Marcha ciudadana reivindicó acceso al Lago Escondido, «secuestrado» por el inglés Lewis

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La Marcha por la Soberanía llevó el reclamo ciudadano de libre acceso al Lago Escondido hasta la orilla del espejo de agua, el domingo 24 de septiembre. La travesía coordinada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y llevada a cabo por voluntarios de organizaciones sindicales y sociales, fue reconocida por la jueza de El Bolsón, Mirtha Erika Fontenla quien asignó custodia de la policía de Montaña  de Río Negro para garantizar la travesía.

“El libre acceso al Lago Escondido es un reclamo ciudadanos de respeto de la ley. La Marcha por la Soberanía, acompañada por la justicia local y la fuerza pública ratifica la necesidad urgente de que el gobierno provincial ejecute la orden judicial de cumplir con la señalización y medidas de seguridad el sendero público de Tacuifí para garantizar el acceso al lago público”, indicó el presidente de FIPCA, Julio César Urien.

El libre acceso por el sendero de servidumbre pública llamado “de Tacuifí” fue ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y ratificado en diversos litigios. Sin embargo, el magnate británico y latifundista patagónico Joe Lewis mantiene cercado el acceso y la provincia de Río Negro no ha realizado aún el saneamiento del camino reclamado por los vecinos de la zona de El Bolsón.

Durante el tracto de 19 kilómetros desde la ruta 40, la marcha recibió el acompañamiento  del colectivo de Sacerdotes de la Opción por los Pobres, representado por el Padre Francisco Oliveira Fuster, quien ofició una ceremonia junto al colectivo de Pueblos Originarios a orilla de las aguas junto a una imagen de la Virgen de Luján bendecida por el papa Francisco para el acompañamiento de la Marcha.

Con los militantes marcharon también el legislador provincial Alejo Ramos Mejía y la delegada de la ONG Ingenieros sin Fronteras Alejandra Portatadino.

Trabajadores del gremio de los trabajadores de la construcción de Bahía Blanca tuvieron a su cargo la coordinación logística del cruce del caudaloso río Foyel, cuyo puente fue derrumbado y su lecho dragado con finalidad de mantener alejada a la población y turistas del sendero público.

A la iniciativa de FIPCA adhirieron 13 rectores de universidades nacionales, representados en el lanzamiento de la Marcha por los rectores de la universidades Nacional de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Juan Castelucci y del Comahue, Gustavo Crisafulli.

También sumó su adhesión la senadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, quien originó la medida cautelar que exige el cumplimiento del fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia ordenando el saneamiento del sendero público.

La Marcha por la Soberanía atravesó 19 kilómetros de trayecto público apropiado ilegalmente por Lewis hasta la orilla del Lago, la mitad a pie desde el cruce del río Foyel. Los participantes, unos 35, regresaron esa misma tarde a solicitud de la jueza de El Bolsón.

A la salida del camino de Tacuifí en El Foyel, los vecinos de la zona  despidieron la Marcha por la Soberanía con un agradecimiento y un aplauso “por este acto de convivencia ciudadana”.

Julio César Urien  destacó que la manifestación se realizó en forma pacífica y dijo que “es un paso más para demostrar que hay un camino público y que cualquier argentino tiene derecho a gozar de su paisaje. Nosotros sostenemos que este es el camino público, estamos contentos porque llegamos, se hizo sin incidentes. Este es un sueño, es un lago público que nos pertenece lo que quisimos demostrar con esto y ya hay un fallo de la justicia, es que todos podemos acceder a este lugar cuidándolo. Es un derecho que tenemos, no nos rendimos y como cuidadanos tenemos que ejercerlo”, agregó.

El legislador rionegrino, Alejandro Ramos Mejía, acompañó la marcha y señaló es la reivindicación de un reclamo que tiene que ver con la soberanía. Hace 9 años que salió el fallo del Superior Tribunal de Justicia que el acceso para todos es el camino a Tacufí pero nadie puede hacer uso de este camino para poder acceder al lago. Esto pone en valor un reclamo histórico”.

