Ago 4 2015
1241 lecturas

Opini贸nPol铆tica

La doctrina militar del Estado de Chile

No resulta comprensible ni aceptable que 42 a帽os despu茅s del Golpe Militar de 1973 y a 29 de ocurrido el delito conocido como Caso Quemados, sea la declaraci贸n de un conscripto que desea aliviar su consciencia la que vuelva a poner en evidencia la conspiraci贸n de impunidad y silencio institucional que ha acompa帽ado al Ej茅rcito durante 40 a帽os.

De la misma manera que el encubrimiento fue ordenado por el Jefe de Estado de la 茅poca, Augusto Pinochet, el encubrimiento fue ejecutado bajo la direcci贸n del Comandante en Jefe subrogante, Santiago Sinclair, con dineros del fisco de Chile, la participaci贸n de prominentes abogados civiles y la utilizaci贸n de los canales administrativos e institucionales del Ej茅rcito.

Para una instituci贸n que basa su cohesi贸n en valores compartidos e informaci贸n interna de protecci贸n, los hechos callados fueron parte de una verdad oculta hasta ahora pero ampliamente sabida, por lo que ofende la inteligencia del pa铆s que ella apele a la excusa de falta de informaci贸n.chile represion est

Lo ocurrido con el Caso Quemados es una prolongaci贸n y un ejemplo m谩s de una doctrina institucional de negaci贸n en materia de Derechos Humanos seguida por el Ej茅rcito. Pese a las tibias acciones de sus mandos a trav茅s de los a帽os, y las ambiguas declaraciones de 鈥淣unca M谩s鈥 que siempre tratan de empatar la situaci贸n, el Ej茅rcito jam谩s ha reconocido que las violaciones ocurridas hasta 1989 fueron una pol铆tica institucional. Y aun cuando el a帽o 2006 se cambi贸 la Ordenanza General del Ej茅rcito hacia un contenido m谩s acorde con la institucionalidad democr谩tica, la instituci贸n jam谩s ha aceptado que sus mandos hasta 1990 actuaron en el deshonor y contra los propios reglamentos internos vigentes en la 茅poca.

As铆, ante la ausencia expresa de una rectificaci贸n institucional, esta parte de la historia sigue gravando negativamente el expediente institucional del Ej茅rcito.

De acuerdo a lo que dispone la Ley N掳 18.948, Org谩nica Constitucional de las Fuerzas Armadas, promulgada el 27 de febrero de 1990, es decir, 10 d铆as antes de la asunci贸n del primer Gobierno democr谩tico despu茅s de la dictadura, son facultades de cada Comandante en Jefe: 鈥 b) Formular las doctrinas que permitan la unidad de criterio en el ejercicio del mando鈥 (Art铆culo 47, letra b).

Por tanto, no se requieren ni requer铆an leyes especiales ni cosa parecida para que los comandantes en Jefe que sucedieron al dictador hubieran emitido una instrucci贸n de doctrina clara para cortar con la 鈥渃ontinuidad鈥 de negar tener conocimiento, antecedentes, u otro tipo de eufemismos, y la teor铆a de que se trataba de hechos aislados e individuales.

A una instituci贸n a la que por competencia institucional le corresponde preservar la memoria del Estado, que lleva todo por escrito, incluidos los incidentes, y que hasta tiene un reglamento de quema o eliminaci贸n de archivos que activa cada 5 a帽os, no pueden pasarle por alto casos como el de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, la operaci贸n 鈥渞etiro de televisores鈥, las inhumaciones clandestinas, las c谩rceles clandestinas, ni menos puede actuar en contra de la probidad del Estado a trav茅s de ejercicios de enlace, acuartelamientos o claras manifestaciones de indisciplina en defensa de intereses individuales de los mandos.

La doctrina imperante de facto ha llevado impresa la convicci贸n del mando militar de que el a帽o 1973 gan贸 una guerra, y que las graves violaciones de los derechos humanos fueron obra del exceso de desquiciados que no tocan la imagen impoluta de un Ej茅rcito 鈥渟iempre vencedor y jam谩s vencido鈥. Una historia solo de vicios privados y p煤blica virtud.

A_UNO_289828_816x544

Por otra parte, las reacciones cautelosas del poder civil a las revelaciones del ex conscripto del Caso Quemados dejan nuevamente en evidencia que 鈥渆l rey va desnudo鈥. Porque la necesaria rectificaci贸n de doctrina institucional en materia de derechos humanos no debe ser solo un tratado te贸rico y un deber ser, como es la actual Ordenanza General del Ej茅rcito, dictada poco antes que Ricardo Lagos dejara el poder el a帽o 2006. Ella requiere ser una manifestaci贸n de expl铆cita condena al actuar del antiguo mando institucional que cierre el cap铆tulo de las instituciones del Estado de Chile y el golpe militar de 1973. Decir que ello es dif铆cil para la 鈥渇amilia militar鈥 no es novedad, dada la extrema endogamia en la renovaci贸n de la oficialidad, impropia de un moderno servicio del Estado. Pero no hacerlo es peor, pues perdura la idea de que se trata, apenas, de un juego ideol贸gico o patrimonial entre privados y no de asuntos p煤blicos.

