Las represas del río Madeira y su impacto sobre la Amazonia
Andrés Mego, Comunicaciones Aliadas
"Las consecuencias de las represas en el río Madeira vendrán a sumarse al proceso que desde hace décadas viene destruyendo la Amazonia", afirma el especialista boliviano en salud pública Pablo Villegas, investigador del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).
Sin embargo, ningún proyecto de infraestructura habría tenido por sí solo un impacto global en la Amazonia, como lo tendrá, según las predicciones de los ambientalistas, el Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira. Razones para alarmarse saltan a la vista.
El Madeira es el segundo río más caudaloso de la cuenca amazónica, inferior solamente al Amazonas, del cual es afluente. Nace de la unión de los ríos Beni y Mamoré en Bolivia, y discurre hacia el norte siguiendo la frontera entre ambos países, para ingresar a territorio brasileño cruzando los estados de Rondônia y Amazonas. Transporta la mitad de los sedimentos de la cuenca y drena una de las regiones de mayor diversidad física y biológica del mundo, compartida por tres países: Bolivia, Brasil y Perú. El proyecto de las represas forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA) y está ubicado en Brasil, en las proximidades de la ciudad de Porto Velho, cercana a la frontera con Bolivia.
El diseño original del proyecto incluía dos grandes represas en el Río Madeira en territorio brasileño, otra en aguas binacionales y la cuarta en territorio boliviano, sobre el río Beni. Sin embargo, las empresas brasileñas fracasaron en su intento de obtener permiso del gobierno boliviano para realizar estudios en su territorio. Se inició un intenso debate por los impactos trasfronterizos de dichas represas, lo que condujo a tensiones entre ambos países. Brasil optó, entonces, por seguir adelante con el proyecto en su territorio.
La construcción de la represa de San Antonio ya ha sido entregada en licitación al consorcio liderado por la estatal Furnas y el gigante de la construcción Odebrecht. Las obras se iniciarán este año. Mientras tanto, la otra represa brasileña, Jirau, comenzará a recibir postores en mayo. Además del aprovechamiento hidroeléctrico, las represas también tienen el objetivo de hacer navegable al Madeira, posibilitando la interconexión logística de las regiones de Madre de Dios (Perú), Pando (Bolivia) y Rondônia (Brasil).
Patricia Molina, coordinadora nacional del FOBOMADE, señala en su estudio "El Complejo del río Madera en el marco de las políticas energéticas de Bolivia" que "el componente de navegación se concretaría mediante la construcción de esclusas, lo que posibilitaría la navegación de más de 4,000 km de vías fluviales aguas arriba de las presas para el transporte de mercancías de Brasil a los puertos del Perú".
"Principio de precaución"
Según una carta dirigida en el 2007 a las autoridades brasileñas por organizaciones ambientalistas de todo el mundo en base a estudios oficiales e independientes, "existe gran probabilidad de que Bolivia pueda sufrir inundaciones en la provincia de Pando; pérdida de fauna piscícola y serios impactos en las poblaciones de peces aguas arriba del Madeira, así como la proliferación de vectores de malaria".
En vista de estos peligros potenciales, las autoridades bolivianas han exhortado a que Brasil aplique el "principio de precaución", respaldado por varios tratados firmados por ambas naciones, para asegurar que no habrá impactos transfronterizos. Pero Brasil no dio marcha atrás. Silas Rondeau, ex ministro de Minas y Energía de Brasil, afirmó en enero del 2007 en declaraciones a la prensa que "no cabe acuerdo con Bolivia… en la medida en que las dos hidroeléctricas están en territorio de Brasil".
Por otra parte, como señala Villegas en su artículo "Destrucción de la Amazonia: Brasil aprueba EIA [Estudio de Impacto Ambiental] de represas que inundarán territorio boliviano", "las represas implicarán problemas geopolíticos. El 95% de las aguas de Bolivia se escurren a través del Madeira. Las represas pondrán estas aguas bajo el control del Brasil, lo cual representa una perspectiva geopolítica inquietante".
El gobierno del presidente Evo Morales no ha sido flexible en las negociaciones con Brasil relativas a autorizar estudios para las represas en territorio boliviano. A pesar de los ofrecimientos del jefe de Estado brasileño Luis Inácio Lula da Silva —salida a los puertos del Atlántico y créditos blandos destinados a la agricultura—, Morales aplicó en febrero del 2007 el decreto aprobado por el gobierno del presidente interino Eduardo Rodríguez Veltzé en octubre del 2005 por el cual se suspende el otorgamiento de licencias en materia hidroeléctrica en la cuenca del Madeira hasta que no se cuente con estudios fiables.
"El Estado brasileño tiene la urgente necesidad de que Bolivia avance en la implementación de las obras hidroeléctricas, debido a los impactos transfronterizos que obligarían al establecimiento de un convenio bilateral para la gestión de los mismos", precisó Molina en su estudio "El proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico y de navegabilidad del río Madera en el marco del IIRSA y del contexto de la globalización".
Necesidad de energía
La construcción de las represas hidroeléctricas responde a intereses comunes entre el gobierno de Lula y la empresa privada brasileña. Para el Estado, representa satisfacer la urgente necesidad de energía eléctrica de sus ciudades industriales, facilitar la salida de su producción de soja hacia los puertos del Pacífico, mediante las hidrovías en el Madeira, y afianzar su presencia geopolítica en América del Sur. Para las empresas, la construcción de represas constituye un negocio de más de US$8 millardos, además de controlar la distribución de 6,400 MW que generarían las represas de Jirau y San Antonio.
Sin embargo, el proceso de otorgamiento de licencias ambientales se ha caracterizado por la premura y por ser blanco de fuertes críticas dentro de Brasil. En marzo del 2007, expertos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA) negaron la licencia preliminar al proyecto señalando fallos en su EIA, elaborado por Furnas/Odebrecht, los mismos que construirán las represas.
IBAMA determinó la necesidad de otros estudios que abarquen, entre otros aspectos, los impactos transfronterizos. Sin embargo, la junta directiva de IBAMA fue reemplazada en abril del 2007 y sus nuevos miembros, basándose en estudios adicionales, concedieron la licencia tres meses después.