Ago 8 2014
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Econom铆aOpini贸n

Ir a La Haya contra los EE.UU. es una v铆a correcta y positiva

En el d铆a de ayer, la Argentina demand贸 a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos de su Poder Judicial atentatorios contra la reestructuraci贸n de la deuda soberana argentina.

La decisi贸n del juez Thomas Griesa de bloquear el pago argentino a los tenedores de bonos reestructurados y de imponer a nuestro pa铆s el pago del ciento por ciento m谩s intereses de los bonos detenidos por los fondos buitre es contraria al derecho internacional e incluso a las reglas elementales del debido proceso.

Es un fallo que desconoce la decisi贸n soberana de la Argentina de reestructurar su deuda p煤blica, viola la inmunidad de jurisdicci贸n y de ejecuci贸n que posee todo Estado sobre fondos destinados al ejercicio de su actividad soberana y a la cual la Argentina no renunci贸, se extralimita en el ejercicio de competencias judiciales que fueron reconocidas por la Argentina y ha sido dictado sin respetar las reglas m谩s elementales de imparcialidad. Las declaraciones extrajudiciales del juez Griesa y de su mediador, Pollack, prueban de manera abrumadora tal falta de imparcialidad y son inadmisibles no s贸lo en relaci贸n con el trato debido a un Estado soberano en un proceso judicial, sino a cualquier justiciable.

Estamos en presencia de una nueva controversia. Al litigio entre los fondos buitre y la Argentina se le agrega otro, una controversia de Estado a Estado entre la Argentina y los Estados Unidos de Am茅rica. Una regla bien establecida de derecho internacional impone que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales. Es algo parecido a lo que ocurri贸 cuando el mismo fondo buitre NML logr贸 el embargo de la Fragata Libertad por un tribunal comercial en Ghana. La acci贸n del juez ghan茅s cre贸 una controversia entre la Argentina y Ghana y por eso fuimos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. En otros asuntos, ante la Corte de La Haya, los propios Estados Unidos han reconocido su responsabilidad como Estado por los actos de su Poder Judicial, por ejemplo en casos relativos a la aplicaci贸n de la pena de muerte contra ciudadanos extranjeros sin que 茅stos hayan tenido la posibilidad de gozar de la protecci贸n consular (caso Avena, instaurado por M茅xico; caso LaGrand, instaurado por Alemania).

Los Estados Unidos son responsables del ejercicio arbitrario, abusivo de autoridad y contrario al derecho internacional de su Poder Judicial. Se trata de una controversia internacional y los dos Estados tienen la obligaci贸n de resolverla por los medios pac铆ficos existentes. La negociaci贸n es uno de ellos. La v铆a judicial es otro. El Poder Ejecutivo estadounidense ya invoc贸 el argumento de la independencia de poderes para justificar su inacci贸n. Lo hizo, por ejemplo, durante los debates en la OEA, en la cual la Asamblea General adopt贸 por abrumadora mayor铆a una resoluci贸n solidaria con la posici贸n argentina. El gobierno ghan茅s hab铆a invocado el mismo argumento con la Fragata Libertad. Plantear la cuesti贸n en sede judicial internacional en una relaci贸n de Estado a Estado es lo que permite destrabar la situaci贸n. Ya hubo otros casos de controversias internacionales motivadas por la acci贸n de tribunales internos contra Estados extranjeros que fueron resueltos en la Corte de La Haya.

Es un m茅todo v谩lido cuando el Ejecutivo invoca 鈥揷on o sin raz贸n鈥 que no puede hacer nada en el plano interno para remediar el il铆cito internacional cometido por la acci贸n del Poder Judicial. Alemania e Italia, por ejemplo, resolvieron recientemente una situaci贸n as铆 ante la Corte de La Haya. La Corte de Casaci贸n, 煤ltima instancia judicial italiana, hab铆a convalidado decisiones de tribunales inferiores que violaban las inmunidades jurisdiccionales de Alemania. Los dos gobiernos acordaron llevar el caso a la CIJ, una manera para el gobierno italiano de hacer volver a su Poder Judicial a la legalidad, cosa que ocurri贸 despu茅s del fallo de la CIJ favorable a Alemania. Lo mismo ocurri贸 con Ghana luego de la decisi贸n del Tribunal de Hamburgo favorable a la Argentina.

En la Corte Internacional de Justicia s贸lo existe la posibilidad de solucionar controversias interestatales si las partes han brindado su consentimiento al ejercicio de la jurisdicci贸n. Este consentimiento puede expresarse de distintas formas. Por ejemplo, por una declaraci贸n unilateral, por una cl谩usula de un tratado que atribuye competencia a la Corte para la soluci贸n de controversias relativas a la interpretaci贸n o aplicaci贸n del mismo (caso de las controversias con Uruguay por las pasteras) o por ser partes los dos Estados de un tratado general de soluci贸n de controversias que contempla la aceptaci贸n de la competencia de la Corte (por ejemplo. el Pacto de Bogot谩, invocado por Per煤 y Bolivia en sus litigios con Chile).

