Mar 25 2014
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PolíticaSociedad

Historia secreta de la ley de autoinmunidad de la dictadura argentina

A mediados de 1983, los militares se preparaban para dejar el poder y buscaban garantizarse la impunidad. De esa preocupaci√≥n sali√≥ la ley de autoamnist√≠a (para ellos, de ‚ÄúPacificaci√≥n Nacional‚ÄĚ). En un informe secreto, se√Īalaban que esa norma era ‚Äúel √ļnico instrumento v√°lido que se opondr√≠a al cumplimiento del objetivo‚ÄĚ de los organismos de derechos humanos, a los que ellos llamaban ‚Äúorganizaciones subversivas‚ÄĚ.

Sacaban sus conclusiones del an√°lisis de la coyuntura pol√≠tica y social y de datos recolectados por los servicios de inteligencia. Un informante clave fue el entonces juez Jos√© Nicasio Dibur. Este magistrado ten√≠a a su cargo una causa vinculada con el testimonio del polic√≠a Rodolfo Peregrino Fern√°ndez, quien hab√≠a roto el pacto de silencio a principios de 1983. Dibur informaba en detalle a los represores del ‚Äúavance‚ÄĚ de la investigaci√≥n y advert√≠a a los mensajeros que deb√≠an frenar el proceso o se ver√≠a ‚Äúobligado‚ÄĚ a citar a los acusados. En este contexto, los militares trataban de blindar a la tropa para que no hubiera nuevas ‚Äúfiltraciones‚ÄĚ. La posibilidad era real: el polic√≠a Luis Patti, que estaba involucrado en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, amenazaba con hacer p√ļblicas las matr√≠culas de los aviones que hab√≠an participado en los vuelos de la muerte si no recib√≠a ayuda.

Esta informaci√≥n surge de los documentos hallados en el edificio C√≥ndor, sede de la Fuerza A√©rea, a fines del a√Īo pasado y dados a conocer por el ministro de Defensa, Agust√≠n Rossi. En el material que analiz√≥ un equipo encabezado por la directora de Derechos Humanos del ministerio, Stella Segado, est√°n las actas de las juntas militares y el seguimiento de algunas leyes promovidas por la dictadura, entre ellas la de autoamnist√≠a. Patti y Dibur est√°n mencionados en una carpeta caratulada como secreta y elaborada por la Fuerza A√©rea para el asesoramiento sobre la ‚Äúley de Pacificaci√≥n‚ÄĚ. ‚ÄúEn los contactos extraoficiales establecidos por la secretar√≠a general con el juez mencionado, √©ste manifest√≥ su preocupaci√≥n por el caso ante la posibilidad de verse obligado, por razones procesales, a iniciar las citaciones indicadas, por lo cual sugiri√≥ la necesidad de la urgente sanci√≥n de la ley, √ļnico medio de cerrar ese proceso que se tramita ante su juzgado‚ÄĚ, dice el informe.

El ‚Äújuez mencionado‚ÄĚ era Dibur, quien ten√≠a en su juzgado la causa sobre la Triple A, a la que se hab√≠a agregado el testimonio de Rodolfo Peregrino Fern√°ndez, un polic√≠a que hab√≠a trabajado en el Ministerio de Interior con Albano Harguindeguy y que en marzo de 1983 hab√≠a aportado informaci√≥n sobre el terrorismo de Estado y la Triple A, ante la Ca-dhu (Comisi√≥n Argentina de Derechos Humanos), que integraban argentinos exiliados en Europa.

‚ÄúLa Doctrina comprend√≠a la eliminaci√≥n f√≠sica de la llamada ‚Äėsubversi√≥n ap√°trida‚Äô y una orientaci√≥n ideol√≥gica dentro de los principios de ‚Äėla defensa de la Tradici√≥n, la Familia y la Propiedad‚Äô. La Doctrina, adem√°s, ten√≠a como prop√≥sito implantar el terror generalizado en la poblaci√≥n para evitar que la guerrilla ‚Äėse moviera como pez en el agua‚Äô. Son estos conceptos los que fundamentan la pol√≠tica de ‚Äėdesapariciones‚Äô que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistem√°tica‚ÄĚ, dice el testimonio de Fern√°ndez, que fue llevado ante la Comisi√≥n de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En su extensa declaraci√≥n, habl√≥ del funcionamiento de la Triple A, la divisi√≥n de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Grupos de Tareas, la existencia de centros clandestinos de detenci√≥n, el asesinato de Rodolfo Ortega Pe√Īa y el secuestro y desaparici√≥n de Luc√≠a Cullen, entre muchas otras cosas. Fern√°ndez revel√≥ ya en ese momento que escuch√≥ ‚Äúal teniente de nav√≠o Norberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Naval Nacional para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros pol√≠ticos secuestrados‚ÄĚ y que supo que ‚Äúalgunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicaci√≥n de una inyecci√≥n, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se les arrojaba‚ÄĚ.

