Mar 28 2006
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Cultura

LA SIP EN ECUADOR. SIN AUTORIDAD MORAL

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de condenar al gobierno del presidente Ch谩vez por violar ‘la libertad de expresi贸n y el derecho a la informaci贸n.’ (El Nacional, 21 de Marzo de 2006). Esta ‘primicia’ fue difundida y rese帽ada ampliamente por todos los medios de comunicaci贸n privados y antichavistas, lo cual no resulta extra帽o, toda vez que son sus propios due帽os quienes integran el tren ejecutivo y la vocer铆a principal de la SIP.

En efecto, la SIP est谩 conformada por una 茅lite de due帽os de medios corporativos vinculados al exilio anticastrista de Miami y a extremistas antichavistas de Venezuela que usurpan la representaci贸n leg铆tima de los periodistas para atacar de manera sistem谩tica a cualquier gobierno que intente democratizar el poder de los medios en beneficio de la colectividad.

En su junta de directores se pueden observar los nombres de furibundos antichavistas como Miguel Henrique Otero y Andr茅s Mata Osorio, due帽os de El Nacional y El Universal respectivamente, comprometidos con la desestabilizaci贸n del gobierno venezolano y protagonistas del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

La SIP dice contar con mas de 1.300 afiliados due帽os de peri贸dicos y revistas de Am茅rica. Se autodefine como una organizaci贸n ‘sin fines de lucro’ que ‘defiende’ la libertad de expresi贸n en todo el continente americano, y reconoce que su fuerza deriva de la ‘unidad de prop贸sitos’ que muestren sus ‘socios’ mas all谩 de las ‘barreras geogr谩ficas y culturales’, lo cual utiliza como justificaci贸n para interferir en los asuntos internos de cualquier pa铆s del hemisferio que considere contrario a sus intereses.

La SIP es quiz谩s la 煤nica federaci贸n de empresarios cuyo sindicato es representado por la misma 茅lite que domina la producci贸n, mano de obra y propiedad intelectual de lo que sus trabajadores producen. Resulta parad贸jico que el mismo grupo de due帽os de medios sea el que asuma la representaci贸n de periodistas y consumidores al erguirse como defensor de la labor period铆stica y la libertad de expresi贸n cuando en realidad solo velan por sus intereses capitalistas.

Esta contradicci贸n entre su naturaleza corporativa y la ‘misi贸n’ social que dicen defender, es lo que ha dado origen a la utilizaci贸n de la SIP como agente intervencionista y desestabilizador de gobiernos progresistas en Am茅rica Latina y el Caribe, lo cual se puede observar por el estrecho v铆nculo que mantiene con la derecha ultrareaccionaria de Miami, donde se encuentra su sede, su ferviente afecto con los antiguos reg铆menes totalitarios de derecha en Latinoam茅rica, y los ataques despiadados que hoy libran contra los gobiernos democr谩ticos de Venezuela, Argentina y Brasil.

Origen y financiamiento

De acuerdo al periodista espa帽ol, Pascual Serrano (Rebeli贸n, 22 de Octubre de 2003), la SIP fue creada en 1943 y refundada en 1950 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers as铆 como por Tom Wallace del Departamento de Estado. Su misi贸n era apoyar la pol铆tica exterior antisindicalista y anticomunista de la era macartista, y la promoci贸n del liberalismo econ贸mico.

Adem谩s de maniobrar contra la UNESCO cuando debat铆a sobre la democratizaci贸n del control de la informaci贸n, la SIP desarroll贸 una campa帽a medi谩tica contra el gobierno democr谩tico de Salvador Allende que foment贸 la intervenci贸n militar y coadyuv贸 a su derrocamiento en 1973. De acuerdo al periodista chileno Hern谩n Uribe (2002 y 2003), la CIA ‘manej贸 o gui贸 a la gran prensa local y a los afiliados de la SIP en una campa帽a de propaganda negra contra Allende.’ As铆 lo corrobora adem谩s un informe del senado estadounidense, el cual se帽ala que ‘el tema de la libertad de prensa fue el m谩s importante dentro de la campa帽a internacional contra Allende鈥’

‘La CIA financi贸 un variado surtido… Produc铆a varias revistas de circulaci贸n nacional. Elaboraba materiales para colocarlos en la cadena El Mercurio; en todos los diarios de oposici贸n; en todas las estaciones radiales controladas por los partidos de oposici贸n, y en varios programas regulares de televisi贸n en tres canales.’

En efecto, el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agust铆n Edwards, fung铆a adem谩s como el vicepresidente de la SIP, recibi贸 millones de d贸lares para librar una campa帽a medi谩tica de descr茅dito contra el presidente Allende.