En el caso de la acci贸n de los 贸rganos judiciales de los Estados Unidos contra la reestructuraci贸n de la deuda soberana argentina, no existe una base de consentimiento com煤n entre la Argentina y los EE.UU. que permita establecer desde ya la competencia de la CIJ. Por eso la Argentina utiliz贸 otra herramienta que tambi茅n est谩 disponible y contemplada en el Reglamento de la Corte: presentar una demanda e invitar a la otra parte a aceptar la competencia de la CIJ. Es lo que se llama en la jerga jur铆dica forum prorogatum.

La Argentina no es el primer Estado que utiliza esta posibilidad. Y si los Estados Unidos aceptan la competencia de la Corte, tampoco ser谩n el primero que lo haga y permita as铆 a la Corte solucionar la controversia. El Reino Unido utiliz贸 esta v铆a en 1955 contra la Argentina y Chile para plantear la disputa de soberan铆a sobre la Ant谩rtida y ninguno de los dos Estados sudamericanos acept贸 dirimir la cuesti贸n en la Corte. En su respuesta, la Argentina record贸, como una raz贸n fundamental para su rechazo, que mal pod铆a el Reino Unido plantear la cuesti贸n de las 鈥淒ependencias de las Islas Falkland鈥 (como los brit谩nicos calificaban a la Ant谩rtida en ese momento) excluyendo expl铆citamente en su demanda la cuesti贸n misma de las islas Malvinas.

Por el contrario, y m谩s recientemente, ciertos Estados africanos utilizaron el forum prorogatum para demandar a Francia por ciertas decisiones de sus 贸rganos judiciales. El gobierno franc茅s acept贸 la competencia de la Corte (casos de la Rep煤blica de Congo y Djibouti). Los Estados Unidos tienen la oportunidad de seguir el ejemplo franc茅s. En efecto, este tipo de disputas en los cuales est谩n cuestionados los comportamientos de 贸rganos judiciales de un Estado en relaci贸n con Estados extranjeros aparece como los m谩s viables para un arreglo por una instancia jurisdiccional internacional. Ciertamente, el Ejecutivo estadounidense tambi茅n tiene a su disposici贸n mecanismos internos para permitir poner fin a esta situaci贸n. S贸lo depende de 茅l su uso o no.

La demanda argentina contra los EE.UU. en La Haya no es un gesto simb贸lico. Tampoco tiene nada de un gesto inamistoso. Bien al contrario. Al llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, la Argentina acepta por un lado que su visi贸n del conflicto sea evaluada por el 贸rgano judicial principal de las Naciones Unidas. Por el otro, le brinda al gobierno de Barack Obama la posibilidad de resolver el imbroglio jur铆dico creado por un juez incompetente, de evitar el agravamiento de una crisis que no s贸lo afecta a la Argentina y a los tenedores de la deuda reestructurada, sino al conjunto del sistema econ贸mico y financiero internacional. La desafortunada acci贸n del juez Griesa y la desatenci贸n prestada a 茅sta por la C谩mara de Apelaciones y la Corte Suprema estadounidense no le hacen bien a Nueva York como plaza financiera internacional. Una primera consecuencia ser谩 que los Estados pensar谩n m谩s de dos veces antes de elegir Nueva York como 谩mbito de emisi贸n de sus t铆tulos y como sede judicial para dirimir litigios relativos a sus deudas soberanas.

La administraci贸n estadounidense ya hab铆a criticado la arbitraria interpretaci贸n del juez Griesa de la cl谩usula pari passu, por ser contraria a las interpretaciones y expectativas de cl谩usulas de este tipo en numerosos instrumentos de la deuda p煤blica de diferentes Estados. Incluso fue m谩s all谩. Calific贸 a la interpretaci贸n del juez de distrito de Nueva York como contraria a los intereses de las pol铆ticas de los Estados Unidos. Con la demanda incoada por el gobierno argentino, el Ejecutivo estadounidense tiene ahora la oportunidad de poner fin a esta situaci贸n in茅dita y desestabilizadora.

Si no acepta la competencia de la Corte de La Haya, no por ello deja de existir una controversia interestatal a la cual el gobierno estadounidense tiene la obligaci贸n de resolver por medios pac铆ficos. Le corresponder谩 formular otra propuesta de soluci贸n. No es un longevo juez neoyorquino quien tiene en sus manos el destino de la reestructuraci贸n de deudas p煤blicas decididas por un Estado soberano. Los Estados Unidos deben asumir su responsabilidad por los actos de su Poder Judicial. Un pa铆s que acepta ser sede para la reestructuraci贸n de deudas soberanas no s贸lo se beneficia de las ventajas econ贸micas que esta elecci贸n le acarrea. Tambi茅n tienen responsabilidades. La pelota est谩 del lado del presidente Obama y de su administraci贸n.

*Profesor de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del De-sarrollo de Ginebra. Integrante del equipo jur铆dico argentino ante el Tribunal de La Haya.

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