Feb 11 2012
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Pol铆ticaSociedad

La ONU con Garz贸n, el PP con la Corte

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Oacdh) manifest贸 ayer su preocupaci贸n por el juez Baltasar Garz贸n, procesado en Espa帽a por investigar los cr铆menes del franquismo. Record贸 que la ley espa帽ola de amnist铆a de 1977 es contraria al derecho internacional. Por su parte, funcionarios del gobernante Partido Popular (PP) reaccionaron ante las cr铆ticas al Tribunal Supremo por haber sentenciado a once a帽os de inhabilitaci贸n al ex magistrado de la Audiencia Nacional.

鈥淟os jueces no deber铆an ser sujetos a persecuciones penales por haber hecho su trabajo鈥, declar贸 un portavoz del Oacdg, Rupert Colville, durante una rueda de prensa. 鈥淣os preocupa un caso relacionado con la ley de amnist铆a de 1977 que ha llevado al juez Garz贸n al banquillo de los acusados esta semana鈥, a帽adi贸.

Conocido en el mundo entero por haber perseguido las violaciones de los derechos humanos, Garz贸n fue condenado el jueves a 11 a帽os de inhabilitaci贸n por el Tribunal Supremo por las escuchas del caso G眉rtel, al considerarlas ilegales.

El mi茅rcoles, el alto tribunal dej贸 visto para sentencia uno de los casos abiertos contra el juez, en el que se le recrimina haber infringido la ley de amnist铆a votada por el Parlamento espa帽ol en 1977, cuando abri贸 una investigaci贸n en 2008 sobre las desapariciones de m谩s de 100.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975). 鈥淓spa帽a tiene la obligaci贸n seg煤n la legislaci贸n internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el pasado, incluidas las cometidas durante el r茅gimen de Franco鈥, declar贸 Colville. 鈥淟a Justicia espa帽ola debe perseguir y castigar a los responsables de estos cr铆menes si siguen vivos y hacer que se respete el derecho de las v铆ctimas y de sus familias a pedir reparaci贸n鈥, dijo.

Por otra parte, indic贸 que el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU, encargado de evaluar la correcta aplicaci贸n del Pacto Internacional sobre derechos civiles y pol铆ticos firmado por Espa帽a, concluy贸 en 2009 que Madrid deb铆a abrogar su ley de amnist铆a porque no era conforme a la legislaci贸n internacional.

Ayer la vicepresidente, Soraya S谩enz de Santamar铆a, se mostr贸 escandalizada por las cr铆ticas que recibi贸 el TS y, sobre todo, por las que vertieron algunos pol铆ticos que no comparten la sentencia de 11 a帽os de inhabilitaci贸n para Baltasar Garz贸n. 鈥淐omparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca m谩s, menos o de ninguna de las maneras, Espa帽a es un Estado de derecho en el que hay una separaci贸n de poderes y el Judicial es la garant铆a de la igualdad de los derechos de todos los espa帽oles y de su protecci贸n鈥, dijo S谩enz de Santamar铆a. 鈥淐uando se cuestionan las instituciones democr谩ticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras鈥, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 鈥淢e preocupa, y mucho, esa imagen que se est谩 intentado trasladar de Espa帽a que no es Espa帽a鈥, proclam贸.

La mano derecha de Rajoy record贸 adem谩s que la misma Constituci贸n que permite a los pol铆ticos ejercer sus tareas es la que sit煤a al Alto Tribunal en el supremo v茅rtice del orden jurisdiccional espa帽ol. Y cuando se le pregunt贸 en qu茅 posici贸n queda la Fiscal铆a despu茅s de haber apoyado durante todo el proceso que Garz贸n ordenase la intervenci贸n de las conversaciones entre los presos y sus letrados, dado que el Supremo lo calificaba de pr谩cticas totalitarias, la vicepresidenta prefiri贸 no hacer valoraciones. Minutos antes hab铆a resaltado que su gobierno ya no da instrucciones al Ministerio P煤blico. 鈥淓so se ha acabado鈥, subray贸.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard贸n, se pronunci贸 en la misma l铆nea que su compa帽era insistiendo en la separaci贸n de poderes. Partiendo de la aceptaci贸n del leg铆timo derecho a la cr铆tica, rechaz贸 鈥渃on toda energ铆a las descalificaciones que injustamente est谩 recibiendo el TS鈥. Desde el 谩mbito jur铆dico, tambi茅n hubo reacci贸n. La Uni贸n Progresista de Fiscales mostr贸 su discrepancia porque ve la resoluci贸n judicial absolutamente desproporcionada.

As铆 advirti贸 de las consecuencias que tendr谩 para la persecuci贸n de la corrupci贸n. La Asociaci贸n Jueces para la Democracia mantiene, sin embargo, que la resoluci贸n del Supremo es razonada, razonable y ajustada a los par谩metros del ordenamiento jur铆dico. Ambas reclamaron que se regule el tema de las escuchas, registros e intervenciones. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, reproch贸 por intolerables las acusaciones que se est谩n haciendo contra los siete magistrados del Supremo, y la vocal Margarita Robles anunci贸 que el Consejo iba a ser muy contundente en su defensa. Los funcionarios de su juzgado en la Audiencia Nacional se manifestaron, mientras en una carta p煤blica expresaban un triste d铆a para la Justicia en el que la sociedad perdi贸 a uno de los m谩s grandes defensores del Estado de derecho.

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