Oligarquías agropecuarias al ataque, ahora en Bolivia y Paraguay

María Eva García Simone*

Otra vez protagonizan la escena del conflicto las clases poderosas de la región que, a través de medidas paralizadoras de las economías nacionales, pretenden desestabilizar a los llamados “gobiernos populares” para cumplir con sus exigencias. Diferentes exigencias, similares fines: desestabilizar a los gobiernos de Evo Morales y Fernando Lugo. Situación análoga es la que se vivió en Argentina meses atrás. El poder del agronegocio, de los terratenientes y de las trasnacionales se hace notar.

Es así como los productores agropecuarios de Bolivia y Paraguay – recapitulando lo sucedido meses atrás en Argentina con el lockout realizado por los patronales del agro en oposición al dictamen que legitimaría las retenciones móviles- han realizado, durante estos últimos días, “tractorazos” en manifestaciones opositoras a las políticas gubernamentales.

Utilizando el poder económico y político que poseen como fuerza nacional, los empresarios agropecuarios emplean el sabotaje contra los gobiernos para conseguir respuestas a sus reclamos, muchas veces injustos o infundados.

En Paraguay los productores rurales reclaman el desalojo de las haciendas por parte de labriegos sin tierras, que decidieron ocuparlas ante la falta de reconocimiento de sus derechos y necesidades.

"No es una marcha contra la gestión del presidente Fernando Lugo", declaró Claudia Ruser, dirigente de la Asociación de Productores de Soja (APS).Sin embargo, estas manifestaciones en las rutas denominadas “tractorazos”, se desarrollan a sólo cien días de iniciado el mandato que culminó con más de 60 años de hegemonía del Partido Colorado.

De este modo, los grandes productores agrícolas representados con la anterior presidencia de índole elitista pretenden expulsar de las tierras a aquellos agricultores que se encuentran totalmente desposeídos, desamparados por las leyes y que optaron por la toma de fincas como una manera de reclamar reformas agrarias que contemplen mejores condiciones de trabajo y la anulación del cultivo mecanizado de la soja.

Es así, como se da un cruce de necesidades y un enfrentamiento entre diversas formas de protesta entre las clases populares y las clases altas dueñas de grandes latifundios y protagonistas de negocios millonarios. Negocios producto de la venta de soja y de las concesiones que los gobiernos les otorgaron durante años para acrecentar el poder de estas oligarquías nacionales.

Una situación similar se vive en Bolivia, dónde los productores agropecuarios del Oriente tomaron nuevamente medidas de fuerza que parecen remontarse a los días en que el país se sumergió en una crisis total producto de las decisiones de los separatistas de la llamada “Media Luna”.

Los protagonistas de los conflictos, son los mismos que exigieron la destitución del presidente bolivariano Evo Morales, nuevamente protestan contra el Gobierno nacional y le demandan políticas para solucionar la escasez de combustibles. Los productores agropecuarios bolivianos reunidos en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), comenzaron -días atrás- una movilización que paralizó los caminos del país con el objetivo de presionar al gobierno de Morales para la toma de decisiones inminentes ante el cese de las actividades productivas y la amenaza de una crisis alimentaria por la falta de materias primas.

"Esta es una protesta contra el estrangulamiento que sufre el sector agrícola que ahora no puede comercializar su producción y el constante desabastecimiento de diésel", afirmó el presidente de la CAO, Mauricio Roca.A su vez, criticó el accionar del Ministro de Hidrocarburos por no dictaminar un programa de provisión de combustibles.

Sin embargo, la postura amenazante y especulativa que tomó Roca como representante de la CAO no pretende disimularse: “A partir de ahora que les quede muy claro: Comiencen a respaldar este sector. Caso contrario que le comiencen a pedir a su papá Chávez más plata para alimentar al pueblo” , expresó el líder boliviano del agro.

En este sentido, las oligarquías nacionales del agro y poseedoras de un amplio poder económico y político en la región utilizan la extorsión y el sabotaje para recibir respuestas gubernamentales a sus pedidos.Estas potenciales “Juntas Agrarias”, desoyen las normas constitucionales de libre circulación de los ciudadanos por las carreteras y el consenso que debería existir entre las autoridades y el pueblo para llegar a acuerdos contemplativos de las necesidades de todas y cada una de las partes involucradas en los conflictos.

Cabe destacar que el derecho a manifestarse está amparado constitucionalmente. No obstante, cuando éste enfrenta a los demás derechos tales como la libre circulación o el acceso a los alimentos es dónde se produce el caos en el que, por ejemplo, se vio sumergida Argentina durante más de cien días en el denominado “conflicto del campo”.Durante este período, la Junta Agraria argentina paralizaron no sólo las rutas -como sucede actualmente en Bolivia y Paraguay- sino también la actividad productiva nacional generando inflación, escasez de alimentos, enfrentamientos entre el sector privado y el sector público y una total ausencia de diálogo y consenso.

De esta manera, se denota el similar comportamiento de terratenientes, tanto en Paraguay como en Bolivia y, anteriormente, en Argentina. Estos poseen la iniciativa de desestabilizar a los gobiernos electos mediante el voto popular para cumplir con sus objetivos, que sólo buscan fortalecer su poderío y ampliar sus bolsillos.

En Bolivia, por ejemplo, la derecha de agro pretende frenar la reforma agraria iniciada por Evo Morales, la cual busca distribuir la tierra entre indígenas y campesinos, luego del saneamiento de las mismas. Es decir, tras comprobar su propiedad legal, detectar aquellas que son improductivas, sancionar técnicas contaminantes y penalizar la existencia de servidumbre labriega.

Si la reforma cumple con sus fines, uno de los departamentos más comprometidos es el de Santa Cruz (bastión de la “Media Luna” y los grandes terratenientes), ya que tendría en peligro el dominio de casi el 80 por ciento de sus tierras cultivables y ganaderas. Esto es lo que más asusta a los terratenientes opositores al gobierno de Morales y los hace tomar decisiones especulativas e incongruentes con las instituciones democráticas.

Similares objetivos de las oligarquías del agro de los tres países mencionados se contraponen -no casualmente- a los similares objetivos de las tres presidencias involucradas en estos conflictos y luchas de intereses. Esto porque se pretende una mayor participación del Estado en las actividades productivas y en las economías nacionales, rompiendo con los mandatos del neoliberalismo protagonista férreo de la región durante la década de los noventa.

En este aspecto, los agroindustriales ven amenazados sus intereses y no se sienten identificados por las nuevas tendencias políticas que se desarrollan actualmente en América Latina. Es así como sus decisiones basadas en el individualismo y el egoísmo económico acentúa la crisis alimentaria que se vive en el mundo y la división de la región entre los que más y los que menos tienen.

Ahora se abre la interrogante: ¿el ejemplo de la Junta Agraria de Argentina influenciará en los escenarios de Bolivia y Paraguay?

*Redactora de la Agencia Periodìstica del Mercosur