Jul 10 2021
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Política

Once militares chilenos y tres uruguayos condenados en Italia por el Plan Cóndor

A los condenados se les atribuye la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos: cuatro chilenos secuestrados en Chile, trece uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Este 9 de julio, además de ser un gran día para la Argentina, se transformó en un día histórico para los familiares de muchos desaparecidos latinoamericanos que vieron cumplida su esperanza de justicia. Es que la Corte Suprema de Italia confirmó este viernes las condenas a cadena perpetua emitidas por la Corte de Apelaciones en 2019, para 14 militares chilenos y uruguayos del Plan Cóndor acusados de delitos de lesa humanidad.

En la Corte de Apelaciones (el trayecto judicial precedente al de la Corte Suprema y posterior al juicio de primera instancia comenzado en 1999) los condenados a cadena perpetua habían sido 24. De esos 24, cuatro chilenos (uno había muerto) no hicieron apelación ante la Corte Suprema por lo cual sus condenas fueron declaradas definitivas automáticamente. De los 20 restantes, tres resultaron muertos (un boliviano y dos uruguayos) y la Corte decidió suspender las sentencias de tres peruanos hasta tanto reciba sus certificados de vida o de muerte, porque si han fallecido no se emite sentencia sobre ellos.

Los condenados el viernes fueron entonces 14 militares, 3 chilenos (Daniel Aguirre, Pedro Espinoza, Carlos Luco Astroza) y 11 uruguayos (José Arab Fernández, Juan Carlos Blanco -era un civil, ex ministro de exteriores de la dictadura uruguaya-, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato Narbondo, Ricardo Medina Blanco, Ramas Ernesto, José Sande Lima, Jorge Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, y Giberto Bissio). Nueve de los uruguayos operaban en el centro clandestino de detención Automotores Orletti de Buenos Aires.

A los condenados se les atribuye la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos: cuatro chilenos secuestrados en Chile, trece uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. A éstos hay que agregar otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (FUSNA). Tróccoli vive en Italia en libertad y fue el único acusado que presenció sesiones del juicio.

Para Troccoli debería partir casi inmediatamente el mandato de captura como así también para los demás condenados que vivan en América Latina en libertad, a la espera de que para éstos últimos se pida la extradición a fin de que cumplan su condena en la península.

El triunfo después de 22 años de esfuerzos

“Siento una gran alegría y una gran emoción porque se hizo justicia, porque llegamos a concluir un juicio que duró más de 20 años. Una gran alegría por todos los familiares de las víctimas que hoy recibieron justicia. Pero también pienso en los familiares de todos aquellos desaparecidos que no la han recibido y que la siguen pidiendo en los tribunales uruguayos y aún no la obtienen.

Esta confirmación de las condenas abre un campo nuevo para buscar otras vías de justicia en Italia, si no se obtiene justicia en Uruguay”, declaró a el periodista uruguayo Zelmar Michelini, hijo del dirigente político del mismo nombre que fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976.

Michelini, que vive en París, vino a Roma para escuchar la sentencia de la Corte Suprema, como lo hizo para escuchar las decisiones de los otros dos instancias de la justicia italiana sobre el Proceso Cóndor. Michelini declaró ante el fiscal que hacía las primeras investigaciones en 2001 y luego lo hizo en 2015 ante la Corte de Apelaciones.Zelmar (h)

Todo por el caso Daniel Banfi, un uruguayo cuya mujer, Aurora Meloni que ahora vive en Milán, fue a pedir ayuda a Michelini padre cuando secuestraron a su marido en Buenos Aires en 1974.

Según Michelini, la decisión de la Corte Suprema italiana puede influir en los procesos que se están haciendo o por hacer en América Latina. «Cada país se tiene que dar cuenta que está perdiendo el tren de la historia,» señaló. «Si yo fuera un juez uruguayo, tendría vergüenza de que los criminales de lesa humanidad reciban un castigo en el exterior y no en mi propio país. Lo ideal sería que cada país juzgara a sus propios criminales”.

Los comentarios de otros familiares, como la uruguaya Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone secuestrado en Buenos Aires en 1976, fueron más conmovedores todavía. “Para mí fue un final judicial muy positivo que costó muchos esfuerzos colectivos. Sin embargo, a medida que pasan las horas, siento que no alcanzará para colmar la ausencia de tantos y tantas que nos siguen faltando y que no podemos dejar de seguir buscando”.

El abogado Arturo Salerni, uno de los que ha llevado adelante esta batalla legal contra el Cóndor, comentó por su parte que con las condenas “se concluye un largo recorrido procesal que le ha dado verdad y justicia a los crímenes de lesa humanidad”. El momento más complicado de estos años, agregó, “fue el pasaje del Entrevista a Arturo Salerni, nuevo presidente de la Coalición Italiana para las Libertades y Derechos Civiles :: Civil Liberties Union for Europeprimer al segundo grado del proceso. Yo estaba convencido de que la sentencia de primer grado sería positiva.

Convencido de que la existencia del Cóndor, reconocido por la Corte Europea, sería reconocido por la justicia italiana. Pero todos quedamos un poco desubicados por las absoluciones del primer grado. Pero por suerte el primer grado no era la derrota sino solo un momento que había que superar. En efecto los jueces de la Corte de Apelaciones apreciaron nuestro trabajo y lo llevaron a la sentencia” que condenó a todos los imputados a cadena perpetua.

Jorge Ithurburu, presidente de la organización no gubernamental 24marzo.it que durante todos estos años ha ayudado a familiares y abogados de este proceso, dijo que fue largo el camino recorrido desde que el colectivo presentara la primera denuncia en 1999.

«De los 146 mandatos de captura del 2007, llegamos a condenar solo 14. Pero estamos muy satisfechos. Nuestro pensamiento va a los familiares que han fallecido, y también el abogado Marcello Gentili, que ha trabajado tanto. Estamos muy satisfechos por el hecho de que haya habido justicia”, añadió.

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