Las semejanzas con El Nacional del antichavista y miembro activo del tren ejecutivo de la SIP, Miguel Henrique Otero, no son meras coincidencias. A mas de 30 a帽os del golpe de Estado contra Allende, Otero desata una campa帽a similar desde las p谩ginas de su diario con pleno apoyo de la SIP.

El diario La Prensa de Santiago, por ejemplo, acus贸 al gobierno de Allende de instalar una base de submarinos sovi茅ticos. De la misma forma, la prensa venezolana antichavista acusa hoy al gobierno venezolano de armar a la guerrilla colombiana y financiar organizaciones ‘desestabilizadoras’ en toda Am茅rica Latina, as铆 como de enriquecer uranio con el apoyo de Ir谩n para la fabricaci贸n de bombas nucleares.

La SIP asegura que no recibe financiamiento de gobiernos. Sin embargo, la CIA, el Departamento de Estado, la Asociaci贸n Mundial de Diarios (WAN), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras instituciones estadounidenses han contribuido monetariamente con sus afiliados con el fin de controlar la informaci贸n que producen sus medios. En abril de 2003, por ejemplo, la SIP recibi贸 $3.6 millones por su ‘lucha a favor de la libertad en las Am茅ricas’ por parte de la Knight Foundation for Press Freedom Project que hoy dirige el furibundo antichavista Alberto Ibarg眉en, quien adem谩s se ha desempe帽ado como director de la propia SIP y ejecutivo del Miami Herald, bunker del exilio anticastrista de Miami y de la ultraderecha venezolana.

Silencio de la SIP

La usurpaci贸n de la representaci贸n del gremio period铆stico por parte de la SIP se pone de manifiesto cada vez que sus afiliados guardan silencio cuando diarios y periodistas que no se identifican con sus intereses son asesinados, perseguidos y encarcelados. (Rodr铆guez Alvarez, Enero de 2004).

Cuando en 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, acus贸 al gobierno argentino de ‘manejar la publicidad de manera selectiva’, ‘tratar con desconsideraci贸n’ a los medios de comunicaci贸n, ‘despreciar el periodismo’ y contar con un proyecto de ley ‘secreto’ para ‘limitar las actividades de los periodistas’, el presidente Kirchner revel贸 el parentesco entre la SIP y el subdirector del diario La Naci贸n, Claudio Escribano, quien mantuvo una plena complacencia sobre las atrocidades cometidas en Argentina contra la libertad de prensa, as铆 como la tortura y desapariciones de periodistas durante la dictadura. (Red Voltaire, 5 de Marzo de 2005).

Kirchner dej贸 tambi茅n en evidencia el origen reaccionario de Arbilla, jefe de prensa de la dictadura en Uruguay que ‘persigui贸, tortur贸 y mat贸 a ciudadanos uruguayos.’

Danilo Arbilla, presidente honorario y miembro del tren ejecutivo de la SIP, se desempe帽贸 como director de prensa de la dictadura militar uruguaya que reprimi贸 la disidencia y la libertad de expresi贸n por medio de tortura, encarcelamiento y desapariciones. De acuerdo al diario La Rep煤blica, ‘Arbilla hab铆a sido designado en el cargo por el presidente Juan Mar铆a Bordaberry, permaneci贸 en funciones luego de que el mandatario eliminara con respaldo militar las instituciones republicanas y continu贸 tambi茅n cuando las Fuerzas Armadas desplazaron a Bordaberry y se hicieron cargo directamente del pa铆s.’

Seg煤n el director del diario Ultimas Noticias, Eleazar D铆az Rangel, las amenazas contra la libertad de prensa durante los gobiernos de Ra煤l Leoni, Carlos Andr茅s P茅rez y Jaime Lusinchi en Venezuela tampoco fueron condenadas por la SIP, a pesar de las clausuras, censuras por decreto y chantajes con la compra de insumos importados que fueron objeto los medios. De igual manera, la SIP guard贸 silencio cuando el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, sobornaban a medios y periodistas para controlar el contenido de la informaci贸n que produc铆an .

A finales de los noventa, la SIP acus贸 al gobierno de Caldera de ser ‘uno de los principales enemigos de la prensa’ y de ejercer la ‘represi贸n comunicacional’ por el solo hecho de haber planteado la necesidad de una ley que regulara a los medios de comunicaci贸n venezolanos (El Nacional, 17 Marzo de 1997) y de no querer que los peri贸dicos opinaran libremente sobre su gesti贸n, buscando as铆 evitar que el gobierno venezolano llevar谩 su propuesta del ‘derecho a la informaci贸n veraz’ a la VII Cumbre Iberoamericana, porque con ella se ‘determinar铆a de hecho la desaparici贸n de la libertad de expresi贸n en nuestros pueblos.’ (El Nacional, 21 Octubre 1997).

