Jun 22 2006
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Política

Nación mapuche. – SIN REPRESENTACIÓN NO HAY DEMOCRACIA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

En el marco del actual proceso de reforma al sistema electoral binominal impulsado por el ejecutivo chileno, una delegación de representantes mapuche y de otros pueblos indígenas entregó en la sede del Ejecutivo una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet. La delegación fue encabezada por el dirigente Aucán Huilcamán.

“Nuestra misión era entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet y recordar el compromiso que hizo con nosotros en el período de elecciones, cuando se comprometió a establecer mayor participación de los pueblos indígenas”, señaló el werken del Consejo de Todas las Tierras, quien de paso cuestionó la ausencia del derecho a la participación de los pueblos indígenas en las resoluciones de la Comisión Boeninger, instancia conformada por el ejecutivo para analizar los cambios necesarios al sistema binominal de elecciones y que estuvo presidida por el ex senador Edgardo Boeninger.

Dicha instancia, denominada oficialmente como Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y que sesionó entre el mes de abril y la primera quincena de junio, fue la encargada de elaborar el estudio en que se basó el proyecto de reforma enviado al Parlamento y que busca terminar con el sistema electoral vigente desde la dictadura militar y que ha obligado a la ciudadanía a optar –en cada contienda electoral– por alguno de los dos grandes bloques, excluyendo a sectores políticos minoritarios, entre ellos la izquierda, ecologistas y el propio movimiento indígena.

“El informe de la Comisión no se refiere a los pueblos indígenas. Los representantes de los pueblos indígenas durante varios años vienen reiterando la necesidad de establecer un mecanismo institucional para su participación en el ámbito político, sin embargo, esto no ha sucedido”, señaló Huilcaman. “En un estado democrático los pueblos tienen derecho a la participación, de lo contrario, no hay democracia. Tenemos que imitar a países como Colombia, Bolivia o Argentina”.

Cabe señalar que el derecho a la participación política es recogido por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Estados de Latinoamérica. Colombia, México y Nicaragua reconocen incluso en sus constituciones el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, estableciendo diversos mecanismos para su ejercicio, tal como consigna el abogado José Aylwin en su estudio Los Pueblos Indígenas y el reconocimiento constitucional de sus derechos en América Latina.

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La ausencia de los indígenas

La actual reforma al sistema binominal impulsada por el ejecutivo, con la oposición ya declarada de los partidos que integran la derechista Alianza por Chile, en lo fundamental introduce cinco cambios para establecer las bases constitucionales y que la ley diseñe un nuevo sistema electoral. Elimina también la prohibición que tienen actualmente las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal para ser candidatos a parlamentarios.

El anteproyecto propone aumentar de 120 a 150 los diputados y de 38 a 50 los senadores. Cada región mantendrá el número de senadores que elige actualmente, pero se sumarán doce senadores nuevos, que se repartirán entre las regiones en función de su población.

De esta manera ocho de las 15 circunscripciones (regiones) elegirán dos senadores; la Sexta y Décima Región elegirán tres senadores; las de Valparaíso, Maule, Biobío y la Araucanía elegirán cinco senadores, mientras que la Región Metropolitana elegirá ocho. También autoriza a los partidos o pactos a presentar hasta el doble de candidatos que cargos a elegir y propone suprimir la causal de disolución de los partidos, consistente en obtener menos del 5% de los sufragios en la elección de diputados.

Uno de los aspectos más valorados de la presente iniciativa del gobierno ha sido el garantizar incentivos para la participación de la mujer en política. Sin embargo, el proyecto nada dice respecto del derecho a la participación política de los pueblos indígenas, otro sector tradicionalmente excluido de la toma de decisiones en el país. Esta situación preocupa de sobremanera a los representantes de los pueblos indígenas, mapuche en particular.

Es por ello que las organizaciones consideran oportuno subrayar ante Bachelet que “desde la formación del Estado Chileno y sus instituciones, no han incluido a los pueblos indígenas en el marco del derecho a la participación, asunto que constituye un acto permanente de discriminación y racismo”. Es por ello que ven en la Reforma “una propicia oportunidad para consensuar y establecer un mecanismo de participación para los pueblos indígenas, particularmente a nivel del Congreso Nacional”.

“El establecimiento de un mecanismo de participación política para los pueblos indígenas en el parlamento es completamente coherente con los principios de un gobierno democrático y fortalece un proceso de participación activa en todos los asuntos que afectan a todos los pueblos indígenas y además representa una manera concreta de prevenir y resolver controversias en las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos indígenas que no han encontrado su debido espacio institucional”, finaliza el documento firmado por Aucan Huilcaman Paillama y Lautaro Loncon Antileo, presidentes del Consejo de Todas las Tierras y la Red Indígena y Popular, respectivamente.

