Gobierno de Chile: sistemática violación de DDHH en Cuba
«No hay inviolabilidad territorial para alguien que esté acusado ante tribunales internacionales de justicia por delitos contra los derechos humanos» habría señalado a la prensa -poco después del mediodía del miércoles 16 de febrero- el ministro Secretario General del gobierno chileno Francisco Vidal.
La declaración de Vidal fue comentando la hipotética asistencia del presidente del Consejo de ministros de Cuba a los funerales de la dirigenta comunista chilena Gladys Marin, afectada por un tumor canceroso en el cerebro en fase terminal.
La hipótesis planteada por Vidal -que por su investidura puede considerarse es la que se maneja en La Moneda- fue deslizada como un comentario ante declaraciones del director ejecutivo de la organización Human Rights Watch -reproducidas por un diario de Santiago- en el sentido de que Fidel Castro siente «temor» por un eventual arresto si viaja a Chile.
Vidal, empero, fue más allá: dio, primero, como realidad el supuesto temor del comandante Castro, y, en segundo término, en su comentario puede leerse entre líneas una comparación entre el jefe del gobierno cubano y quien enfrenta serios cargos por haberse enriquecido sin poder probar la fuente de sus ingresos y, además, está procesado por su participación en asesinatos y desaparición de personas: el ex dictador Augusto Pinochet.
Dijo Vidal, según publicó el diario estadounidense Nuevo Herald:»Eso (la detención) es un proceso nuevo en la historia contemporánea, ya lo vimos con Pinochet, de tal manera que queda a la decisión de la persona que decide salir fuera del país, no tiene que ver con algo que tiene que hacer el país receptor».
Para señalar a continuación: «La posibilidad (de Castro) de ser objeto de una orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad es concreta», aunque para ello se requeriría -puntualizó el vocero gubernamental del gobierno chileno- que, por ejemplo, «un grupo de familiares de víctimas cubanas recurra a un juez y este emita una orden similar a la que se dictó en el caso Pinochet. En esa circunstancia, Fidel Castro arriesga ser detenido en Chile».
Las palabras de Vidal son por lo menos infortunadas -quizá expresión de deseos-, pero el vocero con rango ministerial fue más lejos aún al justificar una acción semejante contra Castro, habida consideración a que en Cuba, dijo, «se siguen violando los derechos humanos en términos flagrantes, masivos y de un modo sistemático».
La «gaffe» del chileno, que sin duda será respondida de algún modo por el gobierno cubano, linda con lo risible si se considera que Gladys Marín no había muerto cuando lo dijo y que si bien su deceso será inevitable -y probablemente a corto plazo- un mínimo respeto por su situación y la de sus familiares exigía cuando menos discreción. Fidel Castro ni siquiera ha insinuado venir a Chile una vez que la dirigenta fallezca para estar presente en sus funerales.
En política -y en especial cuando median relaciones normales entre los países- las palabras de un vocero oficial siempre consituyen un mensaje, o una advertencia, al gobierno del otro Estado cuando éstas son dichas para consumo público fuera de los canales diplomáticos regulares.