Lockout del campo argentino: La rentabilidad no se toca

Pablo Ramos, APM

El campo argentino hoy es el lugar donde se nuclea un heterogéneo conglomerado social para oponerse al gobierno. No se sabe hasta dónde va a llegar, pero es necesario estar alerta. 

La cuestión no pasa por tomar posición por alguno de los sectores en pugna. No vamos a afirmar que el gobierno de la presidente Cristina Fernández está en lo cierto; tampoco que los reclamos del campo son justos y sensatos. Lo importante aquí es destacar que un conflicto sectorial que se origina en una medida estatal que redujo las superganancias de los exportadores de productos agrícolas se convirtió en una pelea por el poder real. Se trata de una discusión por la rentabilidad del sector, pero cada vez más de una pulseada contra la misma legitimidad del Poder Ejecutivo.
El 11 de marzo pasado, el entonces ministro de Economía argentino, Martín Lousteau, anunció la entrada en vigencia de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de oleaginosas y cereales. Esa misma semana, las cuatro agrupaciones que representan a los productores rurales coincidieron por primera vez en la convocatoria a un lock out hasta que el gobierno revierta la medida.

Pero no sólo la Sociedad Rural (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro (Cooperativas de Buenos Aires y La Pampa) y la Federación Agraria Argentina (FAA) llevaron adelante la medida de fuerza que conllevó al desabastecimiento de los centros de consumo, sino que un conglomerado de sectores disímiles y hasta opuestos aprovechó la ocasión para advertir en forma tácita que podrían conformar un frente irregular para que el gobierno tuerza esta y otras decisiones por las buenas… o por las malas.

Veamos: en esos días muchas personas recibieron correos electrónicos donde se solidarizaban con el campo y se convocaba a un “cacerolazo” (manifestación en las calles batiendo este ajuar doméstico) “por otro 20 de diciembre”. La fecha citada hace mención a ese mismo día de 2001, cuando el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa llegaba a su fin, por impericias propias y por la movilización de la sociedad.

Ese raro conglomerado estaba integrado por organizaciones de izquierda, derechistas que participaron o apoyaron todas las dictaduras, fascistas que buscan la vigencia de un Estado policial y golpistas natos. De la misma forma que la política de derechos humanos de la administración anterior y actual generó una fuerte adhesión entre sectores no tan afines, los simpatizantes con el terrorismo de Estado ven a las actuales de la Casa Rosada como a Satanás. Pudimos ver “caceroleando” a nefastos personajes que jamás simpatizaron con medidas similares llevadas adelante por “los pobres”.

Luego, el campo inició una tregua durante las cuales tuvieron reuniones con las autoridades nacionales. No hubo acuerdo ya que las posiciones son antagónicas: las organizaciones rurales no aceptan estas retenciones y el gobierno no piensa dar marcha atrás con la medida. Pero ahora los hombres del campo amenazan no sólo con bloquear el abastecimiento de alimentos de la población, sino con sabotear las exportaciones del sector agrícola, ya que con esta actitud se torna imposible que el Estado cobre las retenciones.

El peligro mayor que puede observarse es la virulencia de las declaraciones. Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde van a llegar. El campo parece olvidarse de las distintas oportunidades en las que la sociedad los salvó. Porque ahora, en medio de un ciclo de alta demanda y altos precios mundiales de los alimentos, los productores rurales patalean contra la intervención estatal y a favor de un gasto público responsable. Pero esta pasión por la responsabilidad fue dejada de lado en distintas oportunidades, como en 2002, cuando la mayoría de las propiedades rurales se encontraban hipotecadas y el Estado a través del Banco Nación refinanció las deudas.

Tampoco existen las quejas cuando todos los argentinos subsidiamos el combustible que utiliza la maquinaria rural, ni el tipo de cambio alto que los beneficia sensiblemente pero vuelve extracaros los productos importados (a los cuales no consideramos como perjudiciales o transmisores de maldad) al resto de la sociedad.

Qué se discutió en esas reuniones entre este sector y el gobierno nacional es casi imposible de saber para la mayoría de los ciudadanos. Lo que sí sabemos es que se alcanzaron acuerdos en trigo y carne, pero no con respecto a la soja, ese “yuyito” (Cristina Fernández dixit). Y la Casa Rosada dijo que estos caerían si volvían las medidas de fuerza. Pero tanto es el poder de la soja en Argentina que los productores no dudaron en cortar las rutas nuevamente.

Ante la ausencia de propuestas por parte del campo de qué hacer con la suba del precio de los alimentos en el mercado interno –en realidad la solución ofrecida es el otorgamiento de más subsidios- podríamos concluir que el campo está dispuesto a todo menos a que se adopten medidas que le resten rentabilidad. La tan requerida solidaridad que solicitan en épocas de vacas flacas es retaceada cuando el ganado engorda.