Fútbol, violencia y capitalismo en Chile/ El largo manto de una cultura de la impunidad
Aunque los enfrentamientos entre barras bravas parecen inevitables y la delincuencia sea un problema que trasciende al fútbol, ello no resta gravedad a que las medidas de seguridad adoptadas para contener el anunciado choque entre barristas de los clubes Colo Colo y Santiago Wanderers en la antesala y durante el desarrollo del duelo que disputarían en Valparaíso la tarde del domingo 6 de diciembre, fueron totalmente insuficientes.
La concesionaria de la tienda caturra había sido advertida por la autoridad regional, a días de jugarse el cotejo en el Elías Figueroa, de que resultaba un peligro la venta de entradas en un mismo sector (Andes) a hinchas de ambas escuadras y, sin embargo, la respuesta del gerente de Santiago Wanderers, Roberto López, fue que “en Andes ya hemos tenido la experiencia de barristas de ambos equipos y nada ha pasado… ello no debería cambiar”.
Los costos de la irresponsabilidad están a la vista de todos. La venta indiscriminada de entradas a hinchas del equipo visitante, en un contexto donde lo que estaba en juego era un campeonato, fue el puntapié inicial de la trifulca bochornosa. Asimismo, para nadie es desconocida la rivalidad entre las hinchadas de ambos equipos, más aún cuando los albos podrían titularse campeones en Playa Ancha y la intención de los locales era precisamente aguarles la fiesta, pero cuando lo que prima es un criterio economicista, la seguridad y el resguardo de la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y público en general, pasan a segundo plano, porque qué más puede importar cuando se tiene la posibilidad de llenar un estadio y triplicar las utilidades en favor de los intereses de quienes lucran con el fútbol.
Además, en buena hora se producen estos hechos para la dirigencia del fútbol chileno, que podrá enfriar los ánimos tras la renuncia de Sergio Jadue, sacar unos minutos de pantalla la corrupción en la ANFP y traer de regreso a los iluminados de siempre clamando por justicia “contra los desalmados que empañan la fiesta del fútbol”. Una hipocresía grosera cuando son esas mismas barras bravas las que alimentan el negocio de las concesionarias tanto dentro como fuera de la cancha; esos mismos delincuentes a los que hoy acusan y apuntan con el dedo, son los que están dispuestos a pagar el precio que sea por ingresar a un estadio, por comprar camisetas, buzos deportivos y toda la gama de productos ofertados para “consolidar identidades” (por medio del endeudamiento que dinamiza un nicho del mercado), practicando el sentido de pertenencia hacia sus equipos de la misma forma distorsionada en que se interpretan y practican todos los valores humanos en nuestra sociedad.
Como anillo al dedo les calza un hito de esta magnitud, que sirve de justificación para montar una batería de argumentos asociados a otras disputas en el ámbito de sus relaciones de poder, ahí donde se fraguan sus estratagemas. Es así como ahora el debate se traslada al terreno del oportunismo político, desatándose el fuego cruzado de acusaciones entre el gobierno y la oposición para intentar obtener réditos sobre la base de lo acontecido, sacando a relucir errores y aciertos de un lado y de otro. Claro que nada de lo que han aplicado en materia de seguridad ha dado resultados, pero es una mentira rotunda decir que con la presencia de efectivos policiales en las tribunas existía menos violencia, porque, antes de que se aplicara el plan Estadio Seguro, ¿acaso no había enfrentamientos entre barras dentro y fuera de los estadios?
Qué decir de las declaraciones del presidente de Santiago Wanderers, Jorge Lafrentz, justificando el accionar de la hinchada local, pues habría actuado en “defensa propia”. ¿Acaso importa de dónde partieron las agresiones cuando se está ante un episodio que bien pudo costar la vida de una o varias personas? Es que resulta vergonzoso que el dirigente de un club profesional emita declaraciones de esa envergadura. Después nos preguntamos por qué las barras bravas han adquirido tanto protagonismo dentro del fútbol.
Si realmente la voluntad por parte de la autoridad fuera evitar estos incidentes y la preocupación es tanta, se aplica “mano dura” (como a ellos les gusta decir) y se le prohíbe a la concesionaria del club local la venta de entradas a los hinchas visitantes de la manera en que se estaba haciendo, y que de no cumplirse la medida el partido se aplaza por no existir garantías necesarias para llevarse a cabo, porque cuando se trata de estas situaciones se requieren medidas inmediatas y no políticas públicas de largo plazo, de modo que lo correcto era anteponerse a estos hechos y no buscar soluciones a unos días de jugarse el partido (y cuando las entradas ya estaban a la venta, sin siquiera saberse la fecha en que se jugaría); por eso –como siempre– primó la improvisación y la desprolijidad por sobre la organización. Y si de culpables se trata, ¿el Gobierno Regional de Valparaíso se atreverá a querellarse también contra una concesionaria deportiva?
