La pandemia real y el mal gobierno desdibujan al mediático y clasista Lacalle
La gestión de la semana pasada del gobierno derechista uruguayo fue tan mala que se vio obligado a anunciar que iba a anunciar medidas para frenar el desastre sanitario. Es que Uruguay había pasado a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de Covid-19 por cada millón de habitantes.
El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año. Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay entró en zona roja de riesgo
«A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola.
Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta», señaló Gonzalo Moratorio, virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo. Por su parte, el nefrólogo Oscar Noboa sostuvo que «cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos».
La conferencia de Lacalle Pou en sí, fue deprimente desde el inicio: el “tranquilo que vienen más vacunas” no logró disimular siquiera la ausencia de respuestas claras. Las medidas siguen siendo o mínimas o irreales, porque la pandemia es utilizada como herramienta mediática, sacando del foco de que Uruguay está con un gobierno sin mando ni coordinación real.
La suspensión obligatoria de las clases anunciada por el mediático presidente, reafirma algunas orientaciones y decisiones anteriores, pero al mismo tiempo contradice otras, por lo menos en dos grandes áreas. Pero en el gobierno neoliberal, una vez más, pesa la voluntad de lograr resultados fiscales, aun en áreas tan delicadas como esta y cuando no se trata de millonadas.
El propio Lacalle reconoce que los centros educativos no han sido un generador importante de contagios de Covid-19, con apenas 2,5% del total de los identificados, y poco más de un centenar de brotes contra los 6.000 cuyo origen se detectó en contactos intrafamiliares.
El presidente jerarquiza mantener la actividad de las empresas (en especial de las mayores) y quiere llegar cuanto antes a una reanudación plena, a tal punto que se le pueden reprochar avances prematuros e imprudentes en esa dirección. Sin embargo, es claro que mientras no se restablezca la obligación de ir a clase persistirán, en una gran cantidad de hogares, problemas importantes para que los adultos puedan retomar sus actividades habituales, advierte Ladiaria.
En el fondo y en la superficie hay una cuestión relacionada con el gasto público. Tanto las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre la necesidad de volver a la presencialidad obligatoria, para “proteger el sistema educativo” como las demandas de organizaciones de familiares de estudiantes y sindicatos de docentes, orientadas a crear condiciones más seguras, requieren desembolsos extra por parte del Estado.
Pero también hay una cuestión ideológica. Cuando los indicadores sanitarios mostraban a Uruguay en una situación privilegiada, Lacalle pregonó dentro y fuera de las fronteras su apuesta a la “libertad responsable”, y eso les permitió a muchas personas creer que aquí se potenciaban del mejor modo posible las virtudes de un pueblo sensato y las de un gobernante sabio, que confiaba en la gente sin imposiciones ni paternalismos.
Mientras los indicadores se desbocan, el presidente apela nuevamente a su peculiar concepto de la libertad individual, esta vez para transferir la culpa de las desgracias a decisiones equivocadas de la gente. En el fondo, hay –sin dudas- una cuestión de clase. Esta decisión, presuntamente “neutra”, tiene un impacto social desigual: afecta más y peor a la gente pobre.
Todos los problemas los resuelven privados, al final parecería que el afán privatizador es consecuencia de ser inútiles: lo único que ha hecho este gobierno de manera pública ha sido comprar cosas y con malos resultados. Además la coalición multicolor ya está en campaña interna, sumida en una guerra de posiciones dentro del gobierno, señala Mate Amargo.
El centroizquierdista Frente Amplio (FA), que gobernó 15 años, no votó a fines del año pasado la limitación del derecho constitucional de reunión, y menos aún votará la nueva iniciativa enviada por la Presidencia que prorroga esa limitación y habilita que se renueve en forma automática cada 30 días.
La figura de Lacalle Pou se va desdibujando, o la realidad y las actitudes suyas y de su gobierno la va desdibujando. Por ejemplo, la ministra de Economía aprobaba una exoneración al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el ministro de relaciones exteriores seguía gastando a rolete (como denuncian sus correligionarios).
Para completar, un director de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) acomodando a militantes de su partido político, en guerra dentro de la coalición derechista de gobierno; y el intendente de Rivera filtrando una decisión del gobierno y luego, ante la marcha atrás, acusando que le hackearon la cuenta, olvidándose que lo dijo en una entrevista que quedó filmada.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)