Jóvenes uruguayos en lucha por la despenalización del aborto

El mismo 18 de abril, 13 mujeres sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de la policía y fueron violentadas en sus derechos. Estas mujeres fueron detenidas, incomunicadas y conducidas al hospital Pereira Rossell para ser sometidas a exámenes ginecológicos bajo sospecha de haberse practicado un aborto, constatándose presión sobre los profesionales médicos por parte de agentes de la policía.

 

El procedimiento policial, que motivó la detención de mujeres acusadas de realizarse un aborto, y la presión a médicos para violar el principio de confidencialidad de la relación médico-usuaria, en calidad de auxiliar del Poder Judicial, fueron todos determinados y supervisados por la jueza Dra. Merialdo.

 

Estas determinaciones judiciales desconocen que la legislación nacional obliga y ampara el secreto profesional y, en particular, el secreto médico. Así lo establece el art. 302 del Código Penal y el art. 4º del Decreto Nº 258/992 de Reglas de Conducta Médica y Derechos de los Pacientes. En el mismo sentido, el art. 220 del Código del Proceso Penal prohíbe el testimonio de los médicos sobre los hechos secretos llegados a su conocimiento.

 

En lo que refiere a los casos de aborto, existe legislación específica que obliga a notificar los casos al Ministerio de Salud Pública, sin revelar el nombre de la paciente (art. 3º de la ley Nº 9.763).

Por estos motivos, el secreto médico no es una opción, sino una obligación para los médicos y los equipos de salud. Así como la confidencialidad es un derecho de las usuarias y pacientes de todos los servicios de salud, públicos y privados, del país.

 

Ni siquiera un juez puede exigirle a un médico que viole la confidencialidad: el médico no es un auxiliar de la Justicia y el juez no puede obligarlo a revelar secretos del paciente.

Es por lo expuesto que los médicos no pueden denunciar un caso de aborto. Las causas que legalmente se deben avisar son los nacimientos y los abortos, pero en forma anónima y ante el Ministerio de Salud Pública, nunca a la Justicia.