Pese a crisis en Quintero: Chile no firmará acuerdo que favorece participación ciudadana en proyectos con impacto ambiental
Este jueves se firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”), en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York. Chile es uno de los 10 países que impulsó la iniciativa, sin embargo, en las últimas horas el Gobierno anunció que postergaría su suscripción.
“Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos a entregar información cuando la tengamos”, explicó la ministra Carolina Schmidt, luego de participar en la comisión de de Medio Ambiente del Senado. Sin embargo, en el marco de la delicada situación que se vive en Quintero y Puchuncaví, la secretaria de Estado había afirmado que “el medio ambiente y el cambio lo tenemos que construir entre todos. La participación ciudadana es clave justamente en el desarrollo sustentable y en el cuidado del medio ambiente”.
Contradicciones
La decisión de la administración piñerista se gesta pese a que Chile participó durante seis años en la preparación del documento y en las negociaciones relacionadas con la suscripción del texto. Otros países, como México, Uruguay, Perú y Costa Rica, también apoyaron desde un inicio la iniciativa.
Por otro lado, la postergación del Acuerdo de Escazú se da en paralelo a otro anuncio gubernamental, relacionado con el respaldo a un proyecto de ley que establece la figura del delito ambiental en la legislación chilena.
Las discusiones acerca del acuerdo multinacional y de la iniciativa legislativa tienen lugar en plena crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví. A más de un mes del primer episodio de intoxicación masiva, más de mil personas han reportado síntomas asociados a la presencia de compuestos químicos tóxicos en el aire.
A partir de este contexto, un grupo de senadores de oposición rechazó la decisión del Ejecutivo. “Hoy más que nunca, enfrentados a una serie de emergencias ambientales, como por ejemplo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, y en otras zonas del país donde también existen Planes de Descontaminación (…), donde la ciudadanía está permanentemente bajo amenaza, donde se requiere trabajar y abordar los conflictos ambientales bajo la óptica de participación, transparencia y justicia que propone el Acuerdo de Escazú, nos parece preocupante que el Gobierno de Chile no manifieste una clara voluntad de firmar dicho Tratado, de manera coherente con el trabajo previo realizado durante los últimos 6 años por nuestros distintos representantes”, señalaron los parlamentarios Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Rabindranath Quinteros y Juan Ignacio Latorre.
Información, participación y justicia, las promesas del Acuerdo
El origen del Acuerdo de Escazú se remonta a 1992, año en que se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. De ese encuentro emanó la Declaración de Río, cuyo Principio 10 generó el marco sobre el cual trabajaron los estados que dieron impulso al tratado próximo a firmarse.
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”, señala el Principio 10.
Pasaron 26 años y nueve reuniones del Comité de Negociación, hasta completar el acuerdo regional, el pasado 4 de marzo, el cual refuerza tres derechos fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública (involucramiento de ciudadanos en toma de decisiones, como viabilidad o monitoreo de proyectos) y acceso a la justicia ambiental.
En junio de este año, Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado que los Estados deberán garantizar el derecho de acceder a la información ambiental, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, garantizando, además, que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta.
En materia de participación pública, indicó la abogada, el acuerdo establece que los Estados deberán implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, es decir, tanto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como en otras esferas, debiendo adoptar medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, lo que hará que la participación sea más efectiva o significativa.
Durán señaló además que, respecto al acceso a la justicia ambiental, los países se comprometen a establecer sistemas de legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente.