Informe sobre torura: »El presidente defraudó»

Pasado el mediodía del domingo 28 de noviembre empezó a correr el rumor de que el presidente Lagos daría a conocer a la nación el informe sobre detención y tortura, elaborado por una comisión especial nombrada por el propio Presidente, la cual durante un año se dedicó a investigar sobre el tema. De las 300 mil personas detenidas, que pasaron por campos de detención, cárceles y cuarteles de las fuerzas armadas y de carabineros, que a la vez fuimos salvajemente torturados en los 17 años de dictadura militar, solamente 35 mil acudimos a presentar nuestro testimonio
ante dicha comisión.

En las últimas horas de la tarde de ese domingo, el teléfono de los hogares de quienes sobrevivimos al campo de exterminio llamado Villa Grimaldi, sonó incesantemente para convocarnos al actual Parque por la Paz de Villa Grimaldi y desde ahí ver, escuchar y analizar la intervención del presidente sobre el tan esperado informe.

A partir de las 20 horas, uno a uno fuimos llegando al lugar, hombres y mujeres, la mayoría con una edad superior a los 50 años, nos fuimos saludando con el clásico
abrazo y esa expresión de hacer sentir a los otros más entrados en edad que
uno. Recién a las 20 horas con 45 minutos, hora de mayor sintonía en la TV nacional, el presidente Lagos apareció en las pantallas, con su característica expresión de hacer sentir a los chilenos que él es «el buen jefe de la familia nacional», en la búsqueda constante de una reconciliación utópica.

Todo sigue igual

Las palabras del Presidente nos dejaron frustrados; debemos recocer que esperábamos mucho más. Para las 200 personas que nos juntamos en el Parque por la Paz, otro medio millar de ex detenidos que se concentraron al lado de afuera del palacio de gobierno y para los que estuvieron en uno u otro lado, la reacción fue parecida: nos quedamos mudos y sin ánimo de conversar, de comentar entre nosotros lo que nos pareció la intervención de Ricardo Lagos.

El presidente no se mencionó hacer justicia encarcelando a los torturadores y asesinos; no se censuró la acción de las fuerzas armadas y carabineros en la práctica
sistemática de violación a los derechos humanos; menos aún el rol de los civiles de la dictadura, muchos de los cuales siguen siendo connotados personeros de la vida política pública de la nación.

En términos de reparación, el anuncio fue indemnizar a las víctimas con una miserable pensión mensual, a la que, en la práctica, sólo la mitad de las personas que
prestaron declaración podrán tener acceso. porque la otra parte ya recibe de
alguna forma otra pensión, ya sea por exoneración o por tener un familiar
ejecutado o desaparecido.

Las fuerzas armadas chilenas, al igual que los empresarios, se encuentran disfrutando de los logros económicos obtenidos como resultado de la buena administración del modelo neoliberal por parte de los gobiernos de la Concertación. Esos logros económicos se deben a la permanente baja en los salarios de los trabajadores y al hambre que deben soportar las miles de familias que semanalmente son lanzadas al submundo de la cesantía.

El cobre que en épocas pasadas era el sueldo de los chilenos, con el alto precio que hoy tiene en los mercados internacionales, sirve para que los militares puedan sostener un alto estándar de vida, con sueldos elevados para sus oficiales, excelentes
hospitales donde la salud es tratada de mejor forma que en los centros
médicos privados. Los individuos pertenecientes a sus filas, que han sido
procesado por violación a los derechos humanos, son mantenidos en «cárceles»
administradas por ellos mismos, que más parecen centros vacacionales u
hoteles de cuatros estrellas.

Estos seudo-detenidos pueden salir de compras por el centro de la ciudad e incluso se dan el lujo de acudir a centros de recreación públicos, a vista y paciencia de las autoridades civiles. En cambio, un tercio de la población se mantiene en la marginalidad económica, cultural y política, a la espera de que en algún momento exista un chorreo de la abundancia en que viven estos sectores que gozan del
privilegio.

Los miles de ex detenidos políticos que durante estos 31 años hemos tenido que vivir con el dolor de haber sido violentados físicamente y además sexualmente en el caso de miles de compañeras mujeres, nunca tuvimos eunespacio para expresar este dolor, ni siquiera al interior de la familia, por miedo a dañar sicológicamente a nuestros hijos y a que el resto de la sociedad los señalara con el dedo por la estigmatización de violentistas políticos con que hemos sido tildados todos quienes de alguna forma fuimos detenidos y torturados en la época dictatorial.

«Con mucha pena…»

Teníamos la esperanza de que al darse a conocer el informe por parte del gobierno, se nos abriría un espacio donde se pudiera hacer justicia y expresar libremente las carencias que se fueron acumulando en cada uno de nosotros(as) a partir del golpe de Estado y que se vieron acrecentadas con la persecución política, la detención, las torturas, la muerte y el desaparecimiento de muchos familiares y amigos.

Sin embargo, el espacio que se abre luego de que el presidente diera a conocer el informe, sigue siendo limitado. Las fuerzas armadas siguen lavándose las manos, los civiles pertenecientes a la derecha política se desentienden de su culpabilidad de instigar a los militares para que dieran el golpe de Estado, de colaborar colaborar en
denunciar y entregar a personas para que fueran detenidas y asesinadas, saquear los bienes de los detenidos y se adjudicarse bienes y dineros del Estado, amasando inmensas riquezas, como es el caso de los militantes del actual partido populista conocido como UDI.

Debo reconocer que quienes estuvimos esa tarde en el Parque por la Paz de Villa Grimaldi y escuchamos la lectura del informe de la Comisión de Detención y Tortura, quedamos decepcionados y con mucha pena, aunque también es cierto que muchos de nosotros tenemos claro de que no somos víctimas, sino luchadores. En ese carácter fuimos detenidos y torturados y esa convicción de luchadores la
debemos seguir manteniendo; nuestra derrota por crear una sociedad con
justicia para los desposeídos, no es más que eso, una derrota, pero aún
continuamos en pie y nuevas generaciones de constructores surgen desde la
marginalidad en la que vive gran parte de la población.

Lentamente y sin apresuramiento se está reconstruyendo un tejido social sin dependencia y con la convicción de que la justicia pasa por la forma en que nosotros como pueblo, en el futuro, podamos pararnos frente a las clases que dominan y que
administran el poder político económico y cultural de la nación.