El grupo de 30 militantes comenzó a vadear el río a pie y desde allí caminaron hasta el lago. Los manifestantes estuvieron encabezados por Julio C. Urien, titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. También participó el legislador Alejandro Ramos Mejía.¿Quién es Joe Lewis, el magnate dueño de Lago Escondido?

La Marcha por la Soberanía llevó el reclamo ciudadano de libre acceso al Lago Escondido hasta la orilla del espejo de agua, el domingo 24 de septiembre. La travesía coordinada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y llevada a cabo por voluntarios de organizaciones sindicales y sociales, fue reconocida por la jueza de El Bolsón, Mirtha Erika Fontenla quien asignó custodia de la policía de Montaña  de Río Negro para garantizar la travesía.

¿Quién es Joe Lewis, el magnate dueño de Lago Escondido?

lago_escondido_2_izqJoseph “Joe” Lewis es un empresario británico de 79 años con una fortuna estimada en unos $ 5.300 millones, que lo ubica entre los 300 más ricos del planeta según el listado anual de la revista Forbes. Allí, el magnate dueño de la vivienda donde descansa el Presidente Mauricio Macri, figura como el séptimo en Inglaterra. Hoy, Lewis es el titular del grupo financiero Tavistock, que gestiona un patrimonio de 2.800 millones de dólares.

Entre 1996 y 1997, Lewis compró un predio de 12 mil hectáreas a menos de 45 kilómetros de El Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, en torno al lago Escondido. Fundó la compañía Hidden Like SA, la empresa con la que administra la finca en la que además de una mansión de 3.600 metros cuadrados, ofrece un chalet para invitados, caballerizas, espacio para la práctica de distintos deportes, una cancha de fútbol, un anfiteatro y helipuerto entre otras comodidades.

Al colgar el cartel de “Propiedad Privada” y cerrar el camino de acceso al Lago Escondido, la polémica estalló enseguida con los vecinos de El Bolsón. Desde 2005, pobladores de El Bolsón y de El Foyel, hicieron protestas públicas, denuncias y jornadas con recitales en defensa de los “derechos de las costas libres, y contra la concentración y extranjerización de la Tierra”.

En junio de 2011, el programa de televisión CQC envió al cronista Gonzalo Rodríguez como parte del segmento “Proteste ya” para mostrar que los vecinos de la zona no podían acceder a la costa del lago. Estuvo sin poder salir de la costa del lago por más de cinco horas y lo retiró la Policía provincial.

“Un avasallamiento mediático”

Darío Aranda|“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas. Siempre justificando su violencia con mentiras”, canta el grupo de rock mapuche Puel Kona y resume el sentir de comunidades indígenas, periodistas y académicos sobre la campaña mediática contra el pueblo mapuche. Cuestionaron a diarios, radios y canales porteños por su posturas “racistas” y que estigmatizan a los pueblos indígenas. El fondo de la represión y su justificación mediática: el extractivismo (minero, petrolero, forestal, hidroeléctrico) que intenta avanzar sobre la Patagonia.

“Violencia, anarquía y apoyo externo. Grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y Argentina” (Infobae). “Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC” (Perfil). “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina” (Clarín). “Violencia mapuche en Chubut” (La Nación). Sólo algunos ejemplos de artículos publicados por diarios y portales porteños. Radios y canales de televisión tuvieron abordajes similares, donde nunca se mencionan los derechos vigentes de los pueblos indígenas y siempre se los acusa de violencia.

Ailín Pirén es werken (vocera) del Lof Puel Pvjv, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirmó que es un momento de “gran preocupación por la represión y negación de derechos del Estado, pero también por el avasallamiento mediático” que legitima la avanzada contra los indígenas. “Es una práctica permanente de los medios de comunicación, en sintonía con el poder económico y político, contra los mapuches, pero ahora han redoblado una campaña de estigmatización y racismo”, afirmó la vocera.

