La rebelión de Chiloé
Chiloé está en una encrucijada. O detiene la depredación por la industria extractivista o se hunde y desaparece, junto a todo su sistema económico tradicional y su cultura. El archipiélago está amenazado de muerte del mismo modo como en otras regiones el bosque nativo fue arrasado con sus formas de vida milenaria, las perforaciones mineras contaminan su entorno o las multinacionales embalsan y encauzan ríos para la obtención de energía para operaciones industriales a centenares de kilómetros.
Chiloé se ha levantado tras largas décadas de asedio y depredación de sus bosques nativos y de su singular mar, el corazón de su economía y cultura. La marea roja, fenómeno atribuido a las corrientes cálidas que inciden en la proliferación de algas tóxicas, esta vez ha sido amplificada, tanto en su extensión como en su intensidad, por factores locales. Un fenómeno que literalmente ha envenenado las aguas con muertes masivas de especies, arrasando con los recursos que históricamente ha sido el sustento de los isleños y base de la economía de la isla.
Ante este escenario desolador, los chilotes perdieron la paciencia. Hoy están en las calles y en las rutas al fragor de las barricadas, las asambleas y las ollas comunes. Una espíritu de lucha une a la isla, que levanta un discurso sólido contra la explotación y sus efectos. Ello puede observarse en el claro mensaje que la Asamblea Social de Castro hizo llegar a la autoridad central durante la primera semana de mayo. En un documento de 14 puntos, pide el retiro de las salmoneras y toda la industria extractivista. “Es el momento de comprender que el desarrollo que ofreció el modelo neoliberal está sustentado en el desprecio de los trabajadores, del medioambiente, del mar, de la cultura chilota”.
Los motivos de este desastre, y nadie lo puede tener más claro que los mismos chilotes, están a la vista y han logrado incluso romper los cercos informativos de la prensa corporativa. La tragedia de Chiloé no es la marea roja, fenómeno cíclico que se mantiene en la memoria colectiva de los pescadores y habitantes costeros, sino los cambios en los ecosistemas por una sobreexplotación indiscriminada de los recursos pesqueros y las costas por industrias externas a la isla. Desde hace décadas, pero con mayor énfasis durante los últimos veinte años, todo el litoral se ha transformado en una gran fábrica para la producción y extracción sin freno de especies comercializables en otras latitudes. Una actividad apoyada por un enjambre de camiones que se mueve de manera permanente desde la Ruta 5 hasta senderos de tierra y ripio para llegar hasta las orillas y extraer los recursos. Un negocio tan rentable que ha impulsado la construcción del puente más caro y largo de Chile entre Chacao y Pargua.
El levantamiento de los pescadores, apoyados por un movimiento social sin paragón en la historia reciente de la isla, es una reacción natural que sumaba años de tensiones y desatenciones de parte de los gobiernos de Santiago. Si el centralismo es violento en todas las regiones, ha sido aún más evidente con respecto a la isla, dependiente de forma permanente del continente en aspectos tan fundamentales como salud y educación de calidad.
El estallido social isleño ha sido esta vez por una conjunción de fenómenos naturales, industriales, económicos y políticos. La rebelión de los chilotes es un grito que clama tanto por el fin de la extracción y explotación, como también de los abusos. El vertido de miles de toneladas de residuos orgánicos de la industria salmonera en el mar del sur ha sido la gota que rebalsó la paciencia y ha llenado de indignación a toda la población. “No somos el patio trasero de nadie”, se leía en lienzos que expresan la rabia y el dolor por la humillación al ver las toneladas de basura tirada en sus puertas, acción realizada por las industrias salmoneras con la autorización de la Armada y Sernapesca.
