Maldición moderna: Y abortarás… con dinero
El aborto continúa siendo ilegal en Chile. Solo siete Estados penalizan la interrupción del embarazo en toda circunstancia: El Vaticano, Malta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana… y Chile.
A pesar de la ley, en nuestro país habría entre 134 mil a 150 mil abortos anuales. Michelle Bachelet prometió despenalizar el aborto y el proyecto del Ejecutivo intenta despenalizar la interrupción del embarazo cuando hay tres causales: inviabilidad fetal, está en riesgo la vida de la madre, o cuando el embarazo es resultado de una violación.
La legislación chilena tipifica la interrupción del embarazo como delito, penalizando tanto a la madre como a quienes la asistan. Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), del promedio anual de egresos hospitalarios por aborto, que considera los espontáneos, embarazos tubáricos, etc., un tercio fue catalogado como “otro aborto o no especificado”. Ese diagnóstico encubre el aborto clandestino: embarazadas que por complicaciones producto de un aborto provocado o farmacológico se vieron obligadas a recurrir a una clínica u hospital.
“Las tres causales que impulsa la presidenta no debieran ni siquiera discutirse sino aprobarse de inmediato, porque no tienen una connotación de decisión personal. Las tres son sanitarias. La del riesgo vital lo único que hace es despejar para los médicos el nudo que existe hoy en la ley. Dentro de los protocolos ministeriales no son ejecutables como un mandato: son sugerencias, normas que pueden o no usarse.
¿Dónde están las sugerencias de estos protocolos? En los temas de los derechos, de la legalidad. Cuando ocurre algo tan grave y se judicializa el proceso, la guía o norma ministerial pasa a ser ley para el juez. En esa línea, hoy tenemos que el artículo 119 del Código Sanitario dice que Chile penaliza el aborto en todas sus formas. Cuando llega alguien a un hospital en situación de aborto o de un cuadro clínico que evidencia que el embarazo le va a producir la muerte, hay médicos que se lo cuestionan, porque el rango del Código Sanitario es mucho más alto que la norma ministerial. Por eso, pienso que acá no puede primar la opinión personal de los médicos”, dice Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile.
Sincerar las cifras
Según el Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna, los abortos, inclcuidas las estimaciones no oficiales, estarían entre 13 mil y 18 mil. El 16,1% de las hospitalizaciones por aborto corresponderían a abortos inducidos. Sin embargo, según el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo del Adolescente, los abortos inducidos serían cien mil o más.
En 1989 la tasa de mortalidad por aborto era de 10,8 por cada cien mil nacidos vivos; en 2012, la cifra bajó a 0,8 por cada cien mil. La morbilidad por aborto o complicaciones también ha disminuido. En 1965 los egresos hospitalarios registrados por cualquier tipo de aborto fueron 56.130 -18,6% sobre el total de nacidos vivos-. Actualmente, el egreso hospitalario por aborto es del orden de los 30 mil por año -12% sobre el total de nacidos vivos-. “Si se despenaliza el aborto sabremos las cifras reales”, dice Anita Román. Según el Minsal, en 2013 hubo 13 mil abortos. “Sin embargo, pienso en todas aquellas mujeres que no llegaron al servicio público y que de todas formas abortaron. Las que terminaron usando Misoprostol y que no tuvieron necesidad de llegar al hospital.
Podría, fácilmente, haber otras 17 mil más, lo que nos daría una cifra de 30 mil abortos anuales… Lo que sí se puede decir es que en nuestro país hay mujeres que deciden interrumpir su embarazo, y que para ellas no existe ningún tipo de contención y se las empuja a recurrir, como única salida, el clandestinaje, a las mafias, a las peores condiciones sanitarias. Caen en manos de inescrupulosos, que se han hecho millonarios con los abortos, y que lo único que hacen es venderles Misoprostol por Internet o atenderlas en clínicas donde por varios millones les vaciarán el útero. Las mujeres con más recursos viajan a abortar en otros países. Acá hay un problema de clase, de mercado, pero también hay que preguntarse por qué el Estado condena el aborto”, agrega.
