Haití. – PAÍS TOMADO, NIÑOS ABUSADOS, MUJERES VIOLADAS

Las organizaciones que firmaron la carta –Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif, Plate-forme Interaméricaine des Droits humains, Démocratie et Développement, Solidarité des Femmes Haïtiennes y Tét Kole Ti Peyizan Ayisyen, expresan su “indignación frente al silencio del Gobierno haitiano sobre los casos de abusos sexuales perpetrados en contra de mujeres y menores de nuestro país” por ciento ocho soldados y tres oficiales de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), todos originarios de Sri Lanka.

Al tiempo que piden la salida inmediata de las tropas extranjeras de Haití, deploran la actitud de indiferencia de las autoridades gubernamentales haitianas que “no protestan contra tales acciones”, ni “abren una investigación para esclarecer esas informaciones”, mucho menos “establecen una célula de acompañamiento a las víctimas”.

Abogan porque se forme una comisión mixta para investigar dichos abusos sexuales y para que “se intente una acción jurídica a nivel internacional para castigar a los culpables y hacer justicia y reparación a favor de las víctimas”.

Para dichos organismos de defensa de derechos humanos, la aplicación de la política denominada ‘‘tolerancia cero’’ contra los soldados y oficiales culpables de abusos sexuales sobre las mujeres y las menores haitianas puede contribuir a “prevenir la repetición de esos actos”.

Varios ciudadanos y ciudadanas haitianas así como un gran número de organizaciones de la sociedad civil del país vienen exigiendo que se juzgue y castigue a los soldados agresores cuya implicación en casos de abusos sexuales sobre menores haitianas fue comprobada en un primer informe de los servicios de control internos de la ONU.

En una carta publicada el pasado 21 de noviembre, la organización feminista Coordination Nationale de Plaidoyer pour les Droits des Femmes pidió al presidente haitiano René Préval “que se pronuncie sobre este caso que no se puede tipificar como delito menor sino como crimen” y que, “más allá de las protestas y declaraciones, los ocupantes sean severamente condenados por las instancias nacionales competentes”.

Los 108 militares de Sri Lanka fueron repatriados por las Naciones Unidas, el pasado tres de noviembre. Posteriormente, las autoridades de dicho país abrieron una investigación sobre el caso antes de “someter a la justicia a los soldados cuya culpabilidad haya sido establecida”, según informó el jefe civil de la MINUSTAH, Hédi Annabi, quien añadió que “es absolutamente inaceptable que los actos de algunos puedan manchar la reputación de la misión”.

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* Despacho de ARGENPRESS, agencia de noticias independiente de la Argentina.

Addenda

Bajo el título Cascos azules en Haití: Violaciones, pedofilia y tráfico humano, en enero de 2007 la periodista Isabel Soto Mayedo, de Prensa Latina, escribió:

Violaciones, pedofilia y tráfico humano con destino al comercio sexual parecen formar parte del programa a cumplir por las tropas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desplegadas hoy en Haití. Las denuncias acerca de actos de esta naturaleza comenzaron casi al unísono del despliegue de los cascos azules en el territorio, tras la revuelta armada que redundó en la derrota del expresidente constitucional Jean Bertrand Aristide, en febrero de 2004.

Aunque autoridades policiales de esa nación caribeña aseguraron que investigan una treintena de casos, medios de comunicación y analistas insisten en que deben ser mucho más si se consideran las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las posibles víctimas.

Estos argumentos parten de testimonios acopiados por funcionarios de la ONU, que en los últimos dos años aplicó sanciones por abuso y comercio sexual a 189 de sus soldados, policías y empleados civiles alistados en distintos países.

Sólo en los primeros 10 meses de 2006, el 63 por ciento de las acusaciones de conducta reprochable que involucraron a las fuerzas multinacionales adscriptas a ese foro se relacionaron con tal tipo de delitos y una tercera parte de estas, con la prostitución.

De manera particular, los 1.600 militares y 1.700 policías integrantes de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití fueron denunciados por aprovecharse de la población local en ese y otros sentidos.

Amparados en su inmunidad respeto a las leyes vigentes en la nación más depauperada del hemisferio, los cascos azules prostituyeron a niñas, niños y mujeres a cambio de alimentos o dinero, violaron a otros y cometieron todo tipo de atropellos.

Baste recordar el caso de una niña de 11 años abusada por integrantes de esa tropa frente al capitalino Palacio Presidencial, o el del varón menor de 14 años, violado en una base naval establecida por la ONU en ese país.

A pesar del detallado examen médico presentado por defensores de los derechos humanos, la denuncia sobre ambos sucesos fue desestimada por el ente internacional ante «la falta de evidencias».

Estos y otros crímenes son semejantes a los registrados en Liberia, donde los integrantes de la misión de paz de la ONU se aprovecharon de su posición para ofrecer beneficios a cambio de sexo a los más pobres, sobre todo a infantes de ambos géneros.

Los escándalos afrontados por la ONU en los últimos años, por efecto de la actuación de sus soldados, abarcan además el vinculado a una red de pederastia en la República Democrática del Congo y la trata de blancas para la prostitución en Kosovo.

En esa larga data de irregularidades cometidas por las tropas de la organización fundada en 1948 se incluyen a su vez reiteradas violaciones, pedofilia y comercio sexual, cometidos en Paquistán, Uruguay, Marruecos, Túnez, Sudáfrica y Nepal.

Las investigaciones al respecto, que involucraron a más de 68 cascos azules, chocaron en más de una ocasión con los intentos de soborno de efectivos apostados en territorio congolés.

Funcionarios de la ONU admitieron la poca efectividad de las tardías acciones realizadas por ese organismo con el objetivo de detener tal cadena de arbitrariedades.

Algunos de estos aseguraron con quienes comenten esos actos violan el artículo 13 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, que establece la protección general para los civiles no involucrado directamente en los conflictos armados.

La normativa en cuestión prohíbe además los actos o amenazas de violencia destinados a aterrorizar a los pobladores de los territorios en guerra.

A pesar de estas regulaciones y de los pronunciamientos de los directivos de la ONU, lo más cuestionable en estos casos es que los victimarios detectados sólo fueron repatriados a sus naciones de origen, sin conocerse si fueron condenados o no.

En 2006, el despliegue de cascos azules en misiones de paz alcanzó el record de casi 81,000 militares y policías y alrededor de 15,000 civiles en 18 misiones por diversas partes del mundo.

Estas estadísticas superan los 78,000 efectivos registrados en 1993, en el ámbito de las intervenciones de Bosnia y Somalia, donde los cuestionamientos también estuvieron a la orden del día.