Guatemala: A las montañas, hoy como ayer
Treinta años atrás miles de integrantes de la mayoritaria comunidad maya de Guatemala debieron refugiarse en las montañas para escapar de las masacres de los militares de la dictadura. El mismo reflejo tuvieron ahora, cuando el ejército desembarcó para reprimirlos por oponerse al proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica por una multinacional española respaldada por el gobierno del general Otto Pérez Molina.
Este es uno más de los conflictos desatados en Guatemala por pugnas por el territorio entre pobladores y compañías trasnacionales, por lo general mineras o del agronegocio.
Tres años después del golpe de estado y el posterior rebrote represivo en Honduras, en este caso Guatemala vive una historia con muchos puntos en común y cuyo eje son los recursos naturales y su potencial de lucro, aunque bajo la aparente “normalidad” de un recambio de gobierno.
La gestión del general de ejército retirado Otto Pérez Molina, actual presidente guatemalteco al frente de su Partido Patriota (PP), por otra parte abierto partidario de la inversión extranjera en el sector primario, ha incrementado las tensiones sociales a nivel territorial, en especial de comunidades rurales que se ven amenazadas por proyectos extractivos de distinta laya: desde minería hasta represas hidroeléctricas, sin excluir los monocultivos de gran escala para agrocombustibles.
Precisamente en el municipio de Santa Cruz Barillas, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital, al noreste del departamento de Huehuetenango y limítrofe con el estado mexicano de Chiapas, la imposición del proyecto Hidro Santa Cruz de la española Ecoener-Hidralia Energía SA contra la voluntad de las comunidades involucradas –que se expresara en una consulta pública de acuerdo a los lineamientos del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con un contundente rechazo superior al 70 por ciento- representa el más reciente y grave ejemplo.
El detonante lo constituyó el pasado 1º de mayo el ataque a tres de los referentes del movimiento de resistencia por parte de “desconocidos” –que no obstante viajaban en vehículos de la misma marca y modelo de los que emplea la empresa- mientras se dirigían a su comunidad cercana a Posa Verde y que culminara con la muerte de uno de ellos, Andrés Francisco Miguel (ver Brecha, edición 1381).
Sin embargo, con el posterior decreto de estado de excepción y la emisión de un centenar de órdenes de captura especialmente de hombres comprometidos con la organización de resistencia, en Guatemala se cree que en definitiva se encuentran ante una prueba de fuerza de Pérez Molina y su régimen que, en su desenlace, condicionará fuertemente el futuro de las libertades y en especial del derecho territorial en el país con mayor población indígena –maya- de todo Mesoamérica. Y en esta pulseada está claro que el “afuera” también juega. Los capitales españoles de la empresa responsable del proyecto, que en sus galaicas e indignadas tierras tienen su propio prontuario al haberse hecho con jugosos contratos en épocas del finado Manuel Fraga y casualmente contando con familiares directos de los accionistas en lugares de decisión, parecen decididos a plantar bandera en Guatemala y el muy cercano sur de México. Pero como en otros casos, no se trata de producir electricidad para comunidades que difícilmente podrían pagarla, sino para la ingente extracción minera y la exportación al norte a través del trato preferencial que significa para la región el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, según sus siglas en inglés).
Campanadas
A juzgar por los testimonios que surgen desde el país centroamericano, pero también por las acciones gubernamentales de Pérez Molina, la convulsión social en los territorios tiende a profundizarse en forma irreversible, cuando se cuenta hoy una semana desde que, presionado interna e internacionalmente, el gobierno dejó sin efecto la declaratoria de estado de excepción, inicialmente decretado por un mes pero que terminó durando 18 días.
La reacción inicial del Ejecutivo consistió en militarizar la región y librar maquinalmente órdenes de captura, al tiempo que Pérez Molina defendía públicamente que no había en ello conculcación de derechos ya que los mismos fueron, precisamente, diluidos: «el estado de sitio no viola los derechos porque los derechos quedan suprimidos durante su vigencia” (sic), declaró al cumplirse el quinto día de intervención, según recogió la AP.
Pérez Molina, que sumió el poder el pasado mes de noviembre y que tuviera una participación directa como oficial del ejército en la guerra sucia anti insurgente que se ensañó con las comunidades en Guatemala, dejó claro que debajo de la banda presidencial sigue latente el uniforme castrense: «los derechos que habían sido violados eran aquellos de los soldados que fueron golpeados» por pobladores que reaccionaron al conocerse el asesinato de Miguel, defendió en la misma declaración Pérez Molina.
Desde la dilución de las garantías constitucionales –y aún después- en el municipio epicentro de la represión las voces condenatorias no han cesado. Según publicó El Periódico de Guatemala el miércoles 16, la propia Diócesis católica del departamento de Huehuetenango analizó el conflicto como una puja entre los intereses comunitarios y los de una empresa privada trasnacional.
El obispo local Rodolfo Francisco Bobadilla Mata, dijo que con la declaratoria de estado de excepción “lejos de garantizar los derechos de las comunidades, las intimida cuando se manifiestan en la defensa de sus derechos”. “Vemos con suma tristeza y preocupación que en este caso el Gobierno ha actuado más a favor de la seguridad de una empresa privada extranjera y a favor de unos pocos habitantes de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas. Por acciones como esta se tiende a pensar que las leyes están hechas no para el bien de los guatemaltecos, sino del que pueda manipularlas a su conveniencia”, añade una comunicación de la institución eclesiástica.
