May 23 2008
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Política

Irak: unos 2 mil menores encarcelados por el ejército de EEUU en 5 años de guerra

Acusados de ser una “imperativa amenaza a la seguridad”, dos mil 400 menores de edad –incluidos niños de 10 años– han sido hechos prisioneros por las tropas de Estados Unidos en cinco años de guerra en Irak, sin que la mayoría de ellos haya tenido acceso a una defensa legal apropiada y comunicación con sus familias, denunció hoy la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en momentos que la Organización de Naciones Unidas inició aquí la revisión del expediente estadunidense en el país invadido en marzo de 2003.

La cifra de menores detenidos en la ocupación estadunidense y la guerra civil que se libran en Irak aumentó “drásticamente” de 25 a 100 niños por mes de 2006 a 2007, sin que las fuerzas armadas de Washington garanticen condiciones de higiene, seguridad y educación para la reinserción social.

Este incremento coincide con la concentración y el recrudecimiento de los hechos de guerra en la capital de Irak, Bagdad, donde Estados Unidos concentra la mayor parte de sus 140 mil soldados y medios de combate, a fin de contrarrestar los continuos atentados contra convoyes militares estadunidenses e iraquíes y los ataques entre facciones de musulmanes chiítas y sunitas.

El ejército de ocupación informó que hasta el 12 de mayo pasado tenía detenidos a 513 menores iraquíes por “imperativas amenazas a la seguridad”, pero ha transferido a las autoridades iraquíes la custodia de una cantidad indeterminada de jóvenes, cuya localización y condiciones se desconocen.

La preocupación por las condiciones en que se encuentran los menores detenidos se basa en diversos reportes sobre abusos y agresiones contra menores, entre los que destaca el caso de un joven de 17 años que fue estrangulado por uno de sus compañeros de prisión en el llamado Campo Cropper de Bagdad, uno de los dos inmuebles donde las fuerzas militares de ocupación encarcelan a presuntos rebeldes; el otro es el Campo Bucca, cerca del puerto de Basora, en el sureste de Irak.

En un comunicado HRW demandó a Estados Unidos que evite la práctica de detener a los menores por más de un año con base en el Memorándum sobre Procesos Penales establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición –el órgano encabezado por Paul Bremer, que gobernó Irak desde abril de 2003 hasta el establecimiento de una autoridad local el 30 de junio de 2004–, que obliga a la liberación de los menores de 18 años después de 12 meses de confinamiento.

La organización exigió a Washington que separe a los detenidos más jóvenes de los mayores para evitar abusos y que se retracte de la práctica de transferir a los menores de edad a centros de detención del gobierno iraquí donde pueda haber riesgos de maltrato.

Aunque el ejército estadunidense no ha informado sobre la cantidad de menores que ha transferido a la custodia de autoridades iraquíes, la Misión de Asistencia de la ONU en Irak –una de las entidades que ha reportado sobre los casos de abuso a jóvenes presos– dio a conocer la cifra de 89 casos hasta diciembre de 2007.

Los cuestionamientos de HRW a Washington no se limitan a los menores de edad. El 28 de abril pasado la organización alertó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el hecho de que Washington mantiene en prisión a 24 mil 514 personas en Irak, a quienes so pretexto de constituir una “imperativa amenaza a la seguridad” no les ha permitido el derecho a ser llevados a juicio ante tribunales.

HRW señaló que Estados Unidos utiliza “inapropiadamente” el concepto de “imperativa amenaza a la seguridad” para justificar que los detenidos no sean procesados judicialmente, como si aplicara actualmente en Irak la Convención de Ginebra, que rige durante los conflictos armados.

El ejército estadunidense mantiene esta práctica con base en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1546, 1637 y 1723 –todas relativas a la ocupación de Irak– que permiten el encarcelamiento de iraquíes por “imperativas razones de seguridad”, a pesar de que el final de la ocupación fue declarada hace tres años y 10 meses.

“El final de la ocupación significa que los estándares internacionales sobre derechos humanos deben regir: revisión judicial de casos, acceso a consultas con abogados y con la familia, así como a un juicio abierto”, advirtió Joe Stork, director de asuntos de Medio Oriente en HRW.

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