Las instituciones encargadas de la seguridad pública deben hacerse cargo y responder por qué han actuado con tal grado de condescendencia cuando se trata de regular las iniciativas de las empresas que dominan el balompié criollo (así como en todos los sectores de la economía, como si no supiéramos que actúan en concomitancia y tras los mismos intereses).
De esta manera, los grandes responsables no solo son los hinchas violentos sino que también los que pudieron hacer algo más para evitar aquello, aunque hoy son los que aparecen como los referentes mediáticos a la hora de buscar soluciones, algunos ofreciendo tibias disculpas y otros justificando su accionar, llamando a la rigurosidad al momento de aplicar la ley y hasta criticando la demora en el ingreso de Carabineros o la ausencia de estos en las tribunas, como si ese fuera el meollo del asunto y en lo que debemos centrar el análisis.
Lo “correcto” y de “sentido común” en estos momentos, sería coincidir con que la solución pasa por endurecer las penas de cárcel y apalear más delincuentes, o vaciar los estadios, invertir en tecnología de vigilancia (a cargo de empresas que se suman al negocio del fútbol) y tantas otras medidas parche que resuelven los problemas transitoriamente, pero a contrapelo de esas sentencias hay que atreverse a afirmar que las sociedades humanas no se domestican a palos sino que se desarrollan y educan cuando los principios que las orientan se basan en ideas justas, algo que en Chile no ocurre, y si de medidas inmediatas se trataba, era tan fácil como ser inflexible en la prevención, pero todo indica que el escándalo resultaba conveniente.
Por eso es importante comprender el estado de descomposición de la sociedad chilena para ubicar estratégicamente los factores que condicionan la violencia, la desigualdad, la injusticia, y a partir de esto pensar en soluciones honestamente transformadoras (ciertamente de largo aliento), sobre la base del principio de la justicia social. Claro que la delincuencia es un tema que corresponde enfrentar ahora, pero resulta curiosa la santificación que se ha hecho de los estadios por parte de algunos periodistas deportivos, como si al interior de estos no se fuera a reproducir lo que ocurre en todo Chile (poblaciones, liceos, cárceles), más aún en ese “otro Chile” que muchos de ellos no conocen.
*Publicado en El Mostrador
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Addendo
En todo proceso de formación y fortalecimiento de la identidad, la presencia del ‘otro’ es un requisito ineludible. El reconocimiento de la identidad se consigue en la comparación con el ‘otro’, en la constatación de que el ‘otro’ existe. En consecuencia, la fortaleza de la identificación no depende de los éxitos o fracasos deportivos. Cabe recordar que la historia de la humanidad provee numerosos ejemplos de pueblos enteros que fueron arrasados por el enemigo, pero sus señas de identidad permanecen intactas durante siglos.
Pertenecer a un grupo rompe la orfandad del individuo y asegura su inserción social. Pero ¿cómo se pasa de la simple inserción social a la identificación casi total con los símbolos de un club deportivo, un ente que no es el grupo mismo? ¿Cómo ha llegado a ocurrir en Chile la transformación del hincha en una persona capaz de arriesgar su vida y/o llegar al crimen en virtud de la lealtad a su club? Los seguidores de cualquier club de fútbol que cuenten su edad por más de 4 décadas, recordarán que siempre hubo rivalidad, pero les costará encontrar ejemplos de casos en los que la violencia de los hinchas desbordara los marcos de la competencia deportiva.
En Chile, las llamadas barras bravas, tienen su origen en los primeros años del periodo que conocemos como “transición a la democracia”. Durante la dictadura que encabezó Pinochet, la violencia ocupó prácticamente todos los escenarios públicos. Sin embargo, no fue protagonista de las actividades deportivas en los estadios. La violencia la ejercían los aparatos represivos del Estado, y era contestada en las calles por opositores al régimen, portadores de una opción política que buscaba poner fin al régimen dictatorial. Amplias masas de jóvenes de distintos estratos sociales se identificaron con la lucha antidictatorial.
Pero este fenómeno de identificación política se debilitó fuertemente en los primeros años de la transición. En ese debilitamiento pesaron diversos factores, como el fraccionamiento de algunas organizaciones políticas de izquierda, el colapso de la URSS y la fuerte autocrítica de influyentes militantes de los partidos y organizaciones que formaron parte del proceso político que desembocó en el golpe de septiembre de 1973. Los años 90 se iniciaron en un contexto que ponía en duda todas las certezas que habían permitido labrar esas identidades que dieron vida a miles de jóvenes en todo Chile. Llegó a tal punto la falta de certezas y se generó tal variedad de interpretaciones acerca del nuevo escenario, que llegó a decirse en privado que “estábamos mejor con Pinochet”.
Pero fue la proclamación de la doctrina de “en la medida de lo posible”, lo que golpeó más duramente la fortaleza de las identidades políticas y culturales que se habían construido en la década anterior. La dureza del golpe se explica por el doble impacto que tiene en la práctica política que se desarrolla en Chile a partir de ese momento.
