Ene 17 2021
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OpiniónPolítica

Lula: Lawfare

El lawfare es un fenómeno que, pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina. Se trata del uso del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal, para interferir en la política. Es una guerra jurídica con fines ilegítimos, tal como mis abogados lo plantearon en 2016.

Las elites de nuestra regi√≥n y los defensores de los intereses del capital financiero internacional, que llevan d√©cadas combatiendo las pol√≠ticas sociales dise√Īadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, lo que han hecho es promover la corrupci√≥n a la categor√≠a de ‚Äúmal c√≥smico‚ÄĚ, se√Īal√°ndola como el origen y la causa de todos los males. Por supuesto que nadie aprueba que haya gobernantes corruptos. Pero la lucha contra la corrupci√≥n no es sino el pretexto del cual aquellos sectores se valen para atacar a gobiernos leg√≠timamente elegidos por el voto popular.

El tribunal ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular. Por esa vía, algunos sectores del Poder Judicial y de los distintos órganos del sistema judicial, con el apoyo oportunista de los medios hegemónicos, se volcaron a atacar a gobiernos populares preocupados por la defensa de los intereses nacionales. Su objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de instalar en la sociedad la idea de que todos los políticos son corruptos. Como en los tiempos que corren ya no se muestra adecuada la destrucción física del adversario, lo que se ansía es su muerte legal y política.

Bajo la excusa de combatir la corrupci√≥n, violan el principio legal de debido proceso y las garant√≠as constitucionales de los acusados. El conjunto de los casos que se fueron dando en distintos pa√≠ses de nuestra regi√≥n muestra siempre el mismo m√©todo: una parte de la prensa, pol√≠ticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volvi√©ndose ‚Äúverdad‚ÄĚ); apoy√°ndose con exclusividad en esa noticia fraguada, el cuerpo de la polic√≠a judicial abre una investigaci√≥n; el Ministerio P√ļblico sale a la b√ļsqueda de elementos que puedan sustentar formalmente la acusaci√≥n; en los casos en que no se accede a ning√ļn indicio de prueba, aun as√≠ la denuncia muchas veces se encarrila, cosa que ocurri√≥ en Brasil, bajo la afirmaci√≥n de que ‚Äúno cuento con pruebas, pero tengo la convicci√≥n‚ÄĚ.

Luego s√≥lo hace falta ‚Äúidentificar algunos jueces dispuestos a colaborar‚ÄĚ, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a esos llamados vazamentos (filtraciones de informaci√≥n), t√©rmino bajo el cual se camufla la operaci√≥n de seleccionar perspicazmente uno o m√°s hechos y transmitirlos con toda intenci√≥n a los ‚Äúcolegas‚ÄĚ de los medios, sobre todo de la televisi√≥n.

Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurri√≥, se recurre a escuchas telef√≥nicas ilegales, citaciones compulsivas y encarcelamientos preventivos, tanto de los acusados como de sus familiares, tales son los mecanismos por los que se apunta al objetivo de lograr la ‚Äúdelaci√≥n premiada‚ÄĚ del ‚Äúarrepentido‚ÄĚ (as√≠ se denomina en los pa√≠ses hispanohablantes a aquellos que ‚Äúson capaces de inventar cualquier situaci√≥n para obtener un beneficio‚ÄĚ), para quien el ‚Äúpremio‚ÄĚ es la libertad misma y, al menos en Brasil, la chance de conservar buena parte del producto del delito que se confes√≥.

Arrancada, as√≠, la confesi√≥n ‚Äúdelatora‚ÄĚ, incluso sin la menor prueba, se condena al delatado en juicio de evidencia y, si no se logra demostrar el hecho que se le imputa, se apela a la estrafalaria categor√≠a de ‚Äúhecho indeterminado‚ÄĚ. El circo se completa con la sentencia condenatoria que habr√° de confirmar un tribunal igualmente parcial y comprometido con los intereses pol√≠ticos y econ√≥micos de las clases dominantes.