En este sentido, no deja de sorprender que al precandidato Teodoro Petkoff se haya olvidado este episodio vivido durante su gesti贸n en Cordiplan para cuadrarse con los mismos mercenarios que lo vilipendiaron y de esta manera silenciar los atropellos que comete la SIP en nombre de la ‘libertad de prensa’.

La SIP tampoco ha condenado las amenazas que gobiernos de derecha en Centroam茅rica han realizado constantemente contra diarios y periodistas, como cuando el ex presidente de El Salvador y ex candidato de Estados Unidos a dirigir la OEA, Francisco Flores, descarg贸 su furia contra el Canal 12 de televisi贸n durante su mandato (Proceso, 21 de Febrero de 2001), y tras la confiscaci贸n de las publicaciones Pulso y El Diario durante los hechos que condujeron a la ca铆da del ex presidente boliviano S谩nchez de Losada. (Serrano, 2003).

De igual manera, la SIP dej贸 de pronunciarse sobre los cierres de VTV y Catia TV a manos de dirigentes opositores, sino que por el contrario, le brind贸 plena solidaridad al ex gobernador Enrique Mendoza tras ser imputado por el ‘uso de la violencia para impedir el funcionamiento de un cuerpo leg铆timamente constituido, incitaci贸n a delinquir e interrupci贸n de las telecomunicaciones’ durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Precisamente, la SIP guard贸 un escandaloso silencio acerca de la conducta de los medios privados durante los hechos de abril de 2001, quienes en un primer momento manipularon la informaci贸n de manera descarada para involucrar al gobierno venezolano con la masacre que efectuaron los golpistas, y luego se autocensuraron mientras el pueblo se rebelaba contra la dictadura de Pedro Carmona y el poder medi谩tico. La SIP tampoco hizo referencia alguna a la grosera propaganda pol铆tica antichavista que transmitieron los medios privados venezolanos de manera cont铆nua y permanente durante el sabotaje petrolero.

La SIP golpista

En Marzo de 2002, a escasos d铆as del golpe de Estado, la SIP reprodujo su papel durante el derrocamiento del presidente Allende cuando aprob贸 una resoluci贸n que condenaba ‘las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n’ en Venezuela’, al tiempo que aupaban la bochornosa conducta de periodistas y medios que realizaban una abierta campa帽a contra el gobierno incitando a la desobediencia como. Una ‘edici贸n especial’ del diario El Nacional el propio 11 de abril, llamaba a la manifestaci贸n antichavista para que se desviara hacia Miraflores.

Asimismo, la SIP acus贸 al gobierno de practicar una ‘deliberada pol铆tica鈥 para restringir el ejercicio de la libertad de expresi贸n y el derecho a la informaci贸n’, practicar el ‘terrorismo de estado’ contra periodistas, utilizar a c铆rculos bolivarianos para agredir a los medios, conformar ‘Tribunales Populares’ para juzgar a periodistas y medios y declararlos ‘objetivos de guerra’, entre otras mentiras que formaban parte de la misma estrategia golpista.

En pleno golpe de Estado, la SIP (11 de abril del 2002) conden贸 el cierre de canales privados de televisi贸n venezolanos, cuando estos violaron la ley de telecomunicaciones al alterar la transmisi贸n de la cadena presidencial.

La desfachatez de la SIP lleg贸 al extremo de asegurar que las plantas de televisi贸n privadas ‘fueron los medios m谩s afectados en estos dos d铆as ya que fueron obligadas a transmitir las continuas cadenas informativas que emanaba el gobierno para contrarrestar la informaci贸n que los periodistas transmit铆an sobre el paro.’

La SIP argumentaba que el presidente Ch谩vez no ten铆a derecho a suspender la transmisi贸n de las plantas privadas porque en ‘momentos de confusi贸n es donde necesita mayor cantidad de informaci贸n y orientaci贸n’, lo cual efectivamente hicieron los medios al manipular descaradamente lo que ocurr铆a en las calles de Caracas y silenciar la rebeli贸n c铆vico militar que derroc贸 la breve dictadura de Pedro Carmona.

El 12 de abril de 2002, en plena efervescencia golpista, el entonces presidente de la SIP y editor del diario estadounidense ‘Post and Courier’, Robert Cox, justific贸 el golpe de Estado y brind贸 su pleno apoyo al dictador Pedro Carmona.