Remarcó que se trata de una política de negación de derechos desde el Estado y que busca quedarse con los territorios indígenas. A modo de ejemplo, su comunidad, Lof Puel Pvjv, sufre la embestida del poder político (negación de personería jurídica) y del poder judicial (que ordena el desalojo por no contar con esa personería jurídica).

Protesta de la comunidad mapuche

Ignacio Prafil es vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro y fue tajante: “Respetamos a los periodistas que nos respetan. Y en los grandes medios no hay muchos que respetemos”. Afirmó que a la mayor parte de la prensa comercial de la Patagonia y Buenos Aires le molesta el indígena que lucha, y en los últimos años “se hizo muy evidente el discurso racista y al mismo tiempo servil al poder económico y político”. También cuestionó que los periodistas escriben sin conocer la realidad de los territorios.

Entre los tópicos más comunes de los medios sobresale la supuesta chilenidad del pueblo mapuche. Desde hace décadas, distintas organizaciones indígenas aclaran que se trata de un pueblo preexistente a la conformación de los Estados nación. Y, de forma periódica, la academia intenta explicar lo ya sabido: “Los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. Los mapuches no son ‘indios chilenos’, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados”, precisaron una veintena de investigadores del Conicet en enero pasado.

Prafil destacó que lo prioritario es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aclaró que decenas de comunidades mapuches tomaron distancia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y apuntó al fondo de la represión y la campaña mediática: “El Presidente, sus ministros y empresas amigas quieren nuestros territorios. Pero que sepan que la lucha va a seguir, responderemos con más organización indígena”.

Adrián Moyano es periodista de Bariloche, licenciado en Ciencias Políticas y autor de tres libros de historia mapuche. “La mayoría de los medios evidencian un gran desconocimiento sobre las formas de organización mapuche y sobre la historia. Son un pueblo originario, no pudieron venir de Chile porque algunos grupos pertenecientes a la gran cultura mapuche ya estaban en la actual jurisdicción argentina”, explicó. Afirmó que en los medios masivos de la Patagonia es recurrente el tratamiento racista de la lucha mapuche, pero sí es novedad una cobertura similar (y sostenida durante semanas) de los diarios porteños.

Moyano alertó que la campaña mediática antimapuche responde a que “se avecina una profundización del modelo extractivista, de la mano de la ‘lluvia de inversiones’ a la que apuesta el actual gobierno nacional”. Citó el ejemplo con la reactivación del proyecto hidroeléctrico La Elena (sobre el río Corcovado, para abastecer a la industria del aluminio). “Si los medios logran instalar el concepto de ‘enemigo interno’ en relación con el pueblo mapuche, es obvio que probables situaciones de represión serán toleradas o inclusive avaladas por el conjunto de la opinión pública”, advirtió Moyano.

Recordó que en la Patagonia viven más de 260 comunidades mapuches y no le parece inocente que por el accionar de una organización (RAM) se intente cuestionar a todo el pueblo mapuche.

La vocera Ailín Pirén, de Neuquén, aclaró que la política represiva (tanto del Estado como de los medios de comunicación) “no comienza ahora, lo hicieron todos los gobiernos” y recordó que el Estado argentino “tiene una deuda histórica” con los pueblos indígenas (por el genocidio cometido).

Por contraposición al accionar de los medios masivos, Pirén destacó el rol de los medios comunitarios, alternativos, cooperativos: “Son periodistas a los que les interesa escuchar nuestra voz, aún quizá sin estar de acuerdo. Son medios comprometidos con la verdad y la justicia, no con los negocios del poder”.

En Chubut, ocho comunidades mapuche-tehuelche se congregaron para analizar y expedirse sobre la situación local. Exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, repudiaron el accionar represivo del Estado y también apuntaron al rol de los medios de comunicación: “Nunca convalidaremos el silenciamiento, la desinformación, la negligencia, el miedo, el agravio a la vida, las mentiras”.

 

 

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