamiento y la persecución. Ha escrito, editado y publicado libros. Es consejero del Colegio de Periodistas chileno. Es también un hombre enfermo que ha vivido –y vive– con la modesta dignidad del que tiene la conciencia tranquila.

A las 9:40 del lunes 20 de agosto, menos de 48 horas después de la «funa» a Bustamante, en la que participó, sonó el teléfono de su casa:

«Desde el teléfono 442 67 26, a las 9:40 de esta mañana del 20 de agosto de 2007, un sujeto me llamó para preguntarme:
«–Carmona, ¿a qué hora es la Funa?
«–La funa fue el sábado–, respondí.
«–Como no trabajas con honestidad, concha ‘e tu madre, te vamos a …»

Carmona llegaba a su hogar desde el hospital tras someterse a un control hematológico –padece leucemia mielítica–.

¿Por qué perturbar con amenazas a un periodista a todas luces inofensivo? Porque Carmona denunció a Bustamante como el asesino de Leonardo Henrichsen. Dice: «Relaciono estas cobardes amenazas desde el anonimato de un teléfono público de la ciudad con lo ocurrido el sábado, después de la Funa que organizaciones sociales le hicieran a Bustamante Gómez en su domicilio de calle Berna 1538, Población Juanita Aguirre (Unidad Vecinal Nº 26), comuna de Conchalí».

Sería injusto pedir a las autoridades del Estado –incapaces de esclarecer por ninguna vía el asesinato de Henrichsen e incapaces (lo que resulta todavía peor) de mitigar el daño causado a los familiares del profesional muerto a mansalva, que filmó su ejecución, a través de un recurso indemnizatorio por vaya uno a saber qué razones– que mantenga un ojo vigilante sobre la horda todavía suelta: demonios viejos, pero tan maliciosos como antaño.

El imperium se ejerce de otra laya: sobre los okupas, los organizadores de los movimientos sociales que protestan, los dirigentes sindicales y afiliados a sindicatos que reivindican sus derechos, los muchachitos de barrios humildes que portan rostro de gente humilde, los asaltantes y rateros empujados más allá de borde de la ley por un sistema social y económico que los margina; se ejerce contra quienes alquilan a terceros el uso de su sexualidad; se ejerce protegiendo –no hay otra palabra– a quienes ocupan fuerza de trabajo pagando una miseria vil; se ejercer contra quienes envuelven en pasta base o en marihuana su expulsión del castillo de los justos.

Y se ejerce tambiénde la siguiente manera. En palabras de Carmona:

En el lugar de la funa, «allí, en la vía pública, carabineros practicó la detención ilegal del camarógrafo argentino Benjamín Ávila y de sus colaboradores chilenos Mario Puerto (sonidista) y Arturo Peraldi (asistente), quienes se quedaron rezagados del grueso de la Funa, que recorrió el sector tal como ocurre, por ejemplo, en una procesión. Con megáfonos, bombo, caja y gritos, la Funa advirtió a los vecinos de que viven cerca de un criminal.

«Muchos vecinos y vecinas, incluso los participantes de una reunión católica que interrumpieron su actividad en la unidad escolar para plegarse a la Funa, se quejaron de que cuando llaman a Carabineros de Conchalí para que acudan a combatir a los delincuentes, los policías alegan que tienen poco personal o que les falta bencina. «Pero a proteger a un asesino llegan altiro», exclamó una indignada dirigenta de la Unidad Vecinal Nº 26.

«Cuando los moradores de la casa de Bustamante Gómez, que permanecieron todo el tiempo escondidos y sin darse por enterados de la ruidosa Funa, observaron que el camarógrafo y sus colaboradores habían quedado solos, llamaron a sus amigos carabineros de la Subcomisaría Conchalí Norte, adscrita a la Quinta Comisaría, Independencia 6208, quienes acudieron con dos motocicletas, la Comisaría Móvil Z 3247 y el radio patrulla placa RP 479, un gran despliegue de fuerza policial contra tres trabajadores de prensa, a quienes acusaron de «desórdenes públicos» y convencieron al fiscal de turno Marcos Meneses de aplicarles el artículo 26, como autores de desórdenes públicos cuando realizaban una cobertura documental y periodística de un hecho social absolutamente legal.

«Digo que Carabineros de Conchalí son amigos de Bustamante Gómez porque cuando me hallaba en la Comisaría esperando la libertad de los detenidos, observé que la esposa y la hija de Bustamante Gómez aparecieron en el edificio para abogar en contra de los presos, donde les dieron acceso directo a la oficina del capitán jefe de la Comisaría, sin ninguna dificultad ni perdiles identificación. ¿A qué fueron? ¿Qué hablaron?»

Cosas extrañas suceden bajo el cielo azulado de Chile.

Luego –continúa Carmona– «Gracias a los esfuerzos del presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros; del abogado de la organización Funa Chile, Rodrigo Román; y de otras personas que se hicieron presentes o intervinieron, como una periodista del ministerio del Interior, los detenidos fueron puestos en libertad al cabo de dos horas de detención ilegal y arbitraria, a las 14. Pero no se pudo obtener que la policía levantara los cargos y que el periodista argentino no fuera citado a declarar a los tribunales.

«Benjamín Ávila viajó exclusivamente a la cobertura de la Funa y debía regresar a su país el domingo. Por tal motivo, los afectados anunciaron que se querellarán contra Carabineros de Chile por detención arbitraria e ilegal».

El Colegio de Periodistas sin duda intentará que las autoridades a cargo de las fuerzas policiales investiguen el proceder de éstas el sábado 18 de agosto de 2007, querrá una disculpa, que los ciudadanos y el periodista extranjero –los afectados– merecen; quizá se les prometa la no reiteración de esos «excesos» (si los llaman excesos), puesto que no obedecen a la política de mando de la institución, y quizá se castigue de algún modo a alguien menor.

Pero las autoridades de gobierno nada podrán hacer ante estos hechos que –otra vez Carmona–: «Ocurren en total clandestinidad, sin que se reflejen en los medios de comunicación, con la excepción notable de Radio Bío Bío y muy pocos otros medios independientes».

Y así debe ser en un país que eligió como su primer presidente luego de una dictadura de 17 años a un político que fue emisario de los poderes que se oponían al gobierno constitucional de Salvador Allende, un país cuya institucionalidad resultante del pacto derecha-derecha-exizquierda que permitió la «transición» y cuya obsesión por reparar el tejido social dañado se sintetizó en una máxima cínica: justicia dentro de lo posible –política reiterada en materia de comunicación periodística: la mejor política de comunicación del gobierno es no tener política de comunicación–, lo que favorece (porque se impide el eco de las denuncias) el asalto armado a la renta nacional por parte de los grupos económicos surgidos cuando la dictadura, asalto que convirtió a Chile en uno de los países del mundo de la más terrible e injusta distribución de lo que producen todos sus habitantes.

Acaso quienes se quieren representantes de la sociedad desde el gobierno y la oposición piensan que todo está bien y que las cosas pendientes se resolverán cuando mueran el último y la última que echan de menos al dictador y se entierre también a la última mujer o el último hombre que recuerde vivamente que hubo la posibilidad de cambiar la historia. O acaso la memoria colectiva deba esperar que se muera el último de esos «representativos» encaramado en el triste apagarse de la política que debía iluminar el tránsito de la colectividad chilena.

Mientras: ¡cuidado!, alguien vigila y la patota del 73 tal vez se reproduce.