Luis Patti

Luis Patti

En su informe secreto, los militares contaban en 108 los involucrados por Fern√°ndez en la declaraci√≥n: 35 miembros del Ej√©rcito, 6 marinos, 3 integrantes de la Fuerza A√©rea, 45 polic√≠as, 4 jueces, 2 capellanes y 11 personas que figuran en el rubro ‚Äúotros‚ÄĚ. No s√≥lo ten√≠an en su poder todos los nombres, sino tambi√©n un punteo de qui√©nes podr√≠an ser imputados o procesados, datos que parecen provenir directamente del magistrado, que como queda claro manifestaba estar tan compungido como los involucrados por tener que avanzar con la causa y ped√≠a a gritos que se impulsara la norma que podr√≠a acabar con ese penoso trabajo.

Los v√≠nculos de Dibur con los militares ya estaban claros en esa √©poca. Se sab√≠a que junto con su colega Mart√≠n Anzoategui se hab√≠a reunido con las ‚Äúautoridades militares‚ÄĚ interesado en que se impulsara una ley especial de jubilaci√≥n para los jueces que cesaran en sus cargos cuando llegara el gobierno constitucional. A mediados de 1983, adem√°s, orden√≥ allanar las oficinas del diario La Voz, de Vicente Saadi, por una denuncia de la Junta sobre un ‚Äúrebrote subversivo‚ÄĚ. Con la llegada de la democracia, Dibur no resisti√≥ en el Poder Judicial. El gobierno de Alfons√≠n quiso ascenderlo a camarista pero, por sus v√≠nculos con la dictadura, no pas√≥ el filtro de la Comisi√≥n de Asuntos Constitucionales del Senado, a la saz√≥n controlada por Saadi.

Dibur dej√≥ de ser juez y en ejercicio privado de la abogac√≠a tuvo, entre otros clientes, a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Durante el menemismo, en 1992, entr√≥ en el Ministerio de Justicia como asesor y all√≠ se qued√≥ hasta que en 2008 An√≠bal Fern√°ndez lo expuls√≥. Pero Dibur no era la √ļnica fuente jur√≠dica de consulta y preocupaci√≥n para los militares. Seg√ļn se desprende del informe secreto y de las actas, para asegurarse la aplicaci√≥n de la ley, la √ļltima Junta Militar lleg√≥ hasta la Corte Suprema. Su presidente, Adolfo Gabrielli, los dej√≥ tranquilos. Les inform√≥ que la norma era aplicable y que no parec√≠a tener ‚Äúvicios de inconstitucionalidad‚ÄĚ.

La amenaza

En el mismo momento en que se discut√≠a la posibilidad de promulgar la ‚Äúley de Pacificaci√≥n‚ÄĚ, Emilio Eduardo Massera estaba preso por el asesinato del empresario Fernando Branca. Y un caso acaparaba la atenci√≥n de los medios: el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi.

Los dos militantes peronistas conversaban en el bar Magnum, de Rosario, cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial. Tres d√≠as despu√©s sus cuerpos aparecieron baleados en Z√°rate. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior y la Polic√≠a de la Provincia de Buenos Aires informaron que hab√≠an sido ‚Äúabatidos en un enfrentamiento‚ÄĚ con efectivos del Comando Radioel√©ctrico de la Unidad Regional de Tigre. Los polic√≠as involucrados eran los suboficiales Rodolfo Di√©guez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.

Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir. Hab√≠a hematomas, rastros del empleo de picana el√©ctrica y muestras de p√≥lvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. En junio, el juez penal de San Nicol√°s Juan Carlos Marchetti dispuso la prisi√≥n preventiva de los tres agentes de la Bonaerense por ‚Äúhomicidio calificado reiterado‚ÄĚ. Los polic√≠as estuvieron presos cinco meses, hasta noviembre de 1983, cuando se dict√≥ su sobreseimiento provisorio.

A mediados de 1983, cuando la Fuerza Aérea analizaba su posición respecto de la ley de autoamnistía, la situación judicial de Patti todavía era complicada. Por eso, el futuro intendente de Escobar se las arregló para enviar un mensaje.

Bajo una sello que se√Īala que el contenido es ‚Äúestrictamente secreto y confidencial‚ÄĚ, se informa que ‚Äúse tiene conocimiento que (el comisario Patty sic)‚ÄĚ hab√≠a expresado lo siguiente: considera que la Fuerza A√©rea argentina se est√° oponiendo sistem√°ticamente a la promulgaci√≥n de la ley de pacificaci√≥n. En caso de que su problema salga mal, o que no sea solucionado, ha conseguido y dar√° a conocer los aviones (matr√≠culas), aeropuertos, destino, fechas y personal que traslad√≥ delincuentes terroristas a disposici√≥n final‚ÄĚ.

arg ley pacificacion1De la lectura integral de la carpeta se desprende que tal vez m√°s que una escalada judicial, los militares tem√≠an que se rompiera el ‚Äúpacto de silencio‚ÄĚ entre sus subordinados. De all√≠ ‚Äďy luego de la experiencia de Rodolfo Peregrino Fern√°ndez‚Äď la particular atenci√≥n sobre Patti.

