Ocultamiento criminal. – MAL DE LAS »VACAS LOCAS» EN CHILE

En el transcurso de estos días, Sergio Salas Yánez solicitará a los tribunales de justicia la exhumación del cuerpo de quien fuera su esposa hasta la madrugada del 4 de agosto de 2002. Salas pedirá que instruyan desenterrar el cadáver a fin de que los peritos forenses rastreen las huellas de una enfermedad que, afirma, es la verdadera causa de muerte de su esposa, y no la que figura en los certificados oficiales.

Los resultados de estas indagaciones permitirían demostrar fehacientemente no sólo el origen de la enfermedad que ocasionó la muerte de Fresia del Rosario Rojas Muñoz, sino también el grado de responsabilidad de quienes, directa o indirectamente, estuvieron involucrados en su deceso.

El proceso podrá arrojar luces sobre las posibles motivaciones del extravío de la ficha clínica de la víctima, y los móviles e identificación de los responsables que falsificaron los certificados de defunción y sepultación, acreditando una causa de muerte que no era más que la fase final de una enfermedad y no su causal. Pero las consecuencias del peritaje practicado en el cuerpo de Fresia Rojas podría revelar algo más grave en términos de interés público: hasta qué punto los consumidores de carne en Chile estarían expuestos al denominado «mal de las vacas locas».

La ficha médica perdida

A mediados de mayo de 2002, los familiares de Fresia Rojas resolvieron llevarla con urgencia a la posta central de Santiago.La mujer, desde hacía algunas semanas, sufría dolores en sus piernas y pérdidas de conciencia temporales.En la posta (consultorio de urgencia) le inocularon una dosis de dipirona y la enviaron de vuelta a su casa.

Dos meses más tarde, el 18 de julio de 2002, ante los insoportables dolores musculares que sufría en sus piernas, y a las reiteradas y agudas anomalías de su cerebro, que no le permitían salir de su casa sin extraviarse, su familia llevó nuevamente a Fresia a la posta, con la esperanza de que allí la aliviaran, diagnosticaran la extraña afección que la torturaba, y prescribieran un tratamiento adecuado a sus padecimientos.

Pero los médicos de la posta no supieron qué hacer, y la derivaron al Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), donde quedó hospitalizada.

En un principio, el diagnóstico de la enfermedad que la aquejaba era errático, ambiguo, impreciso. Los síntomas, sin embargo, eran claros y progresivos. «A los tres días de hospitalizada la fuimos a ver, y ya no nos reconocía», recuerda su esposo.

Día tras día, Sergio Salas y sus hijos no dejaron de ir al hospital. En más de alguna ocasión, su marido la pudo ver tendida sobre la cama, ceñida con correas, sujeta a las barandas de hierro, moviendo la cabeza de un lado a otro, estremecida por espasmos y convulsiones violentas.

Sergio tenía que sujetarle la cabeza, tratando de calmarla, mientras las enfermeras le inyectaban analgésicos para aliviar el dolor.

16 días después de hospitalizada, Fresia falleció. A la 1:30 de la madrugada del 4 de agosto, hace casi 5 años.

Rodrigo León, en ese entonces médico becado que desempeñaba sus funciones en la sala de medicina interna, pidió a Sergio la autorización para efectuar una autopsia. «Me dijo que la haría –señala éste–, pero después me dijo que no, porque no había seguridad en el lugar de las autopsias del hospital». Sergio le preguntó entonces por qué no la derivaban al Instituto Médico Legal (IML). «Me dijo que, por la forma de contagio, allá tampoco harían el examen. No había los medios. El asunto es que nunca quisieron hacer la autopsia».

Pero el doctor León había redactado un informe de epicrisis, un documento del que Sergio conservó una copia consigo, celosamente.

La suspicacia del esposo de Fresia se debía en parte a las observaciones que tanto él como sus hijos habían hecho en esos días. Uno de ellos, el menor, Sergio, señala: «Me acuerdo que mi hermano me llamó al lado de la camilla de mi mamá y me mostró la hoja en que estaban escritos los medicamentos. Eran un montón. Eso nos llamó mucho la atención, sobre todo si nadie sabía decirnos de qué se trataba».

El informe de epicrisis, redactado por el doctor León, consigna que había compromiso de conciencia, que no había antecedentes mórbidos de importancia, que la afectada padecía de un cuadro de tres meses de evolución iniciado en la extremidad inferior derecha y posteriormente en la izquierda, que también padecía un cuadro en que perdía progresivamente la memoria anterógrada y que ya no reconocía a sus parientes.

