May 25 2019
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OpiniónPolítica

La funesta herencia de Pinochet

De no existir una asamblea especialmente convocada y elegida democráticamente para definir un nuevo régimen institucional, es muy difícil que esta tarea pueda ser acometida por la llamada clase política. A los gobernantes de turno y a los parlamentarios les cuesta mucho prescindir de sus intereses electorales y demostrar la grandeza necesaria para definir lo que le convenga realmente al país. Si se está en el Ejecutivo, la tendencia natural es a preferir los regímenes presidencialistas; si se es mayoría en el Poder Legislativo, lo corriente es que es que se abogue por el parlamentarismo.

Asimismo, si se le consultara a los ciudadanos de regiones, es muy probable que √©stos en su mayor√≠a se inclinen por un r√©gimen federal, m√°s que por el unitario que rige en buena parte de nuestros pa√≠ses. El autoritarismo presidencial pudo ser muy razonable en los albores de nuestra rep√ļblica cuando Chile era m√°s un Estado que una homog√©nea naci√≥n.

Con seguridad, diversos intelectuales y especialistas, como las propias universidades, podrían aportar mucho más que los profesionales de la política a la hora de definir un orden institucional que reemplace al instaurado por el régimen cívico militar. Muy autoritario y poco democrático, a pesar de los cambios cosméticos hechos posteriormente en esta dilatada posdictadura.

Desde fuera del poder y las contiendas electorales, la academia podr√≠a aportar mucho m√°s a la hora de definir las atribuciones de los poderes del Estado y procurar su genuina independencia. En acotar, por ejemplo, las facultades del Tribunal Constitucional, cuya tarea suele defenderse o cuestionarse seg√ļn la posici√≥n que adopten sus integrantes en cada tema y resoluci√≥n. Una corte, como se reconoce, cuoteada pol√≠ticamente, m√°s que constituida por m√©rito y trayectoria. Afectada por el mismo vicio que se practica a la hora de integrar nuestros tribunales de justicia y otras instituciones del Estado que debieran ser aut√≥nomas, si no mediara siempre el intenso lobby o tr√°fico de influencias para la designaci√≥n de sus integrantes.

Se afirma corrientemente que se necesita de verdaderos ‚Äúestadistas‚ÄĚ para ocuparse de una reforma institucional, es decir de personas que tengan al pa√≠s como objetivo fundamental en sus prop√≥sitos y quehacer. Sin embargo, ya sabemos que hace mucho tiempo no asoma un l√≠der o lideresa de este talante en nuestro pa√≠s. Menos, todav√≠a, cuando el fen√≥meno de la corrupci√≥n ya est√° tan entronizado en el llamado ‚Äúservicio p√ļblico‚ÄĚ. Cuando a todos nos consta c√≥mo se ha legislado en los √ļltimos a√Īos a la sombra del cohecho y otras funestas pr√°cticas que, adem√°s, involucran a los grandes empresarios y otros grupos de presi√≥n.

A pesar de que en un momento pudo prosperar la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, finalmente se ha impuesto la f√©rrea oposici√≥n de la derecha a tal posibilidad, sumando a su favor a connotados dirigentes de la llamada centro izquierda que siempre le pusieron zancadillas a una propuesta que alcanzara gran arraigo popular. Hoy parece consolidado que lo mejor ser√≠a que una nueva Constituci√≥n resultara de una tramitaci√≥n parlamentarias a iniciativa de La Moneda. Pero ya cumpli√≥ un a√Īo el gobierno de Pi√Īera y no hay asomo de alg√ļn aliento oficial al respecto, as√≠ como tampoco ahora las diversas bancadas parlamentarias parecen preocupadas del tema.

Recordemos que se gastaron ingentes recursos en los √ļltimos a√Īos del gobierno de Michelle Bachelet para un proceso constituyente ciudadano que no prosper√≥ y solo sirvi√≥ de estratagema proselitista para favorecer a la coalici√≥n pol√≠tica gobernante, la que de todas maneras result√≥ derrotada y desintegrada en los √ļltimos comicios presidenciales y parlamentarios.