El Misoprostol -medicamento ginecológico-, es usado para inducir un parto de término, el manejo de hemorragias post parto, y también para interrumpir embarazos en el primer trimestre de la gestación. En el mercado negro su precio fluctúa entre 40 mil y 125 mil pesos. Según la matrona Román todavía se ven abortos rudimentarios, en pésimas o nulas condiciones sanitarias, especialmente en sectores rurales, con introducción en la vagina de ramas de apio o palillos, sondas y lavados con detergente, o raspados y aspiración sin anestesia.
“Según el Minsal, en 2013 se registraron 17.434 abortos, sin especificar si son espontáneos o voluntarios. Si se hiciera un estudio con los abortos que llegan al sector privado y sectores rurales, podríamos hablar de dos o tres veces más. Pero no hay cifras… Urge legislar para despenalizar el aborto al menos por la inviabilidad fetal, el peligro para la vida de la madre y las violaciones. En este último caso hay una recomendación de Naciones Unidas para que se incorpore dicha causal en la legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos”, dice Anita Román. De acuerdo al último examen periódico universal -mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en virtud del cual se revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en materia de derechos humanos por los 193 Estados miembros-, Chile recibió 185 recomendaciones en su segunda evaluación, entre ellas la propuesta de Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza de “adoptar medidas para legalizar el aborto en caso de violación, incesto y peligro para la salud de la madre”.
Despenalizar el aborto
Organizaciones feministas y ONGs apoyan desde la despenalización del aborto hasta la reposición del aborto terapéutico eliminado en 1989 por la dictadura. Algunas denuncian el círculo vicioso que se genera ante la imposibilidad de practicar el aborto legal, y los miles de abortos clandestinos “que no hacen más que evidenciar una diferencia de clase brutal, pudiendo abortar sólo aquellas que pueden pagar o viajar fuera del país. Rechazamos la campaña comunicacional que con desinformación y contrapropaganda ha intentado instalar este debate como una disyuntiva entre quienes están a favor de la vida y quienes no”, señala la Coordinadora por la Despenalización del Aborto.
“En materia de aborto hay varias opiniones. Mi opinión personal -soy contraria al aborto- vale poco. En mi caso, también tengo una opinión de representación gremial. Desde nuestra experiencia como matronas, el valor de nuestra opinión es por estar al lado de la mujeres que abortan. Somos quienes las acompañamos cuando están arriba de una chata y sacamos el feto y vemos en qué condiciones viene… Si está vivo, lo ayudamos a morir, porque no va a vivir. Y si la madre está en riesgo vital, vemos que tenga toda la implementación posible para que pase a un pabellón, avisando al médico que va a resolver. Una mujer puede ingresar en diferentes condiciones, desde muy asustada hasta en riesgo vital. Desde mi experiencia de 32 años de trabajo en servicios de urgencia de maternidad, he visto que muchas mujeres que han ingresado en esas condiciones se sospecha que pueden haber intentado una interrupción voluntaria del embarazo.
Con algunas lo hemos conversado, y con otras, una aprende a respetar su silencio. Cuando matronas y matrones preguntamos, en el 99 por ciento de los casos no es con sentido punitivo. Cuando se pregunta en el momento de la emergencia es por la oportunidad del tratamiento. No es lo mismo una mujer que se tomó una pastilla a una que se perforó el útero con un palillo. La mujer se expone a un riesgo vital. Hoy, afortunadamente, las medidas sanitarias son exitosas. Pero aún hay casos de mujeres que mueren porque se han tomado medidas muy tarde”, dice la presidenta de las matronas.
“A cientos de mujeres se les cruza por la cabeza interrumpir su embarazo. Y esa interrupción pudiera estar entre las fechas que establece la Organización Mundial de la Salud como aborto, pero muchas veces pasa más allá. No tenemos cómo saberlo ni dimensionarlo. Nuestro rol es salvar la vida de la mujer, y si es posterior a lo señalado por la OMS hay que salvar muchas veces la vida de ambos, madre e hijo… Prueba de ello es que hoy vemos en las estadísticas un siete por ciento de aumento de bebés prematuros… Ese aumento pudiera estar dado por el uso de pastillas abortivas que no actuaron. Se sigue hablando del aborto como un hecho clandestino, siniestro, satánico. Pero es una realidad de la salud sexual, que existe aunque nadie lo quiere ver”, agrega.