‘Este es un ejemplo muy v谩lido para el nuevo gobierno que encabeza Pedro Carmona, que seguramente dar谩 vuelta la hoja, respetar谩 la libertad de prensa y alentar谩 la independencia judicial y as铆 garantizar谩 un per铆odo verdaderamente democr谩tico.’

Posteriormente, la agencia de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresi贸n (IFEX), 贸rgano divulgativo de la SIP, dio cuenta de la muerte del fot贸grafo Jorge Tortoza del diario 2001 a manos de ‘un francotirador militar que dispar贸 desde el techo del Palacio Municipal’, seg煤n lo manifestara un ‘periodista local’ (16 de Abril de 2002), cuya identidad fue revelada posteriormente por el periodista estadounidense Al Giordano. Se trataba de la periodista de El Universal y activista antichavista, Eur铆dice Ledezma, quien tambi茅n fue usada como ‘fuente independiente’ por su novio, el palangrista Phil Gunson, en sus reportajes para la prensa internacional con el objeto de vincular al gobierno venezolano con los asesinatos ocurridos, violando as铆 todo principio 茅tico y profesional.

La SIP nunca se refiri贸 a la descarada manipulaci贸n que hicieran Venevisi贸n de la trasmisi贸n de los simpatizantes del gobierno que disparaban desde Puente Llaguno defendiendo a la multitud que all铆 se congregaba de los disparos que realizaba la polic铆a metropolitana del acalde Alfredo Pe帽a al mando de L谩zaro Forero, haci茅ndole creer a la teleaudiencia que disparaban contra la manifestaci贸n antichavista que jam谩s pas贸 por ese lugar.

Inmediatamente despu茅s del golpe, la SIP (17 de Abril de 2002) acus贸 al presidente Ch谩vez de ‘crear situaciones antag贸nicas en contra de los periodistas y medios de comunicaci贸n’ y ser ‘el responsable de las agresiones a la libertad de prensa’, pero no hizo menci贸n alguna sobre la desfachatada actuaci贸n de los medios venezolanos en los hechos de abril, sino que de manera t铆mida y cobarde ‘reclam贸 la atenci贸n’ de cualquier acto y decisi贸n ‘dirigidos a impedir que los ciudadanos est茅n debidamente informados.’

No obstante, el papel de los medios durante el golpe que la SIP ha decidido ignorar, fue mas que evidente. En su revelador art铆culo, ‘Mi paso por un gobierno breve’ (Venezuela Anal铆tica, 23 de Mayo de 2002) el antichavista Jos茅 Gregorio V谩squez, colaborador y testigo de excepci贸n de la breve dictadura de Carmona donde se desempe帽ar铆a como Viceministro de la Secretar铆a, confiesa como los due帽os de medios privados sirvieron de co-gobierno manejando a su antojo las decisiones pol铆ticas del dictador.

‘A las 8 en punto de la ma帽ana llegu茅 Miraflores el d铆a s谩bado鈥 Alrededor de las 11 y media lleg贸 Andr茅s Mata, lo acompa帽茅 a la antesala de la Secretar铆a Privada, alrededor de las 12 llegaron los dem谩s; Alberto Federico Ravell, Guillermo Zuluaga, Gustavo, Ricardo y Guillermo Cisneros, Omar y Omar Gerardo Camero, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier, Orlando Urdaneta, Andr茅s de Armas y de 煤ltima lleg贸 Patricia Poleo. Del otro lado de la mesa del Sal贸n del Consejo de Ministros est谩bamos, Carmona, el Vicealmirante Ram铆rez P茅rez, Ra煤l de Armas, Leopoldo Mart铆nez, el Vicealmirante Brice帽o y yo. Carmona les explic贸 lo delicado de la situaci贸n y les pidi贸 apoyo (鈥)’

‘Los voceros por los medios fueron Otero y Granier. Particularmente Granier hizo una excelente exposici贸n sobre los errores cometidos y la b煤squeda de soluciones, Carmona asent铆a. Gustavo Cisneros tom贸 luego la palabra para pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gesti贸n comunicacional del gobierno, Carmona acept贸.

Por consenso decidieron que fuese Alberto Federico Ravell el encargado de hacer las postulaciones. Alberto propuso a Gilberto Carrasquero para presidir Conatel, entonces Carmona se volte贸 hacia Patricia Poleo y le ofreci贸 la OCI, pero Alberto Federico interrumpi贸 pidi茅ndole a Carmona un voto de confianza y proponiendo a Fern谩n Fr铆as para ese cargo, Carmona acept贸 y pude ver c贸mo se le descompon铆a el rostro a la Poleo.’