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Lonko mapuche interviene en
Junta de Accionistas de Repsol, en Madrid

Cinco activistas, entre ellos el representante de la comunidad mapuche Lonko Purrán, Martín Velázquez Maliqueo, ingresarona la Junta de Accionistas de la empresa petrolera Repsol YPF en Madrid (España) para denunciar los daños ambientales y culturales en territorios indígenas. Repsol-YPF tiene abiertas varias causas judiciales por delitos contra el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. La Junta se celebró en la capital española el pasado viernes 16 de junio de 2006.

No solo llegaron empresarios e inversionistas. Desde temprano y afuera de la sede de la compañía, se convocaron los activistas de organizaciones no gubernamentales en lo que denominaron “la Contrajunta de Afectados de Repsol”. Al mediodía, eran alrededor de 70 los participantes que se reunieron en el Campo de las Naciones. Llevaban pancartas, sus caras cubiertas con caretas y leyendas contrarias a la actividad que lleva adelante la compañía en Latinoamérica y el resto del mundo, según informó al diario Río Negro, Relmu Ñanco, de la comunidad mapuche Lonko Purrán, que mantuvo contacto con el lonko Martín Velázquez Maliqueo, el representante de los pueblos originarios de Argentina que viajó hasta España para denunciar el accionar de la petrolera en sus tierras.

Tal como se indicó, fueron cinco los activistas que lograron entrar al recinto donde se celebraba la junta de accionistas. Sin embargo, a cuatro los retiró la policía del recinto, aunque habrían tenido las invitaciones correspondientes. Entre ellos estaba Velázquez Maliqueo. El único activista que logró permanecer en el interior, cuestionó las políticas de explotación que sigue la empresa y que provoca daños culturales y ambientales, en especial en los yacimientos Loma de la Lata –donde están asentadas dos comunidades mapuche– y también en Portezuelo, tal como indicó Ñanco.

Velásquez Maliqueo efectuó una serie de charlas por distintos puntos del país ibérico, incluida la capital de Catalunya, Barcelona, junto a representantes de otros pueblos originarios también afectados por la transnacional ibérica.

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RIPsol Mata

La empresa española REPSOL-YPF desarrolla sus actividades empresariales en 32 países; el año pasado sus beneficios netos ascendieron a 3.120 millones de euros, cifra que constituye un record histórico para esta empresa y supone un incremento del 29.2% con respecto a 2004.

Los colectivos que conforman la campaña “RIPsol 2006. Contrajunta de Afectados” consideran que estos desorbitados beneficios son la consecuencia del expolio desenfrenado que REPSOL-YPF lleva a cabo en los países en los que desarrolla sus actividades. Actividades que conllevan “graves impactos medioambientales, económicos, sociales y culturales”.

El mayor mercado internacional de Repsol-YPF es la región latinoamericana, donde tiene depositados el 50% de sus activos. En muchos casos, las reservas de petróleo y gas que REPSOL-YPF explota en esta zona coinciden con parques naturales y territorios indígenas protegidos por tratados internacionales, como los Parques Nacionales –y a la vez territorios indígenas– Yasuní en Ecuador o el Isiboro Sécure en Bolivia, todos ellos bajo resguardo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con frecuencia Repsol-YPF obtuvo las cesiones de explotación de los pozos en connivencia con gobiernos corruptos, como el de Fujimori en Perú, el de Sánchez de Lozada en Bolivia o el de Menem en Argentina. La privatización por el gobierno de Menem de la empresa nacional de petróleos argentinos, YPF, en 1999, estuvo repleta de irregularidades y denuncias. YPF fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo.

REPSOL-YPF tiene abiertas varias causas judiciales por delitos contra el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En Argentina, la empresa se enfrenta al menos a 4 causas judiciales. Y en Bolivia la empresa está siendo procesada por contrabando de crudo y falsificación de documentos aduaneros. Además, REPSOL-YPF ha sido acusada por parte de Amnistía Internacional de facilitar ayuda financiera a unidades militares y paramilitares en Colombia.

A juicio de los impulsores de la Campaña, “Repsol-YPF también destruye, contamina y mata en el territorio español. Como ejemplo, en la refinería de Puerto Llano (Ciudad Real), donde en 2003 murieron nueve trabajadores por un incendio que podría haber sido evitado si Repsol-YPF hubiese respetado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Instalaciones Petroquímicas”. Por todo ello, decenas de organizaciones se concentraron ante la Junta General de Accionistas de Repsol. Consideran que la empresa debe asumir su responsabilidad por todos estos actos, restituyendo la deuda ecológica y social que ha contraído con los países en los que desarrolla sus actividades.

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* www.nodo50.org/azkintuwe.

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