Mar 16 2007
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Economía

México. – EL ESTADO DE DERECHO EN CAÍDA LIBRE

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

A la periodista Elena Gallegos, dijo Calderón –sin pregunta previa–: “He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica… La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información”.

A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que “no hay rastros de que haya sido violada”?

Los hay, para información del presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.

Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: “El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo”, confirmando que “la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal”.

La muerte fue causada “por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal”. Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes nueve de marzo de 2007: “Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias” (Proceso, 11 de marzo).

Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que “peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.

La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí “hay rastros de que haya sido violada”.

También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo “información dada a conocer por el Ejército mexicano” de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.

Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?

En otro plano se movilizaron Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para exigir que la investigación sobre el macabro suceso sea llevada por los tribunales ordinarios y no por la justicia militar. Amnistía Internacional subrayó que pese a que las autoridades militares han mostrado interés en cooperar con las investigaciones, éstas “parecen haber mantenido el control, socavando potencialmente su imparcialidad y su independencia”.

Por su parte la OMCT pidió que las indagatorias sean realizadas por la delegación regional de la Procuraduría General de la República para garantizar la imparcialidad, y que se garantice la seguridad e integridad de los familiares de la víctima, mientras los familiares de la anciana y el alcalde de la localidad donde se conmetieron las aberraciones consideran que la Secretaría de Salud (Ssa) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz habrían incurrido en negligencia para tratar el caso.

El personal del Hospital Regional de Río Blanco tardó más de una hora en auxiliar a la víctima. Además, se supo que el Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, omitió asentar en el acta de defunción que la mujer de 73 años, originaria del pueblo de Tetlatzinga, fue atacada sexualmente. En el documento oficial sobre la defunción que publicó hoy el diario local El Mundo de Orizaba, tanto el nosocomio como el Ministerio Público sólo asentaron que la anciana pereció “por traumatismo craneoencefálico, fracturas y luxación de vértebras, y una anemia aguda”.

El subprocurador regional de Justicia, Miguel Mina Rodríguez, señaló a ese medio periodístico que “Los (médicos) legistas no pueden decir que hubo violación, ¿qué tal si ella misma se introdujo algo y se lastimó, ¿dónde está la violación?”. Sin embargo, agregó que hay un dictamen médico pericial de carácter ginecológico que concluye en que hubo penetración.

“Tal vez todos ya se pusieron de acuerdo para ocultar la verdad”, manifestó a La Jornada Julio Inés Ascensión, hijo mayor de la agredida, quien por no saber leer ignoró el significado del texto emitido por la autoridad. El hombre relató que alrededor de las 7 de la noche del domingo 25 de febrero, una de sus hermanas encontró a su madre tirada entre la maleza a unos 150 metros de su vivienda y desangrándose.

“La llevamos al centro de salud de Acultzinapa (poblado ubicado cerca de Tetlatzinga) y no había doctores, sólo le dieron una pastilla para el dolor”, recordó. Con un fuerte sangrado, Ernestina fue llevada al municipio vecino de Ciudad Mendoza, donde sus familiares intentaron ingresarla a un hospital particular, pero no fue recibida por su gravedad y fue remitida al Hospital Regional de Río Blanco.

En este nosocomio –que recibió el Premio Nacional de Calidad 2005– el personal médico rehusó atender a la anciana inmediatamente con el argumento de que sus familiares no llevaban documentos de identificación.
“No querían recibir a mi mamá y nos esperamos afuera. Se quejaba de fuertes dolores en el vientre y el sangrado no paraba”, explicó Inés Ascensión.

Cerca de las 20 horas, la indígena fue ingresada al área de Urgencias, donde pereció a las 6 de la madrugada del siguiente día

* La información de La Jornada puede encontrarse aquí.

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