La corrupción conservadora en la España de Aznar y Rajoy: piden la renuncia del gobierno
La Justicia de España condenó al gobernante Partido Popular (PP) por haber lucrado a través de una gran red de sobornos, desvío de fondos y adjudicaciones ilícitas de obras públicas, en el mayor caso de corrupción de la historia democrática del país, e impuso duras penas de prisión a los principales acusados, mientras la oposición pide la salida del gobierno.
El PSOE ha registrado en la mañana del viernes la moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados y los plazos reglamentarios, de esta forma, empiezan ya a correr. El temor más extendido era el coste que podía suponer interna y externamente apoyarse en los independentistas para echar a Rajoy, lo que podría ser un arma de desgaste político en manos del propio PP y, sobre todo, de Ciudadanos.
Varios dirigentes socialdemócratas, conscientes de que parte del electorado de izquierdas no le perdonaría que no intentasen desalojar a Rajoy del poder tras la sentencia, impulsaron al ejecutivo del PSOE a presentar la moción de censura. La moción de censura contará con el apoyo de Podemos, adelantó su secretario general Pablo Iglesias.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo apoyo permite gobernar a Rajoy –y fue clave en la víspera para sacar adelante el presupuesto– anunció que evaluará su relación con el PP para el resto de la legislatura, tras asegurar que la sentencia es “muy grave” y supone “un antes y un después” para la democracia del país por haber condenado por corrupción al partido gubernamental. Además, afirmó que un “gobierno debilitado por la corrupción va a ser aprovechado por los independentistas” y eso, Ciudadanos, “no lo va a permitir”.
En contraste con las duras respuestas de Ciudadanos y Podemos, el PSOE de Pedro Sánchez sólo emitió un escueto comunicado en el que considera “inaceptable” la respuesta del PP y el Gobierno a la sentencia del caso Gürtel, puesto que en su opinión implica “políticamente” al presidente Rajoy.
La decisión de la madrileña Audiencia Nacional de España sobre el “caso Gürtel” supone un duro, aunque esperado, golpe al partido del presidente del gobierno conservador Mariano Rajoy -quien solía denunciar corrupción en países latinoamericanos-, que se convierte así en la primera fuerza política de dimensión nacional en ser condenada por corrupción en España desde la caída del franquismo.
El tribunal consideró probado que el PP se benefició de la trama, y lo condena, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros. Las dos figuras más representativas del escándalo, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario Francisco Correa, fueron condenados a 33 y 51 años de cárcel respectivamente.
El caso Gürtel, que comenzó a ser investigado en 2008 pero cuyos orígenes se remontan a mediados de la década de 1990, sacudió a España y se convirtió en uno de los principales problemas del partido gubernamental, que sufrió un deterioro de la confianza en Rajoy y una pérdida de votantes.
El caso tiene varias ramificaciones, pero básicamente funcionaba con un grupo de empresarios que pagaba comisiones a cambio de contratos públicos, y una serie de funcionarios, dirigentes políticos y altos mandos del PP que lucraban con ello. La red operó sobre todo en Madrid, Valencia, Murcia, Islas Baleares y Castilla y León, y se fortaleció sobre todo en la época en la que gobernó el fundador del PP, José María Aznar, que ni siquiera fue imputado, aunque sí tuvo que testificar en varios de los juicios de esta trama corrupta
La investigación judicial reveló no solo la existencia de una trama de corrupción en el seno del PP – que adjudicaba ilegalmente obras y contratos donde gobernaba- sino también la existencia de una “contabilidad B”, que registró durante décadas (desde al menos 1989) su financiación ilegal y que el presidente Rajoy se obstinó siempre en negar.
La caja B, era «una estructura financiera y contable paralela a la oficial», cuyas partidas se 
anotaban de manera informal. El tribunal se refiere a las hojas manuscritas redactadas por Luis Bárcenas y que reveló el diario El Mundo, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido, además de dinero entregado a miembros relevantes”, entre ellos Mariano Rajoy, quien supuestamente recibió un salario extraordinario e ilegal cuando fue ministro de Educación durante el gobierno de José María Aznar, y que le era entregado en su propio despacho en cajas de puros Cohiba.
El tribunal considera acreditado que durante los años de esta primera época (1999-2005) se tejió entre el grupo de Correa y el PP un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública (…) a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido (…) que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública».
El dictamen judicial generó otra tormenta política en España, donde al mismo tiempo que se conocía la inédita sentencia tenía lugar un megaoperativo policial en Cataluña por el desvío de fondos públicos al plan de secesión catalán.
El PP afrontó la grave crisis en la que quedó envuelto, y que comprometió su situación al frente del Ejecutivo, negando haber conocido los hechos de corrupción y afirmando que apelará la sentencia, que no es firme. “El Gobierno no fue condenado”, subrayó Rafael Hernando, vocero del PP en el Congreso.
“Rajoy no está capacitado, legitimación aparte, porque esta le viene de los votos, para resolver la crisis. Está atrapado por su propia estrategia. Y la Gürtel lo debilita”, analizó Joan Coscubiela, portavoz del grupo de Catalunya Sí que es Pot. Según el portal publico.es, muchos “populares” hablan de «desolación, desánimo y caída libre» y que esto «solo lo arreglaría un golpe de timón muy serio».
Las sentencias
Las penas dictadas por la Audiencia Nacional contra 29 de los 37 acusados en el juicio suman un total de 351 años de cárcel, y corresponden a los primeros cinco años de la trama Gürtel, entre 1995 y 2000. Las condenas más altas fueron para el cabecilla de la red, el empresario Correa –de cuyo apellido se deriva el nombre del caso, ya que ‘Gürtel” significa correa en alemán–, y para el ex secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, con 37 años y medio.
Por su parte, Bárcenas, fue condenado a 33 años y cuatro meses de cárcel y a una multa de 44 millones de euros, mientras su esposa, Rosalía Iglesias, se enfrenta a 15 años de prisión. Bárcenas, la figura política que está en el centro de la trama, fue condenado por varios delitos fiscales tras descubrirse que tenía una fortuna de más de 48 millones de euros en Suiza, obtenida gracias a su papel como intermediario en adjudicaciones públicas ilícitas, sobornos y desvíos de dinero hacia el PP durante 10 años.
También fue condenada a título lucrativo la exministra de Sanidad Ana Mato (que deberá pagar 27.857 euros) por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa. También es condenada por el mismo concepto Gema Matamoros (esposa del exalcalde de Majadahonda), con una multa de 40.066 euros.
La Fiscalía Anticorrupción pidió una vista oral para reclamar el ingreso a prisión inmediato de 16 condenados. Se trata de la primera sentencia de la trama Gürtel, que comenzó a investigar el juez Baltasar Garzón en agosto de 2008 tras una denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas.
Este funcionario conservador aportó grabaciones de las conversaciones de Correa con autoridades que apuntaban hacia una red de corrupción en este municipio madrileño y en Pozuelo, que resultó ser mucho más amplia, extendiendose principalmente a las Comunidades de Madrid y Valencia, gobernadas por el PP.