Pero hay m√°s. Motivados por esta inquietud, se orden√≥ un relevamiento y an√°lisis de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos en el penal de Magdalena y en Caseros, a quienes se describe como ‚Äúpotenciales difusores de denuncias‚ÄĚ. En la misma hoja que sirve de car√°tula a esta lista de militares arrestados, hay una inscripci√≥n a mano y en cursiva en donde est√°n los argumentos que deb√≠an repetir quienes hac√≠an las visitas para sondear su estado de √°nimo y su posible predisposici√≥n a abrir la boca: ‚ÄúTodo el que habla se autoincrimina. Endurecimiento por denuncia tard√≠a. Si los otros niegan, quedar√° solo como responsable. Pueden ser indultados o conmutados sin necesidad de incluirlos en la amnist√≠a‚ÄĚ.

arg ley pacificacion‚ÄúLos documentos muestran la doble cara de la Justicia. Si bien una parte de la Justicia fue c√≥mplice, la mayor√≠a se adapt√≥ a la dictadura. Ac√° se ve una Justicia que supuestamente empieza a movilizarse por las denuncias pero por otro lado pide la sanci√≥n de la ley para no avanzar a fondo‚ÄĚ, se√Īala la historiadora Marina Franco, que trabaja sobre los √ļltimos a√Īos de la dictadura y los primeros de la democracia.

La investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Unsam y del Conicet recuerda que el principal ‚Äúobst√°culo‚ÄĚ que ten√≠a la ley de autoamnist√≠a eran las propias Fuerzas Armadas, que estaban divididas respecto de ella. El Ej√©rcito era la fuerza que m√°s interesada estaba en que la norma saliera r√°pido y fuera todo lo abarcadora que fuese posible, sobre todo que dejara tranquilos a aquellos que, como Patti, estaban comprometidos por hechos que eran recientes. La Fuerza A√©rea, que era el sector que en general aparec√≠a como ‚Äúmenos comprometido‚ÄĚ, dec√≠a que no cre√≠a en la ‚Äúoportunidad‚ÄĚ de la ley, consideraba mejor esperar a que saliera luego de las elecciones de octubre o incluso que la propiciara el gobierno constitucional.

La Marina se opon√≠a a la ley. Junto con un sector del Ej√©rcito, consideraba que deb√≠an darles las gracias por los cr√≠menes cometidos y no aceptaban ser equiparados a ‚Äúla subversi√≥n‚ÄĚ, a la que tambi√©n alcanzaba la ley, a la que ning√ļn militar de ninguna fuerza dec√≠a de ‚Äúamnist√≠a‚ÄĚ porque cre√≠an que remit√≠a a la de H√©ctor C√°mpora. En la Armada avisaban, adem√°s, que no ten√≠an intenci√≥n de mover un pelo para salvar al ca√≠do en desgracia Massera.

‚ÄúLos militares quer√≠an cubrirse las espaldas y cre√≠an que la ley iba a ser respetada, ya que hist√≥ricamente las decisiones de las dictaduras no hab√≠an sido revisadas por los gobiernos constitucionales posteriores. Lo que pas√≥ despu√©s habla de la voluntad pol√≠tica de Alfons√≠n, pero tambi√©n de la debilidad misma de los militares, que ven√≠an de la guerra de Malvinas‚ÄĚ, asegura Franco.

Lo que nunca se imaginaron los militares era que lo primero que har√≠a el Congreso luego del regreso de la democracia ser√≠a anular esta ley, acci√≥n que fue el primer paso para poder llevar a cabo luego ‚Äďuna vez que los militares dejaron claro que la Justicia castrense no lo har√≠a‚Äď el Juicio a las Juntas.

La ley de ‚Äúpacificaci√≥n‚ÄĚ

La Ley 22.924, de ‚ÄúPacificaci√≥n Nacional‚ÄĚ, fue promulgada el 22 de septiembre de 1983 y se hizo conocida como ley de autoamnist√≠a.arg dictadura_militar

El art√≠culo 1 declaraba ‚Äúextinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivaci√≥n o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasi√≥n o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jur√≠dico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, part√≠cipes, instigadores, c√≥mplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos‚ÄĚ.

El art√≠culo 5 dec√≠a que ‚Äúnadie‚ÄĚ podr√≠a ‚Äúser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el art√≠culo 1¬ļ o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, part√≠cipes, instigadores, c√≥mplices o encubridores‚ÄĚ. El 12 ordenaba a los ‚ÄúJueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputaci√≥n de los delitos y hechos comprendidos en el art√≠culo 1¬ļ‚ÄĚ rechazarlas ‚Äúsin sustanciaci√≥n alguna‚ÄĚ. Luego de asumir, Ra√ļl Alfons√≠n envi√≥ al Congreso un proyecto de ley para derogar dicha ley. Dicha derogaci√≥n fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la restituci√≥n de la democracia.

*Publicado en P√°gina12

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