En tanto, el pasado jueves 10 de mayo, en conferencia de prensa convocada por el Comité de Unidad Campesina, la coordinadora maya Waqib 
Kej y la organización Ceiba – Amigos de la Tierra Guatemala se brindaron testimonios de las violaciones a los derechos humanos y se reclamó la presencia de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la zona militarizada, recogió el portal www.radiomundoreal.fm. Uno de los testimonios fue el de Francisca Hernández, campesina del área de El Recreo y cuyo esposo el maestro primario Esteban Bernabé acompañaba a Andrés Francisco Miguel en momentos en que fue ultimado. Bernabé es uno de la veintena de detenidos que aún se encuentran en dependencias militares pese a no contar con orden judicial que lo inculpe de delito alguno.
Francisca relató que su comunidad ha quedado sin hombres: la mitad cruzó la frontera hacia México para evitar ser capturados en tanto el resto “no se sabe dónde está”. De concretarse la construcción de la hidroeléctrica, Francisca y miles de campesinos como ella, ya no tendrán tierras que cultivar ni tortillas que cocinar. Su memoria tiene vívidos aún los recuerdos de la política de “tierra arrasada” practicada en los híncales años 80’ por el dictador Efraín Ríos Montt que consistió en masacrar a comunidades enteras sospechadas de apoyo a la insurgencia y por uno de cuyos episodios el octogenario militar retirado enfrenta una causa judicial que involucra la friolera de 201 homicidios en la región conocida como Las Dos Erres. Entonces, los padres de Francisca, siendo ella aún niña, lograron escapar de una muerte anunciada resguardándose en las montañas. Durante las dos primeras semanas de mayo de este 2012 sus vecinos hacen lo propio para salvar el pellejo y aún permanecen allí, sostuvo desde ciudad de Guatemala Daniel Pascual, referente del movimiento campesino.
Memoria viva
Es que en este país centroamericano, donde prácticamente la impunidad de la dictadura ha tenido total continuidad, cuando suenan botas militares en las comunidades la memoria se dispara hacia los peores recuerdos. Y el botín es, una vez más, el territorio.
sí cuantifica esa memoria cruenta el “Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)” de 1999: “En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la CEH registró un total de 42.275 víctimas. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos (…) llegó a más de doscientas mil personas”.
“El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde quinientos mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido (1981-1983), incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país”.
Por su parte la integrante de la organización CEIBA Claudia Gerónimo dijo a Brecha que “aún siguen encontrando fosas comunes y cementerios clandestinos… Este último mes hay un alto número de personas que están siendo exhumadas en cementerios de la capital y la población urbana se resiste a tener memoria histórica (mientras) la población rural calla por miedo”. El porqué de ese miedo se refleja en la crónica publicada por el periodista local Oswaldo J. Hernández en plazapublica.com.gt tras recorrer la zona: “Los niños quedaron afectados. Unos recogen sus juguetes también dispersos entre la tierra. Hay los que lloran junto a sus mamás. Otros, con la mirada vidriosa, observan desde la cima de una roca, el curso del río CamBalam (que sería represado de concretarse Hidro Santa Cruz) que corre metros más abajo, en las faldas de la montaña. Las armas, los gritos, las patadas, la comida en el suelo… cosas que no se irán fácilmente. El pasado, el presente. Los ancianos, de pie, inexpresivos, frente a sus casas allanadas, parecen pequeños niños perdidos. Recuerdan”.
“Media hora después del allanamiento, Rosa Juana Lorenzo, de 30 años, con nueve meses de embarazo, no quiere quedarse a esperar una nueva visita de la policía y el ejército. Está decidida a marcharse. No importa a dónde, quizás a la montaña. Se llevaría a sus cuatro hijos. Tendría a su bebé en cualquier lugar menos aquí”, remata Hernández. Y así lo hizo.
Dialéctica de fuerzas
Esta semana Pascual señaló a Brecha desde Guatemala que pese al restablecimiento de las “garantías” constitucionales, aún la zona permanece militarizada y no han existido acciones desde el Estado que encaucen el juzgamiento de los crímenes desatados durante la primera, inolvidable, quincena de mayo. Ni el inicial de Miguel, ni los delitos que le siguieron.
“El levantamiento del estado de sitio se da cuando aún permanecen veinte personas detenidas, además de otras secuelas como la crisis alimentaria dado que por dos semanas se detuvo toda actividad económica en el municipio” y la permanente presencia militar en especial en las noches, indicó. Ahora bien, ¿qué pasa con el problema de fondo, es decir con la concreción de Hidro Santa Cruz? Al respecto Daniel Pascual –quien junto a otros referentes tuvo esta semana un cara a cara con el propio mandatario en el marco de las negociaciones de “normalización”-, indica que la estrategia de Pérez Molina puede tener un revés inesperado, un “punto de quiebre” en el cual las fuerzas que desató con la medida se tornen en su contra: “el descontento de la población ha crecido, las mujeres con sus hijos permanecen en resistencia –sus compañeros están en la montaña, sabemos que están bien físicamente pero siguen resguardándose-. Además, el caso tomó significado internacional e incluso muchas ONGs han hecho un trabajo de denuncia en el terreno de la propia empresa, en España. Y si como todo parece indicar la investigación logra probar la participación de la empresa en el asesinato, nada tiene que hacer ya la Hidro Santa Cruz en esta región”. Quedará, finalmente, claro para todos.
*Periodista urguayo. Publicada en Brecha, Montevideo