Perú: Sentencia confirma asesinato de espías
IPS*
La Sala Penal Nacional de Perú determinó que agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército organizaron el secuestro de dos suboficiales, uno peruano y otro ecuatoriano, sospechosos de ser espías.
Tardó 22 años, pero para dos militares asesinados, uno peruano y otro ecuatoriano, la justicia llegó. Un tribunal determinó que agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) organizaron un operativo secreto para secuestrar y ejecutar a los dos suboficiales acusados de espionaje.
La Sala Penal Nacional de Perú, un tribunal especial para casos de terrorismo y derechos humanos y narcotráfico, condenó a ocho años de cárcel al suboficial Julio Ramos por un delito contra la humanidad, en la modalidad de desaparición forzada en agravio, del subteniente peruano Marco Barrantes.
El homicidio se produjo en las instalaciones del cuartel general del Ejército, en esta capital, el 10 de junio de 1988, durante el primer gobierno del actual presidente, Alan García (1985-1990), lo que por dos décadas fue negado por la institución militar.
La muerte del sargento ecuatoriano Enrique Duchicela en la misma operación aún está en fase de investigación por el Ministerio Público, pero durante el juicio por la muerte de Barrantes también se contribuyó a esclarecer su paralela y similar suerte.
Ramos es hasta el momento el único condenado por el secuestro y muerte de Barrantes. Pero lo relevante de la sentencia es la confirmación del que realmente existió un plan para liquidar a los acusados de espionaje, lo que era negado por el Ejército.
El coronel Harry Rivera también iba a recibir una drástica sanción pero no se presentó a la lectura de la sentencia, el día 9, por lo que la sala penal ordenó su inmediata captura. El coronel era el jefe de Contrainteligencia del SIE, que elaboró el "Plan Lucero" para detener a Barrantes y Duchicela.
De acuerdo con el texto de la sentencia a la que tuvo acceso IPS, durante el juicio se acreditó que el secuestro y homicidio de Barrantes y Duchicela fue una operación militar que se ejecutó al margen de la ley bajo la conducción del entonces jefe del SIE, el general Oswaldo Hanke.
Algo especialmente importante es que la sentencia permitirá la reapertura del juicio contra Hanke, quien por órdenes superiores dispuso la captura y asesinato de Barrantes y Duchicela.
En el 2008, Hanke se zafó de ser enjuiciado por el homicidio de Barrantes con base en un tecnicismo. Alegó que la desaparición forzada, el delito del que se le acusaba, no existía en la jurisdicción peruana cuando ocurrieron los hechos.
Entonces, el abogado de Hanke fue César Nakasaki, el mismo que defendió al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el juicio por violaciones a los derechos humanos, una de la varías sentencias por las que acumula condenas de más de 25 años, que cumple en un complejo especial en Lima.
Hanke negó siempre haber dirigido el "Plan Lucero" para detener y liquidar a Barrantes y Duchicela. Esta sentencia acredita que el general faltó a la verdad.
"Ahora Oswaldo Hanke no va a tener escapatoria porque en el juicio por el caso Barrantes se estableció como hecho probado que el subteniente fue detenido en las instalaciones del SIE y desaparecido por órdenes superiores. Y el jefe de la SIE entonces era él", dijo a IPS el abogado de la familia de Barrantes, Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal.
Según lo trascendido durante el proceso, a partir de una información confidencial, el Departamento de Contrainteligencia concibió el "Plan Lucero" con la aprobación de Hanke.
El 18 de marzo de 1988, agentes del SIE detuvieron a Barrantes bajo la sospecha de vender secretos militares a oficiales de la Agregaduría Militar de Ecuador en Lima.
Tras ser sometido a torturas en los calabozos de SIE, ubicados en el sótano del cuartel general del Ejército, Barrantes confesó que entregaba información reservada a Duchicela.
Los agentes del SIE procedieron entonces a ejecutar una segunda fase del operativo para capturar al sargento de la Fuerza Aérea de Ecuador, que trabajaba en la Agregaduría Militar de la embajada de Quito en Lima. En mayo de 1988, Duchicela fue secuestrado por un escuadrón del SIE.
En lugar de denunciarlos y entregarlos ante las autoridades judiciales para ser procesados por espionaje, los altos mandos del Ejército ordenaron al SIE que Barrantes y Duchicela fueran ejecutados y desaparecidos. El 10 de junio se cumplió la orden.
Durante el mandato de Fujimori, la familia de Barrantes intentó infructuosamente que el caso llegara a los tribunales pese a contar con evidencias de que agentes del SIE habían secuestrado al militar.
Desde el autogolpe de 1992, Fujimori estableció un cogobierno de civiles y militares, lo que representó un obstáculo para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Formalmente, el ejército siempre negó haber conocido el "Plan Lucero" para capturar y desaparecer a Barrantes y Duchicela.
La familia de Barrantes logró reactivar el caso tras la huida de Fujimori y el fin de su régimen, y en 2003 la justicia convocó a declarar a Hanke y otros militares del SIE. Entonces, el general, llorando, lo negó todo.
"Hanke no aceptó que bajo sus órdenes capturaron y desaparecieron a mi hermano. Por el contrario, acusó a mi hermano Marco de vender información a Ecuador para supuestamente matar al presidente de nuestro país", afirmó José Barrantes.
En el 2004, el periodista Ricardo Uceda publicó el libro "Muerte en el Pentagonito" (sobrenombre del cuartel general del Ejército), donde consigna declaraciones del ex agente del SIE Jesús Sosa, revelando los entretelones de asesinato de Barrantes y Duchicela.
El testimonio de Sosa incluso llamó la atención de las autoridades judiciales de Ecuador, que se desplazaron hasta Lima para recabar información y desplegar una investigación propia.
El mismo Sosa envió a las autoridades judiciales un manuscrito y una grabación en que acredita que el operativo para secuestrar y matar a Barrantes y Duchicela lo ordenó y dirigió Hanke. A Sosa le encargaron el secuestro del sargento ecuatoriano.
La declaración de Sosa fue acogida por la Sala Penal Nacional para sustentar la condena a los militares del SIE, porque contiene hechos que fueron comprobados.
"Sosa afirma que al ser descubierta un red de espionaje financiada por Ecuador, miembros del Departamento de Contrainteligencia del SIE detuvieron al subteniente Marco Barrantes, quien al ser interrogado declaró que vendía información al sargento ecuatoriano Enrique Duchicela", señala la sentencia.
"El jefe del SIE, Oswaldo Hanke, y el segundo, Harry Rivera, le pidieron (a Sosa) secuestrar a Duchicela y llevarlo al cuartel general del Ejército, cosa que hizo después de un trabajo de varias semanas en compañías de sus colegas", precisa el documento.
En el libro del periodista Uceda, Sosa reconoce que mató de un disparo en la cabeza a Duchicela y remató de un tiro a Barrantes, que previamente había recibido un balazo de otro agente del SIE, Jorge Ortiz. Sosa está preso por otro caso de violación de derechos humanos y se espera que sea uno de los acusados en el proceso por la muerte del militar ecuatoriano.
"La sentencia demuestra que los crímenes cometidos por los militares no se producen al margen de la estructura jerárquica. Y que los jefes de un aparato militar, desde su posición de mando, son los que emiten las órdenes para cometer un asesinato", afirmó el abogado Rivera. "No pueden argüir que no sabían nada", puntualizó.