«Derivada a este servicio –precisa el informe– persiste compromiso cualitativo y cuantitativo de la conciencia (…) Evaluada por infectología y neurología se plantea enfermedad por priones Creutzfeldt-Jakob y se solicita electroencefalograma que se informa sin aclaraciones específicas. Fallece (…), y se envía a anatomía patológica para reconocer etiología del fallecimiento, pero no se realiza ya que los patólogos sostienen la sospecha de la enfermedad ya nombrada, de alto contagio, y prefieren no realizar el estudio».

Pocos días después de estos hechos, un grupo de doctores y especialistas se reunía en la Subdirección Médica del hospital, para analizar por qué no se había efectuado la autopsia.

Después de esa jornada, la ficha clínica de Fresia Rojas desapareció.

En el hospital se nombró a un investigador interno para que esclareciera la irregularidad que comportaba el extravío del documento. Pero nadie sabía adónde había ido a parar la ficha.

El investigador sólo pudo establecer que ésta «había sido retirada de los archivos el día 14 de agosto por la secretaria del Servicio de Medicina, Gladys Miranda, quien la habría entregado a su vez al doctor León para un informe y/o reunión en la Subdirección Médica, a cargo en ese entonces del doctor Ángel Ortiz».

En esta reunión, afirma Rubilar en su informe, «se estableció que con gran probabilidad la paciente padecía de una enfermedad de Creutzfedt-Jakob, altamente contagiosa, y que el Servicio de Anatomía Patológica no contaba con la infraestructura adecuada para este tipo de casos. No hay pista que contribuya a esclarecer el paradero del documento».

Pero como Sergio había tenido la previsión de guardar algunas fotocopias del mismo, en particular la de la epicrisis, comenzó a averiguar.

En un consultorio cercano a su hogar, una enfermera le proporcionó alguna información de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la que posteriormente pudo complementar con las obtenidas en las escuelas de medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica.

Los síntomas, los cuadros de rápida evolución, obedecían en todo a sus sospechas. Y el documento de epicrisis elaborado en el hospital las confirmaban.

Por ello le pareció sumamente extraño que tanto el certificado de defunción emitido por el Registro Civil, como el permiso de sepultación del Cementerio General, consignaran que la causa de la enfermedad había sido por un paro cardiorrespiratorio asociado a un cuadro de demencia subaguda.

La hora de tribunales

Sergio Salas decidió querellarse por cuasidelito de homicidio en contra del doctor Rodrigo León y otros, para luego ampliar la querella por falsificación de instrumento público. El caso, que ya se dilataba durante al menos dos años, no arrojaba luces de ningún tipo.

La jefa de la sala en la que se encontraba Fresia en el momento de su deceso, Claudia Bustamante, sólo pudo decir que sólo había visto la ficha en la sala, «donde como jefa escribí algunas evoluciones diarias infectológicas».

El ex subdirector médico del HCSBA, Angel Ortiz, también afirmó desconocer el paradero del documento. Pero admitió haber conversado «con médicos anátomo patólogos y con el Comité de infecciones intra hospitalarias, en relación a la negativa para realizar la autopsia a una paciente fallecida en el Servicio de Medicina con diagnóstico clínico de encefalopatía sugerente de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob».

El ex subdirector reconoció asimismo que durante su ejercicio «las situaciones complejas se manejaron con resguardo de la ficha clínica en las dependencias de la Dirección».

Pero la secretaria de ésta, Sonia Díaz, aseguró que la ficha no se encontraba en ese lugar; documento que a esas alturas se hacía imprescindible para continuar y avanzar con el caso.

Tal importancia revestía el documento que, cuando el juez de la causa instruyó al Instituto Médico Legal (IML) hacer la autopsia, la coordinadora técnica del mismo, Shirley Aguilar, se negó «por cuanto no se dispone de un documento fundamental, en este caso la Ficha Clínica».

Ante lo infructuoso de una larga espera que ya alcanzaba los tres años, y de la serie de diligencias que se trababan una y otra vez por los mismos motivos, el marido de Fresia apeló a otras instancias.

Finalmente resolvió comunicar su caso al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La carta fue respondida.

Fechada el 20 de mayo de 2005, la misiva del entonces director nacional subrogante de la entidad, Pablo Willson Avaria, decía: «El SAG puede señalar que la enfermedad no estaría presente en el ganado bovino. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, nueva variante, que ha sido asociada al consumo por parte de personas, de tejidos de riesgo de bovinos infectados por el agente de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, dicha forma de la enfermedad nunca ha sido diagnosticada en el país».

