Ago 22 2014
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Pol铆ticaSociedad

Paraguay: los presos y asesinados del agronegocio

Para llegar a la c谩rcel de Tacumb煤, en Asunci贸n, hay que pasar por una hilera de casas precarias levantadas por los inundados de los Ba帽ados, que debieron dejar sus viviendas ante un nuevo desborde del r铆o Paraguay.

El ingreso al penal es r谩pido, gracias a la solidaridad de personas del Serpaj-Paraguay, BASE-IS, de la organizaci贸n de mujeres campesinas Conamuri y de otros colectivos que nunca dejaron de apoyar a los presos. Todos campesinos. Todos encerrados bajo la democracia paraguaya.

Rub茅n Villalba es sobreviviente de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, una emboscada en la que perdieron la vida 11 campesinos y seis polic铆as y desemboc贸 en el golpe parlamentario que destituy贸 al presidente Fernando Lugo una semana despu茅s. Villalba era dirigente campesino y a煤n arrastra las secuelas de la bala que impact贸 en su cabeza, sufre cefaleas, perdi贸 la mayor parte de la visi贸n y no tiene atenci贸n m茅dica.

Basiliano Cardozo, Gustavo Esp铆nola, Ar铆stides Vera, Sime贸n Bord贸n, Roque Rodr铆guez y Agust铆n Acosta llevan m谩s de ocho a帽os presos, imputados inicialmente por omisi贸n de aviso de hecho punible, que luego el Ministerio P煤blico modific贸 por homicidio, secuestro y asociaci贸n criminal, aunque un juez penal rechaz贸 el pedido de prisi贸n preventiva. Todos ellos pertenecieron a movimientos campesinos y a la organizaci贸n Patria Libre, que fue destruida por la criminalizaci贸n de gobiernos, justicia y terratenientes.

Nos recibieron en el s贸tano del penal, donde se torturaba a presos pol铆ticos durante la dictadura de Stroessner. Todos manifestaron que no est谩n arrepentidos, que siguen en la lucha, que se sienten v铆ctimas de la pol铆tica del imperialismo y de un Poder Judicial que ha violado sistem谩ticamente sus derechos. Los seis campesinos fueron acusados de un secuestro, pero el Ministerio P煤blico cambi贸 los hechos punibles sin darles la oportunidad de de dar su versi贸n para la defensa.

Los organismos de derechos humanos afirman que la sentencia ya se encontraba escrita cuando se llega al juicio oral, que el tribunal dio por probados hechos por los que no fueron acusados, y se viol贸 su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, no teniendo a煤n sentencia firme. Los seis campesinos se hab铆an refugiado en Argentina, donde fueron detenidos en mayo de 2006 y extraditados en diciembre de 2008. La justicia paraguaya desconoce esos dos a帽os y medio que han estado recluidos en Argentina. Ellos se consideran perseguidos por su pertenencia de clase y pol铆tica.

En el caso de Curuguaty hay 12 personas procesadas con arresto domiciliario, entre ellas una adolescente. En ambos procesos se ha mostrado la falta de imparcialidad e independencia de la justicia, como ha se帽alado la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Curuguaty.

El informe m谩s reciente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) destaca que en el pa铆s se ha implementado una pol铆tica de eliminaci贸n f铆sica de campesinos organizados. Difundido a principios de agosto, el Informe Chokokue 1989-2013 lleva un subt铆tulo significativo: 鈥淓l plan sistem谩tico de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino鈥. Denuncia que en casi 25 a帽os de democracia fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas.

El 67 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por bandas parapoliciales, 31 por ciento por polic铆as y militares y 2 por ciento fueron muertos cuando estaban bajo custodia de la fuerza p煤blica. Todos los casos terminaron impunes, en medio de procesos fraudulentos que tuvieron por finalidad evitar que sean investigados todos los responsables, especialmente los autores morales.par curuguaty

Codehupy asegura que el 鈥減lan sistem谩tico de ejecuciones鈥 ser铆a inviable sin el apoyo complaciente del Ministerio P煤blico y el Poder Judicial. Agrega que los asesinatos coinciden con los ciclos electorales, con picos hacia la mitad de los mandatos presidenciales y descensos durante las elecciones, lo que 鈥減ermite establecer conexiones entre la pol铆tica y el plan de ejecuciones鈥.

La masacre de Curuguaty, se帽ala, es un hecho excepcional por las consecuencias pol铆ticas, por la concentraci贸n de la mayor cantidad de ejecuciones en un solo evento y porque marca el inicio de una nueva 茅poca en la represi贸n a la protesta campesina.

Tres hechos deben ser destacados. Uno, el endurecimiento de las normas penales. Cortar una ruta en una marcha pac铆fica es susceptible, a partir de 2010, de ser penalizado como si fuera terrorismo. La pena por invadir un inmueble, otra pr谩ctica com煤n del campesinado, fue subida de dos a cinco a帽os.

Dos, los hechos que denuncia Codehupy no son casuales ni fruto de desbordes ocasionales de mandos policiales o militares, sino parte de un ataque planificado contra la poblaci贸n campesina, con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios mediante m茅todos de terrorismo de Estado.

Tres, la impunidad. Paraguay est谩 lejos de ser una democracia, mientras los militantes de los excluidos sociales pueden ser asesinados con la seguridad de que esos cr铆menes quedar谩n impunes, concluye el informe.

Los presos pol铆ticos, los m谩s de 100 asesinados y los miles desplazados por las inundaciones de los Ba帽ados, son todos v铆ctimas de un modelo de acumulaci贸n que necesita de la violencia para seguir prosperando. Los habitantes de los Ba帽ados son campesinos expulsados de sus tierras a lo largo de medio siglo, ocuparon los peores lugares de la ciudad y ahora la especulaci贸n inmobiliaria los quiere echar para levantar torres de lujo.

Los asesinatos y desapariciones est谩n destinados a impedir el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo. Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al cumplirse, el 15 de agosto, el primer a帽o del gobierno represivo y golpista de Horacio Cartes.

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