La crisis salmonera
La isla de Chiloé es una expresión bestial del modelo rentista extractivista que ha permitido a Chile contar con una alta tasa de crecimiento económico desde finales de la década de los ochenta. Minería, plantaciones forestales, pesquerías industriales son la base de una economía que ha logrado un PIB per cápita superior a los 20 mil dólares anuales pero tremendamente mal repartido. El modelo levantado durante las décadas de la transición como el patrón a seguir por todos los países de la región, hoy se cae a pedazos por sus enormes distorsiones y contradicciones. La isla reproduce a su escala y en su mar, con alta intensidad, este modelo. Desde la privatización de las costas, que adquiere especial fuerza durante las últimas décadas, el deterioro es progresivo. En este proceso la instalación de la industria salmonera marca en no pocas zonas momentos terminales a partir de la década pasada.
Chiloé vio alterada su economía con la llegada masiva de jaulas de cultivo de salmones, las que se instalaron de forma profusa en decenas de kilómetros de sus costas. Una mutación que junto a la germinación de violentos cambios en el ecosistema de sus aguas, condujo también a transformaciones igualmente violentas en las formas de vida. Pescadores tradicionales dejaron sus faenas para ir a trabajar a una industria que resultó ser especulativa y temporal.
Durante la década pasada la industria salmonera chilena logró posicionarse en los mercados internacionales como el primer productor mundial. Grandes multinacionales hicieron sus inversiones, las que competían con otras industrias nacionales de rubros similares. En los años de oro de esta actividad, en 2008 la industria exportó más de 400 mil toneladas de salmones y truchas por un valor superior a los dos mil millones de dólares. Una industria en plena expansión que bajo la superficie mantenía todo tipo de distorsiones, desde las laborales, en abierto abuso y explotación, a las ambientales, las que les pasó la cuenta aquel año con la proliferación del virus ISA, mortandad masiva de peces y pérdidas por miles de millones de dólares.
El salvavidas estatal
Tras este evento se produce, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, un punto de quiebre entre esta industria y la sociedad isleña y chilena. Con el argumento falaz, como siempre, de proteger los puestos de trabajo, el Ejecutivo dio luz verde a programas de ayuda a las corporaciones salmoneras para que corrigieran sus números rojos. Concretamente, el Estado fue aval ante el sector financiero al entregarse en concesión los bordes costeros a las salmoneras, quienes a su vez los hipotecaron ante la banca. De esta manera se apretaba una trenza entre el sector financiero, las salmoneras y las elites políticas en el poder y nuevamente quedaba demostrada aquella consigna neoliberal en cuanto a que las ganancias son privadas y las pérdidas públicas.
El resultado, muy favorable para las empresas, fue doblemente negativo para los chilotes. La industria, que se vio regalada con nuevos espacios para instalar sus cultivos, se fue de muchas zonas de la isla en busca de nuevas aguas, dejando un reguero de contaminación y sedimentos en los fondos marinos así como miles de desempleados.
El espaldarazo que el gobierno pasado de Bachelet le dio a las salmoneras las hizo redoblar su actividad. Tanto, que durante esta década se reinstalaron como el primer productor del mundo y el segundo exportador chileno después del cobre. En 2015 el sector exportó casi 600 mil toneladas de salmones, por un valor superior a los 4.300 millones de dólares. Así hasta el verano pasado, cuando apareció una microalga tóxica que causó nuevamente la muerte de millones de peces en cautiverio. En marzo pasado, junto a las toneladas de peces en descomposición, esta industria tuvo también ingentes pérdidas económicas que comenzó a revertir de inmediato mediante el cierre de plantas y despido de centenares de trabajadores.
Una figura clave en estas operaciones fue el militante democratacristiano Felipe Saldoval Precht, fiel representante de la denominada “puerta giratoria” entre el sector privado y público. Sandoval fue subsecretario de Pesca durante el gobierno de Ricardo Lagos y posteriormente, tras la crisis del virus ISA, lideró la “mesa del salmón”, plataforma desde la cual salió el apoyo al millonario rescate y sentó nuevas bases para la privatización del mar.