En pleno sabotaje petrolero, la SIP (10 de diciembre de 2002) volvi贸 a jugar un papel fundamental en la campa帽a desestabilizadora contra el gobierno del presidente Ch谩vez al condenar los ‘ataques contra los medios en Venezuela’, cuando estos participaban abiertamente apoyando acciones terroristas.

Calific贸 de intimidaci贸n el que ciudadanos venezolanos indignados protestaran la cobertura de noticias por parte de las plantas privadas de televisi贸n, ignorando el legitimo derecho a reclamar ‘informaci贸n veraz’ y el cese del ‘terrorismo medi谩tico’ que protagonizaron los medios sin ning煤n rubor durante el sabotaje petrolero.

A finales de enero de 2003, cuando era evidente la victoria de las fuerzas bolivarianas sobre el golpismo encabezado por Fedecamaras, CTV y medios privados, la SIP (21 de enero del 2003) se volvi贸 a pronunciar para rechazar los procedimientos administrativos que inici贸 CONATEL contra las plantas privadas de televisi贸n por su violaci贸n al ordenamiento jur铆dico. Asimismo, la SIP (31 de enero del 2003) calific贸 la situaci贸n en Venezuela de ‘grave y alarmante’ y conden贸 al gobierno de dirigir una ‘campa帽a oficial’ contra medios y periodistas.

Posteriormente, la SIP (13 de febrero del 2003) manifest贸 su preocupaci贸n por ‘el acelerado y grave deterioro de la libertad de prensa en Venezuela’ y acus贸 al gobierno de tener la ‘clar铆sima intenci贸n’ de ‘controlar y censurar a los medios, a los periodistas y a la informaci贸n.’

En Marzo de 2003, la SIP (25 de marzo del 2003) pidi贸 formalmente a la OEA que descalificara al presidente Ch谩vez por su ‘intenci贸n de legitimarse 煤nicamente sobre la base de procesos electorales, pero atropellando y cortando libertades esenciales de la persona y la sociedad, y violando el Estado de Derecho.’

Asimismo, la SIP pidi贸 condenar al gobierno venezolano por ‘agredir a los medios informativos de Venezuela鈥 con la finalidad de cerrarlos o asfixiarlos.’ La SIP tambi茅n se帽al贸 que ‘la libertad de prensa y de expresi贸n est谩 severamente coartada’, y que lo sucedido durante 2002 y 2003 en Venezuela obedec铆a a ‘un proceso sistem谩tico dirigido a controlar el contenido de lo que se difunde a trav茅s de los medios de comunicaci贸n social, a controlar el tipo de informaci贸n que la sociedad tiene derecho a recibir y, en 煤ltimo t茅rmino, a coartar la libertad de expresi贸n’, obviando descaradamente la actuaci贸n de los medios privados durante el golpe de abril y sabotaje petrolero.

Por si fuera poco, la SIP acus贸 al gobierno de dirigir a los ‘violentos’ c铆rculos bolivarianos para que agredieran f铆sicamente a periodistas, fot贸grafos y camar贸grafos, destrozaran sus equipos, incendiaran sus veh铆culos y exhibieran pancartas ‘dirigidas a intimidarlos, individualizando a sus propietarios y directores, se帽al谩ndolos como ‘enemigos de la patria’, ‘mercaderes del terror’, y ‘fabricantes de mentiras’, tild谩ndolos de golpistas’, lo cual revela que para la SIP la 煤nica libertad de expresi贸n que existe es la de los due帽os de medios.

Los virulentos ataques de la SIP contra Venezuela se vienen produciendo de manera sistem谩tica desde hace mas de 5 a帽os. Todos los meses de marzo, los capos de la SIP se re煤nen para condenar al gobierno de Venezuela por ‘cercenar las libertades democr谩ticas.. aniquilar la libertad de expresi贸n鈥 y atropellar a comunicadores que expresan sus ideas e informan oportunamente’ (El Universal, 15 de Marzo de 2005), pero hasta los momentos ninguna de sus predicciones apocal铆pticas sobre la libertad de expresi贸n en Venezuela se han cumplido, lo cual revela que su ret贸rica obedece mas a la propaganda antichavista que busca defender los intereses mercantilistas de los due帽os de medio por encima del inter茅s colectivo de periodistas y lectores.

Todas estas evidencias demuestran fehacientemente la ‘falta de autoridad moral e inter茅s tergiversado’ de la SIP para pronunciarse sobre la libertad de expresi贸n en Venezuela y cualquier otra parte del mundo.

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* Publicado y distribuidio por las agencias ARGENPRESS yALTERCOM

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