Pero Sergio estaba seguro de que sí había sido diagnosticada, y fue al SAG.

Allí se enteró de que se importaba harina de hueso molido para alimentar a los vacunos. «Un señor bajito, médico o veterinario, ya no me acuerdo, me dijo que aquí se los daban así no más, sin grados de temperatura, sin calentar la harina de huesos para dársela a los animales. Entonces… me dijo… cuando ellos supieron que le hacía mal a la gente… yo no sé cómo supieron. Nunca me explicaron eso: cómo supieron».

Huellas en el silencio

El silencio en torno a los casos de este tipo pudo haber sido absoluto. Sin embargo, cada cierto tiempo, la prensa ha divulgado algunos; en la mayoría de las ocasiones dejando entrever la reserva con que se manejaron. Un caso similar al de Fresia fue el de otra mujer, y ocurrió en el hospital regional de Copiapó a fines de febrero de 2006. Lo reseñó el diario La Cuarta. Era el «primer caso de este tipo en la región de Atacama».

El director del establecimiento de salud, Omar Luz, lo confirmaba: «Al hacerle una resonancia nuclear magnética en Santiago se diagnosticó que padecía de la enfermedad conocida como el ‘mal de las vacas locas’ o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob».

El caso, informaban los redactores, «se manejó con absoluta reserva. E incluso el seremi de Salud de la región, Samuel Kong, dijo desconocer esta situación en el hospital». Kong aseguró: «La información que nosotros tenemos en el servicio es de un paciente que en diciembre (del año 2005) consultó en la red y luego en forma particular, sobre un síndrome que no hemos confirmado».

En marzo de 2006, a tan sólo un mes de la muerte de la mujer de Copiapó, se realizaba en Santiago el curso «Patologías y diagnóstico diferencial de enfermedades producidas por priones en bovinos y ovinos».

El curso, organizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y el SAG, tenía como uno de sus exponentes al doctor Hernán Rojas, jefe de la División de Protección Pecuaria de este último organismo. El doctor Rojas explicaba en esa oportunidad que, «debido a la condición actual que ostenta Chile como exportador, es fundamental demostrarle al mundo que nuestras carnes y productos pecuarios están libres de las enfermedades tales como la EEB, y que la probabilidad de que exista el prión (célula anómala que evidencia la afección), o agente infeccioso que la transmite, es cercana a cero».

Consecuencia de la gran preocupación que existe internacionalmente con respecto a la propagación de esta enfermedad, el especialista señalaba que era imperioso para nuestro país «generar masa crítica que esté en la frontera del conocimiento en este tema, que conozca sus métodos de diagnóstico y lo que está ocurriendo en el mundo».

Preocupado tal vez por lo que ocurriera fuera de Chile, el doctor del SAG no se enteró de lo que había acontecido en el norte, en el Hospital Regional de Copiapó hacía apenas un mes. Como tampoco creemos lo haya hecho respecto de lo que sucedería apenas cinco meses después de su conferencia académica. Porque en septiembre de 2006 hubo otro caso, esta vez en Valparaíso. Se trataba de una mujer de 65 años identificada como Matilda Madero, que moriría un par de meses más tarde.

Su hija, Judith Rabuco, señaló que ante la progresión inusitada de los síntomas que aquejaban a Matilda decidieron consultar a un especialista. «El doctor le hizo un electrocardiograma, y luego de eso comenzó todo. Empezó a perder el lenguaje, empezaron los espasmos. Con el electro en la mano el médico nos dijo que se trataba de la enfermedad de las «vacas locas’».

La hija de Matilda aseguró a la prensa del puerto que habría más casos, pero que no se explicaba por qué no salían a la luz pública.

País «provisionalmenmte» libre

Tal vez la cautela de las autoridades obedecía a una serie de antecedentes acumulados, y que empezaron a remecer la industria pecuaria a mediados de 2005. El 17 de agosto de ese año, una comisión técnica de la Unión Europea (UE) informó que una nueva y reciente clasificación de riesgo pecuario situaba a Chile en una categoría más peligrosa que la que hasta entonces ostentaba. Los expertos determinaron subir la categorización de 1 a 3 en el nivel de riesgo de contagio de Encefalopaía Espongiforme Bovina (EEB). Es decir, de una baja probabilidad a una muy alta.

Los europeos argumentaron que entre 1996 y 2000 Chile había importado harina de carne y huesos desde Estados Unidos y Canadá, países en los que a mediados de 2005 se había verificado la enfermedad. La comisión de la UE estableció que, además, entre 1996 y 2000, Chile no realizaba estudios de trazabilidad que permitieran identificar la presencia, procedencia y destino de esos elementos.