Antes de proponerse reformas sustantivas a un r√©gimen pol√≠tico administrativo, en que todos los d√≠as demuestran que sus instituciones NO funcionan adecuadamente, lo √ļnico que se implement√≥ fue el aumento de los curules parlamentarios, llegando a un n√ļmero totalmente dislocado en relaci√≥n al tama√Īo de nuestra poblaci√≥n. Diputados y senadores que, para irritaci√≥n p√ļblica, perciben remuneraciones y otros haberes muy por encima del que obtienen los parlamentarios de Estados Unidos y de los ricos pa√≠ses europeos. Y, por supuesto, veinte a cuarenta veces m√°s que el ingreso promedio de los trabajadores chilenos.

Como ya sabemos, las propuestas de reforma constitucional siempre prosperan en la v√≠spera de los procesos eleccionarios. Sin embargo, una vez que se elige a nuestros supuestos mandatarios, legisladores y autoridades comunales, la clase pol√≠tica suele apoltronarse r√°pidamente en el poder y postergar toda posibilidad de cambio y ejercicio de la soberan√≠a popular. Y es explicable que esto suceda, porque para alcanzar estos cargos de ‚Äúrepresentaci√≥n‚ÄĚ es preciso gastar millonarias sumas de dinero que al final importan mucho m√°s que los sufragios obtenidos. Lo que puede comprobarse con las exiguas y hasta rid√≠culas votaciones obtenidas por algunos candidatos del binominalismo instalados en nuestro Congreso, gracias a la componenda cupular y el desprecio absoluto a que estas instancias electorales siquiera se validen con la concurrencia a las urnas de m√°s del 50 por ciento del padr√≥n electoral.

Ya se sabe que la apat√≠a ciudadana ha sido emulada por los propios j√≥venes, cuando algunas de sus federaciones no han podido renovarse en virtud de antiguos reglamentos que solo validan los resultados cuando el 40 por ciento de los universitarios concurra a sufragar. Es sorprendente que el poderoso Movimiento Estudiantil que tanto hizo por combatir a Pinochet y por promover una reforma universitaria haya terminado tan desganado como las propias organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores. Claro: cuando los √ļltimos comicios de la Central Unitaria de Trabajadores son descalificados por sus vicios por el tribunal electoral correspondiente, es muy probable que la apat√≠a prospere y se diluya la confianza que se puso con fervor en la pol√≠tica despu√©s de 17 a√Īos de interdicci√≥n ciudadana. Conste para comprobar lo que sucede que, seg√ļn los sondeos de Latinobar√≥metro, ya son m√°s los chilenos y latinoamericanos que desestiman a la democracia como el r√©gimen que mejor garantice los derechos pol√≠ticos y sociales de la poblaci√≥n.

Cuando son tantas las demandas frustradas en materia salarial, previsional y cultural; cuando la violencia se consolida en toda suerte de conflictos sociales, as√≠ como en la desbocada y cotidiana delincuencia, nuestro pa√≠s pr√≥ximamente pudiera encaminarse a una nueva ruptura de su paz social e institucional. No ser√≠a extra√Īo que surjan, m√°s temprano que tarde, nuevas asonadas golpistas y el caudillismo que siempre prospera cuando la pol√≠tica se desnaturaliza y se pierde el norte del inter√©s nacional, la equidad social y la probidad de sus autoridades.

Considerada como ileg√≠tima en su origen y contenido por tantos actores pol√≠ticos y sociales, la Constituci√≥n pinochetista de 1980 amenaza, curiosamente, con extender su vigencia tanto o m√°s que sus antecesoras de 1933 y 1925 que consolidaron nuestra institucionalidad republicana. Aunque es preciso insistir que ninguna de ellas consider√≥ la participaci√≥n popular en su gestaci√≥n, lo que demuestra que nuestra vocaci√≥n y solvencia democr√°tica est√° muy distante de las de aquellos pa√≠ses que s√≠ han dado asambleas constituyentes para definir sus normas de convivencia pol√≠tica e institucional. Reg√≠menes que muchas veces son ninguneados desde nuestra pol√≠tica regida m√°s de 30 a√Īos por las leyes que el Dictador nos legara.

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