El enfoque del problema no acepta matices ni menos contextualizaciones hist贸ricas que alivien las responsabilidades de pol铆ticos y militares.

Con el retorno a la democracia y en medio de las negociaciones y tensiones que la acompa帽aron, las Fuerzas Armadas se pusieron de facto en el papel de actores e interlocutores de la transici贸n, exigiendo fueros y protecci贸n para sus miembros culpables de delitos. Y el poder civil acept贸 鈥搈ejor dicho abdic贸鈥 de sus obligaciones y permiti贸 el mando militar de Augusto Pinochet, as铆 como el di谩logo c铆vico-militar para normalizar su retorno a los cuarteles. Es decir, no us贸 su legitimidad democr谩tica sino que estableci贸 una 鈥渕esa de di谩logo鈥 que vive hasta hoy.

As铆, cada vez que la normalidad democr谩tica se acerc贸 a leyes de reparaci贸n, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, las Fuerzas Armadas, especialmente el Ej茅rcito, levantaron un talante amenazador, por cierto cada vez m谩s d茅bil, pero que tuvo el doble efecto de frenar los procesos pol铆ticos y judiciales y, al mismo tiempo, inhibir una rectificaci贸n doctrinaria institucional, que el Gobierno civil nunca exigi贸 como deb铆a.

Nadie puede sostener que institucionalmente estas Fuerzas Armadas son las mismas que dieron el golpe militar de 1973. Pero ch represion 73doctrinaria y simb贸licamente si lo son, y sus mandos actuales fungen 鈥搎uiz谩s a fortiori- como continuadores solidarios de aquellos que permitieron o ejecutaron las graves violaciones de derechos humanos. Esa es la gravedad que hoy aparece en el aludido 鈥淐aso Quemados鈥, subrayada por el hecho de que la rama respectiva se encarg贸 de encubrir y armar una versi贸n mentirosa de los hechos, es decir de obstrucci贸n a la justicia y con platas de todos los chilenos.

Seg煤n la Constituci贸n de la Rep煤blica, 鈥渓os hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos鈥. Pero en Chile, producto de la doctrina de negaci贸n institucional seguida por las Fuerzas Armadas, las v铆ctimas se han quedado humilladas sin justicia y sin respuestas, y muchos conscriptos, clases y suboficiales, han quedado rehenes de una mentira de sus instituciones, pagando por culpas que no tienen, pues fueron obligados bajo presi贸n a cometer los hechos que hoy se persiguen.

Si el arte militar de mandar implica hacerlo reflexivamente y con honor, el mando es el responsable permanente de los desbordes y la falta de control. Peor aun si permiti贸 y alent贸 la existencia y funcionamiento al interior de las Fuerzas Armadas de organizaciones criminales como la DINA y la CNI, que usaron recursos, bienes y s铆mbolos de las instituciones militares para cometer sus fechor铆as.

La doctrina inmoral que de facto ha orientado al Ej茅rcito es la herencia m谩s venenosa legada por Pinochet a su instituci贸n, y la peor trampa del poder civil, que la ha interpretado como algo impl铆citamente v谩lido en el funcionamiento de la democracia.

Nada de lo que est谩 en el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Decreto N掳1445 de diciembre de 1951), o en la Ley Org谩nica Constitucional de las FF.AA. vigente, o en la Ordenanza General del Ejercito del a帽o 2006, sostiene la tesis de que no se puede degradar por honor a los violadores de derechos humanos, que sea un acto de reconocimiento que hay que apreciar el que las Fuerzas Armadas concurran con informaci贸n a los Tribunales de Justicia, ni que se requiera de nuevas leyes para dar pasos de verdad, obediencia y honor.

Las normas ya existen. Solo corresponde que, en un acto de real Rectificaci贸n Institucional de Doctrina, los mandos superiores sean expl铆citos en cortar con el pasado, y que, rindiendo culto a la verdad y al honor como valores militares, alivien no solo el da帽o a las v铆ctimas sino tambi茅n la carga emocional de su propia gente, mucha de la cual sigue reh茅n de un mando inmoral del pasado que impuso una ley de silencio contraria a todos los valores militares e ilegal de acuerdo a la normativa vigente ya en la propia 茅poca de acaecidos los hechos.

 

  • Compartir:
X

Env铆e a un amigo

No se guarda ninguna informaci贸n personal


    Su nombre (requerido)

    Su Email (requerido)

    Amigo(requerido)

    Mensaje

    A帽adir comentario