LO RACIONAL EN POLÍTICA: UNA UTOPÍA IRREALIZABLE

Escribir un artículo de opinión sobre temas ajenos a la propia especialidad resulta bastante aventurado. Sin embargo una perspectiva externa puede aportar elementos de juicio que pasan desapercibidos o se disimulan por los profesionales del ramo: a veces los árboles no dejan ver el bosque. En esta ocasión recibí la sugerencia de opinar sobre qué significa “lo mejor” en política.

El resultado, obviamente, está sesgado por el criterio y la propia ética. Evitaré el uso de términos técnicos de la economía por dos motivos: ser neutro en el lenguaje y evitar imprecisiones. Espero que el lector sepa disculpar estas libertades.

La política está inmersa el mar de la ética, y en la relatividad axiológica de cada cultura. Por ello, una postura personal debe partir de axiomas que respondan algunas preguntas:

– ¿Todas las personas tienen el mismo valor?
– ¿Mis compatriotas tienen más valor como personas que los extranjeros?
– ¿Importa más el bien de la mayoría o del individuo?
– ¿Existen puntos medios aceptables?
– ¿Existen derechos básicos que toda persona debe tener garantizados?
– ¿Mi superávit de calidad de vida está por encima de la subsistencia básica de los demás?
– ¿Tengo derecho a ejercer todo mi poder para mi propio beneficio, a costa de vidas ajenas?

Las respuestas son cruciales, pues dependiendo del valor que se otorgue a los otros como individuos y como sociedad, se obtienen diferentes prácticas relativas a la distribución de la riqueza y al aprovechamiento de los recursos. Las consideraciones siguientes reflejan mi postura personal y subjetiva.

La Tierra, como sistema finito, tiene recursos limitados: ello implica que la cantidad de “riqueza” en el mundo es finita. Para la subsistencia de un ser humano se requiere una cantidad mínima de riqueza; si al dividir la riqueza global entre la población total se obtiene un número menor que el mínimo de subsistencia, entonces el sistema global estaría siendo explotado a un nivel superior al admisible pues el costo de esta dinámica sería la pérdida de vidas humanas. Una medida inmediata —entre otras— debería ser el freno del crecimiento demográfico.

Si la riqueza total dividida entre la población mundial arroja una cifra mayor que la cifra mínima de subsistencia, entonces el sistema no estaría siendo explotado por encima de su capacidad máxima. No obstante, puede ocurrir que el sistema político permita al individuo acumular riqueza de forma ilimitada. Un grupo amasa tanta fortuna, que la de los demás es inferior al mínimo para subsistir; algunos tendrían un superávit a costa de las condiciones básicas de vida de otros. Una sociedad que lo permitiera, valoraría más el libre mercado que el derecho a la vida.

Se debería resolver esta dicotomía. Una medida lógica, si el valor principal fuera la vida, consistiría en que el estado controlara la economía hasta el punto en que nadie pudiera tocar la riqueza básica necesaria para garantizar la subsistencia de todos los individuos. Sólo el exceso de recursos podría someterse al juego del libre mercado para quien quisiera amasar poder. Básicamente, éste es el modelo de estado social de bienestar.

El desequilibrio en la distribución de riqueza lleva a vicios más graves. En una “democracia” de libre mercado, es perfectamente concebible que alguien adquiera suficiente riqueza como para adueñarse de los medios masivos de comunicación, al igual que de las conciencias de personas con ambición de más riqueza. Es así como un grupo de empresarios puede contratar políticos mercenarios carismáticos, usar los medios de comunicación para presentarlos como líderes, hacerlos elegir, y utilizarlos para manipular las leyes en su propio beneficio.

Esto incluye falsificar los hechos o censurar la información que amenace sus metas, que se reducen a aumentar aún más sus riquezas en detrimento de los demás.

Estas consideraciones no son ciencia ficción. Un ejemplo aterrador ocurre hoy en Iraq.

Actualmente, Estados Unidos está dominado por el partido político de los empresarios (del petróleo, y de las comunicaciones, entre otros). La presidencia, el Congreso, la presidencia de la Corte Suprema, al igual que los medios masivos de comunicación, están al servicio de los empresarios que subieron ese presidente al poder.

Magnates del petróleo decidieron apropiarse de la riqueza de Iraq. Sus medios de comunicación convencieron a la ciudadanía de una secuencia de mentiras que dieron el apoyo popular a este crimen: vínculos con el 11-S, restricciones a los inspectores de la ONU, fabricación de armas nucleares, vínculos con Al Qaeda, “imponerles a los iraquíes la libertad” de determinación política, etc.

La razón real era obvia para cualquier persona que viviera fuera de los EE.UU.: el robo del petróleo de Irak y la prestación de servicios en el país invadido a cambio de petrodólares.

Esto resulta asombroso: la “democracia”¹ permitió que unos empresarios manipularan falsamente la opinión pública para apoyar un pillaje con armamento de alta tecnología. El motivo final fue el aumento de la demanda de productos de sus empresas y la obtención de poder sobre los recursos naturales de otra nación.

El costo: más de 26.000 vidas iraquíes inocentes ². Es claro que la “democracia” estadounidense da más valor al “libre control” de los medios de comunicación por parte empresarios y políticos corruptos, y a la “libre apropiación” del petróleo extranjero, que al derecho a la vida de los iraquíes.

Para quienes dan un valor superior a las personas, es claro que el “libre acceso” al poder ilimitado no puede ser uno de los derechos constitucionales de las democracias pues esta posibilidad va contra la propia democracia.