Estas consideraciones eran las que explicaban, en lo fundamental, la medida de la UE. Ante la noticia, el entonces ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que en Chile «había vacas, pero no vacas locas».

En el ministerio admitieron, no obstante, que una mínima parte de esos elementos importados había llegado al ganado, y que las vacas que probablemente se hubiesen alimentado con ellos o estaban muertas o en cuarentena.
Pero como las declaraciones no son todas demostrables, las autoridades del área decidieron remitir toda la información necesaria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), para que esta entidad estudiara el caso, y pudiera brindar a Chile las herramientas para poder apelar en contra de la resolución emanada de la UE.

A mediados de 2006, el actual ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, en conjunto con el director nacional del SAG, Francisco Bahamonde, informaron que la OIE declaraba a Chile «provisionalmente libre del mal de las ‘vacas locas’». Esta resolución, afirmaron las autoridades en esa oportunidad, «ratifica lo ya expuesto por Chile, en cuanto a que la EEB es una enfermedad que no está presente en nuestro país». Pero en esa ocasión, el director del SAG debió explicitar el término «provisionalmente».

Indicó que la palabra significaba que, de todas las exigencias de la OIE, sólo no se cumplía con una: que la prohibición de alimentar a los rumiantes con harina de carne y hueso de origen animal, hubiese estado vigente durante los últimos ocho años.

Bahamonde estimó que este detalle no implicaba «en ningún caso, algún nivel de riesgo». Considerando que en humanos la enfermedad se incuba entre los cinco y los diez años, de acuerdo a la etiología de la enfermedad, el director Bahamonde no podría asegurar que no se manifiesten nuevos casos en este período, debido a la imprevisión que evidenció el SAG hace algunos años.

De las declaraciones de las autoridades y de las exigencias de la OIE, queda un elemento crucial: que la prohibición de alimentar a los rumiantes con harina de carne y hueso de origen animal no ha estado vigente durante los últimos ocho años. ¿Acaso lo ha estado sólo hace cuatro, hace dos? ¿Cuántas personas podrán tener la afección en carácter de latente? ¿Quién responde en este tema que es de seguridad pública?

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* Periodista.

www.elperiodista.cl

Sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

La variedad humana de la enfermedad de las «vacas locas» es conocida como Encefalopatía Espongiforme Transmisible. Es un trastorno que involucra disminución rápida de la función mental y del movimiento. Los síntomas iniciales incluyen cambios en la personalidad y dificultad en la coordinación. Suele presentarse en personas de mediana edad, entre los 20 y los 70 años.

Las dos formas de la enfermedad –la bovina y la humana– se distinguen de otras afecciones de demencia por una progresión extremadamente rápida, desde el inicio de los síntomas hasta la discapacidad y la muerte.

Es un daño causado al cerebro por una proteína llamada prión; proteína que se pliega de una manera anormal y que estimula la alteración de las adyacentes, afectando su capacidad funcional. Los priones se retienen durante largos períodos de tiempo en este tipo de tejido (2 años en vacunos y de 5 a 10 años en personas).

Los priones no pueden ser destruidos mediante las técnicas de desinfección ordinarias que se utilizan para evitar la transmisión de virus y bacterias. Según se ha podido constatar en estudios experimentales, es una forma proteica muy resistente a la temperatura, a los cambios de acidez y a los desinfectantes. Tampoco se altera por acción de las bajas temperaturas (ni de refrigeración ni de congelación). Sin embargo, se elimina por la acción del calor. A pesar de que resiste elevadas temperaturas, puede destruirse calentando los materiales contaminados o sospechosos en autoclave a 134- 138ºC durante 18 minutos bajo 3 atmósferas de presión.

La variante humana se reportó inicialmente en el Reino Unido entre personas que habían ingerido carne de vacas alimentadas con harina de hueso infectado.

El sistema de control más eficaz fue la prohibición del consumo de harinas elaboradas con residuos de animales enfermos o portadores de priones.

Para confirmar la enfermedad existe un análisis de una proteína, la 14-3-3 en el líquido cefalorraquídeo. Esta prueba ayuda a diagnosticar la ECJ en personas que presentan ya síntomas clínicos de la enfermedad, aunque en gran parte de los casos el diagnóstico se confirma al estudiar el tejido cerebral de los afectados, frecuentemente después de morir.

El Periodista señala como fuentes del texto que antecede una síntesis realizada en base a prensa internacional y documentos de las escuelas de Medicina de la Universidad Católica y Universidad de Chile.