Así es como se aseguran las condiciones legales para que el enemigo sea puesto en prisión y quede imposibilitado de intervenir en la vida política. Los grandes medios de comunicación, con la televisión al frente, se encargan de difundir incesantemente el fallo judicial, dispuestos a darle legitimidad a todo un proceso absolutamente espurio.

Con el enemigo apartado de la arena pol√≠tica queda abierto el camino para la elecci√≥n de hombres y mujeres de gobierno sometidos a los intereses del mercado, que se desentienden de proteger a la poblaci√≥n, especialmente a los m√°s pobres. Se viola la soberan√≠a nacional con la venta de grandes empresas p√ļblicas, rematadas siempre a valores muy inferiores a los que realmente poseen, en operaciones que revelan un fuerte desprecio por el medioambiente y por tantos otros derechos b√°sicos de la poblaci√≥n.

En Brasil trataron de imponerme la muerte pol√≠tica y legal. Fui v√≠ctima de esa maquinaci√≥n que aqu√≠ se analiza: a partir de una noticia falsa publicada en un peri√≥dico, fui investigado, procesado y condenado por la llamada Operaci√≥n Lava Jato, que condensa lo peor del sistema judicial brasile√Īo. Hoy ya nadie tiene dudas de que hubo sectores de la Polic√≠a Federal y del Ministerio P√ļblico Federal, a las √≥rdenes de un juez notoriamente parcial y √°vido de autopromoci√≥n, que formaron una organizaci√≥n guiada por el objetivo de anular mis derechos pol√≠ticos para, de esa forma, evitar que pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la Rep√ļblica y asegurarle al Partido de los Trabajadores su quinto mandato consecutivo.

Con una rapidez nunca vista en la conducci√≥n de otros procesos, el Tribunal Regional Federal confirm√≥ la sentencia, cumpliendo la promesa p√ļblica hecha en forma expresa por su presidente de que el caso ser√≠a juzgado antes de las elecciones.

No tuvieron en cuenta mi resistencia. No tuvieron en cuenta el apoyo incondicional que me brindaron los movimientos sociales, los trabajadores y todas esas personas que, desde los distintos puntos del país, montaron frente al edificio de la Policía Federal donde estuve preso la conmovedora Vigília Lula Livre. No tuvieron en cuenta la destacada reacción de la comunidad política y jurídica internacional. Y en vez de abandonar Brasil, como llegaron a sugerirme, decidí ir a la cárcel y, desde ahí, enfrentarme a los que cobardemente me acusaban sin pruebas.

No fue en vano, puesto que al menos una de las mayores conquistas de las sociedades civilizadas, y una que nuestra Constitución Federal garantiza, ya fue restablecida por el Supremo Tribunal Federal: la presunción de inocencia. Una medida que le puso fin a mi injusta prisión, determinada antes de que el tribunal superior se pronunciase sobre el recurso presentado en mi defensa. Hoy estoy suelto, pero no estoy libre. Mis derechos políticos siguen estando cercenados, incluso antes de que se juzgue el recurso que interpuse al tribunal superior.

En mi caso, como en muchos otros, se desvirtu√≥ el ‚Äúverdadero derecho penal‚ÄĚ para dar origen al ‚Äúderecho penal vergonzoso‚ÄĚ, el cual sirve a la transformaci√≥n del Poder Judicial en instrumento de persecuci√≥n pol√≠tica de todos aquellos que, en nuestra querida Am√©rica Latina, alzan su voz y sus brazos en defensa de quienes han sido abandonados a su propia suerte, plant√°ndose firme frente a los poderosos representantes del capital financiero internacional y los gobernantes serviles al dios mercado.

* Fue presidente de la Rep√ļblica Federativa del Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010. El texto est√° basado en el pr√≥logo al libro Lawfare. Manual de Pasos B√°sicos para demoler el derecho penal escrito, por E. Ra√ļl Zaffaroni, Cristina Caama√Īo y Valeria Vegh Weis (Capital Intelectual). Traducci√≥n de Cristian De N√°poli.

 

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