Según Anita Román, el Colegio de Matronas y Matrones apoya el debate y la visualización del tema del aborto. “Las mujeres con dinero pagan por un aborto seguro, en las mejores clínicas o viajan al extranjero, y las que no, tienen el mercado negro del aborto y la compra del Misoprostol. Pero las que no tienen siquiera dinero para pagar la pastilla, siguen recurriendo a maniobras abortivas de pésimo pronóstico, y que en muchos casos terminan con mujeres mutiladas, sin posibilidad de tener hijos nunca más. Una forma de salvar la vida de la mujer es sacarle el útero.
Y hay mujeres muy jóvenes, incluso menores, que han quedado mutiladas tras haberse sometido a abortos clandestinos sin apoyo profesional y mucho menos institucional. El aborto debiera ser una opción para las mujeres que no pudieron evitar un embarazo no deseado. El Código Laboral establece la protección a la maternidad con un fuero que la protege, pero eso es solo para quienes tienen contrato formal. Para muchas mujeres sin contrato, el embarazo significa perder su trabajo, y determinan hacerse un aborto. Tenemos mujeres a las que sus condiciones económicas no les permiten tener otro hijo. ¿Podemos condenar a esas mujeres a un aborto inseguro?
No estoy hablando de aborto libre, sino que de un país que no se atreve a debatir un tema que existe. Hay determinantes sociales que hacen que las mujeres opten por el aborto a pesar de ser ilegal e inseguro. Es un problema del Estado y la sociedad. Se necesita una ley de aborto que dé cuenta de lo que está pasando. Muchas mujeres, a pesar del control de planificación familiar, quedan embarazadas porque falla el condón o por otro motivo. ¿Qué hacemos con esa mujer que estaba protegiéndose y le falló el método anticonceptivo? Esa mujer va a abortar. Recurrirá a los métodos que Chile le da como opción, y su salud dependerá del dinero que tenga.
La cifra oficial de egresos hospitalarios por aborto no coincide con la cantidad real de abortos. Existen tres millones 200 mil mujeres en edad fértil, entre 10 y 44 años. Sólo un millón 800 mil está bajo control de planificación familiar. Eso significa que un millón 400 mil mujeres no están en control de los servicios públicos. Y no son mujeres de altos ingresos. En Francia y España, cuando se legalizó el aborto, aumentó. Pero aumentó porque se sinceraron las cifras. En Chile no tenemos registro de los abortos en el sector privado. De las 30 mil altas por raspado, que ya es una cifra altísima, probablemente ni el 10 por ciento son abortos naturales”.
Román recuerda que el aborto terapéutico existió “pero no en todas sus formas”, dice. “Soy matrona de mucho antes que se penalizara. Eran casos de cardiopatías incompatibles con el embarazo y otras causales que tenían que ver con algún tipo de infecciones; el resto era prohibido. Pero esas dos causales ayudaban a salvar vidas. Existían condiciones inhumanas: madres que obligaban a sus hijas a abortar rompiéndoles el útero con tijeras o palillos, o que las obligaban a abandonar o regalar sus hijos. No es fácil ser madre en Chile. Estamos inmersos en un modelo económico donde todo es comprar. Muchas mujeres dicen que les encantaría tener más de dos hijos. Pero tener más de dos hijos les significa penurias económicas, quitarle un plato de comida a otro hijo. Son esas mujeres en la pobreza las que muchas veces toman determinaciones que la gente critica, pero que no hace nada por cambiar sus causas.
Hoy lo que ocurre cuando una mujer es violada, cuando está en riesgo su vida, o cuando hay una inviabilidad fetal es que se le condena a continuar con el embarazo. La propuesta que se enviará al Congreso incorpora el derecho a elegir. Nadie las obligará a abortar… Es un avance. Pero, ¿qué vamos a hacer con las mujeres que no están en esas causales y abortan? La que tiene dinero se lo hará en una clínica privada, pagando sumas que no bajan de los dos millones de pesos, o tomará un avión, a un país donde el aborto no esté penalizado. El Estado no puede seguir avalando esta situación”, concluye Anita Román.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 822, 23 de enero, 2015