Histórico: Congreso chileno da luz verde al retiro del 10% de los fondos de pensiones
El derechista presidente chileno Sebastián Piñera anunció que promulgará la reforma constitucional que permite el retiro opcional del 10 por ciento de los fondos de pensiones, tras la abrumadora mayoría con la que fue aprobado en ambas cámaras parlamentarias.
Tras quince días de tramitaciones la Cámara de Diputados aprobó por 116 votos a favor (incluyendo 32 pertenecientes al oficialismo) 28 en contra y 11 abstenciones las indicaciones efectuadas anoche por el Senado luego de aprobarlo en lo general con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Esta fue la última etapa de un proyecto que sólo espera la promulgación presidencial en un lapso de 30 días.
De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, “la decisión del Presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad –dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas– de facilitar y agilizar el retiro de sus fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas”.
De este modo, el gobierno optó por dar vuelta la página y cerrar el capítulo, desechando las opciones que estuvieron en el tintero, de recurrir con un veto presidencial para intentar impugnar la norma o, bien, ir al Tribunal Constitucional, una alternativa que durante la tarde ya había sido desestimada por parte del senador ultraderechista Andrés Allamand.
En el mismo comunicado de la Presidencia se señala que el “Gobierno de Chile está firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema con el propósito de mejorar las pensiones de todos los ciudadanos”.
Los analistas coinciden que a la luz de los últimos acontecimientos no queda otro camino que el de emprender una reforma total al sistema de Sistema de Seguridad Social creando uno nuevo que supere tanto al antiguo de Reparto y de Cajas de Previsión, propias de la época republicana, como también el de ahorro forzoso, empleado en la actualidad. Nunca se había presentado una oportunidad tan importante para dar un giro copernicano a nuestro Sistema de Seguridad Social.
Este modelo económico, fue establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet y permite que entidades privadas puedan invertir los dineros depositados obligatoriamente por los trabajadores chilenos, sin acceso a las ganancias de estas inversiones, pero si asumiendo las pérdidas.
Estos últimos días del mes de julio y tal vez, principios de los de agosto, podría devenir en uno de esos momentos estelares, en que el pueblo, convertido en actor protagonista lograría, definitivamente, doblar la mano a los poderosos oligarcas, que se han creído los dueños de Chile, y por qué no, refundar la República sobre la base de un proceso constituyente que, por primera vez en nuestra historia permita a los ciudadanos redactar sus propias reglas de juego, señala Rafael Gumucio.
La decisión parlamentaria constituye un golpe de proporciones al gobierno de Piñera, acérrimo defensor de no tocar este sistema establecido en 1980 y conocido como AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). A pesar de la cesantía asociada a la pandemia y una cifra de fallecidos que se aproxima a los 12.500, las únicas medidas ofrecidas eran cajas con alimentos, préstamos y bonos equivalentes a unos 650 dólares.
Esto generó malestar en la población al punto de registrarse la semana pasada cacerolazos y manifestaciones que recordaron al estallido social de octubre del año pasado.
Duro golpe al modelo
Esto constituye una votación histórica y un golpe de proporciones al gobierno de Sebastián Piñera, acérrimo defensor de no tocar este sistema establecido en 1980 y conocido como AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
A pesar del alto desempleo asociado a la pandemia y una cifra de muertos que se alcanza los 12.500, las únicas medidas ofrecidas eran cajas con alimentos, préstamos y bonos equivalentes a unos 650 dólares, lo que generó malestar en la población al punto de registrarse la semana pasada cacerolazos y manifestaciones que recordaron al estallido social de octubre del año pasado.
Este modelo económico, fue establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet y permite que entidades privadas puedan invertir los dineros depositados obligatoriamente por los trabajadores chilenos, sin acceso a las ganancias de estas inversiones, pero si asumiendo las pérdidas. Sólo las Fuerzas Armadas y de Orden mantuvieron el antiguo sistema de pensiones.
Aún cuando la senadora y presidenta de la UDI (Unión Demócrata Independiente) Jacqueline van Rysselberghe señaló ayer la posibilidad de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, finalmente los 11 senadores del conglomerado oficialista Chile Vamos, que habían apoyado la idea inicialmente decidieron no hacerlo.
Distanciándose del “triunfalismo” de Piñera, el ministro de Hacienda, Hernán Briones, dijo que “es importante, luego de esta votación, de esta derrota política, levantar la mirada e ir hacia adelante. Hoy estamos lejos de haber agotado todos los problemas que esta pandemia ha significado (…) Cerca de dos millones de chilenos están sin trabajo y eso nos motiva a estar trabajando en un plan muy masivo de subsidios de empleos”.
El ministro del Interior Gonzalo Blumel, tras acusar al proyecto de servir a “una forzosa unidad en la oposición”, repitió el mantra de la derecha chilena: “los problemas de la clase media no los tiene que pagar la clase media con sus ahorros previsionales”.
Está pendiente de su discusión en el Congreso la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia y la necesidad de acelerar el proyecto de ley que otorga un bono de 500 mil pesos chilenos a la clase media (unos 650 dólares), proyectos ya anunciados por Piñera la semana pasada como forma de contrarrestar lo que finalmente triunfó.
Pero la aprobación del 10 por ciento no fue el único golpe recibido por el gobierno de Piñera. Inmediatamente después de aprobada esta ley, la Cámara de Diputados rechazó —por 109 votos en contra y 31 a favor—el veto del gobierno por el corte de suministros básicos.
Se trata de un proyecto que impide la suspensión de servicios de luz, agua y gas a clientes con boletas impagas por la pandemia por 30 días antes y 90 días luego de publicada la ley. También se incluía la duplicación de las velocidades del “plan solidario de conectividad” de telefonía móvil y fija, establecido entre el gobierno y privados que beneficiaría al 60 por ciento de hogares con menores ingresos. Este último, era uno a los que el gobierno se oponía. Todo esto deberá ser ratificado en el senado chileno, necesitando el 2/3 de los votos.
En medio de una derecha dividida —muchos diputados y senadores descolgándose de las decisiones de Piñera— y con rumores de un cambio de gabinete, comienzan a vislumbrarse importantes cambios en Chile en sintonía con las grandes protestas iniciadas en octubre de 2019. El próximo hito sería el Plebiscito para el Cambio de Constitución programado para el 25 de octubre.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)