Ago 10 2014
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Política

Paraguay: 115 desaparecidos durante la democracia

Un total de 115 dirigentes y militantes campesinos fueron ejecutados o desaparecidos desde febrero de 1989, cuando se dio el golpe de Estado contra el dictador Alfredo Stroessner, hasta agosto de 2013, seg√ļn un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

El c√≥mputo est√° recogido en el ‚ÄúInforme Chokokue‚ÄĚ (campesino, en guaran√≠), pr√≥ximo a ser lanzado en Asunci√≥n, que, de acuerdo con sus autores, demuestra la responsabilidad en esas muertes de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 a√Īos a la ca√≠da de Stroessner. ‚ÄúRespecto de cada uno de ellos estamos en condiciones de apuntar ‚Äďcon material probatorio v√°lido para cualquier litigio penal o internacional‚Äď niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado‚ÄĚ, se√Īala el informe.

El coordinador del texto, Hugo Valiente, consider√≥ que esa violencia est√° en concordancia con las condiciones socioagrarias de Paraguay, donde, seg√ļn asegur√≥, existe una de las estructuras latifundistas m√°s injustas del mundo, con el 80 por ciento de la tierra en manos de un 2 por ciento de propietarios.

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, que gobern√≥ el pa√≠s entre 1954 y 1989 ‚Äďen una de las dictaduras m√°s longevas del Cono Sur‚Äď, fueron posibles gracias a la complicidad entre la c√ļpula del poder, comandada por el propio dictador, y los terratenientes, la clase m√°s privilegiada de Paraguay.

‚ÄúDescubrimos que existe un plan sistem√°tico de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas ejecuciones responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria‚ÄĚ, explic√≥ el miembro de Codehupy. Valiente a√Īadi√≥ que la mayor√≠a de las v√≠ctimas pertenec√≠an a la Federaci√≥n Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones del sector.

Destac√≥ adem√°s que el informe extrae esas conclusiones a partir de una metodolog√≠a basada en entrevistas a familiares y testigos de las muertes y en los autos jur√≠dicos, lo que sirvi√≥ para reconstruir los casos. Un primer informe, del 2007, realizado con menos medios tecnol√≥gicos que esta vez estableci√≥ un n√ļmero de 77 dirigentes o militantes campesinos ejecutados o v√≠ctimas de desapariciones forzadas, tambi√©n en el √°mbito de una represi√≥n estatal organizada.

El tema de los derechos humanos sigue siendo hoy en d√≠a tab√ļ para muchos sectores de la sociedad civil y para la Justicia local que, en comparaci√≥n con pa√≠ses como Argentina, no ha considerado los cr√≠menes ocurridos durante la dictadura de Stroessner como una prioridad. Muchos familiares de las v√≠ctimas reclaman al Estado paraguayo que garantice el esclarecimiento de lo ocurrido y que se castigue a los responsables de desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales.

En abril pasado, y con el auspicio del ex juez espa√Īol Baltasar Garz√≥n, la comunidad ind√≠gena Ach√© present√≥ una denuncia por genocidio ante el Juzgado Federal N¬ļ 5 de Argentina, amparada en el principio de justicia universal. La matanza fue cometida en dictadura.

En base al primer informe Chokokue, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en 2008 al Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, fallecido en 2003 a causa de la represión ejercida por la policía durante una manifestación en el Departamento San Pedro.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una condena similar por las torturas que sometieron los cuerpos de seguridad del Estado a Ernesto Benítez, quien participó en la misma protesta que Blanco y fue posteriormente detenido y torturado, de acuerdo con Valiente.

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