En primer lugar, la justicia en la medida de lo posible abrió de par en par la continuidad de la impunidad de la que gozaron durante años los violadores de los derechos humanos. Esa impunidad estaba reconocida de manera oficial por el Gobierno que prometió la llegada de la alegría. El referente que movilizó políticamente a una gran mayoría de ciudadanos con la esperanza de construir entre todos una patria justa y buena, se transformaba en un sujeto ajeno, con el que no cabía seguir identificándose. Para colmo, no había alternativa: o se apoyaba a este referente vacío de su significado original, o se caía en manos de los herederos del dictador.
La decepción fue general. Muchos de los crímenes más deleznables de la dictadura permanecieron años sin castigo. El saqueo de las empresas del Estado quedó impune. La eventual condena del hijo del dictador dio origen a amenazantes ejercicios de enlace y a rocambolescas explicaciones por parte del gobierno. El propio dictador fue rescatado por sus antiguos enemigos, con el insólito pretexto de que debía ser juzgado aquí.
No sólo eso. Pronto se empezó a conocer que el saqueo de los recursos públicos continuaba. Pero ahora, eran personas ligadas al Gobierno de la Concertación. La democracia no terminaba de llegar y la política de los acuerdos entre los que hasta hacía poco eran enemigos, dejó a miles de ciudadanos huérfanos de expectativas políticas, huérfanos de ilusiones, huérfanos de referentes con los que identificarse. Los más jóvenes se quedaron sin ejemplos de compromiso colectivo en los que creer.
En segundo lugar, la política de “en la medida de lo posible”, fortaleció el modelo económico heredado de la dictadura y agudizó la dinámica de exclusión social. Así, amplios sectores socioeconómicos fueron golpeados por las dos caras de la injusticia. Una, que negaba la aspiración de ver castigados a los culpables de las miserias y desgracias de 17 años de dictadura, y aquella que negaba el acceso a un nivel de vida digno. Otra, la insultante impunidad de los poderosos que, vestida de lujo, invitó a la transgresión como forma de hacerse justicia “en la medida de lo posible”.
De esta manera, los beneficios que se pueden obtener con la actividad delictiva son puestos en un extremo de la balanza, y en el otro extremo se ponen los riesgos. Si se llega a pertenecer a una banda exitosa, los beneficios serán mucho más atractivos que los riesgos. Si se cae en desgracia, la banda protege a la familia, a cambio del silencio. La lealtad es el precio de la pertenencia y la principal seña de identidad. En la situación de orfandad existencial, afectiva y económica que viven miles de jóvenes, pertenecer a un grupo que brinda protección, que puede garantizar la impunidad de los delitos que se cometan en su nombre, es, sin duda alguna, un fuerte incentivo para actuar con total lealtad.
La impunidad brindada a los poderosos actúa como provocación. Curiosamente, las barras bravas no suelen contar a sus miembros entre los que cumplen condena. Los ciudadanos observan con rabia y decepción las noticias que dan cuenta de algunos detenidos que en poco tiempo recuperan su libertad. Así, la impunidad es sinónimo de poder: para nadie es un misterio que las “barras bravas” son financiadas y amparadas por los mismos poderosos que lucran con la actividad deportiva.
Las “barras bravas” son el producto de nuestra historia reciente. Una historia en la que unos cuantos han mercantilizado la actividad deportiva, han privatizado la seguridad en los estadios, y, lo más importante, han lucrado con la privatización de las transmisiones de televisión. La lógica mercantilista del modelo de explotación de los negocios deportivos se resume en lo siguiente: mientras menos gente vaya a los estadios, más abonados en las cadenas privadas que tienen la exclusividad de las transmisiones.
Este es el mar de fondo en el que se mueve la historia de las barras bravas. Una historia que sigue marcada por la carencia de horizontes de mayor riqueza de la identidad personal: no puede ser que la única seña de identidad de una persona sea ser hincha de un club deportivo. Hay muchas señas de identidad posibles. Se puede ser hincha, sin duda, pero al mismo tiempo se es miembro de una familia, de un grupo cultural, de una organización política, de un barrio o de una ciudad.
Esta historia ha sido, en gran parte, el producto del crimen más ominoso que haya podido cometer esa generación de dirigentes políticos que ha preferido el acuerdo vergonzoso al desacuerdo digno, la negociación fraudulenta a la participación de los ciudadanos. Esa generación ha condenado a miles de compatriotas a llevar unas vidas sin ilusión ni trascendencia. Todo ello en la más absoluta impunidad, porque el delito que han cometido no tiene por ahora otra pena que el juicio de la historia.
*Publicado originalmente en El Epicentro, diario de distribución gratuita, Edición 200, 11 de diciembre de 2015, pág. 2.