Al final, la voluntad de unos cuantos individuos termina modulando las elecciones: asesinando a la oposición, manipulando las noticias, comprando votos, comprando empresas fabricantes de máquinas de votación, fabricando opinión con el control privado de los medios ³ que sólo informan lo que les conviene a los poderosos, etc.

Controlar esto implica no sólo la garantía de derechos y riqueza mínima de los desamparados: también implica la imposición de cotas máximas de enriquecimiento. Nadie debería tener la riqueza suficiente como para manipular la voluntad pública para beneficio propio. Esto se reflejaría en un estado que controle los medios, pero que a la vez, los ponga a disposición de las ideas políticas de forma equitativa, tanto en duración como en franja temporal.

Cuando se tiene en cuenta la predisposición humana a abusar de los demás, se termina percibiendo una necesidad de fuerte intervención estatal para proteger a las posibles víctimas de la inequidad resultante de las dinámicas de libre mercado. Pero no basta evitar que los empresarios generen guerras para enriquecerse. También es necesario controlar las muertes por enfermedades potenciadas por la economía de mercado.

En salud pública la fabricación de drogas es negocio redondo, pero bajo economía de mercado se dejan sin investigación seria una buena cantidad de enfermedades para las cuales la producción de un medicamento no sería redituable. Muchas personas se ven condenadas a un infierno en vida, al saber que no son un mercado razonable para una cura de su mal.

Incluso, en el caso de enfermedades de gran difusión, las empresas farmacéuticas abusan de las patentes haciendo que los precios de los productos sean desmesuradamente superiores a los costos invertidos en investigación y mercadeo.

Un caso reciente es el apartheid farmacéutico de los países sub-saharianos: su epidemia de sida es intratable por los costos prohibitivos de los antirretrovirales. La producción de genéricos reduce el costo unas 60 veces (!) pero las multibillonarias farmacéuticas han impuesto demandas por sus patentes; esto es no perder dinero, evitando que los pobres de África sobrevivan. Aquí, el derecho del empresario al libre mercado y a la propiedad intelectual de un producto, está por encima del derecho a la vida de centenares de miles de personas africanas.

Las democracias con economía de libre mercado han llevado a un extremo atroz sus estrategias de enriquecimiento. Han creado entidades bancarias internacionales capaces de boicotear países enteros si los gobiernos respectivos no siguen las directivas “sugeridas”. Se exige a países pobres que eliminen aranceles protectores de sus propias economías, mientras que los países exportadores subsidian ampliamente sus propias empresas para hacer dumping y acabar con la producción local extranjera.

El derecho de los empresarios a empobrecer sistemáticamente otros países está por encima del derecho a la vida, al trabajo, a la alimentación e incluso, a la salud de los moradores del país empobrecido.

Para mantener el desequilibrio económico internacional, es necesario sostener la capacidad adquisitiva del ciudadano del país desarrollado; los salarios deben ser altos. Ello implica frenar el libre flujo de personas, pues los pobres de los países subdesarrollados podrían llegar como inmigrantes ofreciendo sus servicios a un precio muy inferior al local. Así, se mantiene una población opulenta a costa de muchos países en la pobreza.

Si los países del mundo respetaran la igualdad de todos los seres humanos, no se debería permitir el “cerco” de países y expoliarlos económicamente, dejando libre el flujo de capitales golondrina, mientras se le imponen cerrojos a la movilización de las personas. ¿Acaso el trabajo personal no es otro “servicio”?

He aquí otro vicio “democrático” actual: el dinero de un magnate en busca de inversión tiene más libertad de movilización que un pobre buscando trabajo para alimentar su familia.

Los vicios “democráticos” in mente al escribir este artículo no acaban, pero lo expuesto nos da una idea de lo que deberían hacer una ética y una política para un mundo global: partir de reconocer algunos derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento estatal y mundial: vida, salud, educación, trabajo, transporte.

Lo suntuoso se podría dejar para el libre mercado individual, poniendo cotas de capital máximo para cada ciudadano o para cada empresa no estatal. De lo contrario, los individuos poderosos podrían modificar las leyes para eliminar derechos básicos que puedan mercadearse.

Los medios no deberían ser propiedad de los individuos, sobre todo los medios electrónicos masivos, como la radio, la TV, o la Internet. Debería primar el debate racional entre ideas opuestas.

Por último, el libre flujo de capitales unido al cerco en el flujo de personas ha cobrado demasiadas vidas. Si se permite a los empresarios empobrecer a distancia un país, se debería permitir a sus ciudadanos la defensa mínima: libertad de emigración a donde van esas riquezas. Los capitales no deben tener más libertades que las personas.

Claro, los individuos en el poder no desean eso, y siempre lo evitarán exitosamente.

Notas

¹ Un país que usa los distritos electorales no es democrático pues los votos de cada ciudadano no tienen el mismo valor. Igualmente, un país que prohíba candidatos de algunos partidos políticos (CP) no es auténticamente democrático.

² Según la cifra mínima del proyecto Iraq Body Count el 1º de noviembre de 2005. (www.iraqbodycount.net)

³ Se asumirá que la elección de Bush fue legítima, a pesar de las máquinas electrónicas de votación sin registro en papel, fabricadas por empresas privadas, simpatizantes del actual presidente.

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* Ingeniero electrónico, docente en el Centro de Ciencia Básica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es representante de Pensar en Colombia, revista donde se publicó originalmente el artículo que hemos reproducido.

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