Residuos orgánicos, mortandad de peces
La ayuda del Estado a esta industria no se ha hecho esperar en el presente trance. Los vertidos orgánicos al mar se realizaron para evitar mayores costos a las empresas, los cuales han sido traspasados a los ecosistemas y a la población con las consecuencias ya conocidas. Según informó la ONG Ecoceanos, que dirige Juan Carlos Cárdenas, el procedimiento de descarga de miles de toneladas de salmones muertos que debía haberse realizado a trece kilómetros al noreste de la isla de Chiloé, se habría realizado mucho más cerca de las costas. El senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, a su vez informó haber recibidos numerosas denuncias de organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal relacionadas con un conjunto de efectos nocivos generados a partir de la descarga de peces muertos y en descomposición: “Según sostienen quienes nos han entregado esta información, la descarga no se habría realizado a la distancia necesaria del borde costero y ello estaría impactando fuertemente en la fauna marina”, dijo el político PS en la primera semana de mayo.
Hasta la fecha se ha informado del vertido de unas cinco mil toneladas de salmones putrefactos al océano frente a las costas de Chiloé. Pero el volumen de peces muertos en las plantas excede en mucho esa cifra, la que superaría las diez mil toneladas. Aun cuando la industria ha afirmado que la mayoría de los peces muertos se eliminó por otras vías, hoy en plena crisis los pescadores y especialistas observan un escenario diferente. Además del afloramiento de las microalgas tóxicas, durante el verano se han producido una serie de eventos inéditos en el mar chileno, como el varamiento de más de 300 ballenas en Aysén y otros más recientes como la muerte súbita de diez mil toneladas de sardinas, anchovetas y pejerreyes en la caleta Queule, el varamiento masivo de machas en Cucao y Quetalmahue y, por último, la intensa marea roja que abarca desde el norte de Aysén hasta Bahía Mansa, en Osorno.
Los pescadores artesanales buscan hoy responsabilidades en la industria salmonera y en el gobierno, que insiste de forma majadera en atribuir esta catástrofe ambiental a la naturaleza. El Condepp (Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero) apuntó a través de su presidente, Jorge Bustos, al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (ex diputado PS), como el gran responsable de la crisis: “Se está hablando de causas naturales como consecuencia del Fenómeno del Niño, y eso no es así. Se le está mintiendo a todo el país, aquí hubo envenenamiento de las aguas. Los mariscos no mueren por marea roja, eso es una falacia” dijo Bustos en la primera semana de mayo.
La crisis pesquera de Chiloé no corre por carriles separados. Está unida y es parte de una mucho mayor que afecta a todos los pescadores artesanales del país, que sufren de manera permanente tras el regalo, mediante leyes, que el Estado chileno le ha hecho a las grandes pesquerías de los recursos marítimos. La misma concepción neoliberal extractivista puede verse tanto en la industria del salmón como en el diseño de las leyes de pesca, todas hechas a la medida de las grandes corporaciones y en desmedro de los pequeños recolectores.
El Condepp ya tenía a Súnico en la mira tras sus declaraciones ambiguas sobre la espuria Ley Longueira. En marzo, Bustos dijo que Súnico “hizo lobby a favor de la Ley Longueira en el Congreso y apoya la pesca de arrastre, por tanto, no es un una autoridad válida para proteger los recursos pesqueros de todos los chilenos”. Una acusación que se hunde en la oscuridad de esta ley, llena de ilegalidades, coimas y boletas ideológicamente falsas.
Los pescadores de Chiloé negocian con el gobierno unos bonos de ayuda para paliar la crisis, los cuales no resolverán ni sus causas ni sus efectos futuros. Pero este paliativo es sólo un aspecto más en un problema estructural derivado de un modelo económico. Este subsidio no tiene ninguna relación con una catástrofe causada por un modelo extractivista rentista que tiene cooptada a toda la clase política en un escenario de corrupción que evidencia los niveles de podredumbre en los que ha caído toda la clase dirigente chilena.
En este transparentado escenario, evidente para todos los ciudadanos, se abre también una gran oportunidad para la rebelión popular durante esta crisis que marca nuevos niveles en los abusos públicos y privados contra la población. La chispa ha saltado.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 851, 13 de mayo 2016.